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Baleares presenta un grado elevado de privatización de la sanidad

Baleares presenta un grado de privatización de la sanidad elevado al destinar el 8,8 por ciento de su gasto sanitario público a centros privados, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).Según un informe que esta entidad ha elaborado sobre la privatización sanitaria de las comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Galicia son las regiones con un grado más elevado de privatización y, por contra, Extremadura y Castilla-La Mancha, las que menos.

En el trabajo se han utilizado datos de 2012 y 2013 relativos al gasto sanitario dedicado a la concertación con centros privados, la presencia de modelos de colaboración público-privado, la población cubierta por mutualidades de funcionarios, o el porcentaje de camas hospitalarias y equipamiento de alta tecnología que se encuentra en centros privados en cada comunidad.A partir de ahí, y tras puntuar cada variable, han elaborado un ranking que encabezan Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias, todas ellas con un grado de privatización elevado; seguidas de Aragón, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra y Cantabria, con un grado intermedio; y por último Andalucía, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura, con un nivel bajo de privatización.

Entre los datos analizados destaca como Cataluña es la que más gasto sanitario público destina a centros privados, un 24 por ciento de su presupuesto, seguida de Canarias (10,3 por ciento), Baleares (8,8 por ciento) o Madrid (8,5 por ciento), todas ellas muy lejos de Aragón (4 por ciento) o Extremadura (4,5 por ciento).Asimismo, Cataluña también lidera el ranking de camas hospitalarias en la sanidad privada (un 56 por ciento de todas las que tienen en sus centros) y el de equipamientos de alta tecnología (47 por ciento).

En cambio, Extremadura y Castilla y León son las dos comunidades con más porcentaje de población cubierta por mutualidades, con un 6,14 por ciento y un 6,28 por ciento, respectivamente, lo que podría deberse a que son comunidades más rurales y con una mayor presencia de funcionarios.No obstante, el portavoz de esta entidad, Marciano Sánchez Bayle, ha recordado que los datos analizados reflejan la situación previa a las últimas elecciones autonómicas y, por tanto, no recogen las transformaciones realizadas tras las mismas, así como tampoco los recortes de la reforma sanitaria aprobada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, en abril de 2012. "Y lo más lógico es que la situación haya empeorado", avisa.

También ha criticado el "oscurantismo" y la "falta de transparencia" de los gobiernos autonómicos a la hora de informar de sus iniciativas público-privadas en sanidad. "Manejan esta información como si fuera algo propio aunque en realidad sea sobre temas que pagamos todos", ha indicado.Sánchez Bayle ha mostrado su "sorpresa" porque en el cómputo de parámetros analizados Madrid se encuentre por delante de Cataluña como comunidad con más privatización, ya que la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña de 1990 ya favorecía la privatización de estas prestaciones, ha recordado.Asimismo, ha destacado el puesto tan bajo que ocupa Castilla-La Mancha, motivado a su juicio por el "esfuerzo" que hizo el Gobierno anterior y porque muchas de las políticas puestas posteriormente en marcha por la actual presidenta María Dolores de Cospedal "han fracasado".

DIFERENCIAS NOTABLES EN EL GASTO EN SANIDAD DE LOS CIUDADANOS

Además de la privatización de los servicios sanitarios autonómicos, el informe también ha analizado el dinero que los ciudadanos destinan a la sanidad de su propio bolsillo, midiendo para ello el gasto en seguros privados o el destinado a la compra de medicamentos u otras prestaciones sanitarias no cubiertas por la sanidad pública, como la Odontología.En estos datos se observan también "preocupantes diferencias" entre unas comunidades y otras pero están sobre todo relacionadas con la riqueza de cada región.En este caso, se observa como los ciudadanos que más pagan por seguros privados son los habitantes de Madrid, 244 euros por habitante y año, seguidos de Baleares (198) y Cataluña (180).

Los que menos son los de Navarra, con 49 euros por habitante y año, seguidos de Castilla-La Mancha (74) y Extremadura (78).En este sentido, el portavoz de la FADSP ha destacado el caso de Navarra, que "a pesar de tener un nivel elevado de riqueza presenta un gasto bajo en seguros, prueba de que la sanidad pública funciona".Y en cuanto al gasto de bolsillo, la región que más gasta es Aragón (471 euros por habitante y año), seguida de Galicia (454), Madrid (452) y País Vasco (444), mucho más que Baleares (295) o Extremadura (280), que son las que menos.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polit ... 4gLTu7862/
 
El paro y el intrusismo golpean al sector de la vigilancia privada

Entre fábricas cerradas y recortes de servicios en centros comerciales y edificios públicos, el sector de la vigilancia privada ha perdido un 20% de empleos en los últimos años. Si hace unos años todos los huertos solares tenían vigilancia humana, ahora los dueños de las placas de silicio se conforman con las cámaras y en los institutos de secundaria la Consejería de Educación decidió este curso suprimir la presencia de estas patrullas.

Son sólo dos de los recortes que evidencian la situación por la que atraviesa este sector para el que se abren nuevas perspectivas con la nueva Ley de Seguridad Privada, que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados.

Unos 700 vigilantes trabajan a día de hoy en la provincia de Albacete, según las estimaciones que hace el subinspector jefe de la Policía Nacional, Sebastián Sotos, que lleva ya doce años al frente de la Unidad Provincial de Seguridad Privada y que estima que la contratación de este personal ha tocado fondo, «menos vigilantes ya no puede haber», apostilla.

La Policía Nacional tiene en los vigilantes jurados unos aliados, «son buenos colaboradores», dice Sotos, que lamenta su supresión en determinados lugares, por ejemplo los centros educativos. Su simple presencia disuade a más de un delincuente, y en caso de que se produzca un robo o un conflicto siempre están ahí para alertar con celeridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Fuente: http://www.latribunadealbacete.es/notic ... ia/privada
 
Prosegur participa en ASIS 2014 Europa

Prosegur participa en la decimotercera edición de la conferencia ASIS Europa, que reúne desde el 1 al 3 de abril en La Haya (Holanda) a los principales actores públicos y privados de la región con el objetivo de conocer las últimas innovaciones y tendencias en materia de seguridad.Durante tres jornadas, la Compañía presentará a las más 500 profesionales asistentes al evento su oferta de servicios integrales y personalizados de seguridad, que abarca las áreas de vigilancia, logística de valores y gestión de efectivo, tecnología corporativa y alarmas residenciales. Asimismo, en este encuentro -inaugurado por el Ministro de Justicia y Seguridad de Holanda, Ivo Opstelten-, Prosegur dará a conocer sus nuevos productos, con los que reafirma su apuesta por la innovación para adaptarse a las necesidades concretas de cada cliente y sector de actividad.

Así, en los últimos años, la Compañía ha desarrollado soluciones específicas para el ámbito financiero, la distribución o el sector aeroportuario, entre otros, con el fin de aportar a sus clientes un mayor valor añadido y contribuir a la mejora de su competitividad. Prosegur es una de las principales multinacionales del sector de la seguridad privada, referente en los mercados en los que desarrolla su actividad. La Compañía ofrece soluciones integrales de seguridad que, combinadas con la tecnología más avanzada, buscan la máxima eficiencia para la gestión del negocio de las empresas. Asimismo, cuenta con servicios específicos para hogares y comercios.

Fuente: http://www.prosegur.com/corp/Sala-Prens ... ASISEUROPA
 
Los trabajadores de seguridad de la ULL denuncian impagos

Trabajadores de Machín Seguridad, la empresa que presta el servicio de seguridad en la Universidad de La Laguna (ULL), se concentraron ayer en protesta por los retrasos en el cobro de las nóminas y por el impago de parte de las horas extras y dobles pagas del año pasado.

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO han demandado a la institución académica que reclame a la empresa que "cumpla con sus obligaciones laborales y económicas". Si eso no es posible, añade USO, la ULL debe rescindir el contrato con la entidad y contratar con otra que sea capaz de prestar el servicio en las condiciones de legalidad laboral que contempla el convenio colectivo.

Por su parte, fuentes de la institución docente han garantizado a este periódico que la Universidad está al día en los pagos a la empresa. Además, informan de que ya se ha producido una reunión entre la gerencia de la ULL y la dirección de Machín Seguridad para reclamar a este última que satisfaga sus obligaciones salariales con los empleados.

Según USO, la empresa tampoco ha facilitado a los empleados los cuadrantes correspondientes al mes de abril, por lo que "la mayoría de los vigilantes desconoce qué turnos de trabajo" van a tener el mes que comienza hoy.

Machín Seguridad desarrolla el servicio de seguridad en la Universidad de La Laguna mediante un acuerdo de cesión por parte de otra empresa a la que se le adjudicó en su momento.

Fuente: http://eldia.es/canarias/2014-04-01/28- ... mpagos.htm
 
Un concejal del PP vasco insinúa que empresas de seguridad obstaculizan el proceso de paz

El concejal del PP vasco en Errenteria (Gipuzkoa), Chema Herzog, insinuó este domingo en 'Salvados' un posible interés dentro de su partido por obstaculizar el proceso de paz del País Vasco. "Si tú tienes una empresa de seguridad, te interesa que no haya seguridad para vender tus producto", asegura Herzog durante su encuentro con Jordi Évole. Ante esta afirmación, el periodista le pregunta directamente si se refiere a Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, candidato a lehendakari y actualmente eurodiputado. "Podría ser así, pero no lo afirmo rotundamente porque no me quiero ver con una querella", responde el concejal vasco.

La insinuación sobre los posibles intereses de Mayor Oreja por que se encalle el proceso de paz no es la primera. En 2002, Xavier Arzalluz, dirigente del PNV, ya denunció que la familia del entonces candidato a lehendakari tenía intereses en una importante empresa de seguridad privada que proveía de escoltas a políticos y cargos públicos en el País Vasco.

En el programa, que ahonda en la historia del terrorismo y sus consecuencias en Errenteria (Gipuzkoa), una localidad especialmente castigada por la acción de ETA, Herzog también censura la acción del Gobierno de Madrid y la búsqueda de beneficios en las urnas a través de su mensaje sobre Euskadi. "A veces interesa que se avive el fuego desde lejos para sacar un rédito político, algo sencillo y cómodo desde lejos”, denuncia. “Se está jugando contra los vascos por unos intereses puros. ¿A qué están jugando? ¿Qué es esto?", dice. Herzog, además, recalca el contraste entre el PP de Madrid y el del País Vasco, cuyo trabajo considera de "chapeau y sin cuentas en Suiza".

Fuente: http://www.lavanguardia.com/local/pais- ... vasco.html
 
UPyD Alcobendas denuncia que el PP ha dejado en manos de seguridad privada la custodia de dos bases de Policía Local

Miguel Ángel Arranz, portavoz de UPyD Alcobendas, lamenta que, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento, se refuerce el servicio operativo policial de los viernes y sábados por la noche en la ciudad a costa de cerrar dos bases de Policía Local y dejar su custodia en manos de seguridad privada.

Como explica Arranz, “la solución del Partido Popular para mejorar la seguridad en Alcobendas durante las noches de fin de semana pasa por quitar efectivos policiales de la zona Centro y Urbanizaciones y sustituirlos por vigilantes privados”. Desde UPyD insisten en que “una Base de policía sin agentes pierde todo su sentido y no puede ofrecer el cien por cien de funcionabilidad” obligando al Ayuntamiento a cerrarlas los fines de semana por la noche, dando lugar de esta forma a “comisarías con horario comercial”.

Arranz insiste en que “los problemas de seguridad de los ciudadanos no entienden de horarios, por lo que todas las comisarías deberían estar disponibles y con plenas funciones durante 24 horas”. Para UPyD Alcobendas esta decisión es un reflejo más de que “el PP construye Bases de Policía para dar negocio a las constructoras sin tener en cuenta las necesidades reales de los vecinos”.

Para el portavoz de UPyD el “repentino interés” del PP por reforzar la seguridad de Alcobendas, después de las constantes denuncias de su formación y de los ciudadanos, demuestra el error cometido por el equipo de gobierno al retirar la llamada ‘Patrulla Lince’, dedicada a reforzar la vigilancia nocturna en el distrito centro y cuya reactivación pidió la formación magenta ya en noviembre de 2013. Además, la formación magenta han reivindicado de nuevo la importancia de disponer de un concejal de seguridad que aglutine las competencias de seguridad, actualmente en manos de un director general y del propio alcalde.

Fuente: http://www.enalcobendas.es/noticias/201 ... ad-privada
 
Imputado el vigilante encargado de controlar las cámaras del Arena

El juez Eduardo López Palop ha imputado al vigilante de seguridad de Seguriber que la madrugada del 1 de noviembre de 2012 estaba encargado de controlar las 130 cámaras instaladas en el recinto Madrid Arena, donde a las 3.00 horas se produjo una avalancha que acabó con la vida de cinco jóvenes que asistían a la fiesta de Haloween.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor imputa a Roberto M.G., empleado de Seguriber. En la resolución se le cita a declarar el próximo 4 de abril en calidad de imputado, por lo que deberá ir acompañado de un abogado.

El pasado junio, Roberto M. manifestó en su declaración judicial que desconocía el funcionamiento de las cámaras, ya que llevaba solo una semana trabajando para Seguriber. Además, sostuvo que no vio nada raro en el control de cámaras en el momento en el que se produjeron las avalanchas en el vomitorio.

El próximo viernes, concluirán previsiblemente las declaraciones dentro de la fase de instrucción. De este modo, el magistrado dictará en las próximas semanas el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supondrá el final de la investigación y la concreción de las imputaciones.

Fuente: http://www.gentedigital.es/noticia/1359 ... del-arena/
 
Un acuerdo pone fin al conflicto de vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas

Un acuerdo ha puesto fin al conflicto en la vigilancia del aeropuerto Adolfo Suáres Madrid-Barajas después de que la empresa, de manera unilateral, quisiera imponer una modificación de las condiciones laborales, ha informado CC.OO. en un comunicado.

Ésta incluía flexibilización de la jornada, modificación del sistema de vacaciones, supresión de los pluses de asistencia y fidelidad, etc. Todo ello bajo amenaza de que si no se aceptaban estas medidas, 55 personas de las 370 de la actual plantilla perderían su empleo.

La plantilla decidió en asamblea no aceptar las condiciones planteadas por la empresa y convocar paros parciales cada lunes y viernes de manera indefinida desde el 28 de febrero. En este mes de movilizaciones, la empresa realizó cinco despidos de carácter disciplinario.

El acuerdo alcanzado ayer contempla la readmisión de los trabajadores y trabajadoras despedidos por parte de la empresa, así como la desconvocatoria de los planos. También se establece un compromiso de negociación en fechas próximas para abordar la situación del servicio de seguridad prestado en el aeropuerto.

Fuente: http://www.europapress.es/madrid/notici ... 84236.html
 
Vigilantes de Es Pinaret denuncian a un compañero por amenazarles de muerte con una navaja

La situación que se está viviendo en el centro de menores de Es Pinaret es insoportable. El Govern balear tiene desde hace tiempo una patata caliente y el centro se ha convertido en un auténtico polvorín.

La último capítulo ha sido una denuncia interpuesta en el Defensor del Pueblo por parte de unos vigilantes de Es Pinaret contra otro compañero al que acusan de amenazarlos con arma blanca y de liderar un grupo que utiliza dudosos métodos de presión laboral.

El problema se ensucia desde el momento que la dirección del centro y el Govern están al corriente de todo y tratan de taparlo.

Hace unos meses, fue el diario Ultima Hora quien destapó la saturación que presentaba el centro de menores y las dificultades que tienen jueces y fiscales para enviar menores a la 'cárcel' debido a que no hay plazas.

La propia directora general del Govern balear tuvo que reconocer que había listas de espera y que estaban saturados.

Ahora, los vigilantes anuncian que hay un vigilante que amenazó a otro con una navaja diciendo: "Te voy a rajar".

El Defensor del Pueblo acepta la denuncia e investigará los hechos.

Por su parte, Es Pinaret sigue siendo un polvorín y Crónica Balear, semana a semana irá desvelando, en exclusiva, todo lo que allí suceda.

Fuente: http://cronicabalear.es/index.php/suces ... avaja.html
 
Csif denuncia las condiciones laborales de una empresa de seguridad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha denunciado ante Inspección de Trabajo las condiciones laborales en las que una empresa de seguridad afincada en la localidad mantiene a sus empleados desde hace años «con evidentes incumplimientos del convenio estatal» de este tipo de mercantiles, afirmó el sindicato.

La central sindical explicó que en la actualidad la empresa de seguridad cuenta con varios servicios en Alicante y su provincia donde a los vigilantes «se les paga la hora a cinco euros, cuando el convenio marca un precio de 7,41 euros, sin abonarles ninguno de los pluses establecidos en el citado convenio», como nocturnidad, festivos, peligrosidad, transporte o vestuario, «lo que supone una evidente alteración de las nóminas», afirmó el Csif.

El sindicato denunció que la empresa «paga presuntamente las horas extras de sus trabajadores en B, con las consiguientes implicaciones legales que supondría esto». El Csif quiso poner en conocimiento que todos los vigilantes de esta mercantil tienen contratos de 40 horas o de media jornada y realizan entre 250 y 300 horas al mes, «siendo los únicos vigilantes que mantienen sus derechos los que pasan subrogados de otras empresas».

Fuente: http://www.laverdad.es/alicante/v/20140 ... 40404.html
 
3.000 euros de multa por forcejear con un guarda en San Mamés

La Comisión Nacional Antiviolencia ha propuesto una multa de 3.001 euros y prohibición de acceso durante seis meses a los recintos deportivos para un aficionado que forcejeó con un vigilante de seguridad en San Mamés en el Athletic-Atlético de Madrid y que finalmente fue expulsado del campo.

Aunque en su resolución el órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes indica que se trata de «un aficionado identificado del equipo visitante», EL CORREO ha podido saber que se trata de una confusión. De hecho, ni en aquel partido ni en ningún otro el Athletic envía entradas a los equipos rivales por el limitado aforo del estadio este curso.

El incidente se produjo en la puerta 13, la que da acceso a la Grada de Animación. Un aficionado del Athletic intentó acceder al campo con una lata de cerveza, algo doblemente prohibido (no se pueden introducir objetos contundentes ni alcohol) y fue detectado por un miembro de la seguridad privada.

El hincha persistió en su actitud de meter el recipiente. Para conseguirlo «forcejeó» con el integrante del equipo de seguridad.

Finalmente, se salió con la suya y entró. Al poco, otros guardas le localizaron en las gradas y le obligaron a abandonar el campo. La
Ertzaintza redactó el expediente que remitió a Antiviolencia.

Fuente: http://www.canalathletic.com/noticias/2 ... 40404.html
 
Los vigilantes que no descansan

Cuando una persona pasea por la capital, suele fijarse en alguno de los miles de estímulos que le bombardean: rótulos luminosos, llamativos escaparates, señales acústicas de todo tipo... Así hasta un innumerable sinfín de carteles de todo tipo que buscan dirigir su atención. Si la persona es un poco más curiosa, levantará la cabeza y podrá ver la cantidad de artísticas fachadas que pueblan el urbanismo capitalino. Eso sí, en lo que casi con toda seguridad no reparará, salvo que las vaya buscando, es en la cantidad de cámaras de seguridad adosadas a las paredes y en los puntos más recónditos. Estos ojos que han proliferado en los últimos años serían capaces de reproducir minuto a minuto la vida de una persona desde que sale de su casa hasta que regresa horas después.

Conocer el número exacto de cámaras instaladas en una ciudad como Madrid resulta casi imposible. Por un lado, las Administraciones prefieren silenciar la cifra por motivos estratégicos. Por otro, miles de empresas, establecimientos y particulares las han instalado sin que haya un guarismo resumen de la cantidad de ojos electrónicos que graban la actividad diaria de miles de personas.

Según números de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la región había 32.200 ficheros registrados a fecha 1 de abril de 2014. ¿Significa esto que solo hay ese número de cámaras? No. Un fichero puede incorporar cientos de dispositivos aunque, a efectos legales, se considera como una sola instalación. De ahí la imposibilidad de saber el número total de esos ojos electrónicos.

Un ejemplo claro de no facilitar el número de cámaras es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que prefiere mantenerlo en secreto por “cuestiones de seguridad”, según fuentes del aeródromo. Se trata de un complejo mundo con cuatro terminales, un edificio satélite, cuatro torres de control y más de cuarenta kilómetros de carretera perimetral a los que se unen casi un millón de metros cuadrados de edificaciones y terminales por las que pasan millones de personas cada año. Un documento oficioso de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA, el gestor de Barajas) recoge que son más de 6.000 las cámaras que graban y vigilan todo lo que ocurre en este entramado. Todas ellas transmiten a una sala de control de altísima seguridad con acceso muy restringido.

El control de ese ciudadano anónimo que pasea por Madrid llega a los extremos más insospechados. Hace años era imposible pensar que dentro de un autobús uno pudiera ser grabado. Ahora es lo habitual en los 1.900 vehículos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Cada autocar tiene entre dos —los más pequeños— o seis aparatos —los articulados— para controlar lo que ocurre en su interior. En total, 8.000 dispositivos electrónicos. “El vehículo lleva un disco duro en el que se graban las imágenes en baja resolución. Si el conductor activa la alarma, empiezan a grabar en alta resolución y se transmiten las imágenes por telefonía móvil a un centro de control”, explica un portavoz de la compañía.

En el metro ocurre casi lo mismo: 8.677 cámaras controlan todo. De ellas, 4.814 están en las estaciones, 3.140 en los trenes, y las 723 restantes en las cocheras y en los recintos de la compañía. Todas pueden visionarse en tiempo real en el puesto de control de seguridad situado en la estación de Alto del Arenal, en Puente de Vallecas. Luego hay seis centros más pequeños que vigilan dos líneas cada uno, como ocurre en Ventas o en Puerta del Sur.

“Las cámaras son muy efectivas. Solemos remitir unos 1.000 vídeos a requerimiento de la policía o de los jueces al año. Los hurtos han bajado también gracias a que los jueces están dictando órdenes de alejamiento tanto a carteristas como a grafiteros basándose en las imágenes que les facilitamos”, destaca el jefe de Seguridad de Metro, Bruno Fernández. “Esta ciudad del subsuelo”, como la llama el directivo, ha sufrido 700 ataques consumados y 1.000 tentativas de los grafiteros.

Por ley, las grabaciones tomadas por los ojos electrónicos de Metro Madrid y de los autobuses regionales deben ser borradas en un máximo de 30 días; a no ser que estas pasen a formar parte de una investigación judicial. Aunque lo normal, como se hace en ambos transportes públicos, es que las nuevas imágenes borren a las antiguas en un plazo que oscila entre los cinco y los siete días.

Pero las cámaras no están solo en los transportes públicos. El pasado 18 de marzo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunciaba la instalación de otras 46 cámaras de videovigilancia en el distrito de Centro. Se unirán así a otras zonas de la capital ya controladas por cámaras. Hasta el momento, hay cuatro áreas: el museo de escultura al aire libre del paseo de la Castellana, el barrio de Lavapiés, la Plaza Mayor y los alrededores de la Gran Vía. El coste de la instalación rondará los 600.000 euros. Fuentes municipales destacaron aquel día que los delitos bajan entre el 10% y el 15% cada vez que se opta por este sistema de vigilancia. Así ha pasado por ejemplo en la Plaza Mayor y en los alrededores, una zona de la que los carteristas huyen. También es una forma de cuidar al turista, una de las principales fuentes de ingreso de la región.

Pero, ¿basta con querer poner una o más cámaras para grabar o hay que cumplir unos requisitos previos? La respuesta cambia en función de si es una Administración o un particular quien la quiere instalar. Este último lo tiene, en general, más fácil para ver realizados sus deseos. Lo obligatorio es contactar con una empresa de seguridad y contratar la colocación. Eso sí, hay que darlas de alta ante la AEPD, el organismo encargado de que se cumpla la ley.

Para ello hay que respetar algunos principios: las cámaras solo pueden enfocar y grabar las áreas de su comercio o su domicilio y deben estar señalizadas. Como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas. De esa forma la persona sabe que entra en una zona videoprotegida y se le informa a dónde debe dirigirse en caso de que quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación. Se trata de esos llamativos carteles anaranjados que lucen muchas fachadas.

Algunos establecimientos, como los bancos, las joyerías y las gasolineras, están obligados por la Ley de Seguridad Ciudadana y el Reglamento de Seguridad Privada a tener un circuito cerrado de televisión.

Aunque la ley establece que bajo ninguna circunstancia los dispositivos pueden tomar imágenes de la vía pública, la Agencia es un tanto benévola cuando se trata de controlar y sancionar bancos o joyerías. “Pese a que la mayoría incumple la normativa, la práctica ha demostrado que estas cámaras son útiles para identificar a personas en casos de robo, terrorismo o secuestro”, explica Lucrecio Rebollo, profesor de Derecho Constitucional de la UNED y experto en protección de datos. El último caso renombrado fue el de Asunta, la niña asesinada en Galicia el pasado septiembre: las imágenes tomadas por las viceocámaras de un banco sirvieron para desmontar los testimonios de los padres de la pequeña.

Pero tampoco está permitido el todo vale. Existen determinados lugares que jamás podrán ser videovigilados. Es lo que ocurre en zonas denominadas sensibles, como vestuarios o servicios. Los usuarios de estas zonas pueden exigir que se retiren de inmediato porque se considera que atentan contra la intimidad y la imagen de las personas. Así le ocurrió a un gimnasio de Alcorcón. Pese a tenerlas instaladas en la zona de máquinas, la Agencia instó al centro a que las retirara por no haberlas dado de alta y por no avisar a los usuarios.

Si se trata de la Administración, caben dos opciones. En el caso de las cámaras para el control del tráfico, no es necesario pedir permiso a un organismo especializado como es la Comisión de Videovigilancia. Esta la forman el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un delegado de la Fiscalía y otro de la Delegación del Gobierno, entre otros miembros. Como estos aparatos en lugar de grabar lo que hacen es monitorizar, pueden ser instalados sin necesidad de recibir el visto bueno de nadie.

El caso cambia cuando se opta por la videovigilancia, como ha hecho el Ayuntamiento con las cámaras de Centro. Ahí sí que hay que justificar la necesidad de su colocación. Más de una institución ha recibido un rotundo “no” cuando ha querido vigilar puntos neurálgicos. Así le pasó al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón hace años cuando quiso colocar varios dispositivos en la zona centro. Lo normal es acompañar la solicitud con un informe de la delincuencia o de los problemas específicos de la zona y, lo más importante, motivar que las cámaras son la mejor o única solución. La videovigilancia debe regirse siempre por el principio de menor intervención posible, de forma que se opte por otros métodos menos invasivos.

Todo esto no ha frenado a que decenas de urbanizaciones de toda la región hayan optado por inundar de cámaras sus calles, en especial en los accesos. A veces incluso subvencionadas por las Administraciones. Suelen estar dotados de lectores de matrículas que controlan si el vehículo está registrado o consta como robado. “Estos sistemas permiten saber quién entra o sale, a qué hora y si el coche ha sido sustraído”, recuerda el responsable de Producto de la empresa Tyco ADT, Alfonso González.

¿Se corre el peligro de terminar en una sociedad hipervigilada? La respuesta no es fácil, pero todo apunta a que sí. El responsable de Tyco ADT relata que las previsiones son que este sector de las cámaras crezca a nivel mundial un 20%. Esto lo convertirá en el de mayor crecimiento en el campo de la seguridad. Por su parte, el profesor Rebollo prefiere hablar de la dicotomía que existe entre el derecho a la intimidad y el derecho a la seguridad. “En estos casos el primero suele salir perjudicado en favor del segundo. Todo apunta a que esto seguirá así, salvo que en un futuro los ciudadanos tengamos mayor conciencia sobre derechos”, concluye el profesor de la UNED.

Mientras tanto, el paseante que va por Madrid continúa ajeno a toda esta videovigilancia que le rodea, le graba y supuestamente le protege.

Multas de hasta 600.000 euros

Si algo ha caracterizado la legislación sobre protección de datos, especialmente en la videovigilancia, ha sido el creciente control por parte de la Administración, seguido de las altas sanciones en caso de continuar con el incumplimiento legal.

La legislación contempla sanciones de hasta 600.000 euros en caso de faltas muy graves. Ejemplo: en caso de que las imágenes fueran utilizadas para fines distintos (ilícitos, por supuesto) del que fueron captadas. Esto se daría en el caso hipotético de que estas grabaciones fueran difundidas por un medio de comunicación sin el permiso de las personas grabadas o sin haber sido cedidas por la autoridad competente.

Otra ejemplo de una sanción muy grave sería la colocación de cámaras en sitios que requieren de una alta intimidad. Es el caso de vestidores, lavabos o probadores.

Lo que queda claro es que un particular nunca podrá tener instalada una cámara que grabe de manera continua a la calle. Está prohibido. Lo mismo ocurre en el caso contrario: una Administración jamás podrá tener un aparato electrónico que capte imágenes de domicilios particulares o zonas restringidas. Cuando esto ocurre, se pone de manera informática un velo a esa parte de la pantalla. Si la zona es móvil, el programa deberá entrar en funcionamiento de forma que vele esa parte del fotograma cuando enfoque a esas casas particulares. Eso ocurrió, por ejemplo, en las cámaras instaladas en la calle de La Montera.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/05/ ... 45572.html
 
Publicada la Ley 5/2014, de seguridad privada

Fundamento:

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su personal, por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

la nueva ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro.

Estructura de la norma

La norma se divide en 72 artículos, organizados en seis Títulos .

Título preliminar. Disposiciones generales (arts. 1 a 13)

Dividido en dos capítulos, el primero (Disposiciones comunes) establece el objeto y ámbito de aplicación de la norma y fija las definiciones de de seguridad privada, o los de actividades de seguridad, servicios de seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad, despachos de detectives privados u otros de significada importancia, que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados

Por primera vez se fija el ámbito material y la finalidad de la seguridad privada, que es la de contribuir, con su acción profesional, a completar la seguridad pública de la que forma parte.

Se actualiza el ámbito de las actividades de seguridad privada, destacando el ámbito de actuaciones que tiene excluidas; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigación privada, que se incluye con normalidad en el catálogo de actividades de seguridad.

Se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado.

La seguridad de la información y las comunicaciones se configura como una actividad compatible que podrá ser desarrollada tanto por empresas de seguridad como por las que no lo sean, y que, por su incidencia directa en la seguridad de las entidades públicas y privadas, llevará implícito el sometimiento a ciertas obligaciones por parte de proveedores y usuarios.

Se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad privada.

Se introduce una matización necesaria del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano.
Se establece el Registro Nacional de seguridad privada y los registros autonómicos
Establece el ámbito competencia de las Comunidades Autónomas en esta materia.

Titulo I. Coordinación (arts. 14 a 16)

Se ocupa de un aspecto al que se ha querido dotar de gran importancia, como es la coordinación y la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de mejorar la seguridad pública, mediante el intercambio de información con las garantías legales, y la creación de unos órganos de encuentro.

Título II. Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados (arts. 17 a 25)

Regula los requisitos de apertura de este tipo de establecimientos, y a sus registros, que se unifican en el nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada.

Se sustituye el sistema de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación de personal de seguridad privada, los despachos de detectives privados y las empresas de instalación y mantenimiento.

Se establece un sistema flexible que permitirá, cuando sea necesario por razón de las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas, o reducirlos por razón de la actividad desempeñada.

Título III. Personal de seguridad privada (arts. 26 a 37)

Establece una serie de disposiciones comunes y las funciones de la seguridad privada: los requisitos de acceso a la profesión, la habilitación necesaria, la formación y sus principios de actuación, así como la protección jurídica de la que disfrutan.

Se diferencian las distintas funciones de la seguridad privada: Vigilantes de seguridad; Escoltas privados; Guardas rurales y sus especialidades ; Jefes de seguridad; Directores de seguridad y Detectives privados.

Se resuelve el problema del requisito de la nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para poder acceder a las profesiones de seguridad, que ahora se amplía a los nacionales de terceros Estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.

Se dota al personal de seguridad privada de una protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En cuanto a la formación del personal, junto al actual sistema de acceso a la profesión a través exclusivamente del Ministerio del Interior, se da cabida a otras posibilidades de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Título IV. Servicios y medidas de seguridad (arts. 38 a 52)

Regula la forma de prestación de los servicios de seguridad privada y de las agencias de detectives (vigilancia y protección, protección personal, depósitos y transportes de seguridad, e investigación privada),

En este título resulta especialmente relevante la regulación de los servicios de videovigilancia y de investigación privada, ya que se trata de servicios que potencialmente pueden incidir de forma directa en la esfera de la intimidad de los ciudadanos. En el segundo caso, desde el ánimo de compaginar los diversos intereses en juego, se abordan cuestiones como la legitimidad del encargo, el contenido del informe de investigación o el deber de reserva profesional.

Título V. Control administrativo (arts. 53 a 55)

Regula las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad, así como la obligación de colaboración por parte de los afectados.

Especialmente relevante es la incorporación de un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente necesario, quedando en todo caso sujetas a ratificación por la autoridad competente.

Igualmente, se limita, por razón de la intimidad de los datos, el acceso al contenido de los informes de investigación privada en las inspecciones policiales a la mera constatación de su existencia, salvo que medien investigaciones policiales o judiciales o procedimientos sancionadores.

Título VI. Régimen sancionador (arts. 56 a 72)

Establece el régimen de infracciones en esta materia, las sanciones y el procedimiento sancionador.

Se contemplan con la debida separación las infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal o los usuarios de seguridad privada, incluyendo, junto a estos últimos, a los centros de formación en la materia.

Se hace especial hincapié en la regulación de todas aquellas conductas infractoras que tengan por objeto evitar el intrusismo ya sea realizado por empresas de seguridad, por personal no habilitado, por empresas de servicios que desarrollan actividades materialmente de seguridad privada o por los propios usuarios.

Entrada en vigor

La Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE.

Fuente: http://noticias.juridicas.com/actual/37 ... ivada.html
 
La Dignidad contra el Miedo o las Elecciones Sindicales en Seguridad Integral Canaria

Decía Domitila Chungara, la mítica dirigente minera boliviana, que nuestro mayor enemigo no es el imperialismo ni el capitalismo, sino el miedo y que, por tanto, si éramos capaces de vencerlo podríamos con cualquier cosa.

Los cinco delegados conseguidos por Intersindical Canaria en las elecciones de la empresa Seguridad Integral Canaria me hicieron pensar en ello. Porque estas no eran unas elecciones sindicales cualquiera ya que esta no es cualquier empresa ni su dueño es cualquier empresario sino que representa probablemente los más nefastos antivalores de lo peor del empresariado canario. A mi me consta porque lo he visto, la rabia y la impotencia ante los constantes abusos de un empresario que tiene el cinismo de plantarse en un juzgado y decir que todas las horas extras que no paga en su empresa “se las regalan” por fidelidad los trabajadores y trabajadoras.

Una persona que utilizó a diestra y siniestra la reforma laboral y el temor al despido que ella genera, para despedir, humillar y triturar las condiciones laborales en su empresa, logrando hoy en día pagar salarios muy por debajo del convenio del sector, un señor que sanciona indiscriminadamente a cualquiera de la plantilla cuando alguien esboza el más mínimo reclamo. Una persona que derrocha dinero en carnavales y promocionando carreras de coches al mismo tiempo que le dice a los trabajadores y trabajadoras que no hay dinero para pagarles el salario.

Uno se pregunta, como un empresa tan irregular, con un juicio encima por defraudación a la hacienda pública, con un propietario encauzado y condenado por delitos contra el medio ambiente, con infinidad de denuncias ante la inspección de trabajo, goza del absoluto beneplácito del poder político, porque la mayor parte de la facturación de Seguridad integral Canaria viene de allí, de la adjudicación por dudosos procedimientos de la seguridad de infinidad de espacios públicos que van desde ayuntamientos o la universidad en Canarias, hasta monumentos como El Escorial o el Valle de los Caídos en el Estado. Las fotografías con el ministro Soria en la inauguración de su nueva empresa, el indulto concedido por Rajoy o su aparición estelar en los papeles de Bárcenas son pruebas de cómo se construye la fortuna de Miguel Ángel Ramírez.

Y así como es este señor fueron las elecciones sindicales, con una mesa electoral y un sindicato supuestamente independiente pero montado por la misma empresa, tratando en primer término de eliminar las otras candidaturas, lo cual fue recurrido y permitió que se
celebren elecciones sindicales.

Paro eso no se queda allí, en todo el proceso las amenazas y coacciones fueron incontables, la política del miedo contra los trabajadores y trabajadoras, el acoso y amenaza a la candidatura de Intersindical Canaria o, por ejemplo la agresión a los jóvenes de los CUO (Comites de Unidad Obrera) que repartían panfletos desenmascarando al dueño de la empresa.

Por eso estos cinco delegados conseguidos no son como la mayoría, porque dónde Ramírez y su empresa propusieron abuso e intimidación, los compañeros de seguridad privada de Intersindical Canaria y en especial, porque hay que decirlo, el compañero Jacinto pusieron valor y dignidad a raudales. Porque el tiempo que el empresario ha dedicado a fortalecer sus turbios vínculos con la casta política, es el mismo tiempo que Jacinto ha dedicado a escuchar, aconsejar y apoyar a sus compañeros y compañeras, porque por cada agresión y abuso de la empresa siempre ha dado una respuesta honesta y franca con la justicia y la verdad como única bandera.

Por eso es importante lo que ha pasado, porque esos cinco delegados son cinco puñales clavados en el corazón de la bestia, porque en las elecciones sindicales de Seguridad Integral Canaria 150 trabajadores y trabajadoras pusieron la dignidad por delante y perdieron el miedo, y cuando los trabajadores pierden el miedo, son los explotadores los que comienzan a asustarse y el mundo recobra, al menos un poquito, la esperanza de ser un lugar mejor.

Fuente: http://www.infonortedigital.com/portada ... al-canaria
 
Decenas de vigilantes jurados de Alcor protestan ante los juzgados contra el convenio

Una treintena de vigilantes de seguridad de la empresa Alcor se concentraron hoy ante los juzgados para protestar porque el dueño se descolgó unilateralmente del convenio nacional y les rebajó el salario en 300 euros a cada empleado con un convenio propio un 30por ciento inferior al estatal. El que más cobra gana 1.000 euros, dicen.

Alcor presta servicio de vigilancia en los juzgados de Vigo y Tui, y en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela.

Un portavoz de FES-UGT de Vigo, Chus Álvarez, dijo que la rebaja de costes salariales hace más competitiva la empresa de forma que logra contratos públicos y pidió a la Administración que controle estas prácticas. Temen que la tendencia sea que el sueldo caiga al mínimo ínterprofesional.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vi ... 341902.htm
 
La CEOE pide a los sindicatos redefinir la negociación colectiva

El director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, ha emplazado este martes a CCOO y UGT a firmar un tercer acuerdo de negociación colectiva, tras asegurar que con el tiempo el mercado laboral se irá equilibrando y subirán las contrataciones y los salarios, aunque la situación actual "no es tan fantástica como para lanzar las campanas al vuelo".

Durante unas jornadas sobre reestructuraciones de plantillas, organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), García Viña indicó que la reforma laboral "no ha supuesto ningún cambio dramático" y ha valorado el resultado de esta reforma como "positivo", al tiempo que apuntó que la situación de crisis ha supuesto sacrificios tanto para las empresas como para los trabajadores y que el futuro "pasa por lograr un tercer acuerdo de negociación colectiva".

Sin embargo, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, también presente en las jornadas, ha señalado que es necesario "derogar la legislación laboral actual", ya que ésta "ha acabado con la negociación colectiva" y va a llevar a España al "estancamiento y la deflación".

Así, el representante sindical considera que la devaluación competitiva que ha tenido lugar en España ha sido "injusta con una parte de la población", ya que se ha hecho "sobre los hombros de los trabajadores", algo que demuestra "la evolución que han tenido los salarios y los beneficios empresariales".

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que el error de la reforma laboral es "haber realizado el ajuste sobre el empleo en vez de usar la flexibilidad negociada" y que la reforma no ha sido buena "ni para las empresas ni para los trabajadores".

Asimismo, Ferrer ha querido señalar que en muchos casos los sindicatos aceptan los pactos sobre los ERE como "un mal menor" y que "realizar el ajuste sobre el empleo en lugar de hacerlo sobre la producción" ha sido un error.

Por último, la directora del Departamento Sociolaboral del Cepyme, Teresa Díaz de Terán, consideró que la reforma laboral es "positiva en muchos aspectos, aunque hay otros que podrían mejorar", y también ha reconocido que esta legislación "ha interferido en el acuerdo de negociación colectiva".

Para Díaz de Terán, los datos demuestran que las empresas "siempre que pueden" están llevando a cabo medidas alternativas al despido y "están apostando por el mantenimiento del empleo".

Fuente: http://www.publico.es/dinero/513089/la- ... -colectiva
 
Siete agentes cívicos patrullarán por la noche las zonas de ocio de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni anunció ayer la contratación de siete agentes cívicos que patrullarán por la noche las principales zonas de ocio del núcleo urbano. Funcionarán como «apoyo» de la Policía Local y la Guardia Civil, con los que tendrán línea directa ante cualquier altercado.

El nuevo servicio tendrá como sede el retén del West End y estará compuesto por un coordiandor y tres parejas de agentes que harán rondas de vigilancia por las zonas más concurridas del pueblo: paseo marítimo y Passeig de ses Fonts, la zona de bares del West End y el área comprendida entre la plaza S’Era d’en Manyà y la calle Soledat. Los agentes recorrerán las calles desde las 23,00 hasta las 7,00 horas durante toda la temporada alta, concretamente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

«La función de los agentes será únicamente hacer de mediadores, de informadores y de controladores. Lo que queremos es que informen a los turistas de que hay unas ordenanzas y normas de convivencia que tienen que cumplir», aseguró la alcaldesa Pepita Gutiérrez, que ayer presentó la iniciativa junto al concejal de Gobernación, Xicu Cardona.

La primera edil explicó que para la prestación del servicio se destinarán 100.000 euros y se contratará a una empresa externa mediante un proceso de licitación. Sin embargo, Gutiérrez negó que el Consistorio esté echando mano de la seguridad privada por falta de medios públicos. «No estamos hablando de seguridad privada, estamos hablando de un agente cívico, de una figura que es solamente informativa y conciliadora en caso de que haya algún conflicto en nuestras calles. Sabemos el esfuerzo que hicieron los hoteleros de Sant Antoni contratando un servicio de seguridad privada el año pasado, pero no es la misma figura, es un agente de conciliación ciudadana», insistió Gutiérrez.

Fuente: http://ultimahora.es/ibiza/noticias/loc ... ntoni.html
 
El SES niega los recortes en seguridad que denuncia Comisiones Obreras

Comisiones Obreras denunció ayer que el nuevo concurso para la adjudicación de la seguridad privada en los hospitales de Cáceres «contempla una reducción de 600 horas anuales, que se sumarán a las 3.000 recortadas en el anterior contrato». «En vez de reforzar la seguridad de los hospitales cacereños, se recorta todavía más el servicio de vigilancia contratado, algo que perjudica tanto a los profesionales que trabajan en estos centros como a los propios usuarios». El sindicato recuerda que dos pacientes de la unidad de psiquiatría se han escapado en los últimos meses del Hospital Provincial, como se ha informado.

El San Pedro de Alcántara «pasará a no tener seguridad fija en la unidad de Urgencias, que será trasladada para reforzar el Hospital Provincial», sostiene CC.OO.

La Gerencia del Área de Salud de Cáceres señaló ayer a este diario que «lejos de suceder lo que se señala, ajustando el anterior precio de licitación a la misma duración del nuevo contrato, éste se ha incrementado en 30.000 euros. Lo anterior implica el refuerzo en el complejo hospitalario los fines de semana, tardes y festivos». «Las Urgencias siguen dotadas del mismo personal», añade la Gerencia.

Fuente: http://www.hoy.es/v/20140410/caceres/ni ... raffic-rss
 
El control de cámaras estaba vacío en el momento de las avalanchas en el Madrid Arena

El cuarto de control de cámaras del Madrid Arena estaba «vacío» en el momento en el que se produjeron las avalanchas que se cobraron la vida de cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012, según los abogados de las víctimas.

Esta es su conclusión a la vista de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del recinto que demuestran que, en el momento de los hechos, los cuatro empleados de Seguriber que podían estar en el centro de control de cámaras estaban «paseando» por el pabellón.

Durante su declaración ante el juez como imputado, el empleado de Seguriber, Roberto Mateos, responsable del centro de control de cámaras del Madrid Arena, ha explicado que, cuando tenía que ausentarse de su puesto, lo relevaban y que el sistema de vigilancia, consistente en dos pantallas de catorce pulgadas, era «muy primitivo».

Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, una de las víctimas de la tragedia, ha indicado que, cuando se produjeron las estampidas humanas, los cuatro empleados de Seguriber, Roberto Mateos, Juan José París Nalda, Raúl Monterde y Cristian Fraile, estaban «circulando» por el Madrid Arena.

Roberto Mateos estuvo «paseando» por las plantas superiores del Madrid Arena, mientras se estaban produciendo las avalanchas en la pista central, de modo que no vio las bengalas, ni vio nada, porque no estaba en el cuarto de control de cámaras, ha asegurado el abogado, quien ha detallado que en total estuvo fuera de su puesto una hora y trece minutos.

«Cuando llevan a una de las víctimas al cuarto de control de cámaras y la trasladan a la enfermería, en vez de volver a su puesto de trabajo y dar el aviso a Emergencias, Roberto Mateos sigue paseando por el Madrid Arena durante dieciséis minutos más sin hacer nada en concreto», ha afirmado Núñez.

Roberto Mateos ha mantenido en sede judicial que la noche de la tragedia permaneció en el cuarto de cámaras desde las 23:00 hasta las 07:00 horas sin moverse, lo que, para el abogado de la familia Langdon, es «absolutamente falso».

Su única función era permanecer en el cuarto de control de cámaras y hacer un seguimiento de al menos 17 de las 94 cámaras existentes en este espacio, ha agregado Núñez.

La empresa Seguriber ha aportado un informe en el que concluye que el sistema de vídeo-vigilancia en el Madrid Arena «funciona correctamente desde el punto de vista técnico, sin comprobación de los equipos».

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/es ... 279695.htm
 
Prosegur repartirá su cuarto y último dividendo el 22 de abril

Prosegur ya tiene fecha para su último pago anual de dividendo. La compañía de seguridad privada ha elegido el 22 de abril para volver a abrir su caja fuerte a la retribución al accionista a cuenta de sus resultados del ejercicio 2013.

Por cada acción de Prosegur, los inversores recibirán 0,0267 euros brutos, según ha indicado la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El dividendo anual total de la compañía de seguridad, sumando los cuatro pagos, alcanzará así a un desembolso global de 65,947 millones de euros.

La compañía ha informado de que el pago se llevará a cabo a través de los sistemas de Iberclear. Por su parte, Banco Santander actuará como entidad pagadora, tal y como tiene por costumbre la cotizada.

Fuente: http://www.elboletin.com/mercados/96646 ... abril.html
 
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