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Los vigilantes de seguridad de la ULL denuncian el impago de sus salarios por parte de Machín Seguridad

Manuel Jerez, representante sindical, explicó en La Trapera de Radio San Borondón que los vigilantes de seguridad de la Universidad de La Laguna, integrados en la empresa Machín Seguridad, se están enfrentando al grave problema de no haber cobrado parte del salario de marzo, la paga extraordinaria que tenía que ser abonada ese mismo mes, además de todas las horas extras realizadas durante el año 2013.

Afirmó que na institución de la importancia de la Universidad de La Laguna no se puede permitir llegar a esta situación, pero menos aún cuando se trata de un aspecto tan fundamental como la vigilancia de sus instalaciones, recordando que el cobro del salario por parte de los trabajadores es un derecho fundamental, por lo que cuando se incumple esa obligación, se golpea en la línea de flotación de las familias y en la dignidad como trabajadores.

Hablamos de una situación muy complicada para los profesionales, que están viviendo con mucha preocupación la atención de obligaciones económicas, como el pago de las hipotecas o la adquisición de productos básicos para el día a día: “Se nos pide paciencia y comprensión, pero, mientras tanto, ¿quién alimenta a nuestras familias?”.

Jerez dijo que los trabajadores se preguntan por qué la Universidad no reacciona frente a la empresa encargada de la seguridad, a pesar de que se lo han pedido expresamente, por qué no se le exige a Machín Seguridad que cumpla con sus trabajadores, ya que si esa empresa no puede afrontar el pliego de condiciones, debe dejar el servicio y dar paso a otra, pero antes pagando lo que les debe a los vigilantes.

Por último dejó claro que no solo están exigiendo un derecho, que es el pago de sus nóminas en tiempo y forma, sino que están apelando igualmente a que se produzca una respuesta consecuente a la seriedad con la que los profesionales están desarrollando su trabajo, profesionalidad que no ha variado a pesar del deterioro anímico que en la plantilla origina esta situación.

“Entendemos que si la empresa no cumple, los responsables de la Universidad de La Laguna deben actuar de inmediato; no sólo deben evitar lo injusto de esta situación, tampoco deben permitir el desprestigio de una institución tan importante como es la Universidad”, dijo en La Trapera.

Fuente: http://www.sanborondon.info/content/view/60575/46/

 

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UGT Andalucía analiza en Almería la situación del Sector de la Seguridad Privada

La problemática surgida en torno al Convenio Estatal para 2014, ha sido uno de los ejes en los que Solano ha centrado su intervención, ya que como ha recordado “a pesar de la firma del acuerdo y antes de la publicación del mismo, a principios de año, las empresas del sector de seguridad comenzaron a aplicar una congelación salarial, pasando por alto lo suscrito”.

“Para evitar que las empresas realizaran modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo al negarse los sindicatos firmantes del convenio estatal, UGT y USO, a asumir las propuestas patronales de inaplicar lo pactado y congelar los salarios hasta 2017, se alcanzó un nuevo acuerdo con el objetivo de garantizar la protección de los derechos laborales de estos trabajadores y trabajadoras” ha detallado Solano.

Con dicho acuerdo, el responsable sindical ha indicado que “se ha evitado el descuelgue masivo de las empresas del sector y se garantiza la vigencia del Convenio Colectivo General durante este año”.
“Antes del verano, y con el objetivo de empezar a negociar con tiempo el Convenio Colectivo para el período 2015-2018, desde UGT vamos a solicitar la constitución de la mesa, en la que exigiremos a la patronal que se recupere el poder adquisitivo para el colectivo de los profesionales del sector” ha señalado el Secretario General de FES UGT Andalucía.

Nueva Ley de Seguridad

Sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, Antonio Solano ha considerado que la medida introduce “más precariedad en el sector y pretende, entre otras cosas, potenciar la sustitución de trabajadores de la seguridad pública por vigilantes de seguridad”, asegurando que “la ley no protege a los vigilantes en su conjunto, no elimina el intrusismo, y el derecho de huelga de estos trabajadores sigue cercenado”.

Para el Secretario General de FES UGT Andalucía, se trata de una Ley cuyo objetivo fundamental “es privatizar servicios en beneficios de las empresas del sector, dejando al margen a los trabajadores de la seguridad privada que no ven reflejado en el texto legal nada que recoja ninguna mejora sobre su situación profesional”.

Fuente: http://econ.es/not/5571/__ugt_andalucia ... FRbJ6QF8ds

 

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El recrudecimiento del crimen empuja a Brasil a la seguridad privada

Con rejas en la puerta de cada edificio residencial de los barrios adinerados de Río de Janeiro o Sao Paulo y un ejército de vigilantes privados que quintuplica los efectivos policiales en las calles, Brasil acelera el gasto en la seguridad privada con el deterioro de los índices de violencia. Según datos del sector, la inversión privada supera el gasto público acumulado por los tres niveles de gobierno que, juntos, desembolsaron 61.104 millones de reales (unos 27.775 millones de dólares) en 2012.

Esta cifra, según la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, es engañosa puesto que el 37 % de esa suma se dedicó a pensiones y seguridad social de los policías y no a políticas "efectivas" de seguridad. Las regiones donde se registra una más rápida expansión de la seguridad privada son los estados del noreste y la Amazonía, áreas con crecientes tasas de violencia y donde más escasean las inversiones públicas, según las patronales del sector.

No en vano, Maceió, Fortaleza y João Pessoa, tres capitales del noreste brasileño, son la quinta, séptima y novena ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo, según un informe de la ONU divulgado la semana pasada. "La sensación de inseguridad ha alcanzado a los brasileños de todas las regiones del país. El blindaje (de vehículos) ha dejado de ser una necesidad exclusiva de Sao Paulo y Río de Janeiro", afirmó el presidente de la Asociación Brasileña de Blindaje (Abrablin), Laudenir Bracciali, en un comunicado.

El blindaje de vehículos registró una expansión del 11,55 % en el primer semestre de 2013, según los datos más recientes de la Abrablin, que calcula que esa tasa de ventas siguió fuerte durante todo el año. El blindaje más habitual, considerado el "más adecuado a la actual realidad" de las grandes ciudades brasileñas, es el nivel III-A, que soporta tiros de subametralladoras, de pistolas 9 milímetros y revólveres Magnum de calibre .44.

El coste medio para blindar un vehículo con este nivel asciende a 47.300 reales (unos 21.500 dólares), según cifras de la patronal, que registra ocho años de expansión continuada. Aunque esos precios son asequibles para pocos bolsillos en Brasil, la inversión en seguridad privada no se restringe a las clases pudientes, según explicó a Efe el sociólogo español Ignacio Cano, del Laboratorio del Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

"La clase baja sí invierte en seguridad: en rejas, en perros; la clase alta, en (coches) blindados, sistemas electrónicos y vigilantes", relató Cano. La cifra de vigilantes privados se ha elevado considerablemente en los últimos años, en parte con el impulso del Mundial de fútbol de 2014 y también por la expansión de hoteles, centros comerciales y bancos.

Según datos remitidos por la Policía Federal a Efe, Brasil tiene actualmente 2,3 millones de vigilantes privados registrados, cifra que no incluye cientos de miles que trabajan de forma clandestina, entre ellos policías que hacen horas extras en tiendas o bares debido a los bajos salarios pagados por la corporación. El número de vigilantes contrasta con los 400.000 policías que integran los 27 cuerpos estatales de Policía Militarizada, a los que compete patrullar las calles y garantizar la seguridad ciudadana.

El gran número de guardias privados y la habitual concentración de los policías en los barrios ricos genera, en opinión de Cano, "una privatización doble de la seguridad". "Las clases medias aquí contratan seguridad privada y exigen, con éxito, que la policía también vigile en las mismas áreas", comentó Cano, que subraya que en los barrios periféricos la tasa de policías por habitante "es muy baja". El empleo de policías como vigilantes privados clandestinos supone una vuelta de tuerca más en este proceso de privatización. "Lo que hace el Estado es que financia la seguridad privada", resumió Cano, e indicó que estos policías han sido entrenados y usan armas pagadas con dinero público.

"Nosotros defendemos que, ya que no se puede eliminar esta práctica, por lo menos que se regularice", agregó el sociólogo del Laboratorio de la Violencia.

Fuente: http://www.publico.es/internacional/514 ... ad-privada

 

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Foro y el PP exigen aclarar las denuncias de los vigilantes de los parkings de Ruasa

Concejales de Foro y del PP hicieron ayer pública su inquietud respecto a las denuncias de los vigilantes de los parkings de Ruasa, y exigieron al concejal responsable aclarar si la empresa municipal tiene alguna responsabilidad en los hechos. Las denuncias de los vigilantes, representados por Avispa (asociación de vigilantes de parking) están relacionadas a supuestas irregularidades vinculadas a la categoría laboral de "auxiliar de servicios" incompatible, según la denuncia, con la realización de tareas propias de seguridad y vigilancia en horario nocturno en los aparcamientos.

La concejala de Foro Andrea Martín criticó la "incapacidad del PSOE a la hora de exigir a las empresas adjudicatarias deservicios los derechos de todos los avilesinos, plasmadas en loscorrespondientes contratos". Y el portavoz popular, Constantino Álvarez, adquirió con los trabajadores el compromiso de aclarar si hay que modifciar algo, y "ver si es un problema de la empresa que presta el servicio o de Ruasa".

Fuente: http://www.lne.es/aviles/2014/04/15/for ... 71880.html

 

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La ley hace del vigilante de seguridad un "chico para todo", según CSIF

El sindicato de funcionarios CSIF ha expresado hoy su desacuerdo con la nueva ley de seguridad privada, de la que afirma que pretende erradicar el intrusismo "legalizándolo" y además convierte al vigilante de seguridad en "chico para todo".

Para CSIF de Navarra, con esta ley, que entrará en vigor en junio, los vigilantes "se verán obligados a realizar todo tipo de funciones no relacionadas con la seguridad", según afirma en un comunicado.

Y añade que la norma prevé igualmente que el vigilante de seguridad sirva de "acompañante" de la policía "en cualquiera de sus cometidos" pues podrá prestar servicios "encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".

Se crea así, según CSIF, el "vigilante multipropósito", ya que podrán ser "meros conserjes de fabrica o policías en unidades de intervención".

Fuente: http://www.finanzas.com/noticias/empleo ... 51612.html

 

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El Ayuntamiento de Telde podría denunciar a Seguridad Integral Canaria

En el pleno del pasado 4 de abril, la presidenta de Nueva Canarias en Telde, Carmen Hernández, aseguró tener “ 33 facturas por valor de 130.000 euros” procedentes de una empresa de seguridad que reclama el cobro al Ayuntamiento de Telde por haber prestado servicios de vigilancia en la Casa de la Condesa de Jinámar, desde las 23:00 y hasta las 7:00 horas.

María del Carmen Castellano respondió alegando que “eso lo resolveremos en los juzgados, no en el pleno”, ya que “no hay contrato, no hay consentimiento del jefe de servicio”, pero no concretó si haría efectiva una denuncia ni cuándo. Lo que sí hizo fue señalar al exconcejal de Nueva Canarias, Agustín Arencibia, como el responsable del envío de un email para contratar el servicio, sin figurar ningún acuerdo firmado.

Seguridad Integral Canaria se señala como la empresa que habría reclamado la deuda y es una de las 10 divisiones que Miguel Ángel Ramírez alberga bajo el Grupo Ralons. Sin embargo, los destrozos ocurridos en la Casa de la Condesa en los últimos años muestran una protección de la zona más bien escasa.

“Los daños suman más dinero que las facturas” y existen “ 30 o 40 partes a la policía por robos y daños”, alegó Hernández. La escena es dantesca: puertas forzadas, estancias revueltas con material inflamable, desechos humanos, cristales rotos o cables arrancados.

El edificio del siglo XIX presenta paredes con huecos que un día albergaron focos, las huellas de un salvaescaleras para minusválidos desaparecido, una fuente averiada y vallas de protección oxidadas.

Es difícil creer que antaño se grabaran programas de televisión en semejante paisaje. Un vecino responsabiliza de la mayoría de incidentes, incluidos algunos incendios, a menores de edad, algunos de ellos ya identificados por la policía. Prefiere no revelar su nombre por miedo a las represalias, pero comenta que cierto día, a las 11:00 horas de la mañana, vio a tres chicos jóvenes con mochilas escolares entrando a los baños públicos del parque contiguo a la Casa de la Condesa. Gritaban y golpeaban el interior.

Él, les llamó la atención; ellos le amenazaron con ponerle la tapa del retrete como collar. Los grifos de los lavabos han sido sustraídos. Cerca de allí hay un quiosco cerrado. Una verja tuvo que ser soldada para impedir que accedieran personas a pernoctar bajo la barra. No hay interruptores. Se los llevaron.

El parque infantil también ha sido víctima de estas agresiones contra el patrimonio y ya ha tenido que ser reparado en más de una ocasión, según los testimonios de los viandantes. Muchas farolas están decapitadas, sin luminarias ni cables. El tanatorio fue destrozado antes de su apertura...

Y, así, los 3.000 metros cuadrados que fueron testigos del veraneo de los Condes de la Vega Grande, hoy lo son de un vandalismo sin aparente solución. Las caballerizas, la capilla y las viviendas del servicio se convirtieron en el almacén de la inversión a fondo perdido y del intento de reactivar una zona deprimida, en balde.

Fuente: http://www.eldiario.es/teldeahora/asunt ... 25649.html

 

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Condena a una firma de seguridad por "no colaborar" con la Policía

Systems Niscayah SAU, una de las empresas de instalación de sistemas seguridad más destacadas del sector, acaba de ser condenada a pagar una multa de 30.051 euros por no colaborar con la Policía Nacional en el esclarecimiento de un atraco ocurrido en 2010 en la gasolinera de Cuatro Caminos, en Jerez. La Audiencia Nacional, en un fallo emitido a finales del pasado mes, ha estimado un recurso presentado por la Abogacía del Estado contra un fallo del Juzgado Central de lo Contencioso que había anulado la sanción que el Ministerio del Interior le había impuesto a la firma. Ya no cabe recurso contra la decisión judicial.

Fue a finales de febrero de 2010 cuando se produjeron tres robos con intimidación a distintas gasolineras de la zona sur de la ciudad, entre ellos la de Cuatro Caminos, por parte de un individuo que días después fue detenido. El instructor del atestado de este atraco solicitó a la empresa para que le remitiera las imágenes grabadas por la cámara de seguridad del establecimiento. Sin embargo, y tal y como reza en la sentencia, la firma alegó que no las iba a entregar si no había "una orden judicial o un oficio de la Policía" y que, una vez recibido esta petición oficial, "verían cuándo lo podrían enviar".

El oficio policial fue remitido a la firma al día siguiente donde se advertía de la necesidad de obtener las imágenes a la mayor brevedad dado que había sido detenido el presunto autor y se tenía un máximo de 72 horas para recopilar todas las pruebas posibles antes de ser puesto a disposición judicial. El fallo explica que, al día siguiente, la empresa le dio al propietario de la gasolinera las grabaciones pero este último no las remitió a la Policía hasta cuatro días después.

Tras esto, el Ministerio del Interior inició un procedimiento sancionador por considerar que la empresa había incurrido en una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada al "no colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" ya que entendía que, aunque había entregado la grabación de las imágenes al propietario, no procedió a "comunicar dicha incidencia a la Comisaría de la Policía Nacional". La resolución fue recurrida por Systems Niscayah SAU ante el Juzgado Central de lo Contencioso que, en primera instancia, le dio la razón alegando que la decisión no estaba lo suficientemente motivada.

Sin embargo, la Abogacía del Estado recurrió la decisión de la Audiencia Nacional que ha acabado ratificando la sanción. El alto tribunal considera que la empresa incumplió la normativa con su primera respuesta a la solicitud realizada por la Policía al negarse a entregar la grabación alegando que necesitaba una petición oficial u orden judicial, un hecho que se une a que con posterioridad no comunicara a las fuerzas de seguridad que había remitido a la Policía, circunstancia que evidencia la "ausencia de colaboración y de disposición a colaborar". En las diligencias judiciales, la empresa alegó, incluso que no había entregado las grabaciones antes dado que podría incurrir en un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. En cambio, la Audiencia Nacional sostiene que las comunicaciones entre las empresas de seguridad y las Fuerzas de Seguridad deben ser "lo más inmediatas posibles" para evitar el retraso en posibles investigaciones.

Fuente: http://www.diariodecadiz.es/article/pro ... licia.html

 

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Las peñas contratan vigilantes y exigen más presencia policial en las barracas

Mientras en las calles de Murcia suenan los tambores de la Pasión de la Semana Santa, por toda la ciudad hay unos obreros incansables que, desde el pasado 28 de marzo, trabajan a destajo para que este Domingo de Resurrección murcianos y turistas puedan disfrutar de la gastronomía tradicional. Se trata de los integrantes de las peñas huertanas que estos días laboran de forma agotadora montando las barracas que darán cobijo a los comensales en las Fiestas de Primavera. Una labor ingente que, según ellos, apenas se ve recompensada, desde hace unos años, con los beneficios de antaño.

Si además de la dificultad de sembrar la ciudad de cañizo se le añaden ciertos problemas inesperados, la actividad huertana puede llegar a ser frustrante. Tras dos semanas montando, el pasado miércoles, los miembros de la peña El Almirez, se encontraron sin suministro eléctrico. Cuando fueron a ver qué pasaba comprobaron que algún amigo de lo ajeno había sustraído los cables que debían llevarles la electricidad a la barraca.

Cuando hablaron con la compañía eléctrica, ésta les dijo que tenían que interponer una denuncia. Así lo hicieron. «Fuimos a la Policía a denunciar y en seguida vinieron los operarios de la compañía y nos solucionaron el problema», relató Manuel Pérez, presidente de El Almirez. La situación tan solo fue preocupante unas horas, pues por la noche vieron restablecido el suministro, pero desde esta peña se lamentan de su suerte. «Menos mal que se nos ocurrió probar el miércoles, si nos esperamos unas horas, pillamos a todo el mundo de puente y aquí no viene nadie a arreglar el problema».

Esta situación ha puesto de relieve una queja generalizada en las peñas huertanas que estos días montan barraca por la ciudad, la falta de seguridad. Aunque son mayoría las que pagan de su bolsillo un guardia que vigila por las noches, se quejan de falta de presencia policial por las zonas de mayor concentración, como es el Malecón. «Se podría reforzar un poco la seguridad, no estaría de más que un par de policías se pasaran de vez en cuando al menos para preguntar a los guardias privados si han visto algún movimiento extraño», relató Jesús López, de la peña La Esparteña. «A nosotros nos han robado bebidas alguna que otra vez. Procuramos no dejar nada al alcance y cuando empezamos a traer cosas de más valor, tenemos un guardia aquí toda la noche», cuenta Consuelo Lucas, presidenta de El Salero.

La preocupación de las peñas reside en la cantidad de material que hay en el interior de las barracas. «Aquí hay mucho metido y nos ha costado mucho esfuerzo completar todo lo que necesitamos para sacar adelante la barraca», lamentaba Bienvenido Vicente, presidente de la Horqueta. Entre cámaras, estructura, utensilios de cocina, planchas y hornos, instalación eléctrica, comida y bebida, las peñas han invertido mucho a lo largo de los años y por ello insisten en la necesidad de mayor presencia policial. «Aquí solo vienen a multarnos cuando dejamos los coches para descargar».

La edil de Seguridad, Nuria Fuentes, aseguró que estos días sí intensifican la presencia policial en las zonas de barracas y que «somos conscientes de todo lo que han invertido y nos preocupa que estén bien tanto los días de fiesta como los de montaje». Fuentes asegura que las patrullas policiales se pasan por las barracas varias veces cada noche para comprobar que todo está en orden.
Las peñas, mientras, ultiman detalles para que todo esté listo para el domingo cuando, a partir de las doce del mediodía, las barracas abran sus puertas, de nuevo con los mismos precios y con las mismas esperanzas de que el tiempo acompañe y puedan recuperar las ganancias de antaño.

Fuente: http://www.laverdad.es/murcia/v/2014041 ... 40418.html

 

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Cristiano Ronaldo tendrá seguridad privada durante el Mundial de Brasil

Cristiano Ronaldo tendrá seguridad privada durante su estancia en Brasil con motivo de la disputa del Mundial para evitar cualquier tipo de incidente.

La seguridad es uno de los principales problemas que tiene Brasil y que más preocupan a la organización del Mundial, pero también a los propios jugadores. Para evitar problemas, Cristiano Ronaldo ha contratado a cuatro guardaespaldas, según ha desvelado el diario ‘Lance', que explica que el futbolista del Real Madrid no quiere ningún sobresalto mientras esté jugando el campeonato.

La idea de Cristiano Ronaldo es tener una plena seguridad mientras esté en Brasil para poder estar centrado de lleno en el fútbol y en poder dar lo mejor de sí para la selección de Portugal. Por eso se ha cubierto las espaldas con hombres de seguridad para que lo tengan todo controlado.

Los guardaespaldas de Cristiano Ronaldo estarán en contacto permanente también con los guardaespaldas que la Federación de Portugal ha contratado también para proteger a todos los jugadores mientras estén en Brasil.

Fuente: http://www.defensacentral.com/real_madr ... -portugal/

 

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Adif saca a concurso la vigilancia y seguridad de las estaciones de tren por 63,6 millones

Adif ha sacado a concurso el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad en las estaciones de tren y el resto de sus instalaciones por un importe total de 63,60 millones de euros.

El contrato contempla la prestación durante dos años (2014-2016) de estos servicios, que el gestor de la red ferroviaria licita repartidos en siete distintos lotes que abarcan las instalaciones de las diferentes zonas geográficas.

Las compañías interesadas en hacerse con estos contratos pueden pujar por todos los lotes, o bien por uno o varios de ellos por separado.

En concreto, Adif ha sacado a concurso el lote del contrato de seguridad de las estaciones de la zona centro por un importe de 15,28 millones de euros, el correspondiente a la zona Noroeste por 13 millones y el de la zona Sur por 10,9 millones de euros, según consta en el pliego del concurso, que recoge Europa Press.

Asimismo, el servicio de seguridad para el lote que abarca las instalaciones ferroviarias del Noroeste del país se licita por 7,76 millones, el del Este por 6,74 millones y el correspondiente a la sede y la dirección de Adif, por 5,85 millones de euros.

El anterior contrato de vigilancia y seguridad, adjudicado por Adif a finales de 2010 se repartió entre distintas compañías del sector.

Para la nueva contratación, las empresas interesadas en presentar oferta tienen de plazo para remitirlas a Adif hasta el próximo 13 de mayo.

Fuente: http://www.europapress.es/economia/noti ... 25122.html

 

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La justicia deja sin argumentos a las empresas que pagan tarde las nóminas

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido en una sentencia que las estrecheces económicas no son argumento suficiente para justificar que los trabajadores cobren tarde.

El órgano judicial ha dado la razón a un profesional de Málaga que percibió las nóminas con retraso superiores al mes. El magistrado Jesús Gollón ha dictado que se declare extinguida la relación laboral y que se abonen 94.789 euros en concepto de indemnización, retrasos e intereses.

La sentencia, que unifica doctrina, concluye que “existen unos retrasos en el pago de los salarios del trabajador demandante que tienen gravedad suficiente para constituir la causa de extinción”. Los incumplimientos son “continuados, persistentes en el tiempo y cuantitativamente importantes”.

Doctrina unificada

El profesional hotelero tenía una antigüedad de 31 años en plantilla. Antes de terminar en el TS, había recurrido a un juzgado de Málaga, que también le dio la razón. El hotel para el que trabajaba acudió al Superior andaluz, que anuló la primera sentencia.

Ahora, en resolución firme, el alto tribunal califica de grave el incumplimiento. “Es indiferente dentro del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores que el retraso continuado del salario venga determinado por la mala situación económica empresarial”, señala.

Despedido por reclamar

El denunciante fue despedido por Transhotel Palmeras SA en 2010 tras reclamar las nóminas, si bien la decisión fue declarada improcedente.

En un acuerdo alcanzado con el resto de la plantilla se aludía a la mala situación económica, por lo que se había decidido transformar los contratos fijos en temporales, abrir un proceso de bajas incentivadas y prejubilaciones. No se hacía mención alguna a que los empleados hubieran aceptado el pago con retraso de los salarios, según detalla el Supremo.

Incumplimientos graves

La jurisprudencia del TS aprecia que la gravedad del incumplimiento del deber de abonar puntualmente los salarios (artículo 4,2 del Estatuto de los Trabajadores) “es de naturaleza objetiva, al margen de cualquier elemento de culpabilidad subjetiva del empresario incumplidor”.

El Supremo fundamenta que los documentos bancarios prueban que los retrasos en el pago de los salarios se remontan al menos hasta 2009 y que, tal como afirmó el juzgado de Málaga, desde la nómina de enero de 2010 se produjeron retrasos durante 11 meses.

La decisión del TS sienta la jurisprudencia necesaria para que los trabajadores españoles que cobren tarde reclamen la rescisión laboral con la indemnización correspondiente por despido improcedente.

Fuente: http://www.economiadigital.es/es/notice ... _53280.php

 

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El aeropuerto gastó un millón de euros en seguridad privada pese a estar cerrado

Castelló pagó un millón de euros por un contrato de seguridad privada que incluía, entre otros servicios, el control del embarque de pasajeros, pese a que no hay aviones. El contrato se revisó el año pasado y el coste se redujo a 240.000 euros anuales, la cuarta parte.

En marzo de 2012, la sociedad pública Aerocas –entonces presidida por Carlos Fabra– y una empresa firmaron el contrato de prestación del servicio de seguridad privada en el aeropuerto con una duración de dos años. Para la primera anualidad, se fijó un importe de 903.940 euros (IVA excluido) y para la segunda de 923.333 euros. Ambas partes acordaron la posibilidad de seguir renovando su relación en años sucesivos, ajustando el precio al IPC. Aerocas se reservó el derecho de rescindir el contrato si a 31 de diciembre de 2012 el aeropuerto no había entrado en funcionamiento.

La empresa debía desarrollar varias actividades de seguridad: control de los filtros de embarque (pasajeros y equipajes de mano); manejo de las máquinas de rayos X y de los detectores de metales; gestión de las cámaras de seguridad de los edificios del aeropuerto y de su perímetro; o el control de acceso a las instalaciones, por tierra y por aire. Para este cometido, se estableció una plantilla de 27 personas, concebida para dar servicio a un aeropuerto operativo ocho horas al día.

Cuando el año pasado el vicepresidente del Consell, José Císcar, asumió la presidencia de Aerocas (Carlos Fabra tuvo que dejar el cargo por la apertura de juicio) encargó un informe a la consultora Pasiphae, propiedad del exministro Josep Piqué, que detectó la necesidad de revisar varios contratos para aligerar la enorme carga de gasto corriente del aeropuerto. Uno de ellos fue el de seguridad privada, que finalmente sólo se cumplió al 50 %, suponiendo un coste de un millón de euros. Hubo una cesión del contrato a otra empresa, que ahora presta el servicio de vigilancia por 240.000 euros al año.

La seguridad se ajustó a la realidad de un aeropuerto sin aviones, que lo único que requiere de momento es un control del acceso y del perímetro para evitar la entrada de intrusos. Por otra parte, la Guardia Civil y la Policía Autonómica han asumido la vigilancia de las instalaciones por la noche.

Servicio de bomberos

En enero de 2013, Aerocas firmó un convenio con el Consorcio Provincial de Bomberos para la prestación del servicio de bomberos en el aeropuerto. En virtud del mismo, Aerocas se comprometió a proporcionar equipamientos a dos mandos y seis bomberos, con un desembolso de 35.385 euros, así como al mantenimiento (800 euros anuales). Además, asumió los gastos de formación del personal adscrito al servicio del aeropuerto, con un coste de 36.200 euros.

El convenio también estableció los costes de operación del personal. Hasta la puesta en marcha del aeropuerto, se fijó, para un turno de 8 horas, un precio de 41 euros/hora por mando y de 30 euros/hora por bombero.

Estos contratos se firmaron durante el mandato de Carlos Fabra. La llegada de José Císcar a la presidencia de Aerocas ha supuesto un ahorro del 81 % en gasto corriente, lo que evidencia el descontrol que hubo en la sociedad pública promotora del aeropuerto de Castelló.

Fuente: http://www.levante-emv.com/castello/201 ... medium=rss

 

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Los amos de los guardianes

A muchos, el nombre de Michael Larson les sonará, literalmente, a sueco..., a literato sueco. Pero no, Larson no escribe libros; desde una pequeña oficina de Seattle, este ejecutivo lleva dos décadas comprando y vendiendo empresas por todo el mundo en nombre de Bill Gates. Hace un mes se supo que el fondo Cascade, liderado por Larson había adquirido entre un 2% y un 3% de Prosegur, la mayor empresa de seguridad española, una operación de la que, por cierto, no hay rastro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues Gates no supera el 3% del capital que obliga a informar al regulador.

En España, hay un guardián del orden por cada 144 personas. La cuenta sale de que, según los últimos datos de la patronal del ramo, hay 82.150 vigilantes privados en activo (unos 223.000 con licencia), a los que hay que añadir otros 241.791 agentes públicos, entre guardias civiles y policías nacionales, locales y autonómicos.

Esa proporción da la pista a los asesores de Bill Gates y al resto de inversores de que a la industria de la seguridad le queda mucho recorrido. A medida que desaparecen los bedeles, los funcionarios de prisiones, los ordenanzas, los porteros de finca, los guardeses, los civiles que cachean en los aeropuertos, los celadores sanitarios, los taquilleros del Metro, los ujieres de los juzgados e, incluso, los manitas de los centros de enseñanza... se abren paso los guardias jurado y la industria acorazada de videovigilancia, escáneres..., a los que pronto se unirán otros artilugios como los drones o las googleglass.

El negocio de la seguridad crece en una sociedad que cada vez le concede más atribuciones. Este mes, el Gobierno ha aprobado una Ley que permite a los jurados patrullar por las calles, detener a sospechosos y pedirles los datos o vigilar a presos, así como ayudar a la policía en el ejercicio de su función pública (todo un aviso a patrullantes).

"Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos". No es el eslogan de Securitas, sino el preámbulo de la reciente norma, votada por PP, CiU y PNV, y celebrada por el sector. Y ya se sabe que cuando una patronal abraza una ley, algo nuestro se quema.

A diferencia de un cuerpo del Estado, crear y mantener una empresa de seguridad no presenta complicaciones. Una oficina, un registro, uniformes, taquillas... De hecho, la mayoría de las empresas del sector (72%) no llega a 20 empleados. Que prospere suele tener que ver con las relaciones de sus directivos y consejeros con el poder y otros empresarios. No en vano, ahí está la ristra de políticos y ex políticos, y familiares de estos, que circulan habitualmente por sus consejos de administración.

Y así, una docena de empresas se reparten el 70% del negocio que genera el sector en España. He aquí algunos de sus principales propietarios y beneficiarios.

* Helena Revoredo Delvecchio. Enviudó en 1997 de Herberto Gut, uno de los fundadores de Prosegur, donde ejerce como presidenta y socia principal (50,2%). También es consejera y accionista del Banco Popular (tiene el 0,111%) y de Mediaset. Prosegur es la primera compañía del sector (147.300 empleados), que en cuatro años ha duplicado su facturación hasta los 3.700 millones de euros. Conservadora y religiosa, Revoredo, invierte además en artes gráficas e inmuebles, es accionista principal del centro Euroforum de El Escorial (Madrid) y dueña de la finca San Huberto.

* Mirta María Giesso Cazenave. Otra viuda, ésta de Graciano Álvarez (muerto en 2000), ostenta el 5,63% de Prosegur, a través de la sociedad AS de Inversiones, con sede en el barrio de Salamanca de Madrid, en la que participan también sus cuatro hijas.

* MassMutual Finantial Group. Es el nombre comercial de Massachusetts Mutual Life, pilar de la industria financiera en EEUU. Participa en Prosegur a través de su fondo Openheimer (5,66%). MassMutual es, además, propietaria de Barings, un legendario fondo de inversión con 250 años de historia, cuya oficina española controla el 64% de Casesa, quinta compañía del sector, donde es socio minoritario Francisco Javier García Saldaña. Casesa es una de las empresas que explotaba el servicio de escoltas en el País Vasco.

* Mónica de Oriol e Icaza. Es la primera mujer que preside el Círculo de Empresarios. Ostenta el 41,8% de Seguriber-Umano, en sociedad con Antares, propiedad de otras familias prósperas asentadas en el País Vasco (Velasco, Aristrain, Gorbeña y Riberas). Azote sindical, Oriol se sienta en el consejo de Indra, es madre de seis hijos y forma parte de una de las dinastías -los Oriol- más tradicionales del País Vasco, bisnieta del fundador de Talgo y sobrina de ex presidente de Iberdrola. Está casada en segundas nupcias con Alejandro Aznar Sainz, dueño de la Naviera Aznar y las Bodegas Marqués de Riscal, y socio minoritario de la embotelladora ibérica de Coca-Cola.

* Gustaf Douglas y Melker Slöring. Ambos pertenecen a la aristocracia empresarial sueca y entre los dos controlan el 41,33% del accionariado de Securitas AB, matriz de Securitas, la segunda compañía del sector en España. Douglas también ejerce como político en el partido conservador sueco, y es un activo filatélico. A su vez, Slöring es el quinto más rico de su país gracias a su holding inversor MSAB, primer socio de la tecnológica Hexagon.

* MCH Capital. El fondo español de inversión MCH controla la mayoría del accionariado de Segur Ibérica, tercera firma del sector por facturación, que fue presidida por Pedro Morenés antes de que Rajoy le nombrara ministro de Defensa. MCH está especializado en aglutinar capital de particulares -aunque se desconoce de cuáles- que desean invertir en compañías para su posterior venta con plusvalías.

* Corpfin Capital. La firma de inversión participada por las familias Oriol Díaz-Bustamante, Gandarias, Sarasola Jáudenes -Borja Sarasola es consejero de Medio Ambiente y Territorio (urbanismo) en la Comunidad de Madrid-, Lavilla y Álvarez Navarro (Santa Lucía) es otro de los puntales del capital riesgo español. Desde 2004, dosde sus fondos suman el 36% de Segur Ibérica, con 7.000 empleados, cuyo consejero delegado dimitió el mes pasado por el caso Adif. Corpfin también fue socia (38%) de Sagital entre 1993 y 2000.

* Familia Álvarez. De los 78.000 empleados que suma la multinacional Eulen, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El octogenario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En esa lucha, cinco de sus hijos se enfrentan al patriarca familiar y sólo dos hijos le son fieles. El culebrón dura ya cinco años.

* Enrique Sánchez González. Es el socio mayoritario (72%) de Segurisa y de Sagital, que da nombre a su grupo de empresas. Viejo conocido de Florentino Pérez, de los tiempos de UCD, formación con la que fue diputado por Madrid, Sánchez fue portavoz del Real Madrid y ejerce como directivo y vicepresidente de la Fundación del club. Sus empresas custodian, por ejemplo, las instalaciones del Canal de Isabel II.

* Tirso y Alfonso Tomás Herrero. Son los propietarios del Grupo Falcon, antigua división de seguridad de FCC, creada para la vigilancia de sus instalaciones y que se segregó a finales de los años 90 del grupo controlado por Esther Koplowitz.

* La Once. La Organización Nacional de Ciegos Españoles es propietaria de Vigilancia de Instalaciones (Vinsa), otra de las grandes del sector, englobada dentro del grupo de servicios Alentis.

Fuente: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/bil ... ianes.html

 

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La sección sindical de UGT en el CETI de Melilla pide más vigilantes de Seguridad al haber pasado de 480 a 1.900 los inmigrantes

Ángel Valencia: La Secretaria de Acción Sindical de UGT-Melilla, Mayte Molina, denunciaba hoy en rueda de prensa, que los vigilantes de seguridad de la empresa Serramar que prestan servicios en el Centro Temporal de Inmigrantes CETI, se encuentran sobrecargado de trabajo, al haber exclusivamente ocho vigilantes para atender la seguridad interna de “1.900”, cuando la capacidad del mismo es de “480”.

Enfrentamientos por la convivencia

“La convivencia es la que enfrenta a unos inmigrantes con otros, ya que existen de diferentes nacionalidades, se enfrentan simplemente por una botella de agua, por las colas de los comedores, y ocho vigilantes no es posible de que puedan guardar la seguridad en el recinto”.

La Dirección del Centro y la Delegación del Gobierno pasan de buscarles soluciones

Molina manifestaba que tanto el director del CETI Carlos Montero Díaz, como el delegado del Gobierno Abdelmalik El Barkani, conocedores del agobiante problema, al haberse sido informados en diferentes ocasiones se niegan en tomar medidas para que sea ampliado el servicio de vigilantes de seguridad, responsabilizándoles de lo que esta sucediendo.

Las salidas de inmigrantes no se llevan con la rapidez que exigen las circunstancias

Para Dámaso García, delegado de personal de la UGT en el CETI, la salida de los inmigrantes para centros de la península no se está llevándose con la rapidez que deberían, ya que el haber 1.900 en la actualidad es un peligro permanente de seguridad por los enfrentamientos entre ellos mismos, los cuales saltan por cualquier motivo, recordando así mismo que en la avalancha del 2.005 la descongestión del Centro Temporal de Inmigrante algo que no esta sucediendo en estos momentos a pesar de haberse multiplicado casi por cuatro el número de acogido y con la agravante de poder haber en cualquier momento nuevos asaltos.

Vigilantes heridos por los inmigrantes

Finalizaba la rueda de prensa la Secretaria de Acción Sindical de UGT-Melilla, indicando que varios vigilantes de seguridad se han visto agredidos e inclusos heridos por los propios inmigrantes a la hora de poner orden y que en diversas ocasiones han tenido que solicitar la presencia de la Guardia Civil al no poder ellos solos controlar la seguridad, por lo que la ugetista solicitaba con carácter de urgencia la ampliación de vigilantes en el CETI.

Fuente: http://www.norteafrica.com/la-seccion-s ... migrantes/

 

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Inspección de trabajo de Bizkaia tramita un acta de infracción contra Prosegur por acosar moralmente a una trabajadora

La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha decidido extender el acta de infracción por falta muy grave a la empresa Prosegur por acoso moral a una trabajadora que ha sufrido un "claro atentado contra su dignidad", según informa CCOO de Euskadi, sindicato que denunció lo ocurrido. CCOO de Euskadi, además, exige que la sanción sea ejemplar al tratarse de una "conducta inaceptable". La trabajadora está contratada como técnico de cajeros y está de baja médica desde el 2 de diciembre.

La resolución de Inspección de Trabajo, siempre según el sindicato, considera probado que la trabajadora permanece desde el día 13 de noviembre de 2013 en las oficinas de la compañía a la espera de que se le adjudique trabajo efectivo. Señala asimismo que "la empresa ha vaciado de contenido efectivo la prestación de trabajadora, lo cual constituye un claro atentado contra su dignidad". Si bien Prosegur alude a causas productivas para la falta de ocupación de la trabajadora, advierte también que no se ha preocupado en ningún momento de acreditar esas causas ni de adoptar ningún tipo de medida, del tipo que sea, para paliar la situación.

Además, en el caso de que existiese causa justificada para que la empresa no pueda darle trabajo efectivo, la Inspección de Trabajo considera que Prosegur debería de haber relevado a la trabajadora de su obligación de acudir al centro de trabajo.

Por otra parte, se considera acreditado que existe una voluntad empresarial previa de modificar las condiciones de trabajo y que la trabajadora se negaba a esta modificación, siendo este conflicto lo que ha motivado que la empresa no la encomiende trabajo efectivo pero, a la vez, la haga acudir al centro de trabajo "para no hacer nada", tal y como se recoge de forma textual en la resolución.

En definitiva, "la empresa ha cometido un atentado contra la dignidad de la trabajadora, basado en una falta de ocupación efectiva manifiesta con obligación de acudir al centro de trabajo, y con el objetivo de presionarla para modificar sus condiciones de trabajo".

El responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha considerado que el presente caso es "escandaloso", y ha reclamado que la sanción a la que tenga que hacer frente Prosegur España SL sea ejemplar. "A ninguna empresa, ni siquiera a una del tipo de la que hablamos, con infinidad de contratos en las administraciones públicas y en gran cantidad de obras públicas, se le puede tolerar que actúe de esta manera, presionando y acosando a sus trabajadores", ha concluido.

Fuente: http://www.elcorreo.com/vizcaya/2014042 ... 21457.html

 

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Una granada inutilizada obliga a desalojar la sede de Correos de Sant Cugat

Una granada inutilizada hizo saltar las alarmas este lunes por la noche en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), aunque rápidamente los cuerpos policiales descubrieron que se trataba de un artefacto explosivo ya inutilizado que podría pertenecer a un coleccionista.

Los hechos sucedieron este lunes por la noche, pasadas las 21.00h, cuando según han confirmado los Mossos d’Esquadra a LaVanguardia.com, un vigilante de la sede de Correos de Sant Cugat, en la calle Danubi, identificó un posible explosivo en un paquete. La alarma activó todo el aparato de seguridad y movilizó a los Mossos d’Esquadra y su brigada Tedax.

El protocolo desalojó todo el edificio con celeridad y la brigada antiexplosivos, ya en el lugar de los hechos, confirmó rápidamente que se trataba de una falsa alarma y que la granada estaba inutilizada, sin carga explosiva, y podría pertenecer a un coleccionista. Tras la identificación, se cerró el disposivito de seguridad y el centenar de trabajadores desalojados pudo volver a sus puestos de trabajo.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/local/sabad ... cugat.html

 

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Tapiar y vigilar el restaurante San Roque costará 35.000 euros

Es difícil cuantificar el valor de todo el mobiliario y maquinaria robado del restaurante San Roque de Artxanda en las últimas semanas. Sus anteriores propietarios, que invirtieron en una profunda reforma del negocio hace ahora poco más de una década, ya no están en disposición de reclamarlo. Sin embargo, el saqueo al que ha sido sometido sí tendrá un coste económico para las arcas municipales. Y la factura asciende a 35.000 euros en concepto de limpieza, sellado y vigilancia del inmueble.

Ayer comenzaron los trabajos para tapiar el edificio, tras las labores de limpieza que se llevaron a cabo a lo largo del fin de semana. El objetivo es cubrir con ladrillos todas las puertas y ventanas, además de cualquier agujero que se haya practicado en los muros como vía de acceso. El trabajo es relativamente sencillo, por lo que la mayor parte de la partida que el Consistorio se gastará en el San Roque corresponde a la vigilancia. Pese a que en un principio se apuntó que la Policía Municipal realizaría rondas diarias en las inmediaciones del antiguo restaurante, finalmente se ha optado por contratar seguridad privada.

La razón que aducen desde el equipo de gobierno es que, pese a que el edificio continúa siendo propiedad municipal, se ubica en suelo de Sondika. Pese a que la distancia a la que se sitúa apenas supone unos cientos de metros fuera de los límites de Bilbao y que ambos municipios están gobernados por el mismo partido, un guarda jurado custodiará el edificio. La guardia urbana de la villa podría patrullar la zona de forma ocasional, pero «no sería correcto» que realizara una «vigilancia constante» como la que se ha previsto para el edificio, argumentan las mismas fuentes.

Por el momento, los esfuerzos del Ayuntamiento se centran en evitar por todos los medios nuevos pillajes, a pesar de que el inmueble apenas albergaba ya nada de valor. Mientras tanto, sigue sin haber rastro de los responsables del robo en una propiedad municipal. El Ayuntamiento dio parte al seguro e interpuso la correspondiente denuncia, pero las pesquisas no dependen de la Policía Municipal de Bilbao, por la misma razón por la que ésta no se encarga de vigilar el San Roque. A su vez, continúan las negociaciones para tratar de dar salida al antiguo restaurante, que podría acabar reconvertido para un uso diferente al hostelero.

Fuente: http://www.elcorreo.com/bizkaia/201405/ ... 24305.html

 

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Miembros de seguridad pública y privada escenifican en FREMM la excelente colaboración que mantienen en la Región

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entregan su mención en reconocimiento a la colaboración a 70 vigilantes y trabajadores de seguridad vinculados a la Asociación de Empresas de Seguridad de la Región de Murcia, Aresmur, integrante de FREMM.

Francisco Muñoz Usano, vocal-Experto de la Comisión Mixta de Coordinación de la Seguridad Privada del Ministerio del Interior, sostiene que la nueva Ley de Seguridad, "garantiza aún más la seguridad del ciudadano, que es quien sale ganando". Por su parte la presidenta de Aresmur, Encarna Ortiz, destaca que "la nueva ley abre oportunidades a la realización de servicios de seguridad privada en zonas públicas".

Setenta vigilantes y trabajadores de seguridad han recibido hoy de manos de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región una mención en reconocimiento a su colaboración con las instituciones en el mantenimiento de la seguridad. El acto se incluyó dentro de la celebración del "Día de la Seguridad Privada", que estuvo organizada por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia y la Asociación de Empresas de Seguridad de la Región de Murcia, Aresmur, en FREMM.

El evento fue inaugurado por el secretario general de la Delegación del Gobierno en Murcia, Fernando Mateo, quien estuvo acompañado por el presidente de FREMM, Juan Antonio Muñoz, y de la presidenta de Aresmur, Encarna Ortiz, además de contarse con la asistencia jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Pedro Vidal Espinosa y el teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Murcia, Arturo Prieto Bocet, entre otras personalidades. La clausura estará a cargo del jefe superior de Policía de Murcia, Cirilo Durán Reguero.

La jornada comenzó con la intervención de Francisco Muñoz Usano, quien centró la atención del evento ante inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada, prevista el próximo 4 de junio. Para Muñoz, vocal-Experto de la Comisión Mixta de Coordinación de la Seguridad Privada del Ministerio del Interior, la normativa "garantiza aún más la seguridad del ciudadano, que es quien sale ganando".

Durante su intervención, aludió asimismo a los cambios recogidos en la nueva regulación sobre empresas de seguridad, al igual que en el operativo de vigilancia y de sistemas, donde se refirió a los nuevos criterios en materia de colaboración entre las empresas de vigilancia y las fuerzas y cuerpos de seguridad. "La ley no afecta a la relación de los ciudadanos con la seguridad", garantizó, además de resaltar la línea progresiva de reforma y mejora que ha seguido la normativa desde 1992.

Según expuso el ponente, a partir de primeros de junio, el vigilante mantiene las mismas atribuciones que antes, "se refuerza el uso de la seguridad privada respecto a la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en sus servicios al ciudadano, ya que los profesionales de seguridad en empresas privadas y centros públicos estarán obligados a colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado, si presencian cualquier hecho que vaya contra la seguridad".

El también presidente de la Sociedad Española de Estudios de Derecho de Seguridad, aseguró que la formación de los vigilantes privados está garantizada por ley desde el año 2011, cuando se recogió la especialización complementaria de este personal. En cuando a una posible extralimitación, aludió al escaso índice de quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo sobre los vigilantes, en relación a otros profesionales. "Existen mecanismos de inspección y control por parte de la policía y también un sistema de reconocimiento desde las FES a las empresas".

El reconocido experto en seguridad valoró la ley como "muy positiva", al haberse elaborado desde el Ministerio de Interior, tras escucharse a usuarios, empresas y personal de seguridad, además de haber pasado el filtro del Parlamento español". Por otra parte, resaltó el alto interés existente en el sector de la seguridad privada en Murcia por "hacer bien las cosas".

Por su parte, la presidenta de Aresmur destacó en el evento, igualmente, que la nueva ley abría oportunidades a la realización de servicios de seguridad privada en zonas públicas, además de proteger la figura del vigilante, al darle carácter de agente de la autoridad en determinados casos, y de liberalizar determinados requisitos en las comunicaciones de las instalaciones de los sistemas de seguridad.

Durante la jornada, se contó con la participación, asimismo, de Ignacio Carrasco, vocal de la junta directiva de la Federación Española de Seguridad Privada, quien trató sobre "Protección de datos en la Videovigilancia".

En la mesa redonda celebrada a continuación sobre "Las Instalaciones de seguridad privada realizadas por ¿Empresas autorizadas o NO?", Encarna Ortiz, que actuó también de moderadora, puso como valor diferencial dentro del sector la obtención de una garantía de calidad. "Las empresas de seguridad siguen unos trámites y cumplen unos requisitos empresariales que garantizan que el cliente reciba, no sólo una alarma, sino un asesoramiento en seguridad sobre la protección adecuada de sus bienes".

Asimismo, resaltó que se ofrecen garantías en cuanto a las instalaciones de circuito cerrado de televisión. "Es fundamentalmente lavalidez de sus imágenes, como medio de prueba ante cualquier juzgado" matizó la representante empresarial, quien contó en el acto con la intervención de Celso Rodríguez Corral, secretario general del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia; Javier Nardiz, jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Dirección General de Policía, el teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Murcia, y José María Pliego, gerente de Alarmas Murcia, S.L.

El sector de empresas de seguridad en la Región, acoge en la región a unas 60 pymes, con 2.000 empleos directos.

Fuente: http://www.murcia.com/region/noticias/2 ... region.asp

 

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Serramar anuncia que renuncia a su contrato de vigilancia en el CET

La empresa ha comunicado al Ministerio de Trabajo su intención de no finalizar el periodo del contrato. El responsable de Serramar afirma que ya hay otra empresa que tomará el relevo de forma inminente.

La empresa de seguridad Serramar han tomado la decisión de renunciar al contrato de vigilancia en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El director de la empresa, Jesús Nagore, explicó a El Faro que por el bien de sus trabajadores en el centro y a causa de los problemas económicos de la empresa han tomado esta determinación y así se lo comunicaron recientemente al Ministerio de Trabajo.

El cese del contrato se produce mucho antes de la finalización de la vigencia del mismo, según explicó Nagore, pero asegura que el Ministerio ya ha encontrado a un sustituto para Serramar en la vigilancia del CETI. Aunque desconoce el nombre de la empresa que la relevará, su llegada a Melilla parece más que inminente. Nagore afirmó que es muy posible que sea el próximo mes de junio.

“Hemos tomado esta decisión por la tranquilidad de los trabajadores. Es cierto que la empresa tiene algunos problemas económicos y no podemos pedirles a los vigilantes del CETI que esperen a cobrar un poco más tarde, teniendo en cuenta lo que ya tienen que afrontar con un CETI completamente saturado”, explicó Nagore en declaraciones a El Faro. “No es momento de pedirle a los trabajadores un esfuerzo. Por eso creemos que es mejor que dejemos el contrato del CETI”, lamentó el director de Serramar. Añadió que la empresa que les relevará es “solvente”, según han constatado los responsables ministeriales. “La empresa que va a ir al CETI de Melilla nos consta que es solvente porque el Ministerio se ha preocupado mucho de que eso sea así”.

Un mes de impago

Después de que el mes pasado Serramar se pusiera al día con el pago de las nóminas a los vigilantes del CETI, parecía que las aguas habían vuelto a su cauce. Sin embargo, el sindicato UGT convocó ayer a los medios de comunicación para una rueda de prensa en la mañana de hoy en la que anunciarán nuevas movilizaciones porque a los trabajadores se les adeuda un mes de salario.

Según explicó el director de Serramar, efectivamente se les debe la nómina de abril, pero informó de que se habían empezado a ingresar los sueldos en la jornada de ayer. Por ello, dijo no entender la nueva movilización de los trabajadores. Además, aseguró que antes de que Serramar cese el servicio en el CETI dejará las cuentas resueltas con los trabajadores, que serán subcontratados por la nueva empresa que les releve, según explicó Nagore. Aclaró que todo esto se lo han comunicado ya a los delegados sindicales.

Por último, el director de la empresa aclaró que Serramar únicamente deja el contrato de seguridad del CETI, pero continuará prestando su servicio en otras instalaciones de Melilla.

UGT anuncia hoy movilizaciones contra Serramar

La UGT Melilla tiene previsto anunciar en la mañana de hoy nuevas movilizaciones contra la empresa de seguridad Serramar, según informó ayer en nota de prensa. La secretaria de Acción Sindical, Maite Molina, y el secretario general de la Federación de Servicios del sindicato, José Luis Faus, serán los que intervengan en la comparecencia ante los medios de comunicación, según la convocatoria.
Al parecer el motivo de las nuevas movilizaciones, según pudo saber El Faro, es que Serramar debe a los vigilantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) la nómina de abril y, ante el temor de que vuelva a producirse un retraso en el pago de los salarios, teniendo en cuenta de que está a punto de finalizar el presente mes de mayo, el sindicato ha decidido movilizar sus filas.

La empresa confirmó a El Faro que, efectivamente, se adeuda la nómina de abril a los vigilantes, aunque explicaron que los ingresos comenzaron a efectuarse ayer mismo. Además, el director de Serramar explicó que los delegados sindicales están informados también de la decisión de la empresa de cesar su contrato de servicio en el CETI.

Fuente: http://elfarodigital.es/melilla/politic ... -ceti.html

 

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El Govern saca a concurso el servicio de vigilancia de los centros de Es Pinaret y Son Fusteret

La Conselleria de Familia y Servicios Sociales ha sacado a concurso los servicios de vigilancia y seguridad de los centros socioeducativos para menores y jóvenes Es Pinaret y Es Fusteret -ya que el anterior está a punto de finalizar- incluyendo una serie de requisitos técnicos y formativos que deben cumplir los vigilantes.

El objetivo de estas nuevas condiciones es evitar que se puedan reproducir conductas inadecuadas como las detectadas en el pasado, según ha informado el Govern en un comunicado.

En el pliego de condiciones, publicado el pasado sábado en el BOIB, se establecen cláusulas como que se reserva para el director del centro la potestad de que sean retirados del servicio los vigilantes atendiendo a una motivación concreta, la dirección también tendrá una parte más activa en la selección de estos trabajadores en el caso de que tengan que ser sustituidos, y se establece un nivel formativo por parte de los vigilantes relacionado con la delicada labor que realizan.

También se hace una descripción más detallada de cuáles son las funciones de estos trabajadores y cómo es el servicio que deben prestar, y se establecen penalizaciones muy específicas y que incluso, por causas concretas, podrían llevar a la rescisión del contrato.

Concretamente, los pliegos hacen referencia a que la empresa no podrá reemplazar el personal que trabaja en el centro unilateralmente, ni temporal ni definitivamente. Además, estará obligada a sustituir el personal por diversas cuestiones justificadas como son "quejas que se formulen por escrito de forma motivada, tanto por incumplimiento de tareas encomendadas, falta de celo profesional, comportamiento incorrecto, o incompatibilidad con los trabajadores del centro".

Y, en caso de que se produzca una sustitución, la selección del personal la hará el órgano contratante (Fundación S'Estel) a partir de los currículos que aporte la empresa, introduciéndose la posibilidad de incluir una entrevista personal con los candidatos en el proceso de selección.

Funciones que deben cumplir los vigilantes

Otro de los temas que ha quedado más especificado son las funciones que deben cumplir los vigilantes de estos centros y se ha intentado detallar al máximo cómo tiene que desarrollarse el servicio.

Entre otras novedades incluidas en este pliego, está la introducción de actividades formativas obligatorias para los trabajadores de vigilancia adscritos a estos centros, teniendo en cuenta la especificidad del tipo de servicio que se debe prestar en estos casos.

Finalmente, las penalizaciones económicas establecidas por la Administración por incumplimiento del contrato se han concretado más y también han quedado mucho más especificadas las causas de su rescisión. Un ejemplo es que se considera incumplimiento o falta muy grave "la negligente intervención en el mantenimiento del orden interno del centro y/o llevar a cabo una actuación o comportamiento inadecuado con los menores internos".

El contrato con la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad acaba a finales del próximo mes de julio y, aunque se podría haber prorrogado por dos años más, la Fundación S'Estel ha preferido no hacerlo y sacar un nuevo concurso, con el objetivo de endurecer ciertos requisitos y que no se repitan determinadas conductas del pasado.

Cabe recordar que la Conselleria ha actuado desde el primer momento en que se conocieron posibles conductas no apropiadas entre el personal de vigilancia de Es Pinaret, poniéndolo en conocimiento de diversos organismos competentes.

De la misma manera, trabajó para buscar una solución que garantizara un servicio adecuado y estable para los menores de los centros socioeducativos que dependen de la Fundación S'Estel.

También, se instó a la dirección del centro a que solicitara a la empresa adjudicataria actual la retirada del servicio de cuatro vigilantes sobre los que se había recibido quejas en este sentido, por lo que desde ese momento (4 de octubre de 2013), no han vuelto a trabajar allí.

Fuente: http://www.elmundo.es/baleares/2014/05/ ... b4570.html