Aprobado el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional
El Consejo de Seguridad Nacional, que se ha reunido este jueves en el Palacio de la Moncloa y que ha sido presidido por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aprobado la
Estrategia de Ciberseguridad, un asunto que estaba incluido en la Estrategia Nacional de Seguridad que
aprobó el Gobierno el pasado 31 de mayo de forma consensuada con el PSOE.
Según ha informado este jueves la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, esta estrategia pretende "
hacer frente a las amenazas o agresiones que puedan afectar en el ciberespacio a la seguridad nacional" y servirá para fomentar la competitividad de la economía.
El objetivo es coordinar todas las actuaciones que en este ámbito realizan diversos ministerios, entre ellos el de Defensa, que cuenta con un Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas ubicado en el cuartel de Retamares de Madrid y que el pasado mes de septiembre adquirió su capacidad operativa inicial.
Entre las novedades de esta medida, ha señalado que
se delimita el entorno del ciberespacio y se define un marco de coordinación de esta política.
Sáenz de Santamaría ha explicado que también se creará un órgano colegial, un "comité especializado" que asistirá al presidente del Gobierno en esta materia.
ESTADOS DE ALARMA
Incluye como novedad la declaración de situación de "interés para la seguridad nacional" y regula los denominados estados de alarma y excepción.
"En ningún caso la adopción de situación de interés comporta la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública. Solo en los estados de alarma y excepción y en caso de declaración de estado de sitio", ha puntualizado la vicepresidenta.
Esta declaración, que corresponderá en exclusiva al presidente del Gobierno, podrá adoptarse ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración y que, sin embargo, no sea tan grave como para aplicar la ley de alarma, excepción y sitio, de 1981.
La nueva ley persigue potenciar las capacidades del Estado para responder a desafíos y amenazas, define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.