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Noticias -> POPURRÍ (Para englobar el resto de noticias)

El celo de la seguridad privada del Rico Pérez con los trabajadores de Coca-Cola despierta críticas

Casi dos centenares de trabajadores de la planta de Colebega en Alicante acudieron al Rico Pérez la mañana del domingo para hacer también visible allí la lucha que mantienen por sus puestos de trabajo ante el ERE planteado por Coca-Cola Iberian Partners que implicará el cierre de las instalaciones de la firma en la carretera de Ocaña.

Antes, durante y después del partido y tanto dentro como fuera del estadio los trabajadores corearon su ya conocido lema de “no al cierre” y fueron secundados por los aficionados del Hércules y también del Recreativo de Huelva, además de ser objeto de atención de las cámaras de televisión que retransmitían el encuentro…, si embargo no encontraron el mismo grado de sensibilidad para con su situación en algún responsable del Hércules o en la empresa de seguridad contratada por el club (para el caso improbable de que sus miembros actuaran sin recibir instrucciones del club) y es que el exhibir una pancarta en la que ponía “no al cierre de Coca-Cola en Alicante” motivó que hasta cuatro guardas jurados intervinieran para confiscarla…

Detalle feo, con independencia de que haya algún precepto legal que permita considerar la pancarta como “prohibida”, cosa que también dudamos y mucho.

Fuente: http://www.alicanteactualidad.com/depor ... -criticas/
 
Denuncian que las empresas de seguridad privada se "descuelgan" del convenio

Los sindicatos UGT y CCOO iniciarán esta semana un calendario de movilizaciones en protesta por la "actitud" de las empresas de seguridad privada de "descolgarse" del convenio del sector, una situación que ocasiona, según han advertido, la "pérdida de los derechos laborales" de los trabajadores.

Fuentes sindicales han asegurado que las empresas del sector de seguridad, de las que existen más de un centenar en la provincia de Alicante, que dan empleo a unos 3.500 trabajadores, "se están descolgando" del actual convenio estatal, en vigor hasta finales de este año, con la "excusa" de la crisis, "cuando algunas de ellas tienen beneficios de millones de euros".

"Los descuelgues y la no aplicación de convenios generarán más desempleo y más precariedad laboral", han denunciado.

También han señalado que la patronal "pretende despedir a centenares de empleados, modificar las condiciones laborales (implantar más horas de jornada), abaratar el salario o trasladar el coste de la cotización del transporte al trabajador".

"En definitiva, aplicar la reforma laboral para aumentar todavía más sus cuantiosos beneficios, a costa de la pérdida de los derechos sociales y económicos de los empleados", han manifestado.

CCOO y UGT sostienen que los trabajadores "ya aceptaron y sufrieron en 2013 una reducción de salario, a cambio del compromiso" por parte de la patronal de "mantener el empleo", una medida que, según fuentes de las centrales sindicales, "no se ha cumplido".

De acuerdo con los datos facilitados a Efe por fuentes de UGT, en la provincia de Alicante hay 110 empresas de seguridad privada dadas de alta en la actualidad, la mayoría de ellas de pequeño tamaño, una cifra, a juicio de este sindicato, "excesiva", por lo que considera "necesaria" una regularización en esta actividad.

La reforma laboral ha acentuado no sólo "el deterioro" en las condiciones laborales de los trabajadores del sector, sino también "la reducción" de las plantillas en las empresas.

Los sindicatos entienden que "las administraciones públicas son corresponsables" al "permitir estas actuaciones de las empresas", las cuales "se benefician con dinero público", mientras "baja la calidad del servicio y se elimina empleo".

El 35 por ciento de los trabajadores de este sector se encuentra en paro en la provincia de Alicante desde la instauración de la reforma laboral, han afirmado a Efe fuentes sindicales.

"A todo ello se une la aparición de empresas piratas" que ofrecen servicios de seguridad privada con personal no titulado, lo que supone un descenso en la calidad del servicio, han añadido.

Según CCOO y UGT, las empresas quieren también crear un trabajo de "bajo coste para obtener mayores beneficios, al amparo de la próxima Ley de Seguridad Privada".

"Además, con la reforma laboral, se ha intentado hacer cinco expedientes de regulación de empleo (ERE) a nivel local, de los que dos o tres han seguido adelante", han agregado.

Debido a la situación en el sector, mañana se celebrarán asambleas informativas destinadas a los trabajadores en las sedes de CCOO y de UGT, a las 10.00 horas y a las 18.00 horas, respectivamente, y para el próximo viernes se ha previsto una concentración ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1580846
 
Los vigilantes de seguridad tienen hasta el día 15 para alcanzar un acuerdo

En estos momentos ya son diez las empresas del sector de la seguridad privada que han comunicado sus intenciones de descolgarse del convenio colectivo estatal que regula las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores. Sin un convenio colectivo, trabajadores y sindicatos temen que se genere un panorama liderado por la competencia desleal, siendo los salarios y las jornadas de los vigilantes la única baza de estas empresas para ofrecer sus servicios a un precio menor.

Por ahora, la única forma de pararlo sería que los sindicatos aceptasen una congelación salarial en 2014, vincular los salarios de 2015, 2016 y 2017 a la evolución económica, y renegociar otros artículos del convenio. Opción que de momento ha sido rechazada por los tres mayoritarios del sector (FES-UGT, CC.OO. y FTSP-USO), quienes recuerdan que en 2013 los vigilantes de seguridad ya vieron reducidos sus ingresos en 288 euros anuales.

La patronal y los sindicatos se dieron de plazo para negociar hasta el 15 de febrero, retrasando hasta ese día la entrada en vigor de la subida salarial prevista en el convenio estatal para enero de 2014 y que las empresas se niegan a asumir. Llegado ese día sin un nuevo acuerdo, se harán efectivos los descuelgues. De momento, las diez empresas que han anunciado que tomarán esta medida son Securitas, Prosegur, Eulen, Alcor Seguridad, STAS Vigilancia, Seguribérica, Stanley Security, Casesa, Trablisa y Vinsa.

Movilizaciones en Zaragoza

A falta de una semana para el día 15 y sin un acuerdo a la vista, los trabajadores de la seguridad privada de Aragón han convocado una manifestación para el próximo día 13 que saldrá de la plaza de España de Zaragoza a las 18.00 para finalizar ante la Delegación del Gobierno ubicada en la plaza del Pilar.

Los sindicatos convocantes (UGT y CC.OO.) denuncian la "mala praxis" de la patronal y reclaman una "mayor estabilidad y profesionalidad para el sector de la seguridad privada".

En Aragón hay 2.100 vigilantes de seguridad que con la nueva normativa podrán realizar su trabajo en la vía pública. Por eso, ambos sindicatos recuerdan al Gobierno que "no debería permitir los abusos cometidos por la patronal" ya que estos "perjudican notablemente la labor profesional de los empleados".

Por otra parte, desde USO Aragón, informan de que estos días "está habiendo conversaciones" entre la patronal y los sindicatos a nivel estatal y de que "lo lógico" sería que hubiese "algún movimiento o anuncio" a lo largo de la semana porque "a nadie le interesa" que el convenio "se vaya al traste".

Para informar a los trabajadores de la situación, CC.OO. Aragón ha convocado una asamblea informativa este lunes a las 10.00 en la sede del sindicato (paseo de la Constitución, 12).

Fuente: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/z ... 1_301.html
 
Bill Gates vuelve a invertir en España al entrar en Prosegur

Las acciones de Prosegur se están disparando en la Bolsa madrileña impulsadas por los rumores sobre una posible operación en su accionariado. Y según ha comprobado ABC se trata de sospechas fundadas: fuentes del mercado confirman que uno de los fondos de inversión del fundador de Microsoft, Bill Gates, ha adquirido una participación de hasta el 3% de la compañía presidida por Helena Revoredo que figuraba como autocartera.

La adquisición no consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puesto que debe sobrepasar el 3% para hacerse pública. De momento, no se conocen el pocentaje ni el importe de la compra. «Vozpópuli», que adelantó la información, apunta a la sociedad Cascade Investment, en manos del empresario estadounidense, como responsable de la operación.

El pasado 10 de enero Prosegur vendió en bloque de un paquete de autocartera del 4,032% del capital social, por un total de 123,16 millones de euros. En concreto, se desprendió de 24,88 millones de acciones valoradas a 4,95 euros cada una.

El pasado mes de octubre, Gates protagonizó una de las operaciones más recordadas del año pasado, al adquirir un 6% de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por 113 millones de euros. Gracias a ello, se convirtió en el segundo accionista del grupo de construcción y servicios, solo por detrás de Esther Koplowitz, que dispone del 53,9% del capital.

Fuente: http://www.abc.es/economia/20140210/abc ... 01324.html
 
Los jueces de instrucción no quieren seguridad privada en la Ciudad de la Justicia

Los ocho jueces de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria han solicitado formalmente al decano de este partido judicial que reclame a las autoridades gubernamentales que sea la Guardia Civil o la Policía Canaria quien se ocupe de la custodia del nuevo edificio judicial de la capital, conocido como Ciudad de la Justicia. Así lo acordaron el pasado jueves sin que se conozca de momento ninguna reacción al respecto.

La Ciudad de la Justicia está siendo vigilada desde su inauguración, en enero pasado, por la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que tiene vivos en ese mismo edificio decenas de pleitos en todas las jurisdicciones (laboral, civil, penal y contencioso-administrativa), el último de ellos una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos por presunto fraude fiscal en el pago de emolumentos a sus empleados.

Los jueces prefieren que las nuevas instalaciones vuelvan a estar custodiadas por la Guardia Civil, como ocurriera hasta hace pocas semanas con el edificio de la calle Granadera Canaria, que el Gobierno regional dedicará ahora a dependencias de la Consejería de Educación. En caso de que la Guardia Civil alegara falta de efectivos, los magistrados proponen que sea la Policía Canaria quien se ocupe.

Seguridad Integral Canaria se hizo cargo de la custodia de la Ciudad de la Justicia casi de modo automático al no haber caducado el contrato que mantiene con la Consejería de Presidencia por el que custodiaba las numerosas sedes alquiladas en las que hasta ahora se encontraban dispersos los juzgados del partido judicial. Así lo confirmó a este periódico una fuente autorizada de la empresa.

La Ciudad de la Justicia está custodiada por tan solo cuatro vigilantes de seguridad.

La Guardia Civil se retiró de la vigilancia del edificio judicial sin que haya habido explicaciones a los jueces. De manera oficiosa saben que no había problemas desde el instituto armado para continuar con esa tarea, pero la Delegación del Gobierno ordenó que cesara.

Por su parte, la Policía Canaria tiene entre sus cometidos legales la custodia de edificios públicos propiedad de la Comunidad Autónoma, como es el caso.

Fuente: http://www.eldiario.es/canariasahora/so ... 27412.html
 
Prosegur anula contratos con clientes morosos en España mientras ultima un ere

Prosegur ha puesto en marcha un plan de “optimización de la cartera de clientes” en España cuyo objetivo es rescindir unilateralmente aquellos contratos con administraciones públicas y empresas privadas que la compañía considera no rentables por falta de pago.

El grupo de seguridad privada, que estos días es noticia por la entrada en su accionariado del multimillonario Bill Gates, ha confirmado la puesta en marcha, el año pasado, de esta iniciativa. Una “decisión muy consciente” de la compañía controlada por la familia Gut-Revoredo que se ha adoptado entre insistentes rumores de un inminente expediente de regulación de empleo (ERE) en España que algunas fuentes cifran en el entorno de los 2.000 efectivos.

Fuentes de Prosegur, que es la principal empresa de este negocio en España y uno de los líderes mundiales de su sector, dicen que todavía no hay una decisión tomada sobre el ERE y que hay varias alternativas abiertas.

El proceso está en su fase inicial, con la apertura de un periodo de consultas con las organizaciones sindicales para negociar, bien un ajuste de empleo, bien un descuelgue del convenio colectivo, explican fuentes sindicales y de la empresa.

El plan de optimización que ha puesto en marcha Prosegur en España viene a desmentir que el sector esté, como sostiene el Ministerio del Interior, “en pleno crecimiento”. Y se ha traducido, según ha reconocido la empresa, en un “incremento de la rentabilidad y un descenso de las ventas” en España.

Hasta septiembre (último dato disponible), la facturación de Prosegur en España (que ya ha sido superado por Brasil, convertido en su mayor mercado) descendió un 6,6%, hasta 656,7 millones de euros.

El grupo, que en los últimos años se ha volcado en la internacionalización a golpe de compras, alcanzó hasta el tercer trimestre una cifra de negocios de 2.753,3 millones de euros (un 2% más) y ganó 106 millones, un 6,8% menos.

La empresa, que a cierre de 2012 empleaba a cerca de 26.900 personas en España, no ha precisado el alcance del plan de rescisión de contratos no rentables en España, que según fuentes sindicales ha podido afectar sólo en la Comunidad de Madrid a unos 1.000 efectivos de la compañía.

El principal contrato que ha rescindido la empresa en el marco de este ajuste corresponde al que tenía con el Metro de Madrid, que el grupo decidió no continuar el año pasado y afectó a más de 400 efectivos.

Fuentes de Metro de Madrid reconocen la existencia de "un pago pendiente de 219.000 euros que se realizará en breve", pero aseguran que "no se trata de una deuda, si no que es un pago que se realizará en el plazo oportuno. "No hay ninguna deuda", insisten en la empresa pública, propiedad de la Comunidad de Madrid, que empieza a acumular impagos con algunos de sus proveedores, como el fabricante de trenes CAF.

Las mismas fuentes añaden que Prosegur también ha rescindido, de nuevo por falta de pago, contratos con el Ayuntamiento de Madrid y el Patronato madrileño de Turismo, también dependiente del Consistorio de Ana Botella.

Fuente: http://vozpopuli.com/economia-y-finanza ... ima-un-ere
 
El csi-f pide restricciones para los que se descuelguen del convenio de seguridad

Los responsables de uno de los sindicatos mayoritarios de los profesionales de la seguridad en Aragón, el CSI·F, se han concentrado ante la sede de la Delegación del Gobierno para pedir a las administraciones aragonesas que no contraten a las empresas de seguridad que se descuelguen del Convenio Colectivo

La concentración que ha durado alrededor de una hora y a la que han acudido un centener de delegados de seguridad privada ha servido para reivindicar, según el CSI-F, " las condiciones laborales dignas de los trabajadores y para oponerse a los EREs, a los descuelgues del Convenio Colectivo Nacional y a la pérdida de derechos".

Asimismo, el sindicato ha dirigido a diferentes instituciones como las Cortes de Aragón, DGA, Diputaciones Provinciales, o Ayuntamientos de las tres capitales una carta con estas peticiones entre las que destaca la de no contratar a las empresas que se nieguen a aceptar el convenio colectivo y a revisar a aquellas que estando contratadas tengan la intención de descolgarse del mismo.

Poco más de medio año después de la firma del Convenio Colectivo Nacional entre la representación de la patronal y de los trabajadores, el CSI-F denuncia la intención de la empresas de "abusar del marco legal vigente para anunciar, además de descuelgues que acaben en la firma de convenios de empresa muy a la baja, medidas tales como expedientes de regulación de empleo o, directamente, despidos colectivos".

Fuente: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2 ... 8_300.html
 
La Asociación de Vigilantes de Seguridad denuncia a Los Balagares por «intrusismo»

La Delegación del Gobierno de Asturias ha incoado un expediente sancionardor contra SVA, Servicios Integrales, por prestar servicio de seguridad en la urbanización Los Balagares «sin personal habilitado para ello». La empresa se enfrenta a una infracción muy grave sancionada con multas que van desde los tres mil a los treinta mil euros por «intrusismo profesional» y «usurpación de funciones», según la denuncia presentada por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA).

El escrito recoge que el personal de SVA, Servicios Integrales, que presta servicios de seguridad y vigilancia las veinticuatro horas en la urbanización corverana, es «personal de servicios», sin «cualificación profesional» o «habilitación como vigilantes de seguridad», por lo tanto las funciones de vigilancia del perímetro y de los viales interiores de la urbanización contraviene el artículo 11 de la Ley 23/1992 de 30 de julio.

AVISPA detalla que desempeñan tales funciones a bordo de un «modelo FIAT 500 de color blanco», del que aportan matrícula y documentación gráfica, y alerta de que el uniforme de estos trabajadores induce a «confundirlos» con vigilantes de seguridad.
El organismo dirigido por Gabino de Lorenzo tendrá que dilucidar, a la vista del escrito presentado por la asociación del gremio, si la empresa inclumple la Ley de Seguridad Privada.

Fuente: http://www.elcomercio.es/v/20140213/cor ... 40213.html
 
Los vigilantes privados podrán anotar datos de detenidos, pero no averiguarlos o comprobarlos

Los vigilantes de seguridad privada podrán practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no tendrán potestad para averiguar o comprobar estos datos, según los cambios que se introducirán en Ley de Seguridad Privada, que se está tramitando en el Senado.

No podrán efectuar ningún interrogatorio al detenidoEl PP ha presentado un total de doce enmiendas a esta Ley, que fue aprobada en el Congreso con el apoyo de CiU y PNV. Entre sus propuestas, los 'populares' introducen una modificación del polémico artículo 32, que permite a los vigilantes de seguridad practicar detenciones. Según la redacción de la enmienda del PP, la Ley mantendrá la potestad de los vigilantes para "detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes", en relación "con el objeto de su protección o de su actuación".

También mantiene que no podrán efectuar ningún interrogatorio al detenido, aunque establece que sí podrán anotar sus datos personales para comunicarlos a las autoridades. En la anterior redacción de la Ley, la norma permitiría a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

Todos los ciudadanos pueden detener El Grupo Popular explica que propone esta redacción alternativa para "facilitar su interpretación y aplicación" y aclarar que, al margen de lo anterior, los vigilantes de seguridad solo pueden practicar la detención en los mismos casos en que el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce esta facultad a cualquier persona.

Tras la aprobación de la Ley en el Congreso, el Ministerio del Interior ya puntualizó que los vigilantes privados tenían competencias para practicar detenciones desde 1992, con la anterior legislación. Y añadió que Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 permite a cualquier ciudadano detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de prisión o si se encuentra huido de la Justicia.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2057161 ... s/detener/
 
Doscientos trabajadores de la seguridad privada piden el cumplimiento del convenio

Alrededor de doscientos trabajadores de la seguridad privada de Aragón se han reunido en Zaragoza para pedir el cumplimiento del convenio y evitar los ERES y el empeoramiento de las condiciones profesionales.

UGT y CCOO han vuelto ha reclamar lo estipulado por ambas partes en el convenio firmado en 2012 y publicado en 2013 y que algunas de las más importantes empresas del sector no quieren asumir a día de hoy, según los sindicatos.

El convenio colectivo contemplaba un 4% de subida salarial; sin embargo, muchas empresas, en vista a la imposibilidad de pago, se han descolgado del mismo y pretenden modificar las condiciones salariales.

Según el portavoz de UGT, Antonio López, en el convenio publicado en el BOE en 2013 se contemplaba la bajada del sueldo de los trabajadores en unos 290 euros. En el mismo, ambas partes firmaron que a principios de 2014 esta cantidad se recuperaría sumada a la revalorización de los salarios. En suma, la subida total sería del 5,2% según el representante sindical, una cantidad inasumible, según las empresas del sector, que ahora no aceptarían las condiciones del convenio e incluso se plantean rebajar las condiciones laborales.

La última mesa de negociación se ha realizado con Securitas que plantea, según el portavoz sindical, una serie de recortes en la situación laboral de los trabajadores.

Asimismo, Antonio López ha indicado que la manifestación del 12 de febrero por parte del CSIF-F no es una muestra de división sindical, sino que en la cita de este jueves se han reunido los integrantes de la mesa nacional.

Tras meses y meses de negociación con la patronal las negociaciones están estancadas. El portavoz de UGT cree que la negociación puede alargarse unos cuatro meses. Si tras ese tiempo no hay acuerdo los sindicatos emprenderán acciones judiciales.

Fuente: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2 ... 1_300.html
 
El sector de seguridad privada homenajea al CNP

El hotel Finisterre fue el lugar elegido por las empresas de seguridad privada para ofrecer un homenaje a la Jefatura Superior de Policía de Galicia, al que acudieron las principales autoridades políticas, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el delegado del Gobierno, Samuel Juárez.

El primero de ellos mencionó la actuación de la Policía Nacional en la tragedia del Orzán hace dos años y en Angrois el verano pasado, y destacó la labor de este cuerpo contra el narcotráfico y los incendios. Juárez puso de relieve por su parte que la delincuencia en Galicia es un 37% inferior a la del resto de España.

Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/coruna/20 ... 11517.html
 
El tribunal constitucional avala tres aspectos de la reforma laboral

Justo este jueves, cuando se cumplen dos años exactamente desde que la reforma laboral entró en vigor, el Tribunal Constitucional ha dado a conocer su aval a tres de los aspectos sobre los que se había planteado dudas. Lo hizo con un auto, no con una sentencia, que contó con siete votos a favor, entre ellos el del presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y cuatro en contra.

En concreto, el Constitucional ha dado su visto bueno al procedimiento que el Gobierno empleó para implantar la reforma, el real decreto ley. Se pronuncia así en sentido contrario a como lo hizo en 2007 respecto de la reforma laboral de 2002, el llamado decretazo, cuando no consideró justificada la vía del decreto y la anuló. Aquella decisión fue intrascendente, porque la tramitación parlamentaria fue como proyecto de ley.

Los otros dos pronunciamientos del tribunal entran en el contenido de la reforma: la supresión de facto de los salarios de tramitación (el dinero que cobra el despedido desde que se le rescinde el contrato hasta que un juez falla en su favor, en caso de que lo haga así), y la existencia de dos tramos de indemnización por despido improcedente (45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades o 33 días por año con un tope de 24) según el tiempo trabajado antes o después de la reforma.

Con este auto, el Alto Tribunal se pronuncia por primera vez sobre algún punto concreto del contenido de la reforma laboral. Hasta ahora las cuestiones de constitucionalidad presentadas por jueces habían sido rechazadas por aspectos formales. El texto, que contará con dos votos particulares, no se pronuncia sobre el recurso que presentó la oposición, sino sobre una cuestión de constitucionalidad que elevó el juzgado de lo social número 34 de Madrid. Precisamente esta será la materia de uno de los votos discrepantes, el del magistrado Juan Antonio Xiol, que argumentará su desacuerdo por no acumular las cuestiones de constitucionalidad con el recurso, lo que ha agilizado el procedimiento.

A pesar de que el ponente del auto es el magistrado Enrique López, la voz cantante de la mayoría la llevó De los Cobos, explican fuentes conocedoras del debate. El presidente del Constitucional es catedrático de Derecho Laboral y el autor intelectual de muchas de las modificaciones de la reforma laboral, sobre todo en lo referente a los cambios que hubo en negociación colectiva. De hecho, De los Cobos tiene escrito un artículo en el número 14 de la revista Relaciones Laborales junto con su discípulo Xavier Thibault, director general de Empleo desde que el PP llegó al poder, donde hay propuestas concretas que luego se plasmaron en la reforma con fidelidad. De ahí que no sorprenda la posición a favor de la reforma de Pérez de los Cobos.

Otros puntos más polémicos

Los dos puntos referentes al contenido de la norma sobre los que ha opinado el Constitucional no son los que más rechazo han levantado entre los detractores de la reforma. Más polvareda ha levantado el periodo de prueba de un año del contrato de emprendedores creado por la reforma, en el que puede despedirse sin indemnización, o los cambios en negociación colectiva, como la posibilidad de que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos pueda designar árbitros en los casos de desacuerdos entre sindicatos y empresarios cuando se aborda el incumplimiento de los convenios.

Sobre el uso del real decreto ley, explica el auto de 46 páginas que "las dudas de constitucionalidad expuestas resultan notoriamente infundadas" y que "responde a una opción política legislativa que, desde la estricta perspectiva constitucional (...) no genera quiebra o lesión en los derechos constitucionales invocados".

También le parece ajustado a derecho a siete magistrados del Constitucional la vigencia de dos regímenes de indemnización en el caso de los despidos improcedentes. La reforma rebajó de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades a 33 días por año con un límite de 24 meses la compensación.

El tercer punto sobre el que se pronuncia en el segundo aniversario de la reforma atañe al cambio en los salarios de tramitación. Hasta febrero de 2012, el trabajador despedido los cobraba junto a la indemnización correspondiente cuando el juez se pronunciaba a su favor y declaraba la rescisión de contrato improcedente o nula. Desde entonces, el trabajador solo los cobra si el empresario, cuando el juez dicta que un despido es improcedente, decide reincorporar al despedido. La realidad de esta norma es que de facto los salarios de tramitación han desaparecido puesto que el empresario no tiene incentivo alguno para readmitir al trabajador.

Fuente: http://economia.elpais.com/economia/201 ... 35406.html
 
Vigilantes y agentes públicos se coordinan para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Pulpí ha creado la Comisión de Seguimiento para la Seguridad Local en la que se aumenta la coordinación entre los cuerpos de vigilancia privados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil. Esta nueva instancia es diferente a la Junta Local de Seguridad, con un carácter más concreto y técnico.

Esta comisión nació el pasado jueves en una reunión en el Ayuntamiento convocada por el Alcalde de Pulpí, Juan Pedro García. La integran además de las citadas fuerzas públicas los responsables de seguridad de las empresas locales como Primaflor, Agrupa-Pulpí, Comercial Peregrín, Publindal, Talleres y Grúas González y Francisco Oliva SL. Junto a estas empresas de sectores diversos, asistieron representantes de las empresas de vigilancia privada Segurisa, Prosegur, V3, Grupo Urcisol y el vigilante Pedro Sánchez.

Mejora la situación Según el Alcalde y su concejal de Seguridad Pedro Jesús Martínez “la experiencia nos ha dicho que aumentando la presencia de vigilancia iban a bajar los datos. Y así fue. En las juntas locales de seguridad decidimos ampliar las medidas preventivas”, afirma el concejal Pedro Jesús Martínez. Efectivamente, en datos del año pasado, descendió la delincuencia en toda la zona, dato que no es ajeno a un cambio de actitud que se tomó en la línea que ahora se ha concretado en esta comisión. “Lo hacemos en función de la estadística, por ejemplo, si sube en una zona y baja en otra, en función de eso nos coordinamos y distribuimos las patrullas”, afirma el Alcalde.

“Si por ejemplo, tenemos vigilantes privados en El Copón, la patrulla de la Policía Local no va a ir si no hace falta. Se trata de coordinar de forma perfecta para intentar poner las cosas más difíciles posibles a aquel que quiere cometer un delito. Hemos visto que haciendo un esfuerzo entre todos baja la estadística de la delincuencia”, añade.

En Pulpí existe un cuartel de la Guardia Civil con unas pocas decenas de agentes, pero, pero estos son suficientes según el Alcalde. “Estamos satisfechos por su labor y agradecidos por su total disposición, aunque siempre aspiramos a mejorar”, declara a LA VOZ Juan Pedro García. Se trata en definitiva de aumentar la “coordinación y colaboración. Blanco y botella”, afirma el edil de seguridad, Pedro Jesús Martínez. De esta forma, esta nueva comisión estará atenta para que los posibles delincuentes no se salgan con la suya.

8 por ciento menos El pasado 11 de enero, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo hizo público que los robos
en el campo almeriense han descendido un 8 por ciento desde la puesta en marcha de los equipos ROCA de la Guardia Civil en el mes de septiembre. “Los datos de los grupos ROCA son muy interesantes”, señaló Crespo en una reunión en la subdelegación. Sin embargo, aunque en la provincia hay tres grupos, uno con base en El Ejido, se da la circunstancia de que este plan que está siendo tan efectivo en el Poniente no se aplica de forma oficial al Levante almeriense, donde está Pulpí.

Fuente: http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia ... dSeccion=3
 
Trabajadores de la seguridad privada exigen la aplicación de su convenio colectivo

'Seguridad privada, cumplir el convenio firmado. No a los descuelgues salariales. ¡Basta ya!'. Éste era el lema de la pancarta principal que arropó a los profesionales de la seguridad privada para denunciar la falta de compromiso y palabra de la patronal del sector, Aproser, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad. Además de los 240 representantes sindicales de ambos sindicatos en este sector, que tienen más del 70% de representación en las empresas en esta autonomía, también se sumaron a la movilización más profesionales afectados.

“El malestar entre los profesionales de la seguridad privada está más que justificada. No en vano, después de firmar un acuerdo con la patronal, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, va y no lo cumple. Es inadmisible, son unos auténticos piratas y no lo vamos a consentir. Vamos a continuar luchando para que se cumpla lo que se ha pactado”, remarcó Lourdes Herreros García, de Comisiones Obreras.

Y añadió: "Tienen como marco regulador de sus condiciones de trabajo el convenio colectivo de ámbito estatal que fue firmado en el año 2012. Este convenio ha sufrido varias renegociaciones puesto que las organizaciones sindicales hemos admitido modificaciones sustanciales hasta en dos ocasiones, con la intención de salvaguardar el empleo y el propio sector. Pero el último acuerdo alcanzado, hace apenas seis meses, ya no es suficiente para la patronal Aproser, que ha vuelto a anunciar la imposibilidad de cumplirlo por tercera vez".

CCOO y UGT están viendo cómo un gran número de empresas han iniciado procedimientos de descuelgue salarial, a fin de conseguir sus objetivos por otra vía. "Entretanto, la Administración, principal usuario de estos servicios, no solo mira hacia otro lado sino que participa en el juego que interesa a las empresas, puesto que en los procesos de licitación no se tiene en cuenta a la hora de las adjudicaciones que las empresas cumplan o no los compromisos que se derivan del convenio colectivo", denuncian.

Fuente: http://www.salamanca24horas.com/local/1 ... -colectivo
 
Prosegur, con más de 1.200 empleos en Galicia, anuncia un ERE a la plantilla

La empresa de seguridad privada Prosegur anunció ayer a los representantes sindicales de la plantilla que va a presentar un ERE para reducir su cuadro de personal aunque no especificó al comité de empresa ni el número de despidos ni los motivos del ajuste. La compañía cuenta con unos 28.000 trabajadores en toda España, más de 1.200 en Galicia, de los que 850 pertenecen a la provincia de A Coruña. La compañía convocó a los sindicatos a una reunión en Madrid en la que les anunció que prevé aplicar un expediente de regulación de empleo, sin dar más detalles, para lo que las dos partes constituyeron ya la mesa de negociación del ERE, que volverá a reunirse a finales de este mes para iniciar el periodo de consultas. "En esa primera reunión esperamos que nos aporten toda la documentación, con las cifras de despidos y los motivos que justifican la medida", explicaron ayer fuentes sindicales que participaron en el encuentro.

La sombra de los despidos sobre Prosegur se suma a los últimos movimientos de las empresas del sector de la seguridad privada, que pretenden descolgarse del convenio colectivo para abaratar costes -los gastos de personal suponen entorno al 80% de sus costes globales-.

Precisamente ayer se reunió también en Madrid la comisión paritaria para la aplicación del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad 2012-2014 en la que las patronales del sector -Aproser, FES y UAS- aseguraron que deben negociarse unas nuevas tablas salariales y las condiciones laborales para adaptarlas "a la grave situación económica del sector con el fin de mantener el mayor número de empleos posibles y preservar el convenio colectivo del sector".

Los representantes sindicales -de UGT, CCOO y USO-, por su parte, recordaron que las dos partes ya pactaron suspender la entrada en vigor de las tablas retributivas -que debían aplicarse desde el 1 de enero- hasta el 15 de febrero con la intención de alcanzar un acuerdo de modificación de las condiciones laborales. Ante la falta de acuerdo, defendieron los sindicatos, deben entrar en vigor las subidas salariales previstas en el convenio colectivo.

Las discrepancias entre las dos partes provocaron que la patronal anunciase la interposición de un conflicto colectivo, con lo que pretende lograr el descuelgue del convenio y negociar posteriormente otras condiciones laborales.

Los sindicatos, sin embargo entienden que los trabajadores de la seguridad privada ya hicieron suficientes sacrificios en los últimos años con congelaciones salariales desde 2009 -a excepción de una subida del 1% en 2010-. Precisamente, el convenio de este año establecía una subida salarial del 5% para compensar esos esfuerzos realizados por los trabajadores.

La difícil situación del personal de seguridad privada provocó que los sindicatos convocasen ya varios actos de protesta en las últimas semanas, a los que se sumarán más en las próximas. El último en A Coruña se produjo el jueves, cuando trabajadores de Prosegur impidieron a primera hora la salida de los furgones blindados de transporte de dinero.

Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/economia/ ... 11985.html
 
Convocan a los vigilantes de seguridad para decidir protestas contra las reducciones salariales

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CIG y USO convocaron a los trabajadores de las empresas de seguridad a una asamblea que se celebrará el martes en la casas sindical. Pretenden planificar un calendario de movilizaciones "para parar a agresiva ofensiva patronal". Se refieren a los descuelgues masivos de las empresas del convenio estatal, lo que lleva aparejadas reducciones salariales importantes para el colectivo.

Ese mismo día habrá asambleas en toda Galicia con la misma finalidad. Es la primera vez en mucho tiempo que los distintos sindicatos con representación en el sector de seguridad realizar una convocatoria conjunta.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lu ... 263497.htm
 
Una paciente denuncia a un médico de urgencias,a un vigilante y a la gerente del CHUO

Una vecina de Ourense y usuaria del servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Ourense, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, contra una médico de ese servicio que la atendió, el vigilante de una empresa privada que estaba de turno a esa hora y la propia gerente del CHUO, como responsable sanitaria, en relación con un incidente registrado en noviembre del pasado año en ese servicio de urgencias, del que la denunciante afirma en su denuncia, que fue invitada a salir "sin ropa".

Según la denunciante María Begoña Barreiro Vázquez, vecina de Ourense, esta acudió a urgencias a las 11 horas del pasado día 23 de noviembre re en una ambulancia tras serle administrado un tratamiento para fuertes dolores cervical y lumbar entre otros, que no le surtió efecto y a la espera de ser atendida por una la doctora de la clínica de la unidad del dolor que, cinco horas después, le aplicó el correspondiente tratamiento y envió al marido de la paciente, siempre según la denuncia de esta última en el juzgado, a por unos parches a la farmacia.

Según la denunciante, dado que su marido tardó en regresar, la doctora que estaba de turno esa tarde M.O.M invitó a la paciente a abandonar urgencias, a lo que esta última se negó diciéndole que no abandonaría el box sin ropa.

Siempre según el testimonio de la denunciante, acudió a ese box el vigilante de una empresa privada "me cogió por un brazo y me echó fuera", a la sala de espera exterior. Afirma que dada la larga espera y el frío reinante "se desmayó" al llegar su marido, por lo que la médico decidió que la paciente tenía problemas psiquiátricos.

Se dio aviso al psiquiatra, pero hasta la llegada del especialista la denunciante dice que estuvo sola "y sin tapar". Es por todo ello por lo que la mujer decidió presentar la mencionada contra la médico, el vigilante y por extensión contra la gerente Eloína Núñez como responsable del trato recibido en el servicio.

Fuente: http://www.farodevigo.es/portada-ourens ... medium=rss
 
La Diputación rescinde el contrato con una empresa de seguridad por bajarle el sueldo a sus trabajadores

El gobierno provincial informó de que la Diputación de Lugo será "pionera en España" y una "de las primeras administraciones del país" en proponer la resolución del contrato que mantiene con una empresa, por considerar que incumplió las condiciones laborales de sus propios trabajadores.

La junta de gobierno de la institución ha acordado hoy la remisión al Consello Consultivo de Galicia del expediente abierto a la empresa de seguridad, que prestaba servicio para la Diputación, por "rebajar la retribución" a sus trabajadores, "amparándose en la Reforma Laboral" e "infringiendo el contrato" con el propio organismo provincial.

En concreto, aclara el Gobierno provincial, se tomó esa decisión en "defensa de los derechos de los trabajadores" ante las decisiones adoptadas por la empresa encargada de la seguridad en el Museo Provincial de Lugo y en el Pazo dos Deportes.

Según su criterio, la adjudicataria aprovechó la "Reforma Laboral del Gobierno central para rebajar los salarios de los trabajadores" e "infringió, de esta forma, el pliego de condiciones de su contrato con la Diputación, que se basa en el convenio estatal de este sector".

Por ello, "y ajustándose rigurosamente a la legalidad, el organismo provincial le abrió en octubre un expediente a esa empresa", lo publicó en el "Boletín Oficial de la Provincia" y ahora "se lo remite al Consello Consultivo de Galicia, que emitirá dictamen en el plazo máximo de un mes, para poder, finalmente, resolver el contrato".

Además, el Gobierno provincial afirma que "la Diputación garantiza en todos los casos el empleo al personal afectado", porque la nueva adjudicataria tendría la obligación de asumir "a los trabajadores que actualmente prestan ese servicio".

Fuente: http://elprogreso.galiciae.com/nova/310 ... abajadores
 
Alianza de seguridad ante “situaciones críticas”

La Comisaría de Almería fortalece su alianza con las empresas de seguridad privada en la provincia. Mandos de la Policía Nacional participaron la semana pasada en un encuentro con guardias para formarles ante la posibilidad de intervenciones en “situaciones críticas”.

A la jornada asistió una treintena de profesionales de las principales empresas de seguridad privada de la provincia de Almería (en total hay registradas once compañías con servicio en municipios almerienses).

La Policía Nacional quiere trabajar así con los guardias en la colaboración frente a robos violentos, atracos con rehenes, accidentes y catástrofes. Aunque las competencias de seguridad son de la Policía, la cooperación de la seguridad privada en los primeros momentos puede ser clave para la resolución favorable de los casos. Para ello existen unos protocolos muy concretos que definen la misión de apoyo que puntualmente pueden realizar.

Con esta filosofía se celebró la reunión en las dependencias (aula de formación) de la Comisaría de la Policía Nacional en la calle Alcalde Muñoz de la capital almeriense.

La Comisaría mantiene una relación muy fluida con estas empresas que se traduce en diversas campañas de seguridad. La última, y probablemente la más significativa de los últimos años, se produjo en las pasadas fiestas navideñas. Seguridad pública y seguridad privada se unieron para proteger a los clientes y a los empresarios en la campaña Comercio Seguro, centrada esencialmente en las grandes superficies, centros comerciales y calles céntricas de Almería y El Ejido.

En la provincia existen unos 2.000 guardias de seguridad privada acreditados para el ejercicio profesional. El Gobierno prepara una reforma del sector muy polémica que les dotaría de mayores competencias. Ahora se debaten enmiendas al borrador.

Fuente: http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia ... dSeccion=2
 
El Supremo recuerda que el derecho a la huelga protege a la seguridad privada

Interior vulneró los derechos de los trabajadores de seguridad privada cuando obligó a un importante porcentaje de ellos a trabajar durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 al considerarlos servicios mínimos de manera no justificada, según una sentencia del Tribunal Supremo.

La Secretaría de Estado de Seguridad consideró obligatorios los servicios de seguridad privada en hospitales, juzgados y dependencias de la Administración durante aquella jornada, decisión que ha sido anulada por el tribunal en una resolución conocida hoy que acepta un recurso de UGT.

Interior motivó su consideración de esenciales de esos servicios privados de vigilancia y protección de personas y bienes por la amenaza terrorista y por la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública.

La Secretaría de Estado motivó su decisión además en que precisamente en aquella fecha de huelga general era necesaria mayor vigilancia para que se desarrollara pacíficamente.

La Audiencia Nacional estimó en parte el recurso de UGT contra aquella resolución y consideró que Interior no había motivado suficientemente su decisión, que limitaba un derecho constitucional.

Sin embargo, no apreció la segunda parte del recurso de los sindicalistas, aquella en la que los trabajadores defendían que esos servicios mínimos no eran proporcionados.

No se produce por parte de la Administración una fijación de servicios mínimos "que rebase el contenido esencial del derecho de huelga", decía la Audiencia Nacional, apreciación en contra de la cual acudió UGT ante el Supremo, que ha acogido su petición.

Ahora, el Supremo anula aquella sentencia y acoge el recurso de UGT porque, dice, "la sentencia de la Audiencia Nacional se limitó a
dar por buenas unas apreciaciones absolutamente generales e indeterminadas que hacen abstracción de las circunstancias específicas de la huelga general en cada uno de los sectores de actividad en los que intervienen trabajadores de la seguridad privada".

La carencia de motivación de Interior al fijar aquellos servicios mínimos debe extenderse a toda la resolución en su conjunto, precisa el Supremo.

Fuente: http://es.finance.yahoo.com/noticias/su ... 08978.html
 
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