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Los vigilantes de seguridad ‘teñirán de negro’ la junta de accionistas de Repsol

La junta de accionistas de Repsol tendrá su propia “marea negra”. Los vigilantes de seguridad, convocados por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS), han organizado una concentración el próximo 28 de marzo ante las puertas del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid, el mismo día que la petrolera celebra su Junta General de Accionistas.

La manifestación ha sido solicitada por el Comité de Empresa de la empresa de seguridad Alerta y Control -por medio del STSyS- y ya cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid. “Queremos que se nos escuche, y esta es una buena oportunidad, se prevé la asistencia de muchas personalidades y medios a la junta de Repsol”, aseguran desde el sindicato.

Existe además otras razones para la elección del Palacio de Congresos. La empresa Alerta y Control es la encargada de la seguridad del edificio. Recientemente, la compañía, que presta también servicio de vigilancia para la Comunidad de Madrid en Juzgados, Hospitales y varias consejerías, se ha descolgado del acuerdo sobre la congelación salarial del sector que ya prevé una reducción anual de 800 euros en todas las nóminas.

Según ha explicado el sindicato a politicalocal.es, recientemente la paritaria del sector, de la que forman parte las grandes organizaciones sindicales y asociaciones de trabajadores de seguridad privada ha advertido a la empres a que “no proceden” las acciones realizadas en contra del convenio.

Fuente: http://www.politicalocal.es/2253-los-vi ... de-repsol/

 

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Interior podrá obligar a contratar vigilantes en las manifestaciones

La Ley de Seguridad Privada, aprobada ayer en el Congreso con los votos de PP y CiU -y parcialmente por el PNV-, deja en manos del Gobierno la potestad de obligar a quienes organicen un «evento» a contratar para el mismo seguridad privada.

Así se desprende del artículo 51 de la norma que, a falta de desarrollo reglamentario y definiciones precisas, deja abierta la consideración de «evento», que podría ser, según la oposición, una manifestación,una concentración o un acto deportivo, lúdico o popular.

Éste es uno de los aspectos más polémicos de una ley duramente criticada por PSOE, UPyD, Izquierda Plural, Grupo Mixto e incluso PNV. Todos entienden que la nueva norma amplía muy notablemente las competencias de los agentes de seguridad privada y pone a disposición de las empresas de este sector un negocio goloso adentrándose en un territorio que, mantienen, debería estar exclusivamente reservado a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Desde el Partido Popular y desde el Gobierno se responde que no está «en el espíritu de la norma» ni en el ánimo del Ejecutivo controlar, y en su caso disolver o reprimir, manifestaciones puesto que las mismas constituyen un derecho fundamental. De hecho, aseguran que lo que se pretende tanto con esta ley como con la de Seguridad Ciudadana es «garantizar al máximo el ejercicio pacífico» de dicho derecho.

Definir evento

En todo caso, las precisiones que acoten lo que se entiende por evento deberán esperar a un futuro desarrollo reglamentario. Hoy por hoy, lo que estipula el artículo 51.2 de la ley de Seguridad Privada es que las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas podrán dotarse de medidas de seguridad privada.

Y añade: «Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que deban implantar en cada caso».

El apartado tercero establece, además, que «el Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente, podrá ordenar que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan».

El PSOE no tiene dudas. De acuerdo con su interpretación al cruzar la Ley de Seguridad Privada -aprobada ayer- con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en fase de consultas en los órganos constitucionales, la posibilidad de que agentes privados controlen y disuelvan manifestaciones o concentraciones está sobre la mesa. Así se deriva del artículo 23.2 del proyecto de Seguridad Ciudadana. En esta lectura coincide también el catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez.

Zonas públicas

Otro de los aspectos especialmente polémicos de la ley es el que hace referencia a la facultad que tendrán los agentes privados para detener o retener en zonas públicas. Según el Ministerio del Interior, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya habilita a cualquier ciudadano a hacerlo en determinadas circunstancias.

El artículo 41 de la ley ha suscitado enconadas críticas, incluso con la redacción retocada que llegó del Senado y en la que se excluía la posibilidad de que los agentes privados vigilaran zonas peatonales comerciales. Sin embargo, el texto final aprobado precisa que esta actividad sí podrá realizarse en «parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados», así como en «recintos o espacios abiertos» también delimitados.

También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes «sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección».

No obstante, los agentes de seguridad privada sólo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las Fuerzas de Seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito «en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección». Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2014/03/21 ... b456b.html

 

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El Gobierno negocia un gran contrato con el sector de seguridad privada tras hacerle una ley a medida

Tras la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Privada, el Ministerio de Hacienda cita a las compañías del sector y sus asociaciones para sacar a concurso la contratación centralizada de los servicios de seguridad privada de varios ministerios y organismos públicos.

Menos de una semana después de la aprobación definitiva de la polémica Ley de Seguridad Privada, que va a abrir nuevas oportunidades de negocio a las empresas del sector, el Gobierno ha decidido que ha llegado el momento de empezar a negociar el que previsiblemente será el mayor contrato de servicios de seguridad convocado por una Administración Pública en España.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, ha convocado el próximo miércoles a las 12.00 horas en su sede de Castellana, 162, una sesión informativa con las empresas y asociaciones empresariales de seguridad privada para empezar a negociar la primera fase del contrato centralizado de servicios de seguridad privada y auxiliares del control en edificios ubicados en Madrid de varios Ministerios y Organismos, que “se va a poner en marcha próximamente”, según el ministerio.

“El propósito de la sesión es exponer a las empresas del sector las líneas generales del procedimiento de licitación y recoger su punto de vista sobre el mismo, con el objetivo último de fomentar la racionalización, eficacia y eficiencia en el gasto público”, explica Hacienda, que ha convocado este proceso en el marco de su nueva política de centralización de contrataciones para el control del gasto.

La nueva ley supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas, según la oposición
La convocatoria llega después de que esta semana el Congreso de los Diputados diera su visto bueno definitivo a la nueva ley, que ampliará las competencias de los vigilantes y les permitirá, por ejemplo, asumir nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".

La nueva Ley, que según el Ministerio del Interior buscaba “ayudar a consolidar el sector " y que la principal patronal, Aproser, ha valorado por suponer un “importante esfuerzo de adaptación” a “las nuevas realidades sociales”, se aprobó con el apoyo de PP, CiU y (parcialmente) PNV y el rechazo frontal del resto de grupos parlamentarios.

Así, el PSOE ha denunciado que el nuevo texto fomentará "que el que quiera seguridad se la pague", mientras UPyD ha considerado que supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.

Entre los aspectos más polémicos de la nueva norma figura la potestad de los agentes para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no podrán averiguar o comprobar estos datos, como recogía el texto inicial.

La tramitación de la ley ha coincidido con amenazas de ERE por parte de las empresas
También podrán, con autorización previa, vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.

La tramitación de Ley ha coincidido con una catarata de amenazas de ERE por parte del sector, compuesto por unas 1.500 empresas que facturan unos 3.000 millones de euros al año y dan empleo a cerca de 90.000 personas. En enero, Aproser presentó una demanda de Conflicto Colectivo para suspender la aplicación de la subida salarial del 4% prevista para este año y adaptar las condiciones laborales “a la grave situación económica del sector” y “mantener el mayor número de empleos posibles y preservar el convenio colectivo”.

La situación del sector, “en auge”, según defendía Interior, se agravó con la entrada en vigor del RDL 16/2013 del pasado 22 de diciembre, que estableció la obligatoriedad de cotizar por las retribuciones en especie y que, según las empresas de seguridad, incrementaba sus costes en un 2,07% de la masa salarial.

La subida de cotizaciones provocó una catarata de descuelgues del anterior convenio colectivo por parte de las empresas, que finalmente lograron el mes pasado rubricar un nuevo convenio que establece la congelación salarial para este ejercicio.

Fuente: http://vozpopuli.com/economia-y-finanza ... y-a-medida

 

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El Parlamento Vasco rechaza "abiertamente" la Ley de Seguridad Privada

El Parlamento Vasco ha rechazado "abiertamente" el proyecto de ley de seguridad privada, que hoy ha sido aprobado en el Congreso, al estimar que en él "subyace un claro intento de expandir la privatización en este ámbito".

La Cámara de Vitoria ha aprobado en el pleno de hoy un texto transado por PNV, EH Bildu y PSE-EE que ha contado con el voto en contra del PP. UPyD ha respaldado dos puntos de la iniciativa y se ha abstenido en un tercero.

El Parlamento Vasco considera que las políticas de seguridad tienen que seguir en manos de los poderes públicos e insta al Gobierno de Iñigo Urkullu a defender en todos los ámbitos el carácter público de las mismas.
Además solicita a las Cortes que reconozcan que el Ejecutivo vasco es el competente en la autorización, control e inspección de todos los servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.

El Congreso ha aprobado hoy de forma definitiva el proyecto de ley de seguridad privada que permitirá aumentar las competencias de los vigilantes, aunque con límites, y regulará un sector en auge bajo los principios de complementariedad y subordinación a la seguridad pública.

Fuente: http://noticias.terra.es/espana/el-parl ... aRCRD.html

 

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El PP saca adelante la ley que otorga más competencias a los vigilantes de seguridad

Más y mejor seguridad para todos los españoles”; “El que quiera seguridad que se la pague”. Así de antitéticas son las posiciones del PP y del PSOE, respectivamente, ante la nueva ley de Seguridad Privada aprobada este jueves en el Congreso con el apoyo de los populares, CiU y PNV, y el voto en contra del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto.

Todos los grupos han defendido a las Fuerzas de Seguridad del Estado frente a vigilantes de empresas de seguridad para mantener el orden. No hay peligro porque la “preeminencia” la tendrá el Estado, pero hay que aprovechar “el potencial” de las 1.800 empresas de seguridad privada y sus más de 80.000 vigilantes”, ha justificado el PP. Desde la tribuna, los grupos de izquierda y UPyD han defendido a la policía, frente a personas “sin preparación”.

“Nos vamos encontrar con matones de discoteca jugando a policías”, ha lamentado la diputada de Amaiur Onintza Enbeita. “Fascistas con una chapa van a cuidar del orden y de nuestra seguridad”, ha sentenciado Teresa Jordá de ERC, al sostener que personas vinculadas “a la extrema derecha” son los empresarios que ostentan la propiedad de las principales empresas de seguridad. No a la ley porque supone “una dejación” del Estado de una de sus principales tareas cual es la seguridad de los ciudadanos, ha sostenido Toni Canto de UPyD.

Críticas porque detrás de la ley hay un ánimo de favorecer a empresas privadas; reproches porque el Estado se aparta de una de sus funciones esenciales y malestar porque la interpretación amplia de la ley puede determinar que se obligue a colectivos a la contratación obligatoria de seguridad privada para organización de eventos, y, por supuesto, a pagársela. . “Pueden ser perfectamente manifestaciones, mítines, o maratones”, ha denunciado el portavoz de Interior del Grupo Socialista, Antonio Trevín. La ley no lo especifica por lo que ahora van a estar muy pendientes del desarrollo del Reglamento, que dictará el Ministerio del Interior, para comprobar si sus temores son fundados.

Nadie debe temer nada, según el PP. La seguridad privada estará supedita a lo que marque la autoridad, como ha dicho el portavoz de Interior del Grupo Popular, Conrado Escobar. Después de agradecer el trabajo y el apoyo de CiU y el PNV, ha dicho su verdad: “Se aprovecha la seguridad privada, su potencial, pero siempre con la preeminencia del Estado”. Pero no se puede desaprovechar a las 1.400 empresas y 80.000 puestos de trabajo del sector.

A las objeciones dio respuesta con afán tranquilizados: “En los espacios públicos, en la calle habrá más presencia policial gracias a la seguridad privada, a la que se va a pedir más medios y más garantías de las que tiene ahora para que actúen como auxiliares de las fuerzas de seguridad”.

Solo CiU y PNV no ven tantos peligros, aunque sí algunos, como han denunciado desde la tribuna el resto de los oradores. La ley indica que según el coste del servicio se ocupará de la seguridad la pública o la privada; interpreta Trevín del PSOE ante las opciones que se abren para la privada de ocuparse de todo lo que le encargue la autoridad gubernamental.

“ Incluso en vías públicas vigilantes de seguridad podrán pararnos, identificarnos y cachearnos.”, ha dicho el portavoz socialista, con un ejemplo. “¿ Se acuerdan de los turistas franceses agredidos en un centro comercial del levantes españoles?. Solo se les pidió excusas.; nada más”. A su paso por el Senado la ley ha ampliado los lugares de vigilancia privada porque ahora se extienden “ a parques de ocio y espacios abiertos delimitados pero con autorización”. Otro vaticinio del PSOE : “Las autorizaciones van a darse como churros”.
La denuncia de que “seguridad para quien se la pueda pagar” también ha brotado de Ricardo Sixto de Izquierda Plural, cuando “las Fuerzas de Seguridad cada vez están peor dotadas”.

No todo fueron denuestos contra los trabajadores de la seguridad privada. Tanto Trevín del PSOE como Sixto de Izquierda Plural, han alertado sobre las pésimas condiciones de trabajo de los trabajadores de la seguridad privada, “mal pagados, con derechos laborales limitados y horarios abusivos”.

En dos meses desde la publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado la ley entrará en vigor y la presencia de vigilantes privados será más notoria en las calles y en recintos públicos delimitados. Así podrán estar en los recintos exteriores de las prisiones y los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIES; en las vías y los espacios de uso común de urbanizaciones y polígonos industriales; las vías y espacios “de uso común que se encuentren delimitados”, lo que para la oposición significa, cualquier calle o espacio público. Y, en todos los eventos al aire libre o no cuyos organizadores reciban “la orden” del Ministerio del Interior o de los gobiernos autónomos de que pongan seguridad privada.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/201 ... 06839.html

 

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La vigilancia privada vuelve a verse en el Cartagonova

Hace unos días supimos que el FC Cartagena suprimía los servicios de la seguridad privada en el Estadio Cartagonova. Este sábado volvía la decena de vigilantes que pudimos ver distribuidos por las distintas puertas primero y sobre el terreno de juego después.

Los vigilantes de seguridad se suprimieron estrictamente por motivos económicos. La presencia de cada uno de estos vigilantes suele costarle al club unos 100 euros por persona con lo que, si eran 20 los que acudían, significaban 2.000 euros por partidos, unos 4.000 euros mensuales que se decidieron restringir.

La llegada de los nuevos dueños ha supuesto un cambio de rumbo en ese sentido ya que la seguridad privada es importante a la hora de controlar los accesos. Parece que las aguas en este sentido vuelven a su cauce a juzgar por lo visto este sábado en el Cartagonova.

Fuente: http://www.sportcartagena.es/notas/2014 ... 124537.asp

 

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Camino del Calvario tendrá 40 agentes de seguridad privada

La procesión de la noche de Camino del Calvario se reforzará con la incorporación de un dispositivo de control de unos 40 agentes de seguridad privada que aportará la Junta de Cofradías, más un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.
Esta es la principal novedad en cuanto a seguridad para la Semana Santa de este año y que se pondrá sobre la mesa en la reunión de la Comisión Técnica de la Junta Local de Seguridad que se celebrará mañana lunes en la Subdelegación.

En este encuentro estarán presentes los responsables técnicos de todas la entidades y administraciones que tienen que ver con la Semana Santa y, más concretamente con la seguridad. Serán la Junta de Cofradías, el grupo Turbas, la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento, la subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según Ángel Mariscal, subdelegado de Gobierno, los objetivos de este encuentro pasan por «conseguir la máxima colaboración y coordinación para que los actos de la Semana Santa transcurran con normalidad». Destacó como importante «cuidar la integridad física, seguridad ciudadana y la regulación del tráfico». Todo se recoge en un Plan de Coordinación junto con los planes de autoprotección y de seguridad.

Mariscal señaló que el Plan de Seguridad se extenderá entre 11 y el 21 de abril y que supondrá un trabajo coordinado de 350 efectivos entre agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. A estos habría que sumarles los voluntarios de la Cruz Roja y del Sescam. El año pasado, la novedad fueron los controles de drogas junto con los de alcoholemia a los conductores en la mañana del Viernes Santo.

Fuente: http://www.latribunadecuenca.es/noticia ... ad/privada

 

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El Gobierno reduce la seguridad privada en algunas oficinas de Correos y refuerza los sistemas electrónicos

El Gobierno ha reducido la presencia de agentes de seguridad de empresas privadas en las oficinas de Correos en el marco de un proceso de reestructuración que persigue adaptar "de manera eficiente" los medios disponibles a las necesidades de cada centro, aunque afirma que "la seguridad está siempre garantizada".

Así consta en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Laura Seara, que el pasado mes de junio se hacía eco de la decisión del grupo Correos de suprimir los contratos de vigilancia en las jefaturas de las oficinas de Correos de Galicia y quería saber los motivos de esta medida y si se aplicaría en todo el país.

En la respuesta, fechada el pasado 6 de febrero y que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que Correos dispone de un Centro Operativo de Seguridad (COS) al que están conectadas 2.656 oficinas y centros postales a todas horas, y que además se han implantado diferentes elementos como cajas de seguridad, escáneres, sistemas anti-intrusión o sistemas de protección antiincendios, que también están conectados a esa central de alarmas.

BUSCAR LA EFICIENCIA

"Estas medidas son complementadas, en algunos casos, con los servicios de vigilancia personal contratados con empresas privadas de seguridad. Todos esos recursos, dirigidos a garantizar la seguridad de los centros y oficinas de Correos, son analizados de forma permanente para que cumplan su objetivo con la máxima eficiencia operativa, buscándose la adecuación de los medios disponibles a las necesidades detectadas en este ámbito", explica el Gobierno.

Y, siguiendo este análisis de necesidades, el grupo ha decidido llevar a cabo un "proceso de reestructuración de medios de seguridad" para adaptarlos a las necesidades reales de cada centro de trabajo, lo que "en algunos casos" ha conllevado la "reducción de los recursos prestados por empresas externas y el refuerzo de las medidas electrónicas".

Así, aunque en la respuesta no se incluye información concreta sobre cuántos contratos se han rescindido, a qué centros y oficinas afecta o cuánto dinero se ha ahorrado, el Gobierno sí incide en que pese a los cambios la seguridad de las instalaciones de Correos "queda siempre garantizada".

Fuente: http://www.elsemanaldigital.com/el-gobi ... oticia.htm

 

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El informe del CGPJ sobre la Ley de Seguridad ciudadana

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el próximo jueves en pleno una propuesta de informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en la que propone limitar las causas de intervención de las Fuerzas de Seguridad y el deber de denuncia.

La propuesta de informe considera que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son "excesivamente amplios" y recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana.

El texto también cree "excesivamente amplio" el deber de denuncia establecido en el Anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, "sin que baste la mera sospecha o la posibilidad".

La propuesta de informe que los vocales Wencesalo Olea y María Victoria Cinto han elevado al pleno señala también que resulta "excesiva" la exigencia de que la obligación de denunciar el hurto o extravío del DNI sea de manera inmediata y que es "desproporcionado" tipificar su pérdida reiterada como falta.

Según han informado el CGPJ, el informe califica de "dudosa legalidad" que se deniegue el pasaporte cuando sea necesario en los supuestos de los estados de alarma, excepción y sitio.

Ve "incompatible" el artículo 16 de la Ley de Seguridad con el artículo 17 de la Constitución, ya que el primero faculta a las Fuerzas de Seguridad para requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de infracción o se sospeche que puedan cometerla, estableciendo la posibilidad de retenerlas si se niegan o no es posible identificarlas en ese momento.

Según los vocales del CGPJ, debería incorporarse al artículo 16 la "obligación" de los agentes de informar, "de modo inmediato y comprensible", de las razones del requerimiento de identificación, así como indicarse la duración máxima tanto de la retención como de la medida de identificación en dependencias policiales.

Considera contraria a la Constitución la posibilidad de establecer controles en lugares públicos para la identificación de las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción, "ya que se viene a reconocer la posibilidad de una detención por faltas penales o infracciones administrativas".

Regulación de los controles públicos y los cacheos

En este sentido, recomienda que se concrete cuáles son los "elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito de alterar la seguridad ciudadana" a los que se refiere el artículo 18 del Anteproyecto, al tratarse de una "expresión imprecisa que puede ampliar extraordinariamente las comprobaciones y registros en lugares públicos".

El informe que se elevará al pleno del CGPJ califica de "incompleta e imprecisa" la regulación de los cacheos, ya que el Anteproyecto "no excluye la práctica de desnudos, siquiera parciales". Asimismo, considera "vagos e imprecisos" los términos del artículo 20 del Anteproyecto para regular las "medidas extraordinarias" en situaciones de emergencia, entre las que se incluyen las de prohibición de paso y retención de personas.

Aconseja, en ese punto, suprimir este precepto "ante lo incierto de cuáles son las personas a las que la medida puede afectar y la más que cuestionable constitucionalidad de las mismas, en particular la retención".

Empleados de seguridad privada

Otros de los aspectos criticados es el que apunta a la obligación de empresas y empleados de seguridad privada a colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones, al entender que esto "afecta al ejercicio de un derecho fundamental cuya defensa se atribuye a estas últimas y a la autoridad gubernativa".

El informe advierte del riesgo de tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracción administrativa y rechaza que sea la Administración, en lugar de un órgano judicial, quien imponga la sanción. Además, rechaza que para revisar esta sanción se exija el pago de tasas judiciales --"que no existen en el procedimiento penal"-- y que las declaraciones de los agentes que formulen denuncia "gocen de carácter probatorio".

Los vocales que han elaborado el informe discrepan de las conductas contrarias a la seguridad pública tipificadas en el Anteproyecto y recuerdan que las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades Autónomas o a sus símbolos "ya están sancionadas y tipificadas como delito".

El informe se refiere también a la redacción actual del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en lo referente al peligro que el uso de imágenes de autoridades o agentes pueda suponer para su seguridad personal, algo que "está formulado en términos tan vagos y extensos que se plantean problemas de taxatividad".

Fuente: http://noticias.juridicas.com/actual/37 ... s-son.html

 

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La reducción de vigilantes en el centro de menores sigue adelante

La plantilla de vigilantes que presta servicio en el Centro de Menores Albaidel ha cumplido con el anuncio de movilizaciones en respuesta a los planes de la Junta de reducir el personal, y ayer lunes unas 40 personas -entre trabajadores y miembros de CCOO y UGT- se concentraron en la puerta de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales, de donde depende el centro. Las protestas van a continuar durante toda esta semana, siempre a mediodía, y si no hay cambios en los postulados del Gobierno regional no descartan tomar medidas de más presión, según explicaban ayer representantes de los sindicatos.

Los mismos representantes informaron de que ya han mantenido una reunión con los responsables de Asuntos Sociales, quienes habrían comunicado que los planes de reducir los vigilantes en el Albaidel siguen adelante, planes que se incluyen en el nuevo pliego de condiciones del contrato de vigilancia de edificios de la Junta.

Raúl Mas, de la Federación de Servicios de UGT, manifestó que «nos reunimos solo UGT, porque no permitieron entrar a los compañeros de CCOO alegando que no habían pedido la reunión; y se nos dijo que en otros centros hay menos personal, hay menos seguridad, así que en Albaidel también». El portavoz de UGT indicó que quieren reducir la vigilancia «alegando el coste que supone», y pese a que se trata de un centro con muchas incidencias y situaciones de inseguridad para personal e internos.

Fuente: http://www.latribunadealbacete.es/notic ... e/adelante

 

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UGT denuncia que una contrata de Motorland paga las horas extra en efectivo

Los trabajadores de la compañía de seguridad CIS, empresa responsable de la seguridad del circuito de Motorland, están inmersos en un ERE desde junio de 2013. Según denuncia el sindicato UGT, "las normas de acompañamiento son abusivas", aunque la Audiencia Nacional en su sentencia del 26 de noviembre de 2013 desestimó la demanda interpuesta por los sindicatos más representativos (UGT, CC.OO y USO).

El Sector de Seguridad Privada de la Federación de Servicios de UGT Aragón, después de tener la información necesaria, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la empresa por fraude a la Seguridad Social.

La Federación de Servicios de UGT Aragón exige a la empresa CIS "que cumpla con sus obligaciones, de la misma forma que los trabajadores cumplen diariamente con las suyas. Si no es capaz de hacerlo debería abandonar los servicios para que las administraciones adjudiquen a otras empresas".

Asimismo, la Federación de Servicios de UGT Aragón demanda del Gobierno de Aragón un especial celo a la hora de vigilar a las empresas que tienen contratadas para que cumplan con sus obligaciones, en especial, las salariales y de cotizaciones a la Seguridad Social.

En el ERE que sufren los trabajadores de esta compañía, responsable de la seguridad en el circuito de Motorland, hubo 23 despidos, 10 en Barcelona y 13 en Madrid, medidas sociales de acompañamiento con inicio en julio 2013 y final el 31 de diciembre de 2014, supresión del plus de vestuario de julio de 2013 a diciembre de 2014, ampliación de jornada de 162 horas a 166 horas mensuales, no complementar las bajas por incapacidad temporal como dice el convenio colectivo estatal, no abonar el plus de transporte y el plus de vestuario en las pagas extras y la suspensión del plus de antigüedad (quinquenios) con posterioridad al acuerdo.

A todo esto hay que añadir "la falta de cotización de las horas extraordinarias, abono en efectivo o como dietas, los contratos de trabajo a jornada reducida y realizando en muchos casos el doble de la jornada mensual", según denuncia el sindicato UGT.

Fuente: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2 ... 1_300.html

 

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Llíria instalará cámaras de vigilancia en las calles tras una oleada de robos

El Ayuntamiento de Llíria aprobó en el último pleno establecer un dispositivo especial de seguridad tras detectarse una serie de robos y actos de violencia en una serie de establecimientos del municipio. Los grupos de la oposición, PSPV-PSOE, Compromís, MOVE y EUPV presentaron una moción en la que reclamaban al órgano municipal competente en materia de seguridad y en coordinación con la Federación de Comerciantes de la localidad que se establezca «un dispositivo de seguridad dirigido a mejorar la convivencia y condiciones de seguridad de los establecimientos comerciales de Llíria, tanto en horario diurno como nocturno». Finalmente el equipo de gobierno del PP, presidido por Manuel Izquierdo, aceptó secundar esta moción que fue aprobada por unanimidad.

Entre otros argumentos, el alcalde señaló en el pleno que no se ha registrado un aumento de denuncias en el pueblo por atracos o actos violentos contra personas o bienes. Además defendió que el índice de peligrosidad no ha aumentado en la capital del Camp de Turia.

Sin embargo, el concejal de Compromís, Paco García, subrayó que en las últimas semanas se han sucedido varias agresiones. Por ejemplo, «el caso más reciente, ha sido el ataque sufrido esta semana pasada por parte de los propietarios de un bar de la localidad, que tuvieron que ser atendidos por el SAMU de las lesiones causadas al ser abordados en el mismo bar por un grupo de asaltantes que les lanzaron sillas y botellas de vidrio, impactando una de ellas en la cabeza de la propietaria».

Igualmente, añade García, «algunos establecimientos como las gasolineras, en concreto la que está situada en la misma Autovía de Ademuz (CV-35), han mostrado su preocupación y malestar por los continuos robos a los que están sometidos, reclamando además accesos directos a la misma autovía para mejorar la seguridad». Incluso, una de estas estaciones de servicio tiene «un cartel-denuncia sobre estos hechos a la entrada del local, en el que se puede leer: ¡¡Estamos hartos de que nos atraquen!!».

Instalación de cámaras
Por su parte, ayer mismo, la concejala de Urbanismo, Urbanizaciones y Medio Ambiente, Reme Mazzolari,anunció «la puesta en marcha de una actuación pionera en Llíria: la instalación de cámaras de videovigilancia en los accesos al casco urbano y las urbanizaciones». Este proyecto, dijo, «busca acrecentar la seguridad vial». «El control central estará ubicado en el retén de la Policía Local y se trabajará con una red inalámbrica 5G», subrayó. Se prevé que esta actuación estará acabada a final de año.

Fuente: http://www.levante-emv.com/comarcas/201 ... medium=rss

 

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Hacienda unifica 22 contratos de seguridad privada para mejorar las condiciones

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha el procedimiento para convertir 22 contratos de seguridad privada en la Administración del Estado en uno, que incluya la protección de 114 edificios repartidos en cuatro ministerios y catorce organismos.

La Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, María Luisa Lamela, se ha reunido hoy con representantes del sector empresarial de la seguridad privada para informarles de las líneas generales del próximo procedimiento de licitación.

Este contrato supondrá la primera fase de la centralización de estos servicios, la cual se completará el próximo año. Su valor estimado será de unos 50 millones de euros, referido al todo el periodo de duración del contrato y sus posibles prórrogas.

Según ha informado Hacienda, se pretende mejorar la contratación de los servicios de seguridad privada, homogeneizando las prestaciones y aplicando un planteamiento integral de la seguridad, que tenga en cuenta tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad.

Los servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán de forma sucesiva al contrato centralizado a partir de finales de 2014, conforme se produzca la extinción de los contratos que actualmente están en vigor. La fecha de finalización del contrato centralizado será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial.

Fuente: http://www.europapress.es/nacional/noti ... 52635.html

 

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Prosegur reúne a 600 profesionales para analizar las tendencias en seguridad

La jornada “Prosegur, Soluciones Integrales”, enmarcada en la cuarta edición de su encuentro anual, la abrió la presidenta de la compañía, Helena Revoredo, quien destacó que “la orientación permanente de Prosegur hacia la innovación y la tecnología para ofrecer soluciones más eficientes e ir un paso por delante en el diseño de la seguridad del futuro”.

El encuentro reunió también al director ejecutivo de Retail Banking Research (RBR), Dominic Hirsch; el director de Cato Partners y experto en branding, Andy Stalman; el presidente del Consejo Europeo de ATMIA -asociación del sector de los cajeros automáticos-, Ron Delnevo, y la vicepresidenta de Estudios de Mercado y Asuntos Públicos en la consultora Fiserv, Virginia Heyburn.

También acudieron representantes de General Motors y la Fundación El Greco, entre otros profesionales y clientes de Prosegur, que han explicado su experiencia en materia de seguridad. Asimismo, se ha debatido sobre el papel de la tecnología en este sector y el futuro de la gestión del efectivo.

La tecnología en el sector bancario

La vicepresidenta de Estudios de Mercado y Asuntos Públicos de Fiserv, Virginia Heyburn, señaló que “los estudios demuestran que el 60% de los directivos apuestan por la tecnología para ofrecer mejor servicio al cliente y diferenciarse de la competencia” y que “la gestión del efectivo es una opción para los bancos que buscan reducir costes y obtener mejores resultados”.

Heyburn destacó que cada vez existen más operadores para realizar pagos y transacciones, aunque tanto las empresas como los consumidores siguen apostando por acudir a la sucursal bancaria. Por ello, el futuro de los medios de pago pasa por estas entidades.

Por otro lado, explicó que los usuarios requieren una respuesta inmediata por parte de la banca, ya que que cada vez hay más nativos digitales, y es el sector y las empresas quienes deben adaptarse a sus necesidades.

En este sentido, instó a cambiar la manera de interactuar y de hacer transacciones para incorporar las nuevas tecnologías y responder a las exigencias de los usuarios de hoy.

Multifuncionalidad de los cajeros automáticos

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo de ATMIA, Ron Delnevo, presentó las conclusiones del estudio “La situación de los cajeros automáticos y el sector bancario en 2014”, que mide la eficiencia de las entidades de gestión del efectivo de los cinco continentes.

Uno de los puntos destacados del estudio es el papel de los cajeros automáticos que están cambiando para aumentar su multifuncionalidad, lo que implica ofrecer más opciones al consumidor para dar respuesta a sus necesidades.

En este sentido, afirmó que “los ATM (cajeros automáticos) están cambiando y dando paso a máquinas enfocadas a la multifuncionalidad, un modelo de negocio con un gran futuro por delante”.

Para hacer frente a estos retos, la banca busca ser más eficiente e incrementar la seguridad en los servicios de gestión del efectivo, por lo que apuesta por externalizar este tipo de soluciones.

Fuente: http://www.efeempresas.com/noticia/pros ... -efectivo/

 

[Bronce]

Los vigilantes de seguridad hacen visible su malestar a los pies de la Junta de Repsol

Carteles, cornetas, megáfonos y vuvucelas. Todo preparado para que este viernes quien acuda a la Junta de Accionistas de Repsol pueda sentir el malestar de los empleados de otra empresa. En concreto, los de Alerta y Control, la compañía encargada de la seguridad del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. “Queremos que las personalidades que acudan a la Junta conozcan la situación que estamos pasando y el pisoteo de sus derechos laborales”, explica uno de los trabajadores.

La manifestación, convocada por el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS) en nombre del comité de empresa de Alerta y Control, cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid desde las 9.00 de este viernes. “Esta es una buena oportunidad para que la gente sepa que nuestra empresa se ha descolgado del acuerdo sobre la congelación salarial del sector que ya prevé una reducción anual de 800 euros en todas las nóminas”.

Sin embargo, hasta las 12.00 no está previsto que de comienzo la Junta de Repsol y una hora antes se termina la autorización para la manifestación de los vigilantes.

La empresa de seguridad Alerta y Control es la encargada de la vigilancia del edificio donde se celebra la Junta de este viernes. Según fuentes del STSyS, Repsol ha contratado a Prosegur para que se encargue de la seguridad del evento. “Normalmente para este tipo de servicios se contrata a la empresa que ya lleva la seguridad del complejo, en este caso Alerta y Control. Sin embargo, dadas las protestas y manifestaciones, esta vez Repsol ha decidido buscar otra compañía”, explica un portavoz del sindicato.

Los trabajadores han preparado un vídeo en el que utilizan imágenes de la convocatoria de la Junta de Accionistas enviada por Repsol.

El próximo 4 de abril, los trabajadores y la dirección de Alerta y Control tienen una cita en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para intentar llegar a un acuerdo sobre las condiciones laborales y salariales de los empleados.

Fuente: http://www.politicalocal.es/2278-los-vi ... de-repsol/

 

[Bronce]

La RECI planteará al Gobierno un cambio de la Ley de Contratos en aspectos relacionados con las nuevas tecnologías

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) planteará al Gobierno central una modificación en la Ley de Contratos, en diversos aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, con el objetivo de "flexibilizar" plazos o trámites para la colaboración público-privada, como ha apuntado este viernes el presidente de la Red, Iñigo de la Serna.

De la Serna, junto con la alcaldesa de Logroño y vicepresidenta de la RECI, Cuca Gamarra, ha presidido en la capital riojana la reunión del VI Comité Técnico de la Red, en la que, en este momento, participan un total de 49 municipios de toda España.

El también alcalde de Santander ha explicado, momentos antes del inicio de la reunión, los avances que la Red está realizando en sus cinco grupos de trabajo, y ha destacado, entre ellos, los que lleva adelante el Grupo de Innovación Social, que, en abril, presentará "una ordenanza tipo sobre transparencia, acceso y reutilización de la información".

Este documento, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se basa en una guía normativa, elaborada por el mismo grupo de trabajo, y que se ha centrado en la creación de un indicador determine el nivel de madurez de la política de datos abiertos de una entidad.

Otras aportaciones del grupo son un documento sobre buenas prácticas de presencia y participación institucional de las entidades locales en internet y en las redes sociales; la opendata; y las smart destinations, para la promoción de un destino turístico y un mapa español de la gestión de la innovación en los destinos turísticos inteligentes.

En el Grupo de Energía, como ha detallado De la Serna, se prepara una guía de actuación para los ayuntamientos, sobre la certificación energética de los edificios municipales; y en un pliego de contratación tipo para la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos.

Respecto al Grupo de Medio Ambiente, el presidente de la RECI ha especificado que se abordan aspectos relacionados con las zonas verdes y con el ciclo del agua; y en el de Movilidad Urbana, se está avanzando en el 'distintivo RECI' para vehículos eléctricos, de manera que se pueda recargar este tipo de vehículos en cualquier ciudad de la Red. De momento, funciona en 12 de ellas, para extenderla luego al resto.

PLATAFORMAS INTELIGENTES.

Especial hincapié ha hecho en el Grupo de Gobierno, economía y negocios, en el que se enmarca la propuesta para modificar la Ley de Contratos, "en un apartado que es tan importante ahora como la colaboración público-privada", con un abanico de "diez o doce cosas que habría que modificar".

"Es necesario -ha defendido- introducir esa flexibilización en aspectos hoy demasiado rígidos de la norma". Así, ha detallado que se trata de flexibilizar tramitaciones "que ahora no se contemplan", introduciendo una figura específica, y también la flexibilización en los plazos "para favorecer la inversión tecnológica".

En este campo, ha abogado incluso por introducir una cláusula en los contratos "que tenga en cuenta el factor progreso, ya que, debido a lo rápido que cambia la tecnología sería necesario contar con esta variable"; y también, contar con factores como la seguridad, la propiedad y la protección de los datos, o en la creación de prototipos.

Por otro lado, De la Serna ha incidido que la RECI está dando pasos "hacia la excelencia en la gestión municipal, a través de las experiencias en smart cities", al tiempo que ha subrayado la importancia que está adquiriendo la Red, con 49 ciudades, "y una presencia que se va incrementando de forma exponencial en todos los foros".

Ha abundado en que la mayor parte de las reuniones que se realizan en el entorno de la Red se hacen de forma virtual, "lo que se traduce en importantes ahorros", entre los que ha mencionado que "con las diez últimas reuniones virtuales, se ha ahorrado el equivalente a 1.304 horas de trabajo y casi 50.000 euros derivados de desplazamientos, y eso ha evitado también la emisión de 22 toneladas de CO2".

Fuente: http://www.europapress.es/la-rioja/noti ... 15710.html

 

[Bronce]

Los trabajadores de Alerta y Control se negaron a reforzar la seguridad de la Junta de Repsol

Cerca de un centenar de vigilantes de Seguridad de Alerta y Control, convocados por Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS), se manifestaron el pasado viernes para protestar por el descuelgue salarial que la empresa quiere llevar a cabo.

En esta ocasión, la movilización tuvo lugar frente al Palacio Municipal de Congresos, uno de los clientes de la empresa Alerta y Control. Se da la paradoja de que la empresa solicitó a la plantilla un refuerzo extra para la seguridad del evento que se realizaba en el Palacio de Congresos, la Junta de Accionistas de Repsol, a lo que la plantilla se negó, por lo que los organizadores tuvieron que recurrir a los servicios de Prosegur para reforzar la seguridad del acto. informan desde esl sindicato.

Durante varias horas, quienes accedían al recinto pudieron escuchar proclamas como “únete no nos mires; vigilante obrero esta es nuestra lucha obrera; no falta dinero sobran chorizos o estos de ahí enfrente explotan a la gente”, entre otras.

El Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS) ha recordado que la empresa propuso un descuelgue del convenio colectivo que implica una reducción salarial de un 10 por ciento. En fechas posteriores a la presentación de este descuelgue, UGT, USO y las patronales del sector firmaron un nuevo convenio que estipula una rebaja salarial del 5,4 por ciento respecto a lo que marcaba el anterior convenio publicado. Aun así, la empresa Alerta y Control ha decidido seguir adelante su propia rebaja salarial, según explica el sindicato a través de un comunicado.

Los representantes legales de los trabajadores no ha encontrado justificación alguna a las medidas que la empresa quiere adoptar y el periodo de consultas estipulado legalmente ha terminado sin acuerdo. El pasado 19 de marzo, la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo rechazó por unanimidad la petición de descuelgue propuesta por la empresa.

“La empresa sigue argumentando problemas económicos y la viabilidad de la misma para justificar el descuelgue”, explican desde STSyS. Sin embargo, de “la documentación económica aportada por la propia empresa en el periodo de consultas, se desprende que Alerta y Control tiene un remanente de dinero importante para hacer frente a cualquier imprevisto, y no que sus trabajadores y trabajadoras paguen sus malas gestión en la empresa”, añaden.

Fuente: http://www.politicalocal.es/2286-los-tr ... de-repsol/

 

[Bronce]

El Comité de empresa de Prosegur denuncia a la empresa en la Inspección de Trabajo

Los trabajadores aseguran que no reciben la información que les solicitan a la dirección impidiendo cumplir adecuadamente con la función del comité, según marca la legislación.

El presidente del comité de empresa de Prosegur, Antonio Serrano, indica que "los trabajadores están hartos de solicitar información a la empresa sin que ni siquiera se dignen a contestar". Insiste en que ” nos informan de lo que les interesa y cuando les interesa” manifiesta Serrano, están vulnerando el derecho de los trabajadores y el de sus representantes, al no facilitar la información requerida, que es obligatorio que nos la entreguen según la legislación”.

Desde el Comité de empresa aseguran que "con esta actitud dejan a los trabajadores y sus representantes en total indefensión", impidiendo que el comité de empresa pueda realizar con eficacia su labor de defensa de derechos de los trabajadores, por lo que no les ha quedado más remedio que acudir a la Inspección de trabajo para denunciar tal situación.

Según Serrano, la plantilla “esperamos que la denuncia entregada ante la Inspección de Trabajo, sirva para subsanar este atropello a los derechos fundamentales de los trabajadores de Prosegur”,ya que parece que los miembros del comité de empresa, pertenecientes CCOO, y que ostentan la Presidencia del mismo, no son del agrado de la empresa.

Fuente: http://econ.es/not/4864/el_comite_de_em ... jNP16p04Tf

 

[Bronce]

La patronal de los detectives defiende la nueva ley de seguridad privada

Las asociaciones profesionales de detectives privados reclaman que se le dé una oportunidad a la nueva ley de seguridad privada, aprobada en el Congreso a principios de marzo.

La ANADPE, patronal que representa a los despachos más importantes del país, asegura que la nueva norma “garantiza los derechos de los ciudadanos y profesionales de la investigación” además de asegurar “la eficacia en la prestación de los servicios” y evitar el intrusismo.

Antonio Marín, presidente de ANADPE, ha desmentido que el texto “restrinja una profesión que de por sí ya está muy fiscalizada”. Además, la asociación ha subrayado “el clima de entendimiento y colaboración que ha existido durante la redacción de la ley”.

Colaboración conjunta

La asociación está colaborando con el Gobierno en el despliegue del texto junto al Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Empresas de Detectives Privados (AEDP).

Bajo su punto de vista, la nueva legislación “actualiza una ley existente”, además de garantizar “la confidencialidad” de los clientes. Cabe recordar que el proyecto estrella del Ministerio del Interior abre la puerta a la cooperación entre cuerpos de policía y detectives privados a la hora de investigar determinados delitos.

Fuente: http://www.economiadigital.es/es/notice ... _52522.php

 

[Bronce]

El Gobierno dice estudiará con el máximo interés el informe del CGPJ sobre la Ley de Seguridad "porque para eso se pide"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo "estudiará con el máximo interés" el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el Ministerio del Interior. Según ha dicho, "para eso se pide".

"Se reclaman informes a organismos consultivos, entre otros, al Consejo de Estado. El CGPJ ha considerado que, no la Ley, sino algunos puntos deben ser adaptados y los estudiaremos con el máximo interés porque para eso se pide, para que nos ayuden, para hacer mejores leyes técnicamente posibles", ha dicho la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que critica duramente el texto al encontrarle tachas de inconstitucionalidad en relación con las retenciones en caso de que las personas se nieguen a identificarse ante la Policía, la instalaciones de controles en lugares públicos y la denegación del pasaporte en caso de declararse estados de alarma, excepción y sitio.

El informe, elaborado por los vocales Wencesalo Olea y María Victoria Cinto, contará con los votos concurrentes del vocal Enrique Lucas, al que se adhiere Mercé Pigem y otro de la vocal Concepción Sáez.

El informe del órgano de gobierno de los jueces ve "incompatible" el artículo 16 del Anteproyecto de Ley de Seguridad con el artículo 17 de la Constitución porque faculta a las Fuerzas de Seguridad para requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de infracción o se sospeche que puedan cometerla, estableciendo la posibilidad de retenerlas si se niegan o no es posible identificarlas en ese momento.

Igualmente, el texto del CGPJ considera contraria a la Constitución la posibilidad de establecer controles en lugares públicos para la identificación de las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción, "ya que se viene a reconocer la posibilidad de una detención por faltas penales o infracciones administrativas".

Además, el informe califica de "dudosa legalidad" que se deniegue el pasaporte cuando sea necesario en los supuestos de los estados de alarma, excepción y sitio.

El CGPJ critica igualmente el deber de denuncia establecido en el Anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, "sin que baste la mera sospecha o la posibilidad".

Igualmente, los autores del informe consideran "excesiva" la exigencia de que la obligación de denunciar el hurto o extravío del DNI sea de manera inmediata y creen que es "desproporcionado" tipificar su pérdida reiterada como falta.

También se ve "incompleta e imprecisa" la regulación de los cacheos, ya que el Anteproyecto "no excluye la práctica de desnudos, siquiera parciales". Asimismo, considera "vagos e imprecisos" los términos del artículo 20 del Anteproyecto para regular las "medidas extraordinarias" en situaciones de emergencia, entre las que se incluyen las de prohibición de paso y retención de personas.

Se aconseja, en ese punto, suprimir este precepto "ante lo incierto de cuáles son las personas a las que la medida puede afectar y la más que cuestionable constitucionalidad de las mismas, en particular la retención".

EMPLEADOS DE SEGURIDAD PRIVADA

Otros de los aspectos criticados es el que apunta a la obligación de empresas y empleados de seguridad privada a colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones, al entender que esto "afecta al ejercicio de un derecho fundamental cuya defensa se atribuye a estas últimas y a la autoridad gubernativa".

El informe advierte del riesgo de tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracción administrativa y rechaza que sea la Administración, en lugar de un órgano judicial, quien imponga la sanción. Además, rechaza que para revisar esta sanción se exija el pago de tasas judiciales --"que no existen en el procedimiento penal"-- y que las declaraciones de los agentes que formulen denuncia "gocen de carácter probatorio".

OFENSAS O ULTRAJES A ESPAÑA

Los vocales que han elaborado el informe discrepan de las conductas contrarias a la seguridad pública tipificadas en el Anteproyecto y recuerdan que las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades Autónomas o a sus símbolos "ya están sancionadas y tipificadas como delito".

El informe se refiere también a la redacción actual del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en lo referente al peligro que el uso de imágenes de autoridades o agentes pueda suponer para su seguridad personal, algo que "está formulado en términos tan vagos y extensos que se plantean problemas de taxatividad".

Fuente: http://www.europapress.es/nacional/noti ... 83718.html