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Prosegur prevé un ERE a 1.000 trabajadores si le obligan a cumplir el convenio

La principal compañía de seguridad privada en España, Prosegur, contempla la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) a un millar de sus trabajadores si no logra un acuerdo con los sindicatos para descolgarse del convenio colectivo.

Según la información publicada por El Economista la empresa se encontraría al borde de las pérdidas en el país si se ve obligada a cumplir el convenio pactado con sus empleados en 2012. Poner en práctica ese acuerdo supondría un aumento de los salarios de casi un 5%, una cifra que la empresa no está en condición de poder asumir, según sus responsables.

De llevarse finalmente a cabo el ERE, afectaría al 3,7% de su plantilla española, compuesta por 27.000 trabadores. La empresa cuenta en total, incluidos todos los países donde opera, con 120.000 empleados.

El acuerdo entre patronal y sindicatos que estaba prevista aplicar este 2014 contemplaba el mencionado incremento del 5% para compensar la congelación de salarios que afecta prácticamente desde 2009 –a excepción de una subida del 1% en 2010– al sector. A ello se sumó una reducción lineal de 283 euros de las nóminas anuales de los trabajadores. Las empresas del sector consideran que este alza salarial previsto provocaría una significativa pérdida de rentabilidad.

Prosegur lleva desde el 10 de febrero negociando con los sindicatos, a los que envió una carta anunciando su intención de emprender despidos si no aceptaban el descuelgue del convenio colectivo.

Cinco empresas afectadas

Otras empresas del sector, como Segurisa, Eulen, Segur Ibérica y Sabico Seguridad también planean descolgarse del convenio. En su información, El Economista recuerda que de momento cinco de las trece empresas asociadas a la patronal del sector Aproser, ya han propuesto esta salida para tratar de solventar parte de sus problemas.

El diario Faro de Vigo recoge hoy que Prosegur ha paralizado de momento el ERE ante un pacto firmado el viernes entre patronal y sindicatos sobre el convenio.

Las partes acordaron, apunta el periódico, “aplicar con efectos del 1 de enero de 2014 los importes de las tablas de retribuciones y demás conceptos económicos que se han estado aplicando durante 2013” y las empresas del sector se comprometieron a asumir “el coste de la cotización del Plus de Transporte, como resultado de la aplicación del real decreto 16/2013 de 20 de diciembre de 2013”.

Compra del 3% por Bill Gates

Este mismo mes el magnate estadounidense Bill Gates adquirió alrededor del 3% de Prosegur, lo que hizo subir sus acciones en la bolsa de Madrid.

La compra se realizó a través de un fondo de inversiones y, por el momento, se desconoce el precio o el porcentaje exacto de la toma de posición del fundador de la multinacional Microsoft, informó el diario Expansión.

Fuente: http://www.infodefensa.com/es/2014/02/2 ... venio.html

 

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Policías y vigilantes privados ampliarán sus lazos de colaboración

Si los efectivos de la seguridad privada trabajaran de una forma más coordinada con las Fuerzas de Seguridad del Estado se lograría una mayor efectividad en la provincia en la lucha contra la delincuencia y el fraude. Los cuerpos pueden ser complementarios. Esta es una de las conclusiones a las que se llegó ayer durante la reunión que mantuvo la Comisión Mixta de Seguridad en la sede de la Subdelegación de Gobierno de Cádiz. De lo que se trata es de ganar en efectividad y agilidad, sin embargo, es necesario para ello tomar antes una serie de medidas.

A la cita acudieron los responsables de empresas de seguridad privada en la provincia, así como integrantes de varios despachos de detectives privados. En la misma mesa estuvieron sentados los mandos de la Guardia Civil en la provincia y el comisario provincial de la Policía Nacional, Manuel Bouza. El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, se encargó de avanzar algunas de las novedades que recoge el anteproyecto de ley que aborda el Congreso de los Diputados sobre seguridad privada y presentó las líneas maestras del 'Plan Segupri', un ambicioso proyecto a escala nacional que recoge la colaboración de la seguridad privada con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los organizaciones internacionales.

De Torre destacó que esta implicación es clave para mejorar en la prestación de servicios. No obstante, y según recoge el documento, es vital acabar con el intrusismo laboral en esta profesión y definir las competencias, algo que ya se encargará de especificar la nueva normativa. La Comisión Mixta de Seguridad no se reunía desde 2006. Durante el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de que las empresas de seguridad privada implanten procesos telemáticos, es decir, inviertan en informática para mejorar la coordinación. Una estrecha colaboración entre los agentes de seguridad privada y los efectivos policiales redunda en una mejora de las actuaciones.

En la provincia hay 42 empresas de seguridad privada y 6.200 agentes, además de 19 despachos de detectives privados y 38 centros formativos para este tipo de profesión. El sector mueve en España 3.215 millones de euros al año y emplea a 85.000 personas. Son datos que dan idea de la magnitud del sector y de los beneficios que supondría en la lucha contra la delincuencia una plena coordinación con el resto de cuerpos.

El comisario provincial, Manuel Bouza, destacó al término de la reunión de las Comisión Mixta que existe una necesidad imperiosa de incrementar los niveles de seguridad ciudadana y una de las fórmulas pasa por coordinar y colaborar con la seguridad privada.
El Subdelegado del Gobierno destacó, por su parte, que el anteproyecto de ley viene a cubrir algunas lagunas en el sector, ya que su regulación data de 1992 y la situación ha cambiado en veinte años.

De Torre explicó que el sector de la seguridad privada en la provincia ha recibido con agrado la reunión y las conclusiones de la Comisión. Se espera una nueva cita dentro de seis meses. Uno de los mayores ejemplos de colaboración son los agentes rurales y la Guardia Civil.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/2014 ... 40227.html

 

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La crisis se lleva uno de cada cinco empleos en seguridad privada

La crisis económica ha llegado más tarde a Burgos que al resto de España, circunstancia en la que inciden constantemente los estudios sobre la economía provincial. Esta situación también se refleja en el sector de la seguridad privada que, especialmente a partir del año 2009, ha perdido en torno al 20% de trabajadores. Al comienzo de la crisis, el número de empleos en este sector se acercaba a los 800, y en la actualidad ronda los 600. La crisis ha hecho que en España se hayan perdido cerca de 5.000 puestos de trabajo en el sector.

Una de las principales causas de esta caída en el empleo se debe principalmente a que la Administración, que tradicionalmente ha sido uno de los clientes más importantes de seguridad, ha recortado su presencia. Miguel Ángel Santillana, responsable de Servicios Privados de Comisiones Obreras en Burgos, explica que en muchos puestos se ha pasado de los tres turnos a dos. Junto con las administraciones, los centros comerciales y grandes centros de trabajo también han sustituido la mano de obra con dispositivos de videovigilancia, así como alarmas.

Una tercera causa de este notable descenso en el número de puestos de trabajo está en que durante la época de bonanza económica, hasta 2009 incluido, se «pagaba mucha hora extra». Una costumbre que sustituía, según Santillana, la falta de vigilantes privados que siempre ha padecido este sector para cubrir toda la demanda.

Conflicto laboral

Esta situación llega en pleno conflicto entre la patronal y los trabajadores, que el pasado viernes logró apaciguarse al firmar un acuerdo UGT y USO, sindicatos con representación mayoritaria, en el que se ha acordado congelar un año más los salarios de un sector que lleva cinco años sin subidas. A finales del pasado mes de enero, las dos principales empresas del sector anunciaron descuelgues salariales y modificaciones del convenio colectivo al considerar que no podían asumir la subida salarial cercana al 5% que se recogía para este año para recuperar en parte la reducción de cerca del 2% en las pagas extra.

A ello había que añadir que empresas más pequeñas habían firmado acuerdos laborales por debajo del convenio sectorial de seguridad privada, lo que también había provocado el rechazo de las centrales sindicales.

Fuente: http://www.elcorreodeburgos.com/noticia ... ad-privada

 

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Cerca de medio millar de vigilantes de seguridad piden a la patronal que respete el convenio

La concentración se ha realizado a instancias de CC.OO. en defensa de su actual convenio colectivo y en contra de la patronal por incumplir lo pactado. El colectivo no descarta la huelga, una medida a última instancia que afectaría a la seguridad en los espacios y edificos públicos.

El responsable del sector de seguridad privada de CC.OO., Óscar Verduras, ha criticado a Europa Press que la patronal quiere bajar el salario un 1,8 por ciento, a pesar de que pactó una subida de un 3,2 por ciento. "Esto no puede ser. Es la tercera vez que incumple el convenio. Pedimos respeto por lo pactado", ha dicho.

Según CC.OO., "las empresas que anunciaron no poder asumir lo que pactaron en convenio colectivo, no hace apenas un año, amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo". "Y así fue, las empresas anunciaron descuelgues, ERE, despidos y convenios de empresa", ha señalado.

El sindicato ha explicado que la solución requerida por la parte empresarial, rebaja salarial de un 1,8 por ciento, fue asumida el pasado día 21 de febrero en un acuerdo en el Servicio de Interconfederal de Mediación y Arbitraje por los sindicatos UGT y USO.

El acuerdo es rechazado por CC.OO. al considerarlo como "insuficiente", por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores del sector tienen y reclaman.

Aunque la mayoría de empresas del sector han anunciado la cancelación de los expedientes, algunas como Alerta y Control ha declarado su intención de seguir adelante con un descuelgue salarial.

Ante esto, el sindicato ha convocado una concentración para el próximo día 6 de marzo, a las 10.30 horas, frente a los juzgados de Plaza Castilla, uno de los principales clientes de Alerta y Control.

También los vigilantes de seguridad del aeropuerto, pertenecientes a la empresa Eulen, han convocado paros parciales para el próximo viernes, que se prolongaran de forma indefinida todos los lunes y viernes, ante la imposición de manera unilateral de la modificación de las actuales condiciones de trabajo por parte de la empresa, que también amenazó con despidos para amedrentar a los trabajadores.

Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es/espana ... X3i6eaN2yy

 

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Bel alerta al sector de seguridad privada para que cumpla con las bonificaciones

La portavoz accidental del Ejecutivo, Yolanda Bel, trasladó ayer la preocupación del Gobierno después de que les hayan informado de que las empresas del sector de la seguridad privada pretenden reducir del sueldo de sus trabajadores el aumento derivado de las bonificaciones a la seguridad social de las que se benefician por el hecho de estar en Ceuta. Ante estas noticias, el Gobierno quiso prevenir a las empresas de este sector y “dejar clara su posición”.

Así, Bel informó de que si el objetivo de las bonificaciones a la Seguridad Social que negoció el Ejecutivo con el Gobierno central “no se cumple”, iniciarán las gestiones precisas con el Ministerio de Empleo para que este beneficio no se aplique a las empresas de seguridad privada.

Y no quedaría ahí. “Nuestros contratos dirigidos al sector se verían claramente y profundamente revisados en precios, y en pliegos”, aseguró Bel. La consejera reiteró que esta es la “información que tiene el Gobierno”, aunque señaló que todavía no ha habido ninguna manifestación en firme por parte de representantes del sector a la Ciudad Autónoma.

“Pero sí tenemos noticias que nos hacen llegar desde el gremio y nosotros queremos dejar claro nuestro posicionamiento, nada más a modo informativo”, manifestó Bel. La portavoz del Ejecutivo pidió que nadie se tomara estas declaraciones como una “advertencia”, sino como “información”, ya que su objetivo es velar porque las bonificaciones repercutan en los trabajadores de los sectores de actividad beneficiados.

Fuente: http://www.elpueblodeceuta.es/201403015202.html

 

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Prosegur ganó 156 millones de euros el pasado año, un 9,3% menos

En España la actividad de la compañía cayó un 8%, algo que contrasta con el crecimiento de las ventas en Francia, con un aumento de casi el 7%, o los resultados en Alemania, con un alza que roza el 4%.

En el acumulado de la región Europa-Asia la facturación fue negativa, del -3,5%, alcanzado la cifra de 1.439 millones.

Según un comunicado de Prosegur, “este descenso de las ventas se debe fundamentalmente a la situación del sector de la seguridad privada en España, que viene experimentado un retroceso continuado de sus ingresos desde 2008″.

En lo que respecta a otras zonas, “la compañía continúa su consolidación en China, India y Singapur, mercados en los que ha aumentado sus ingresos en cerca de un 38%”, añade el comunicado.

En Iberoamérica, por su parte, la facturación creció “casi un 19% excluyendo el efecto de tipo de cambio”, con una cifra de 2.256 millones de euros: Brasil y Argentina (que incluye Urugya y Paraguay) constituyen los principales mercados en los que obtuvo 1.074 y 717 millones respectivamente.

Otros datos

Por otra parte, la compañía alcanzó unas ventas de 3.695 millones de euros en 2013, lo que supone un incremento del 0,7% respecto a 2012, cuando se alcanzaran los 3.669, mientras que el resultado operativo antes de impuestos e intereses (EBIT) fue de 298 millones, un 16,5% más.

En cuanto a la deuda, la compañía la redujo en 86 millones de euros respecto a 2012, y que a cierre de ejecicio 2013 alcanzaba los 588 millones.

Fuente: http://www.efeempresas.com/noticia/pros ... e-en-2012/

 

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Qué novedades se han presentado en la feria SICUR

El Salón Internacional de la Seguridad SICUR ha cerrado sus puertas, hasta una nueva edición dentro de dos años, con la participación de unas 1.300 empresas de 25 países, relacionadas con la seguridad contra incendios y emergencias, la seguridad privada y pública, y la seguridad laboral. Entre las novedades que se han presentado, que dicho sea de paso no han sido demasiadas, cabe destacar los vehículos aéreos no tripulados de última generación, conocidos popularmente como drones, y diseñados para actividades militares y civiles de seguridad, vigilancia de instalaciones, supervisión en operaciones tácticas, apoyo a la extinción de incendios o investigación de accidentes entre otras misiones.

Dotados con cuatro motores de propulsión, y con un peso de menos de dos kilos y medio, se desplazan a 65 km por hora a más de 500 metros de altura y con una autonomía de casi una hora. Incluyen diferentes tipos de cámaras, que proporcionan imágenes de alta calidad incluso en condiciones de vuelo adversas, sistemas de comunicación y enlaces de datos en tiempo real con una tableta táctil de poco más de 10 pulgadas con la que se controlan los drones desde tierra a una distancia de 3 km, que puede ampliarse hasta 5 km.

Otros productos que se han podido ver en la feria han sido una nueva generación de detectores de humo que analizan el aire que aspiran de la zona que protegen y lo analizan en el momento, diferenciando entre humo y polvo. La video-vigilancia con tecnología de escaneado progresivo que consigue definir con perfección perfiles de personas y vehículos en la oscuridad. Y un gran número de productos de seguridad activa y pasiva de prevención de riesgos, como anclajes de seguridad y anti caídas, equipos de protección individual y de salud laboral -calzados, ropa, cascos, y máscaras de protección contra fuego, humo y productos químicos- y controles de acceso, presencia y vigilancia pública y privada, circuitos cerrados de televisión y alarmas anti intrusión.

Las cámaras de vigilancia se hacen más sofisticadas y utilizan sistemas volumétricos que detectan movimientos incluso en condiciones de baja visibilidad, ven en la oscuridad mediante sofisticados sistemas infrarrojos, o tienen dispositivos capaces de hacer un reconocimiento biométrico del iris de los ojos, que como la huella digital es exclusivo de cada persona. Lo llamativo es que lo pueden hacer en tiempo real, a cierta distancia, con la persona en movimiento, aunque lleve gafas o lentillas y bajo distintas condiciones de iluminación.

En la lucha contra incendios, además de las cámaras de vigilancia y las alarmas, se ha presentado un sistemas detección precoz de incendios en espacios abiertos y forestales que, mediante un haz de luz codificado y un software muy fiable que discrimina falsos positivos, detecta cualquier fracción de fuego por pequeña que sea, cuando la luz impacta contra la columna de humo.

También se han visto los medios de la Unidad Militar de Emergencias, UME, que ha realizado exhibiciones de búsqueda con su unidad canina y demostraciones de descontaminación química. A unidades de desactivación de explosivos TEDAX de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que han mostrado los equipos con los que trabajan habitualmente, e incluso a Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) que es una ONG fundada en 1996 y cuyos integrantes dedican su tiempo libre a la respuesta especializada de emergencia ante catástrofes. Hasta el momento ya han tenido más de 30 intervenciones en terremotos, como el de Haití en enero de 2010, y otros fenómenos naturales de efectos catastróficos.

Se ha podido conocer también la labor que realiza el centro de simulación y entrenamiento de emergencias y supervivencia (STEC) de la Base Naval de Rota, que es un centro especializado en formación de emergencias aeronavales y de rescate. El complejo cuenta con una piscina dotada de los simuladores más avanzados de olas, corrientes, vientos, niebla, lluvias intensas y efectos luminosos, que sirven para entrenar a las Fuerzas Armadas españolas y que se comercializa a empresas civiles nacionales y extranjeras y a las
Fuerzas armadas de otros países.

Fuente: http://www.ateneadigital.es/RevistaAten ... 65_ESP.asp

 

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Algo más que un tiro en la pierna

Justo en pleno debate sobre la futura Ley de Seguridad Privada, Leganés vivió, hace una semana, un ejemplo de las eventuales consecuencias que puede tener un aumento de las competencias de los vigilantes de seguridad. Un empleado de Prosegur, Alin-Nicu Cocirca, de 35 años, pegó un tiro a un joven, Nazariy Spivak, de 18 años, durante una reyerta. El autor del disparo aseguró a la policía que 11 atacantes le quitaron a su compañero y a él las porras y las emprendieron a golpes. En un momento dado, le intentaron arrebatar el arma y se produjo un tiro fortuito. La víctima, al contrario, mantuvo que les amenazaron, golpearon y que uno de ellos utilizó el revólver.

La reyerta se produjo alrededor de las seis y media de la tarde en la estación de Parque Polvoranca, en Leganés (Madrid), cuando un grupo de 11 jóvenes se saltó los tornos en la parada anterior y comenzó a hacer gamberradas ya dentro del vagón. Los dos vigilantes de seguridad, pertenecientes a los llamados Grupos Operativos (GOP), se acercaron a estos viajeros y le recriminaron su actitud. A partir de ahí, surgen las dos versiones.

Nazariy Spivak declaró ante la policía que los dos vigilantes se acercaron al vagón en el que estaban y les recriminaron su actitud. Acto seguido, se quitaron la chapa de color blanco que lleva su número identificativo y comenzaron a amenazarles, mientras la emprendían a golpes con ellos. Se inició entonces una reyerta, en la que los jóvenes intentaron defenderse. Fue entonces cuando Alin-Nicu Cocirca sacó su revólver reglamentario, del calibre 38 especial, y efectuó dos disparos. El primero, al aire y el segundo, contra la pierna izquierda de Spivak. Cuando el tren llegó a la estación, los jóvenes salieron e intentaron huir saltando una valla.

El vigilante de seguridad relató que los 11 chavales se colaron en Fuenlabrada. Se acercaron a ellos y les pidieron los billetes, que no llevaban. A continuación, la emprendieron a golpes con los empleados e incluso, según su relato, les sacan alguna navaja. En el forcejeo les arrebataron las porras y les pegaron con ellos. Según Cocirca, en un momento dado notó que le estaban quitando el arma y cuando le echó mano se produjo el disparo de forma accidental que alcanzo al joven en la pierna.

Cuando llegaron los policías locales y nacionales, tres amigos estaban taponando la herida de bala. Esta tenía orificio de entrada y salida y no afectó al sistema óseo ni vascular. Fue trasladado al hospital 12 de Octubre. Mientras, el vigilante de seguridad fue detenido, acusado de lesiones graves. También entregó el revólver y la guía de pertenencia —el documento que atestigua la titularidad del arma—. La policía comprobó que en el tambor había cinco cartuchos, por lo que la versión de los jóvenes ya comenzaba a flaquear. Tras pasar a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Leganés, quedó en libertad con cargos.

Este periódico contactó con el vigilante de seguridad, que está de baja, y estaba dispuesto a contar su versión de la reyerta. La compañía para la que trabaja, Prosegur, declinó que lo hiciera al entender que el asunto está siendo investigado por la autoridad judicial. Fuentes del Departamento de Seguridad de Renfe explicaron que este empleado nunca había dado problemas en el servicio (lleva 12 años como vigilante, de los que dos ha estado en la compañía ferroviaria) y que ha sido felicitado en más de una ocasión por su profesionalidad en el servicio.

Algo similar ocurrió con el herido. Este estuvo internado hasta el pasado viernes en la unidad de Traumatología del hospital madrileño. Al principio accedió a explicar a EL PAÍS lo ocurrido la tarde del sábado. Eso sí, su primera pregunta fue cuánto iba a cobrar por hablar con el periodista. Después, no quiso hacerlo, entre otros motivos por consejo expreso de sus padres.

Un caso en el que se vieron envueltos también vigilantes de Renfe ocurrió en mayo de 2006 en la estación de Atocha, cuando murió Antonio Mena Sanz, de 27 años, tras ser reducido y esposado por otros cuatro vigilantes. La autopsia determinó que Mena no presentaba señales externas de violencia, ni hematomas ni fracturas, por lo que el forense se inclinó a creer que falleció por un derrame cerebral.

El caso de Leganés surge en pleno debate sobre la Ley de Seguridad Privada y su aumento de atribuciones, entre los que se encuentra el poder detener en plena calle.

Una orden del Ministerio del Interior de 2011 estipula que los vigilantes prestaran servicio con un revólver calibre 38 especial con un cañón de cuatro pulgadas. En teoría está reservado para aquellos servicios de especial riesgo como el traslado de dinero en efectivo, la vigilancia de entidades bancarias o joyerías o los encargados de reponer los billetes en los cajeros automáticos, entre otros. Los que lleven armas tendrán que efectuar “un mínimo de 25 disparos” en cada ejercicio obligatorio de tiro, que tendrá que hacer cada seis meses como mínimo.

Para el presidente de la Asociación Española de Directores de Seguridad (500 afiliados), José Antonio Martínez, lo importante con los vigilantes de seguridad es que estén “bien formados” para que sepan cuáles son sus responsabilidades y limitaciones. “El debate no está tanto en que lleven o no arma, sino en que tengan los controles necesarios para saber que están capacitados mental y físicamente para llevarla. Todo pasa por la formación y de la valoración que se haga de sus aptitudes”, destaca Martínez. Este añade que su función va a depender de las incidencias y de los riesgos que pueda asumir. “Muchas veces el simple hecho de llevar el arma ya es en sí disuasorio”, añade.

Fuentes policiales reconocen que el portar un arma supone un grave riesgo por las consecuencias que se pueden derivar de su uso. También mantienen que muchas veces los vigilantes de seguridad no están formados ni hacen las prácticas suficientes para este tipo de servicio. A eso se unen que hasta el momento están considerados como auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que su actuación queda limitada a pocos y tasados casos. Al menos hasta el momento.

El Ministerio del Interior por su parte recuerda que la futura Ley de Seguridad Privada procederá a aumentar los controles de estos vigilantes, lo que supondrá un incremento de la calidad profesional de estos trabajadores, según explica un portavoz. “Se les va a exigir que los profesionales que lleven arma tengan más formación”, añade este portavoz.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/201 ... 73082.html

 

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Gürtel usó a 'limpiadores' como vigilantes para la visita del Papa

La trama Gürtel trabajó en Valencia con total libertad. La banda de Francisco Correa mordió hasta de los contratos que se firmaron por la seguridad de las pantallas que se instalaron por la visita del Papa en 2006. Y sus presuntos aliados no tuvieron reparos en usar a limpiadores o personal civil sin experiencia para vigilar el material audiovisual, según la documentación a la que ha tenido acceso ahora EL MUNDO.

Teconsa, constructora en la que se escondió Gürtel, se quedó el contrato de las pantallas por 7,4 millones (costaba poco más de tres y el resto se empleó para comisiones, según la Policía). La factura escandalizó a técnicos o administrativos de RTVV y no incluía ni tan siquiera el personal de seguridad. El acuerdo entre Teconsa y RTVV se firmó en mayo, y hasta finales de junio la cadena no contrató los trabajos.

El montaje de las pantallas arrancó el 24 de junio de 2006 sin vigilantes privados y el productor que nombró Gürtel para el gran evento, Miguel Torroja, presentó un informe donde denunciaba que la cadena infringía su parte del acuerdo. Incluso amenazó con retirar todo el material si no se respetaban las cláusulas.

El grupo de seguridad con el que trabajaba RTVV en otros eventos como las Fallas o las Hogueras, Segur Ibérica, no podía efectuar este servicio extraordinario y Servicios Generales recurrió a otras empresas para respetar su acuerdo con Gürtel. Al frente de ese departamento estaba Vicente Sanz, acusado de abusos sexuales a empleadas de RTVV, que impuso la contratación de 200 vigilantes pese a que los técnicos de la casa sólo pidieron 80, según los testimonios incluidos en la causa.

Como RTVV se retrasó, Gürtel, por iniciativa propia, recurrió a civiles para que vigilaran todo el material y facturó a través de empresas no homologadas por el Ministerio del Interior. Apogee, una de las sociedades a las que Teconsa había subcontratado trabajos audiovisuales, facturó 99.764 euros por el "personal de seguridad" hasta el día 1 de julio pese a que el contrato no lo permitía. Sanz dio su visto bueno (así consta en un escrito firmado por su departamento que la Policía encontró en RTVV) y, en paralelo, Servicios Generales firmó otro contrato con Eulen SA que ascendió a 122.238 euros por el mismo concepto.

Esta empresa hacía trabajos de seguridad para RTVV y uno de sus empleados ha admitido a esta redacción que "los limpiadores" prestaron el servicio porque no tenían suficiente plantilla para hacer frente al evento. Eulen facturó por 10.132 horas de servicio, 2.316 horas de más teniendo en cuenta el número de pantallas que se instalaron (47) y los días que vigiló el material (7).

RTVV firmó contratos con tres empresas más de seguridad, aunque por importes más reducidos que con los presuntos colaboradores de Gürtel (19.882 euros, 38.798 euros y 55.870 euros). En total, la seguridad supuso un gasto adicional para Canal 9 de 336.553 euros.

Todos los contratos se adjudicaron directamente sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia. Entre las facturas se incluye una de Segur Ibérica, la adjudicataria del servicio de vigilancia de RTVV. Pero la Policía puntualiza en un informe que ya tiene el juez José Ceres que Canal 9, al no poder cumplir Segur Ibérica con el servicio extraordinario, "inicia el expediente de contratación urgente en el que se solicita únicamente oferta a Eulen".

Este informe fue presentado por la dirección de gestión, en manos de Sanz. En él se constata que Eulen "puede prestar de manera inmediata el servicio requerido" a cambio de 10,40 euros la hora, más IVA.

El expediente 8, que es el del servicio auxiliar de conservación y control del equipo técnico del evento, siempre ha estado bajo la sospecha de Policía y Fiscalía. El expediente se declaró urgente, su precio libre y en los criterios de adjudicación no se tenían en cuenta los aspectos económicos. Es decir, el dinero no era un problema y la aprobación definitiva dependía de Pedro García, ex director general de RTVV que presuntamente actuó en connivencia con la banda de Correa.

Los testimonios que ha practicado el juez Ceres han alimentado esta sospechas. Un alto cargo de la Policía, cercano al presidente de las Cortes, Juan Cotino, admitió que "me chocó que no fueran uniformados" por su "experiencia policial". El propio Sanz, cuando declaró en junio de 2013 como testigo, confirmó al juez la premura con la que se habían firmado estos contratos pese a que RTVV sabía desde mayo que tendría que asumir el trabajo. No obstante, aseguró que Apogee no trabajó con Canal 9 en temas de seguridad pese a las facturas que la Policía ha encontrado en el centro de producciones de Burjassot.

Luis Sabater, entonces jefe técnico de RTVV, también explicó al juez que los vigilantes iban "sin uniformes", que se recurrió a "estudiantes" y que sólo había "37 documentadas para estar en seguridad". Y ahora se ha conocido que Gürtel también puso a limpiadores a vigilar el material y facturó como si fuera personalcualificado.

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenci ... b456c.html

 

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Los vigilantes no podrán pedir el DNI en la calle ni interrogar a un sospechoso

La nueva Ley de Seguridad Privada, que aprobará definitivamente el Congreso en la primera quincena de este mes, no permitirá a los vigilantes de seguridad pedir el DNI a los ciudadanos en la calle ni tampoco interrogar a un sospechoso. Lo único que podrán hacer, como cualquier ciudadano ante supuestos de flagrante delito o razones humanitarias, será retenerlo e inmovilizarlo y ponerlo en el tiempo más breve posible a disposición de las Fuerzas de Seguridad.

El texto también regula la actuación en determinados supuestos tasados los servicios de vigilancia y protección prestados por los vigilantes de seguridad en espacios públicos cuando dichos servicios sean contratados, actualiza la regulación ante las nuevas amenazas y riesgos, profesionaliza la formación, otorga mayor seguridad jurídica en la prestación de los servicios de seguridad y eleva el importe de las sanciones más graves a las empresas hasta los 600.000 euros, según Jorge Salgueiro-Rodríguez, vocal de la Comisión Nacional de Seguridad Privada y vicepresidente ejecutivo de Aecra .

Pero sobre todo, lo que intenta esta ley es, por una parte, dar cobertura legal a servicios que de hecho ya se prestan y, por otra, insistir en que la seguridad privada estará siempre subordinada a la pública, aumentando además los controles en este sentido.

Estas son las claves de la nueva ley:

¿Es un nuevo modelo?

En absoluto, se trata de una puesta al día de la ley de 1992 y, como ésta, considera a la seguridad privada como una parte de la pública, cuyos servicios son complementarios y siempre subordinados a ésta. Actúa con carácter preventivo y disuasorio y tiene la obligación de informar y colaborar de forma permanente con las Fuerzas de Seguridad.

¿Por qué se cambia la ley?
Por los cambios tecnológicos que se han producido en estos 22 años, la existencia de nuevos riesgos y amenazas, los cambios normativos impuestos a España por la Unión Europea, la necesidad de precisar y aclarar la normativa vigente, que ha provocado distintas interpretaciones de la misma, lo que afecta de lleno a la seguridad jurídica, y la falta de regulación que existe de situaciones y conductas, lo que provoca una desprotección jurídica de las personas que trabajan en este ámbito.

¿Actuarán los vigilantes en la calle?

Primero hay que aclarar los ámbitos. Por espacio o vía pública se entienden los caminos, plazas, calles, paseos, parques, avenidas, y en general lugares y espacios físicos de uso o servicio exclusivamente público. La intervención y actuación ahí corresponde en exclusiva a las Fuerzas de Seguridad. Ni se privatizan los espacios públicos ni se sustituye la seguridad pública por la privada, ya que la segunda es subordinada y complementaria de la primera. La intervención de la seguridad privada en espacios públicos se producirá de forma excepcional y siempre controlada por la seguridad pública.

La protección de personas y bienes se realizará de forma general en el interior de inmuebles o propiedades, sean o no de uso público, como pueden ser centros comerciales. Eso sí, de forma excepcional, las empresas podrán prestar sus servicios de seguridad privada en espacios o vías públicas en caso de que sorprendan a una persona cometiendo un delito o por razones humanitarias. También en el transporte y distribución de objetos valiosos, manipulación de bienes, servicio de verificación de alarmas, retirada y reposición de fondos de cajeros automáticos, vigilancia de medios de transporte, de lugares que son objeto de protección o en desplazamientos excepcionales al exterior de la propiedad protegida.

En cualquier caso, siempre se hará con el conocimiento, control y supervisión de las autoridades gubernativas, que serán avisadas previamente. La nueva ley mantiene también las previsiones reglamentarias en lo que se refiere a estos servicios excepcionales de vigilancia, aunque actualiza su redacción. E incorpora algo que de hecho ya se estaba produciendo, aunque sin cobertura legal, como es la vigilancia perimetral en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y de edificios oficiales. Por último, se regulan los servicios de vigilancia y protección en espectáculos deportivos y culturales desarrollados en espacios públicos.

¿Los vigilantes asumen nuevas funciones?

En absoluto, son las mismas que en la ley vigente. El vigilante puede detener en la vía pública en las mismas condiciones que cualquier ciudadano. Está obligado a poner de inmediato o en el tiempo más breve posible al implicado a disposición de la autoridad policial, sin poder interrogarlo, ni pedirle tampoco el DNI, ni tomarle declaración o redactar atestado. Deberá limitarse a anotar los datos del detenido en una libreta o documento similar y la inmovilización se realizará con los grilletes. Eso sí, ahora se le reconocerá una especial protección jurídica como autoridad a los efectos penales en determinados supuestos y cuando se cometan contra los mismos delitos de atentado o desobediencia, siempre en el ejercicio de sus funciones y bajo el mando o coordinación de los agentes policiales.

¿Mejorará la formación?

Sí, y además dejará de depender solo del Ministerio del Interior. Habrá nuevas vías o sistemas de acceso para elevar el nivel formativo a través del Ministerio de Educación y del de Trabajo. Para dirigir una empresa de seguridad se exigirá bien un título de grado universitario o un postgrado, lo mismo que para ejercer como detective privado. También se dará entrada a la Formación Profesional para vigilantes de seguridad, escoltas guardas rurales y se amplían las exigencias de formación específica para determinados servicios.

¿Se vigilará más a las empresas?

Sí, porque la nueva ley potencia los requerimientos formales y materiales a las mismas. Deberán acreditar solvencia financiera y medios organizativos. Se garantizará la labor de auditoría por parte de la seguridad pública respecto a procedimientos y servicios, y habrá una inspección anual obligatoria y rigurosa, además de las que se hagan de forma habitual. Para perseguir el intrusismo, y garantizar el control permanente de las condiciones y procedimientos de los servicios de seguridad privada, la seguridad pública dispondrá al momento de toda la información de lo que esté ocurriendo a través de Administración electrónica a través del Registro Nacional de Seguridad Privada y Registros autónomicos.

¿Aumentan las sanciones?

Sí, en particular aquellas multas por infracciones muy graves cometidas por las empresas de seguridad, que pasan de 30.000 a 600.000 euros.

¿Habrá menos policías?

En absoluto por causa de la ley. Si eso se produce será por cuestiones presupuestarias o por políticas de austeridad. Es más; la ley busca el incremento de más efectivos policiales en las calles a fin de lograr un mejor aprovechamiento y efectividad en las funciones atribuidas a las Fuerzas de Seguridad para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

¿Cómo será la coordinación?

Se establecen planes obligatorios periódicos de coordinación entrela seguridad pública y la privada. Como ejemplo, destacar que la Dirección General de la Policía ha presentado recientemente el plan estratégico Segurpri de colaboración con las empresas de seguridad para la prevención del delito.

¿Qué modelos hay en Europa?

Hay varios tipos, aunque la tendencia es optar por un modelo de seguridad privada de pormenorizada regulación y control estricto, que es el que siguen España, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. En el lado contrario; es decir; aquel que sigue un modelo de seguridad privada de mínima regulación y control administrativo están Austria, Gran Bretaña, Irlanda, Grecia, Alemania y Francia, si bien este último país comienza a evolucionar en sentido contrario.

Fuente: http://www.abc.es/espana/20140303/abci- ... 22019.html

 

[Bronce]

Vigilantes de seguridad de los juzgados se concentran este jueves en Plaza de Castilla

Vigilantes de seguridad de los juzgados, pertenecientes a la empresa Alerta y Control, se concentrarán este jueves en Plaza Castilla en protesta por el incumplimiento del convenio pactado y en contra de la previsión de esta empresa de seguir adelante con sus intenciones anteriores a los pactos.

La concentración se enmarca en la campaña de movilizaciones y acciones que está secundando el colectivo para protestar por la situación en la que se encuentran. Alerta y Control se ha descolgado del acuerdo sobre la congelación salarial del Sima (APROSER, FES, UAS, UGT Y USO).

El colectivo amenaza con "llegar hasta donde sea necesario", por lo que no descartan una huelga. Eso afectaría a la seguridad de los espacios y edificios públicos de la región.

Según CC.OO., "las empresas que anunciaron no poder asumir lo que pactaron en convenio colectivo, no hace apenas un año, amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo".

El sindicato ha explicado que la solución requerida por la parte empresarial, rebaja salarial de un 1,8 por ciento, fue asumida el pasado 21 de febrero en un acuerdo en el Servicio de Interconfederal de Mediación y Arbitraje por los sindicatos UGT y USO.

El acuerdo fue rechazado por CC.OO. al considerarlo como "insuficiente", por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores del sector tienen y reclaman.

Aunque la mayoría de empresas del sector han anunciado la cancelación de los expedientes, algunas como Alerta y Control ha declarado su intención de seguir adelante con un descuelgue salarial.

Fuente: http://www.gentedigital.es/madrid/notic ... -castilla/

 

[Bronce]

La asociación de vigilantes denuncia a la empresa que custodia el centro de Barros

La Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Asturias ha propuesto incoar un expediente sancionador por una infracción muy grave a la normativa de seguridad privada a la empresa que presta el servicio de vigilancia en el centro de discapacitados Stephen Hawking de Langreo, aseguró la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa). Este colectivo denunció previamente que los servicios de control de accesos y seguridad en el edificio de Barros, que realiza Silicia Servicios Integrales, del grupo Sabico, son prestados por "personal sin cualificación profesional ni vigilantes de seguridad" ya que su categoría profesional es la de "controlador o auxiliar de servicios".

El coordinador general de Avispa, Jorge Fernández Cuesta, indicó que esta "infracción" podría suponer "una sanción de hasta 30.000 euros". El informe será remitido a la Delegación del Gobierno, indicó. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada aseguró que la seguridad del centro de discapacitados "debe ser ejercida, única y exclusivamente, por parte de vigilantes de seguridad privada habilitados por el ministerio de Interior, y no por auxiliares de servicio".

El colectivo presentó en octubre del pasado año ante Delegación del Gobierno una denuncia para que se investigase esta situación. La asociación hizo referencia al artículo 11.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y el artículo 71 de su reglamento de desarrollo, que enumeran las funciones que desarrollan los vigilantes de seguridad. Recientemente han recibido la respuesta de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Fuente: http://www.lne.es/nalon/2014/03/05/asoc ... 51997.html

 

[Bronce]

PP y CIU quitan de la ley que los vigilantes privados puedan patrullar las calles

El grupo del PP en el Senado ha acordado este miércoles con el de CiU modificar la redacción original del polémico artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada. El nuevo redactado elimina la posibilidad de que los vigilantes privados puedan patrullar por las zonas comerciales peatonales.

El texto inicial aprobado en el Congreso establecía que los vigilantes podían hacer labores de “vigilancia en zonas comerciales peatonales” como, por ejemplo, la calle de Preciados de Madrid, junto a la Puerta del Sol. No obstante, el Congreso establecía que los vigilantes deberían tener “autorización previa del órgano competente” y, además, que hiciesen esa labor en coordinación con la policía.

Tras el acuerdo entre el PP y los nacionalistas catalanes, el supuesto de que los vigilantes pudieran patrullar por las “zonas comerciales peatonales” ha sido eliminado del artículo 41. Pero los agentes de seguridad privada sí podrán realizar la vigilancia perimetral de cárceles y centros de internamiento de extranjeros o “participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”.

También con autorización previa, los agentes podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio delimitados, así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento que se celebren en calles o espacios públicos o de uso común.

Los votos del PP y CiU han servido también para rechazar los vetos a la ley presentados por PSOE, PSC, ICV, IU y ERC. Según el senador socialista Enrique Cascallana, “esta ley pone en cuestión el modelo constitucional y busca dar cobertura al negocio privado de las empresas de seguridad”.

Este acuerdo se ha materializado este miércoles en la Comisión de Interior del Senado en la que se ha aprobado el informe de la ponencia que se votará definitivamente durante el Pleno del Senado de la semana próxima.

Por parte del PP, el senador Luis Aznar ha replicado que "ni desde el Gobierno ni desde el grupo que le sustenta se pone en cuestión que la competencia exclusiva en seguridad le corresponde al Estado". "No creemos que en ningún momento ningún artículo de esta Ley lo vaya a poner en cuestión", ha añadido el senado del PP que ha hecho una llamada a la tranquilidad y ha "espantar nebulosas sobre la intención de la Ley".

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/201 ... 91036.html

 

[Bronce]

Los vigilantes de seguridad se concentran este jueves en Plaza de Castilla

Vigilantes de seguridad de la empresa Alerta y Control se concentrarán mañana en los Juzgados de Plaza Castilla en protesta por "el incumplimiento del convenio pactado" y en contra de la previsión de esta empresa de seguir adelante con sus intenciones anteriores a los pactos, ha informado CC.OO. en un comunicado.

La concentración se enmarca en la campaña de movilizaciones y acciones que está secundando el colectivo para protestar por la situación en la que se encuentran.

El sindicato sostiene que Alerta y Control se ha descolgado del acuerdo sobre la congelación salarial del Sima (APROSER, FES, UAS, UGT y USO). Desde la empresa señalan que "se encuentra inmersa en un periodo de negociaciones con los representantes de sus trabajadores y sus sindicatos con el fin de buscar una solución conjunta a la viabilidad de la empresa".

Según la empresa, en caso de no llegar a ningún acuerdo "adoptaría las medidas menos gravosas para su plantilla, dentro del marco legal actual, pero siempre bajo el prisma de la viabilidad futura y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".

ESCRITO REMITIDO A LA CONSEJERÍA

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el Sindicato Libre de Seguridad-Madrid solicita a la Consejería de Presidencia y Justicia que tome las medidas oportunas para que se cumple el convenio que se pactó entre la Consejería y la empresa Alerta y Control con la finalidad de que los trabajadores no sufran "una rebaja de su contribución actual".

Ante esta situación, los vigilantes de seguridad que pertenecen a Alerta y Control, como los de los juzgados de la región, amenazan con "llegar hasta donde sea necesario", por lo que no descartan una medida extrema como una posible huelga. Eso afectaría a la seguridad de los espacios y edificios públicos de la región.

Según CC.OO., "las empresas que anunciaron no poder asumir lo que pactaron en convenio colectivo, no hace apenas un año, amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo".

El sindicato ha explicado que la solución requerida por la parte empresarial, rebaja salarial de un 1,8 por ciento, fue asumida el pasado 21 de febrero en un acuerdo en el Servicio de Interconfederal de Mediación y Arbitraje por los sindicatos UGT y USO.

El acuerdo fue rechazado por CC.OO. al considerarlo como "insuficiente", por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores del sector tienen y reclaman. Aunque la mayoría de empresas del sector han anunciado la cancelación de los expedientes, algunas como Alerta y Control ha declarado su intención de seguir adelante con un descuelgue salarial.

En su comunicado, Alerta y Control ha señalado que el acuerdo alcanzado en el SIMA por las asociaciones empresariales y los sindicatos del sector, "no hace sino mantener las tablas salariales de 2.013".

No obstante, precisa que "los costes se han visto incrementados por la publicación el RDL 16/2013 que obliga a las empresas de seguridad a cotizar el plus transporte, concepto exento hasta la publicación de ese RDL, y que supone un incremento de costes salariales inasumible teniendo en cuenta la coyuntura económica del sector.

Fuente: http://www.europapress.es/madrid/notici ... 65030.html

 

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La seguridad privada de los juzgados ante una huelga indefinida

Más de 200 vigilantes de seguridad de la empresa Alerta y Control se concentraban ante la sede central de los juzgados madrileños. Denuncian que la dirección de la compañía el incumple del convenio colectivo pactado con los sindicatos.

Ya adelantan que la empresa que presta sus servicios en los órganos jurisdiccionales de Madrid pretende bajarles el sueldo para que su consejo de administración continúe ganando lo mismo.

La paradoja es que esta empresa ya ha cobrado una parte importante de los contratos que ha ganado en los concursos públicos. Además la compañía ha señalado, en un comunicado, que en caso de no llegar a ningún acuerdo adoptaría las medidas menos gravosas para su plantilla, dentro del marco legal actual.

En un escrito, el Sindicato Libre de Seguridad solicita a la Consejería de Presidencia y Justicia que tome las medidas oportunas para que se cumpla el convenio que se pactó entre la Consejería y la empresa Alerta y Control con la finalidad de que los trabajadores no sufran una rebaja de su contribución actual.

Ante esta situación, los vigilantes de seguridad que pertenecen a Alerta y Control, como los de los juzgados de la región, amenazan con llegar hasta donde sea necesario, por lo que no descartan una medida extrema como una posible huelga. Eso afectaría a la seguridad de los espacios y edificios públicos de la región.

Fuente: http://www.cadenaser.com/espana/articul ... nac_24/Tes

 

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El Senado retoca la ley y los vigilantes no actuarán en las zonas comerciales peatonales

El Senado ha retocado el proyecto de Ley de Seguridad Privada para limitar los casos en los que los vigilantes pueden prestar sus servicios, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o Las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.

La comisión de Interior de la Cámara alta ha dado el visto bueno al informe de la ponencia del proyecto de ley que la próxima semana se debatirá en el pleno con la introducción de varias enmiendas transaccionales pactadas con CiU.Aunque las principales modificaciones al texto inicial ya se aprobaron a través de las enmiendas del PP, que varió dos de los apartados más polémicos, hoy el Senado ha perfeccionado estos cambios con una nueva redacción del artículo 41 para clarificar los servicios que pueden prestar los vigilantes con o sin autorización de los órganos competentes.

De este artículo ya quedó excluida una de las atribuciones que suscitó más críticas: la que posibilitaba con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" para concretar que esta actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".También ha variado el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

En el texto consensuado de este artículo entre PP y CiU finalmente los vigilantes solo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".Y también deja claro que los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.

Pese a los cambios introducidos que, en opinión del PP, han mejorado sustancialmente el texto y "han espantado cualquier nebulosa sobre la intencionalidad de la ley", en palabras de su portavoz Luis Aznar, desde el PSOE se han insistido en los peligros de la reforma que "pone en cuestión el modelo constitucional" de nuestra seguridad.Así lo ha advertido el senador socialista Enrique Cascallana quien tras defender el veto de su partido a la ley ha lamentado que la reforma normativa, aunque necesaria, "nace para dar cobertura al negocio privado de las empresas de seguridad".

"Al final se puede llegar a plantear que haya que elegir entre seguridad privada o seguridad pública, y que se decida por una de las dos en función de los costes. Esto vendría a poner en cuestión nuestro modelo de seguridad si este responde a un problema presupuestario", ha advertido.

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/polit ... I22Gu6Hu3/

 

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UE aplica nueva normativa comunitaria sobre seguridad en aeropuertos

La Unión Europea empieza a aplicar las reglas de seguridad en los aeropuertos más importantes de Europa bajo normas en cuestiones de diseño, explotación y mantenimiento. Además, la UE ha determinado el marco jurídico en el que las autoridades aeronáuticas de cada país deben establecer el cumplimiento de los requisitos técnicos.

La nueva normativa comunitaria dota de la flexibilidad que las infraestructuras necesitan para cumplir con las normas de los aeropuertos. Siim Kallas, vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Transporte, considera que la entrada en vigor de estas normas “hará los aeropuertos más seguros, de lo que se beneficiarán los pasajeros que transitan y otros usuarios”.

También establece las etapas que deben cumplir los aeropuertos para convalidar los certificados nacionales –basados en disposiciones nacionales–, además de instaurar el marco legal para que las autoridades nacionales competentes certifiquen el cumplimiento de las exigencias técnicas y operativas y ejerzan el control de los certificados.

En materia de seguridad, Aena entregó los ‘Premios a la Excelencia en el Trato al Pasajero 2013’ a diez vigilantes de diez aeropuertos de la red española. Los premios, entregados a principios de febrero, reconocieron la labor de los vigilantes durante 2013 en las instalaciones donde trabajan y destacaron el compromiso con la calidad y el esfuerzo que realizan por ofrecer al pasajero un trato excelente.

Fuente: http://noticiaslogisticaytransporte.com ... 14812.html

 

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Los vigilantes de seguridad protestan por el incumplimiento del convenio colectivo

"Seguridad privada, defendamos nuestros empleos. No a los recortes", "No más recortes. No más descuelgues" o ""sin convenio nacional, juzgados sin seguridad" son algunas de las reivindicaciones que se podían leer en las pancartas que han exhibido los concentrados. La manifestación estaba contenida por una barrera de unos diez policías nacionales.

La concentración, convocada por CC.OO., se enmarca en la campaña de movilizaciones y acciones que está secundando el colectivo para protestar por la situación en la que se encuentran. Denuncian que las patronales del sector y sus empresas "no quieren cumplir con lo firmado en el convenio colectivo". Y han dicho basta.

El sindicato sostiene que Alerta y Control, que presta servicio para la Comunidad de Madrid, se ha descolgado del acuerdo sobre la congelación salarial del Sima (APROSER, FES, UAS, UGT y USO). Desde la empresa señalan que "se encuentra inmersa en un periodo de negociaciones con los representantes de sus trabajadores y sus sindicatos con el fin de buscar una solución conjunta a la viabilidad de la empresa".

Según la empresa, en caso de no llegar a ningún acuerdo "adoptaría las medidas menos gravosas para su plantilla, dentro del marco legal actual, pero siempre bajo el prisma de la viabilidad futura y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".

Óscar Verduras, responsable de CC.OO. de este sector, ha asegurado a Europa Press que ha revisado la información económica de esta empresa y se puede asegurar que no hay "ningún problema de solvencia económica". "No hay justificación para un descuelgue salarial", ha aseverado.

De igual modo, Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad-Madrid, ha señalado que Alerta y Control está incumpliendo el pacto, teniendo en cuenta el sacrificio que ya han hecho los trabajadores de contención salarial de un 5 por ciento.

"Quieren una rebaja total de un 10% sobre un sueldo de 900 euros y esto no puede ser", ha criticado el sindicalista, quien ha cargado contra Alerta y Control por ser "la única que ha decidido seguir adelante". "Estamos valorando una huelga, pero primero hay que buscar una solución", ha indicado.

ESCRITO REMITIDO A LA CONSEJERÍA

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el Sindicato Libre de Seguridad-Madrid solicita a la Consejería de Presidencia y Justicia que tome las medidas oportunas para que se cumple el convenio que se pactó entre la Consejería y la empresa Alerta y Control con la finalidad de que los trabajadores no sufran "una rebaja de su contribución actual".

Ante esta situación, los vigilantes de seguridad que pertenecen a Alerta y Control, como los de los juzgados de la región, amenazan con "llegar hasta donde sea necesario", por lo que no descartan una medida extrema como una posible huelga. Eso afectaría a la seguridad de los espacios y edificios públicos de la región.

Según CC.OO., "las empresas que anunciaron no poder asumir lo que pactaron en convenio colectivo, no hace apenas un año, amenazaron con aplicar la reforma laboral si los trabajadores no se rebajaban el sueldo".

El sindicato ha explicado que la solución requerida por la parte empresarial, rebaja salarial de un 1,8 por ciento, fue asumida el pasado 21 de febrero en un acuerdo en el Servicio de Interconfederal de Mediación y Arbitraje por los sindicatos UGT y USO.

El acuerdo fue rechazado por CC.OO. al considerarlo como "insuficiente", por no recoger las expectativas y necesidades mínimas que los trabajadores del sector tienen y reclaman. Aunque la mayoría de empresas del sector han anunciado la cancelación de los expedientes, algunas como Alerta y Control ha declarado su intención de seguir adelante con un descuelgue salarial.

En su comunicado, Alerta y Control ha señalado que el acuerdo alcanzado en el SIMA por las asociaciones empresariales y los sindicatos del sector, "no hace sino mantener las tablas salariales de2.013".

No obstante, precisa que "los costes se han visto incrementados por la publicación el RDL 16/2013 que obliga a las empresas de seguridad a cotizar el plus transporte, concepto exento hasta la publicación de ese RDL, y que supone un incremento de costes salariales inasumible teniendo en cuenta la coyuntura económica del sector.

Fuente: http://madridpress.com/not/168837/los_v ... colectivo/

 

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Metro perderá hasta 700 vigilantes con el nuevo contrato de seguridad

Si a partir del próximo otoño empieza a echar en falta la presencia de vigilantes en los pasillos del metro de Madrid, no se extrañe. El nuevo contrato de seguridad que la compañía pública adjudicará en breve, pero cuyas bases ya están establecidas, permitirá a las empresas contratadas prescindir de los trabajadores que crean conveniente siempre que la plantilla cubra un mínimo de 929.500 horas al año, un 40% menos que hasta ahora. La reducción, valoran los sindicatos, podría llegar a 700 personas.

El cálculo de la cifra es simple. Hoy, Metro cuenta con 1.800 agentes privados para realizar 1.536.500 horas anuales de servicio. Si las horas se reducen a 929.500, una regla de tres deja en apenas 1.089 el personal necesario. Metro admite que la decisión quedan en manos de las empresas, ya que, aunque están obligadas a subrogar a toda la plantilla, nada les impide comenzar los despidos al día siguiente. Esta fórmula es similar a la que la Consejería de Sanidad quiere implantar en los seis hospitales públicos cuya gestión ha sacado a licitación privada. "No cabe en ninguna cabeza que si a las empresas les sobra gente, los vayan a tener sin hacer nada", subraya Óscar Verduras, miembro de la Federación de Servicios Privados de CC OO.

"No damos abasto"

Según los propios vigilantes y sus representantes, no es que sobren manos ahora mismo en el metro. "No damos abasto. El vandalismo no baja, continúan los robos y tenemos que luchar contra los grafiteros, muy habituales ", explica uno de los guardas a 20minutos. El pasado 12 de febrero, la Policía pudo detener a cinco integrantes del 'clan de las bosnias' gracias a la colaboración del personal de seguridad privada, que también ayudó en la reciente captura de 13 miembros de bandas latinas que habían protagonizado dos peleas en las estaciones de Oporto y Embajadores. Lo más probable es que los despidos sean progresivos, ya que las contratas tienen un máximo de dos años para adaptarse al contrato de gestión. Un portavoz de una de las empresas interesadas rechazó anticipar si habrá bajas: "Actuaremos en función de las necesidades del servicio".

Este plazo se debe a que el contrato de seguridad, que asciende a 192 millones de euros para cuatro años, incluye importantes modificaciones. A partir de ahora, las empresas se repartirán la seguridad de la red por zonas adyacentes, y no por líneas. Además, en lugar del cumplimiento de las horas, Metro premiará la consecución de objetivos que tienen que ver con la reducción de la delincuencia y una mejora de los tiempos de respuesta.

Para prevenir la conflictividad derivada de los despidos de vigilantes, la compañía ha incluido una cláusula según la cual las empresas de seguridad serán penalizadas si los medios de comunicación publican cualquier noticia relacionada con su actividad que afecte negativamente a la imagen de Metro. Las multas van desde los 1.000 euros hasta la rescisión unilateral del contrato. Entre las empresas interesadas en los distintos lotes de la concesión están Ombuds, Casesa o Segur Ibérica, todas participadas por fondos de capital riesgo.

Menos servicios, pese a los tarifazos

El de los vigilantes tampoco sería el primer recorte en seguridad en el metro. Como publicó 20minutos, el subterráneo redujo de 12 a 6 las personas que se ocupan de vigilar las cámaras de seguridad de toda la red. También se ha "reordenado" la vigilancia en los depósitos y las cocheras que han sufrido más actos vandálicos, pero no ha contratado más personal, lo que ha dejado algunas zonas en cuadro.

Tras el verano del año pasado, redujo el número de trenes que circulan fuera de la hora punta y dejó en la mitad el servicio nocturno sin avisar a los usuarios. Esta decisión ha duplicado las esperas en esos tramos, con el consiguiente malestar de los viajeros. En paralelo, el billete no ha dejado de subir. En abril de 2012, la Comunidad de Madrid aprobó el 'sablazo', que disparó un 11% de media los precios del transporte público. Era el noveno tarifazo en los últimos siete años. El coste subió un 3% adicional en enero de 2013.

Fuente: http://www.segurpress.com/index.php/pri ... ridad.html

 

[Bronce]

Alerta y Control dice que en caso de no llegar a un acuerdo adoptará "las medidas menos gravosas" para su plantilla

La empresa Alerta y Control, de la que forman parte unos 250 vigilantes de seguridad, ha asegurado este jueves en relación con el conflicto que mantiene con sus trabajadores que en caso de no llegar a un acuerdo adoptaría "las medidas menos gravosas para su plantilla", ha informado la empresa a Europa Press en un comunicado.

La afirmación se realiza después de que unos 200 vigilantes de seguridad se hayan concentrado en los juzgados de Plaza de Castilla para protestar por el incumplimiento del convenio colectivo pactado hace poco.

Así, ha explicado que "se encuentra inmersa en un periodo de negociaciones con los representantes de sus trabajadores y sus sindicatos con el fin de buscar una solución conjunta a la viabilidad de la empresa". El pasado 14 de febrero, según ha señalado, se inició el periodo de negociación.

En esta línea, ha señalado que se han mantenido reuniones en las que la empresa ha hecho diversas propuestas "estando abierta a cualquier contra propuesta por parte de los representantes de los trabajadores con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, lo cual no se ha producido hasta el momento".

"Dentro de las medidas propuestas por la empresa existen algunas que no afectan a la remuneración de los trabajadores y que podrían ser una vía de solución. En caso de no llegar a ningún acuerdo la Alerta y Control, adoptaría las medidas menos gravosas para su plantilla, dentro del marco legal actual, pero siempre bajo el prisma de la viabilidad futura y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo", ha aseverado.

Alerta y Control, a pesar de las concentraciones, mantiene las reuniones fijadas para hoy mismo y mañana con la representación de los trabajadores como único marco para llegar a acuerdo.

Por otra parte, ha destacado que el acuerdo alcanzado en el SIMA por las asociaciones empresariales y los sindicatos del sector, no hace sino mantener "las tablas salariales de 2.013, no obstante los costes se han visto incrementados por la publicación el RDL 16/2013 que obliga a las empresas de seguridad a cotizar el plus transporte, concepto exento hasta la publicación de ese RDL, y que supone un incremento de costes salariales inasumible teniendo en cuenta la coyuntura económica del sector".

Fuente: http://www.europapress.es/madrid/notici ... 22525.html