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Mi pésame a la familia del fallecido y desearles una pronta mejoría a los otros heridos.
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Aportación de Caskeiro:
Caskeiro dijo:La Policía busca a un joven de 16 años y con 11 antecedentes penales por robo como el conductor del coche robado que perseguía el policía nacional muerto ayer.
El joven, con 11 antecedentes penales por robo, conducía un Seat Córdoba robado saltándose los semáforos y haciendo el kamikaze. Cuando el coche del agente fallecido, de camuflaje, se interpuso, los ladrones no dudaron en arrollarlo y el policía, de 24 años y aún en prácticas, murió en el accidente.
El siniestro ocurrió sobre las 3.30 horas del lunes en la A-42 (carretera de Toledo), concretamente en la entrada a la avenida de los Poblados, cuando el coche policial perseguía a un vehículo sospechoso en el marco de una operación y colisionó violentamente contra la valla protectora que separa la calzada de la acera.
Según fuentes de Emergencias Madrid, el impacto fue "muy violento", lo que provocó que el vehículo arrancara 15 metros de valla.
Tres de los ocupantes del vehículo fueron dados de alta en el lugar del siniestro, mientras que el agente fallecido fue trasladado al hospital 12 de Octubre con "heridas muy graves".
El agente de 24 años murió tras haber sido intervenido de dos heridas abiertas, muy graves, en el tórax y abdomen, que le habían producido una evisceración (salida de las vísceras fuera del abdomen como consecuencia del fuerte traumatismo).
http://www.20minutos.es/noticia/216504/ ... rsecucion/
D.E.P.
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La Policía Nacional detiene a cuatro personas por comercializar señales pirateadas de televisión vía satélite
A través de sus respectivas mercantiles vendían e instalaban equipos descodificadores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En algunos casos falsificaron documentos para atribuir direcciones falsas del Reino Unido, requisito para acceder a determinadas plataformas
13-abril-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por comercializar, presuntamente, señales pirateadas de televisión vía satélite. A través de sus respectivas mercantiles vendían e instalaban equipos descodificadores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y podrían haber causado un perjuicio de 1.000.000 de euros. En algunos casos falsificaron documentos para atribuir direcciones falsas del Reino Unido, requisito para acceder a determinadas plataformas.
La operación comenzó al tener conocimiento los investigadores de la existencia de diferentes empresas con domicilios sociales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que podrían estar relacionadas con el “pirateo” de señales de televisión digital vía satélite de plataformas de diferentes países. Las pesquisas iniciales permitieron descubrir que cuatro mercantiles se dedicaban a la comercialización e instalación de equipos fraudulentos en domicilios y establecimientos abiertos al público de Tenerife. Facilitaban a sus clientes los descodificadores y las tarjetas inteligentes (“smartcards”) necesarias para visualizar las diferentes señales emitidas por diferentes plataformas satelitales internacionales. De esta manera podían acceder de manera fraudulenta a diferentes señales, lo que supone una vulneración a la propiedad intelectual que ostentan los legítimos propietarios en territorio español de dichos contenidos. Se estima que el perjuicio ocasionado a los titulares de los derechos asciende a 1.000.000 de euros.
Falsificaciones de documentos mercantiles
Las propias empresas suministradoras eran conscientes de la ilegalidad de su conducta e informaban a sus clientes de lo anterior a través de diferentes cláusulas contractuales. En alguna de estas cláusulas reconocían que para acceder a ciertas plataformas se requiere una dirección de residencia en el Reino Unido, y la recepción fuera de dicho territorio no está permitida. Para salvar dicho requerimiento las empresas investigadas falsificaban documentos mercantiles para atribuir direcciones falsas de poblaciones del Reino Unido a los clientes y así activar determinados contratos.
La investigación, que continúa abierta, condujo a la detención de los cuatro máximos responsables de las empresas investigadas por delitos contra la propiedad intelectual, falsedad en documento mercantil y defraudación de las telecomunicaciones, así como al registro de sus sedes.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Comisaría General de Policía Judicial, y del Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Sur de Tenerife.
A través de sus respectivas mercantiles vendían e instalaban equipos descodificadores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
En algunos casos falsificaron documentos para atribuir direcciones falsas del Reino Unido, requisito para acceder a determinadas plataformas
13-abril-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por comercializar, presuntamente, señales pirateadas de televisión vía satélite. A través de sus respectivas mercantiles vendían e instalaban equipos descodificadores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y podrían haber causado un perjuicio de 1.000.000 de euros. En algunos casos falsificaron documentos para atribuir direcciones falsas del Reino Unido, requisito para acceder a determinadas plataformas.
La operación comenzó al tener conocimiento los investigadores de la existencia de diferentes empresas con domicilios sociales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que podrían estar relacionadas con el “pirateo” de señales de televisión digital vía satélite de plataformas de diferentes países. Las pesquisas iniciales permitieron descubrir que cuatro mercantiles se dedicaban a la comercialización e instalación de equipos fraudulentos en domicilios y establecimientos abiertos al público de Tenerife. Facilitaban a sus clientes los descodificadores y las tarjetas inteligentes (“smartcards”) necesarias para visualizar las diferentes señales emitidas por diferentes plataformas satelitales internacionales. De esta manera podían acceder de manera fraudulenta a diferentes señales, lo que supone una vulneración a la propiedad intelectual que ostentan los legítimos propietarios en territorio español de dichos contenidos. Se estima que el perjuicio ocasionado a los titulares de los derechos asciende a 1.000.000 de euros.
Falsificaciones de documentos mercantiles
Las propias empresas suministradoras eran conscientes de la ilegalidad de su conducta e informaban a sus clientes de lo anterior a través de diferentes cláusulas contractuales. En alguna de estas cláusulas reconocían que para acceder a ciertas plataformas se requiere una dirección de residencia en el Reino Unido, y la recepción fuera de dicho territorio no está permitida. Para salvar dicho requerimiento las empresas investigadas falsificaban documentos mercantiles para atribuir direcciones falsas de poblaciones del Reino Unido a los clientes y así activar determinados contratos.
La investigación, que continúa abierta, condujo a la detención de los cuatro máximos responsables de las empresas investigadas por delitos contra la propiedad intelectual, falsedad en documento mercantil y defraudación de las telecomunicaciones, así como al registro de sus sedes.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Comisaría General de Policía Judicial, y del Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Sur de Tenerife.
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[size=1[color=#0000FF]La Policía Nacional localiza a tres fugitivos internacionales[/color]50][/size]
Han sido arrestados en Alicante y Málaga, al tener en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Extradición
16-abril-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres fugitivos internacionales en Alicante y Málaga. Tenían en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Extradición por delitos de robo, fraude, y blanqueo de capitales.
Los agentes dieron con el paradero de I.S.J., ciudadano británico de 24 años de edad, en la localidad alicantina de Formentera del Segura. Estaba reclamado por la justicia de su país por los delitos de robo, apropiación indebida y daños, cometidos en 2006 en Chorley (Inglaterra).
Por otro lado, E.K., de nacionalidad alemana y 59 años de edad, fue detenido también en la provincia de Alicante, en concreto en la localidad de Els Poblets, en las inmediaciones de su domicilio. Era buscado por las autoridades germanas por delitos de fraude y falsedad documental cometidos entre 2003 y 2005, cuando trabajaba como asesor financiero. A raíz de sufrir ciertos problemas económicos comenzó a captar dinero de compañeros y clientes, en teoría para invertirlo en productos de su empresa, cuando en realidad los destinaba para fines particulares.
Por último, T.G.G.K., ciudadano danés de 30 años de edad, fue detenido en Fuengirola (Málaga), al tener en vigor una Orden Europea de Detención de la justicia de Reino Unido por catorce delitos relacionados con estafas y blanqueo de capitales. Los hechos por los que este fugitivo era buscado se remontan al período de tiempo comprendido entre los años 2003 y 2006, cuando formó parte de varias empresas corredoras de bolsa supuestamente dedicadas a inversiones de capital. Organizó varias operaciones que en realidad tenían el propósito de estafar a los inversionistas para que compraran acciones que no tenían ningún valor. Muchas personas compraron estas acciones, creyendo que eran legítimas, y descubrieron posteriormente que eran fraudulentas. El valor total del fraude ascendió a unos 3.000.000 £ (libras esterlinas).
Las detenciones han sido realizadas por el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de las respectivas Brigadas Provinciales de Policía Judicial.
Han sido arrestados en Alicante y Málaga, al tener en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Extradición
16-abril-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres fugitivos internacionales en Alicante y Málaga. Tenían en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Extradición por delitos de robo, fraude, y blanqueo de capitales.
Los agentes dieron con el paradero de I.S.J., ciudadano británico de 24 años de edad, en la localidad alicantina de Formentera del Segura. Estaba reclamado por la justicia de su país por los delitos de robo, apropiación indebida y daños, cometidos en 2006 en Chorley (Inglaterra).
Por otro lado, E.K., de nacionalidad alemana y 59 años de edad, fue detenido también en la provincia de Alicante, en concreto en la localidad de Els Poblets, en las inmediaciones de su domicilio. Era buscado por las autoridades germanas por delitos de fraude y falsedad documental cometidos entre 2003 y 2005, cuando trabajaba como asesor financiero. A raíz de sufrir ciertos problemas económicos comenzó a captar dinero de compañeros y clientes, en teoría para invertirlo en productos de su empresa, cuando en realidad los destinaba para fines particulares.
Por último, T.G.G.K., ciudadano danés de 30 años de edad, fue detenido en Fuengirola (Málaga), al tener en vigor una Orden Europea de Detención de la justicia de Reino Unido por catorce delitos relacionados con estafas y blanqueo de capitales. Los hechos por los que este fugitivo era buscado se remontan al período de tiempo comprendido entre los años 2003 y 2006, cuando formó parte de varias empresas corredoras de bolsa supuestamente dedicadas a inversiones de capital. Organizó varias operaciones que en realidad tenían el propósito de estafar a los inversionistas para que compraran acciones que no tenían ningún valor. Muchas personas compraron estas acciones, creyendo que eran legítimas, y descubrieron posteriormente que eran fraudulentas. El valor total del fraude ascendió a unos 3.000.000 £ (libras esterlinas).
Las detenciones han sido realizadas por el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de las respectivas Brigadas Provinciales de Policía Judicial.
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Los sindicatos policiales se querellan contra Pumpido
Los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía -SUP, CEP, UFP y SPP- han anunciado la presentación de una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por sus manifestaciones de ayer en las que acusaba a la Policía de falta de colaboración en la lucha contra el entorno político de ETA. "No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras el titular de una de las más altas instituciones de nuestro país lanza sobre todo un Cuerpo una sospecha que nos injuria y calumnia", han advertido los cuatro sindicatos en un comunicado conjunto. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha expresado tras el Consejo de Ministros su "confianza" al trabajo de la policía.
Los sindicatos han exigido además al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que "salgan al paso" de las "graves imputaciones" de Conde-Pumpido "en el caso de que alberguen un mínimo de lealtad y ética". "Su silencio les convierte en cómplices. Si miran hacia otro lado darán cobertura a un ataque injusto e irresponsable. Cada día que pase y no se pronuncien les hará pasar a la historia de nuestro Cuerpo como la cúpula que permitió, sin oponer la más mínima resistencia, el insulto y el intento de descrédito de todo nuestro colectivo", denuncian los sindicatos.
61.000 funcionarios acusados
La polémica desatada ayer por la mañana por el fiscal general del Estado al poner en duda la colaboración de la policía con la Fiscalía en la investigación de listas electorales vinculadas a ETA fue aplcada por la tarde en un acto en el que coincidieron Conde-Pumpido y Velázquez y tras el que se aclaró que el problema ya estaba "arreglado" y "no se producirá más". El fiscal general matizó que "en general, la policía colabora magníficamente con la Fiscalía".
Para los cuatro sindicatos, las palabras de Conde-Pumpido son el ataque "más duro, injustificado, temerario y desleal" que ha recibido la policía, como institución, "desde el advenimiento de la democracia" y suponen imputar a 61.000 funcionarios "un comportamiento delictivo" en una materia especialmente sensible como la lucha antiterrorista. Han recordado además que el Cuerpo Nacional de Policía, a pesar de las palabras del fiscal general del Estado es una de las instituciones más valoradas y merece un grado de confianza alto o muy alto por parte de un 66,5% de los ciudadanos, según diversos estudios de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Sobre las palabras de Conde-Pumpido ha sido preguntada esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha querido zanjar la polémica. "Se trata de un maltentendido en un tema procedimental" ha dicho la portavoz del Ejecutivo que además ha aprovechado la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para expresar su "plena y total confianza en el trabajo que lleva a cabo la policía". La vicepresidenta, no obstante, ha evitado pronunciarse sobre la confianza del Gobierno ante el fiscal general del Estado. De la Vega se ha limitado a decir que Conde-Pumpido "ya ha aclarado" sus polémicas palabras.
Fuente: El País
Los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía -SUP, CEP, UFP y SPP- han anunciado la presentación de una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por sus manifestaciones de ayer en las que acusaba a la Policía de falta de colaboración en la lucha contra el entorno político de ETA. "No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras el titular de una de las más altas instituciones de nuestro país lanza sobre todo un Cuerpo una sospecha que nos injuria y calumnia", han advertido los cuatro sindicatos en un comunicado conjunto. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha expresado tras el Consejo de Ministros su "confianza" al trabajo de la policía.
Los sindicatos han exigido además al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que "salgan al paso" de las "graves imputaciones" de Conde-Pumpido "en el caso de que alberguen un mínimo de lealtad y ética". "Su silencio les convierte en cómplices. Si miran hacia otro lado darán cobertura a un ataque injusto e irresponsable. Cada día que pase y no se pronuncien les hará pasar a la historia de nuestro Cuerpo como la cúpula que permitió, sin oponer la más mínima resistencia, el insulto y el intento de descrédito de todo nuestro colectivo", denuncian los sindicatos.
61.000 funcionarios acusados
La polémica desatada ayer por la mañana por el fiscal general del Estado al poner en duda la colaboración de la policía con la Fiscalía en la investigación de listas electorales vinculadas a ETA fue aplcada por la tarde en un acto en el que coincidieron Conde-Pumpido y Velázquez y tras el que se aclaró que el problema ya estaba "arreglado" y "no se producirá más". El fiscal general matizó que "en general, la policía colabora magníficamente con la Fiscalía".
Para los cuatro sindicatos, las palabras de Conde-Pumpido son el ataque "más duro, injustificado, temerario y desleal" que ha recibido la policía, como institución, "desde el advenimiento de la democracia" y suponen imputar a 61.000 funcionarios "un comportamiento delictivo" en una materia especialmente sensible como la lucha antiterrorista. Han recordado además que el Cuerpo Nacional de Policía, a pesar de las palabras del fiscal general del Estado es una de las instituciones más valoradas y merece un grado de confianza alto o muy alto por parte de un 66,5% de los ciudadanos, según diversos estudios de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Sobre las palabras de Conde-Pumpido ha sido preguntada esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha querido zanjar la polémica. "Se trata de un maltentendido en un tema procedimental" ha dicho la portavoz del Ejecutivo que además ha aprovechado la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para expresar su "plena y total confianza en el trabajo que lleva a cabo la policía". La vicepresidenta, no obstante, ha evitado pronunciarse sobre la confianza del Gobierno ante el fiscal general del Estado. De la Vega se ha limitado a decir que Conde-Pumpido "ya ha aclarado" sus polémicas palabras.
Fuente: El País
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Los escándalos lastran el resultado del grupo 'antimafia' de Málaga
No se les ve, ni en las noticias, ni en las operaciones de mayor envergadura. La Udyco de la Costa del Sol, el grupo de élite contra el crimen organizado que tanto prestigio ha cosechado en los últimos años gracias a operaciones archiconocidas como el caso Malaya, Ballena Blanca o frecuentes casos contra narcos, secuestros y asesinatos entre mafiosos, lleva desaparecido casi un año.
En este tiempo, la unidad con la que muchos agentes novatos soñaban recibir sus primeras felicitaciones ha pasado a ser uno de los destinos más denostados. El motivo: dos operaciones de Asuntos Internos con la detención e implicación de cinco jefes de esta unidad, que han desestabilizado sus bases y han cuestionado la forma en la que trabajaban.
En 2007 Málaga sacó adelante casi una veintena de operaciones relacionadas con el crimen organizado, con 320 detenidos por tráfico de drogas. En 2008, la Udyco Costa del Sol ha participado en apenas una decena, con menos de un centenar de detenidos. "Hay otras unidades haciendo ese trabajo. Hablamos de niveles muy altos y la dinámica no se puede mantener siempre", estima el jefe superior de Andalucía Oriental, Pedro Mélida.La estadística exacta de sus actuaciones es difícil de lograr, ya que Interior no facilita datos comparados sobre criminalidad desde hace varios años y sus balances anuales cada vez son más genéricos. Las cifras de 2007 proceden de una conferencia sobre tráfico de drogas impartida por el comisario provincial de Málaga, Juan Jesús Peñalver, y las de 2008 suman las operaciones contra el crimen organizado con ramificaciones en la Costa del Sol hechas públicas en este periodo. "Es necesario paciencia y ninguna preocupación. Las cosas vendrán porque hay operaciones que requieren dos meses y otras dos años", añade el jefe superior.
"Parece que el hecho de estar en la Udyco te pone bajo sospecha. Nadie quiere estar en una brigada sometida a eterna vigilancia", explica un inspector que ha trabajado en esta unidad. Antes, la marca Udyco les abría todas las puertas. "Ibas a un juzgado a explicar un caso que tenías entre manos y todo eran facilidades, ahora todo se ha impregnado de la actuación de Asuntos Internos", se quejan.
Desde las detenciones de cuatro mandos de la Udyco en una investigación por corrupción policial hace un año, cerca a la mitad de los policías antimafia solicitaron el traslado a otras unidades, aseguran fuentes sindicales. También se han desmontado varios grupos de investigación que funcionaban en Torremolinos y Fuengirola. "Se sigue trabajando, pero no es fácil salir de esta dinámica", asegura otro mando que estuvo destinado en la Udyco.
Media docena de agentes coinciden en que la unidad se ha renovado y se trabaja para recuperar el antiguo espíritu. Desde enero tienen nuevo comisario, Jesús Cacheiro Quintas. "Es un momento de transición, ya que el golpe fue muy fuerte", reconoce un mando que pide que no se le identifique. "Ahora lo que toca es darles cariño para que estos temas no les influyan y no se vengan abajo".
Pero los sindicatos policiales no terminan de percibir ese mimo. En el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han cursado varios escritos reclamando que se establezca un procotolo de actuación al trabajar en estos casos. "Se maneja una materia muy sensible, donde hay confidentes y una parte muy importante es la captación de información. Todo eso lleva tiempo y la gente nueva tiene que formarse", explican.
"No se está notando tanta preferencia del Gobierno como se anunció. Deberían aportar más personal y más medios", dice Manuel Expósito, secretario malagueño del SUP. Fernando Pérez, de Unión Federal de Policía (UFP), cree que el grupo "sigue funcionando" y atribuye la falta de operaciones tan importantes, al hecho de que quizás ahora haya más necesidad de actuaciones de seguridad ciudadana.
Muchos agentes se muestran desesperanzados por el "daño moral" que se le ha hecho en este tiempo a la Udyco Costa del Sol, algo que costará mucho tiempo recuperar. "Asuntos Internos ha escuchado hasta 15 meses el teléfono del antiguo comisario porque creían que participaba en una red de extorsión a clubes de alterne, y han terminado llevándolo a juicio por ayudar a un confidente a salir de España", se quejan. De la segunda operación, que afectó a cuatro mandos y por la que dos ingresaron en prisión preventiva un mes, se han archivado recientemente algunos de los cargos.
Afortunadamente, algunos ya ven la luz al final del túnel. "El primer trimestre de 2009 se ha dado muy bien. Se está recuperando la ilusión", aseguran. Quizás porque ya va pasando el duelo, esta semana la Udyco ha vuelto a aparecer en los comunicados de prensa, con la detención en Málaga de tres abogados acusados de blanquear dinero de la mafia rusa, ordenada por el juez Baltasar Garzón.
Fuente: El País
No se les ve, ni en las noticias, ni en las operaciones de mayor envergadura. La Udyco de la Costa del Sol, el grupo de élite contra el crimen organizado que tanto prestigio ha cosechado en los últimos años gracias a operaciones archiconocidas como el caso Malaya, Ballena Blanca o frecuentes casos contra narcos, secuestros y asesinatos entre mafiosos, lleva desaparecido casi un año.
En este tiempo, la unidad con la que muchos agentes novatos soñaban recibir sus primeras felicitaciones ha pasado a ser uno de los destinos más denostados. El motivo: dos operaciones de Asuntos Internos con la detención e implicación de cinco jefes de esta unidad, que han desestabilizado sus bases y han cuestionado la forma en la que trabajaban.
En 2007 Málaga sacó adelante casi una veintena de operaciones relacionadas con el crimen organizado, con 320 detenidos por tráfico de drogas. En 2008, la Udyco Costa del Sol ha participado en apenas una decena, con menos de un centenar de detenidos. "Hay otras unidades haciendo ese trabajo. Hablamos de niveles muy altos y la dinámica no se puede mantener siempre", estima el jefe superior de Andalucía Oriental, Pedro Mélida.La estadística exacta de sus actuaciones es difícil de lograr, ya que Interior no facilita datos comparados sobre criminalidad desde hace varios años y sus balances anuales cada vez son más genéricos. Las cifras de 2007 proceden de una conferencia sobre tráfico de drogas impartida por el comisario provincial de Málaga, Juan Jesús Peñalver, y las de 2008 suman las operaciones contra el crimen organizado con ramificaciones en la Costa del Sol hechas públicas en este periodo. "Es necesario paciencia y ninguna preocupación. Las cosas vendrán porque hay operaciones que requieren dos meses y otras dos años", añade el jefe superior.
"Parece que el hecho de estar en la Udyco te pone bajo sospecha. Nadie quiere estar en una brigada sometida a eterna vigilancia", explica un inspector que ha trabajado en esta unidad. Antes, la marca Udyco les abría todas las puertas. "Ibas a un juzgado a explicar un caso que tenías entre manos y todo eran facilidades, ahora todo se ha impregnado de la actuación de Asuntos Internos", se quejan.
Desde las detenciones de cuatro mandos de la Udyco en una investigación por corrupción policial hace un año, cerca a la mitad de los policías antimafia solicitaron el traslado a otras unidades, aseguran fuentes sindicales. También se han desmontado varios grupos de investigación que funcionaban en Torremolinos y Fuengirola. "Se sigue trabajando, pero no es fácil salir de esta dinámica", asegura otro mando que estuvo destinado en la Udyco.
Media docena de agentes coinciden en que la unidad se ha renovado y se trabaja para recuperar el antiguo espíritu. Desde enero tienen nuevo comisario, Jesús Cacheiro Quintas. "Es un momento de transición, ya que el golpe fue muy fuerte", reconoce un mando que pide que no se le identifique. "Ahora lo que toca es darles cariño para que estos temas no les influyan y no se vengan abajo".
Pero los sindicatos policiales no terminan de percibir ese mimo. En el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han cursado varios escritos reclamando que se establezca un procotolo de actuación al trabajar en estos casos. "Se maneja una materia muy sensible, donde hay confidentes y una parte muy importante es la captación de información. Todo eso lleva tiempo y la gente nueva tiene que formarse", explican.
"No se está notando tanta preferencia del Gobierno como se anunció. Deberían aportar más personal y más medios", dice Manuel Expósito, secretario malagueño del SUP. Fernando Pérez, de Unión Federal de Policía (UFP), cree que el grupo "sigue funcionando" y atribuye la falta de operaciones tan importantes, al hecho de que quizás ahora haya más necesidad de actuaciones de seguridad ciudadana.
Muchos agentes se muestran desesperanzados por el "daño moral" que se le ha hecho en este tiempo a la Udyco Costa del Sol, algo que costará mucho tiempo recuperar. "Asuntos Internos ha escuchado hasta 15 meses el teléfono del antiguo comisario porque creían que participaba en una red de extorsión a clubes de alterne, y han terminado llevándolo a juicio por ayudar a un confidente a salir de España", se quejan. De la segunda operación, que afectó a cuatro mandos y por la que dos ingresaron en prisión preventiva un mes, se han archivado recientemente algunos de los cargos.
Afortunadamente, algunos ya ven la luz al final del túnel. "El primer trimestre de 2009 se ha dado muy bien. Se está recuperando la ilusión", aseguran. Quizás porque ya va pasando el duelo, esta semana la Udyco ha vuelto a aparecer en los comunicados de prensa, con la detención en Málaga de tres abogados acusados de blanquear dinero de la mafia rusa, ordenada por el juez Baltasar Garzón.
Fuente: El País
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La Policía Nacional detiene a tres personas en Vitoria por tráfico ilícito de vehículos
Usaban documentación falsificada para alquilar coches que posteriormente rematriculaban y vendían en el extranjero
21-abril-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en Vitoria por tráfico ilícito de vehículos. Usaban documentación falsificada para alquilar coches que posteriormente rematriculaban y vendían en el extranjero. Han sido recuperados tres turismos y cerca de 5.000 euros en billetes de 500.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo de personas podría estar dedicándose el tráfico ilícito de vehículos alquilados en distintos concesionarios de nuestro país. Tras varias pesquisas, los agentes descubrieron que efectivamente varias personas, usando documentación falsa, se dedicaban a alquilar vehículos de gama alta en diferentes puntos de España. Estos vehículos no eran devueltos en su debido plazo, sino que eran trasladados al extranjero, donde eran rematriculados y posteriormente vendidos a diversos particulares.
Los investigadores sometieron a vigilancia varios concesionarios dedicados a alquiler de vehículos con el fin de poder identificar y detener a los integrantes de tal trama delictiva. La operación dio sus frutos y tres personas fueron arrestadas cuando intentaban alquilar un vehículo de gama alta en un concesionario de la ciudad de Bilbao. Portaban documentación falsificada, 4.895 euros en su mayoría en billetes de 500, y conducían un turismo que había sido alquilado en Madrid y fue intervenido.
R.C., de 34 años, C.N. de 28 años, y F.C.A. de 23 años, todos ellos ciudadanos rumanos, podrían haber utilizado este método en otras 17 ocasiones. Los agentes recuperaron 2 de los vehículos sustraídos y la operación sigue abierta al objeto de localizar los restantes.
La investigación ha sido dirigida por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Bilbao.
Usaban documentación falsificada para alquilar coches que posteriormente rematriculaban y vendían en el extranjero
21-abril-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en Vitoria por tráfico ilícito de vehículos. Usaban documentación falsificada para alquilar coches que posteriormente rematriculaban y vendían en el extranjero. Han sido recuperados tres turismos y cerca de 5.000 euros en billetes de 500.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo de personas podría estar dedicándose el tráfico ilícito de vehículos alquilados en distintos concesionarios de nuestro país. Tras varias pesquisas, los agentes descubrieron que efectivamente varias personas, usando documentación falsa, se dedicaban a alquilar vehículos de gama alta en diferentes puntos de España. Estos vehículos no eran devueltos en su debido plazo, sino que eran trasladados al extranjero, donde eran rematriculados y posteriormente vendidos a diversos particulares.
Los investigadores sometieron a vigilancia varios concesionarios dedicados a alquiler de vehículos con el fin de poder identificar y detener a los integrantes de tal trama delictiva. La operación dio sus frutos y tres personas fueron arrestadas cuando intentaban alquilar un vehículo de gama alta en un concesionario de la ciudad de Bilbao. Portaban documentación falsificada, 4.895 euros en su mayoría en billetes de 500, y conducían un turismo que había sido alquilado en Madrid y fue intervenido.
R.C., de 34 años, C.N. de 28 años, y F.C.A. de 23 años, todos ellos ciudadanos rumanos, podrían haber utilizado este método en otras 17 ocasiones. Los agentes recuperaron 2 de los vehículos sustraídos y la operación sigue abierta al objeto de localizar los restantes.
La investigación ha sido dirigida por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Bilbao.
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La Policía Nacional desarticula en Barcelona un grupo organizado dedicado a faverecer la inmigración ilegal
Detenidas cuatro personas que facilitaban la entrada en España de ciudadanos marroquíes
La organización también proporcionaba los documentos para la regularización
22-Abril-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, tres de nacionalidad marroquí y un ciudadano español, que integraban una red organizada dedicada a facilitar la entrada en España de forma ilegal de ciudadanos marroquíes. Además les proporcionaban certificados de residencia expedidos por el Ayuntamiento de Santa Fe del Penedés (Barcelona) para que regularizaran su situación. Se han intervenido informes médicos y diversos certificados de empadronamiento falsificados, cinco pasaportes y dos CPU.
La investigación se inició a principios del año pasado por agentes de la UCRIF de Barcelona, tras detectar un notable incremento de ciudadanos marroquíes que solicitaban certificados de residencia al Ayuntamiento de Santa Fe del Penedés (Barcelona) para, de este modo, poder justificar una residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo y lograr regularizar su situación legal en España.
El modus operandi del grupo desarticulado consistía en captar a personas de nacionalidad marroquí para facilitarles la documentación necesaria para que pudieran regularizar su situación de ilegalidad en España, a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre 1.000 y 1.500 euros.
Además, la red organizada les facilitaba la entrada en España de forma ilegal en diversos tipos de vehículos (camiones, furgonetas y automóviles), a cambio de 8.000 euros, los cuales hacían efectivos la familia del ciudadano una vez confirmado que éste había entrado en España, así, éstas personas eran encerradas en viviendas en territorio español hasta que la familia hiciera efectivo el pago acordado.
La investigación ha culminado con la detención de tres ciudadanos marroquíes y un ciudadano español, por los presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, asociación ilícita, cohecho y detención ilegal. Los integrantes de este grupo organizado operaban desde un locutorio de Santa Fé del Penedés.
EFECTOS INTERVENIDOS
-Pen Drive con documentos utilizados para la falsificación de certificados de empadronamiento y otros documentos tal como informes médicos.
-Dos CPU.
-Cinco pasaportes.
-Informes médicos falsificados.
-Certificados de empadronamiento falsificados.
Detenidas cuatro personas que facilitaban la entrada en España de ciudadanos marroquíes
La organización también proporcionaba los documentos para la regularización
22-Abril-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, tres de nacionalidad marroquí y un ciudadano español, que integraban una red organizada dedicada a facilitar la entrada en España de forma ilegal de ciudadanos marroquíes. Además les proporcionaban certificados de residencia expedidos por el Ayuntamiento de Santa Fe del Penedés (Barcelona) para que regularizaran su situación. Se han intervenido informes médicos y diversos certificados de empadronamiento falsificados, cinco pasaportes y dos CPU.
La investigación se inició a principios del año pasado por agentes de la UCRIF de Barcelona, tras detectar un notable incremento de ciudadanos marroquíes que solicitaban certificados de residencia al Ayuntamiento de Santa Fe del Penedés (Barcelona) para, de este modo, poder justificar una residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo y lograr regularizar su situación legal en España.
El modus operandi del grupo desarticulado consistía en captar a personas de nacionalidad marroquí para facilitarles la documentación necesaria para que pudieran regularizar su situación de ilegalidad en España, a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre 1.000 y 1.500 euros.
Además, la red organizada les facilitaba la entrada en España de forma ilegal en diversos tipos de vehículos (camiones, furgonetas y automóviles), a cambio de 8.000 euros, los cuales hacían efectivos la familia del ciudadano una vez confirmado que éste había entrado en España, así, éstas personas eran encerradas en viviendas en territorio español hasta que la familia hiciera efectivo el pago acordado.
La investigación ha culminado con la detención de tres ciudadanos marroquíes y un ciudadano español, por los presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, asociación ilícita, cohecho y detención ilegal. Los integrantes de este grupo organizado operaban desde un locutorio de Santa Fé del Penedés.
EFECTOS INTERVENIDOS
-Pen Drive con documentos utilizados para la falsificación de certificados de empadronamiento y otros documentos tal como informes médicos.
-Dos CPU.
-Cinco pasaportes.
-Informes médicos falsificados.
-Certificados de empadronamiento falsificados.
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Golpe policial a la banda de moteros Ángeles del Infierno
Cuando hacemos el bien nadie se acuerda de nosotros. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida. Éste es el lema de los Ángeles del Infierno. Sus miembros se consideran una hermandad de moteros que recorren, juntos, miles de kilómetros por medio mundo. La policía, en cambio, opina que se trata de una banda violenta con vínculos con la extrema derecha y ayer ofreció argumentos a su favor con la detención de 22 personas en seis provincias españolas, la mayoría, en Barcelona.
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil acusan a los miembros de los Ángeles del Infierno de formar una estructura "paramilitar" dedicada al tráfico de drogas y la extorsión. Los agentes se han incautado de 200.000 euros en metálico, un kilo de cocaína, libros neonazis y armas.La banda se había hecho fuerte en Poblenou. Allí fundó su sede (la primera de España) hace trece años. Los Mossos irrumpieron en el local a las seis de la mañana. Uno de los detenidos trató de usar su arma de fuego contra los agentes, aunque la sangre no llegó al río. A mediodía, sólo quedaba una moto Harley Davidson en la puerta de la sede, pintada con el símbolo de la banda: una calavera alada con cuernos y casco.
Los Ángeles del Infierno controlan otros dos locales en Poblenou: un bar y un pub que, en realidad, funcionaba como after-hour. Una cámara de seguridad enfoca la entrada del local, donde se recuerda que el aforo está limitado a 81 personas. Es un mensaje para iniciados: el 8 es la octava letra del abecedario (H); el 1, la primera (A). O sea, Hell's Angels.
José C. fue detenido en un local donde vive desde hacía diez años. Allí guardaba una enorme caja fuerte (con ocho candados) que se negó a abrir pese a la insistencia de los agentes. Tuvieron que intervenir los Bomberos, que tardaron más de tres horas en abrirla. Una vez acabado el registro, José salió esposado a cara descubierta, con una barba enorme y vistiendo ropa de tipo militar. Otro de los detenidos es ni más ni menos que Antonio Romero Ors, alias El Jaro. Hace unos días, en el partido entre el Bayern de Múnich y el Barça, El Jaro agredió, junto a otros cuatro boixos nois, al escolta del presidente azulgrana, Joan Laporta. Romero cumplió condena por matar, en 1991, a un aficionado del Espanyol.
La policía acusa a todos los detenidos de asociación ilícita, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, extorsión, amenazas y coacciones. La banda obligaba a organizadores de eventos a contratarles como personal de seguridad y se dedicaba, presuntamente, al cobro de morosos. No es la primera vez que la policía golpea a los Ángeles del Infierno. Hace dos años, los Mossos detuvieron a otros ocho presuntos miembros de la banda en Barcelona.
Fuente: El País
Cuando hacemos el bien nadie se acuerda de nosotros. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida. Éste es el lema de los Ángeles del Infierno. Sus miembros se consideran una hermandad de moteros que recorren, juntos, miles de kilómetros por medio mundo. La policía, en cambio, opina que se trata de una banda violenta con vínculos con la extrema derecha y ayer ofreció argumentos a su favor con la detención de 22 personas en seis provincias españolas, la mayoría, en Barcelona.
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil acusan a los miembros de los Ángeles del Infierno de formar una estructura "paramilitar" dedicada al tráfico de drogas y la extorsión. Los agentes se han incautado de 200.000 euros en metálico, un kilo de cocaína, libros neonazis y armas.La banda se había hecho fuerte en Poblenou. Allí fundó su sede (la primera de España) hace trece años. Los Mossos irrumpieron en el local a las seis de la mañana. Uno de los detenidos trató de usar su arma de fuego contra los agentes, aunque la sangre no llegó al río. A mediodía, sólo quedaba una moto Harley Davidson en la puerta de la sede, pintada con el símbolo de la banda: una calavera alada con cuernos y casco.
Los Ángeles del Infierno controlan otros dos locales en Poblenou: un bar y un pub que, en realidad, funcionaba como after-hour. Una cámara de seguridad enfoca la entrada del local, donde se recuerda que el aforo está limitado a 81 personas. Es un mensaje para iniciados: el 8 es la octava letra del abecedario (H); el 1, la primera (A). O sea, Hell's Angels.
José C. fue detenido en un local donde vive desde hacía diez años. Allí guardaba una enorme caja fuerte (con ocho candados) que se negó a abrir pese a la insistencia de los agentes. Tuvieron que intervenir los Bomberos, que tardaron más de tres horas en abrirla. Una vez acabado el registro, José salió esposado a cara descubierta, con una barba enorme y vistiendo ropa de tipo militar. Otro de los detenidos es ni más ni menos que Antonio Romero Ors, alias El Jaro. Hace unos días, en el partido entre el Bayern de Múnich y el Barça, El Jaro agredió, junto a otros cuatro boixos nois, al escolta del presidente azulgrana, Joan Laporta. Romero cumplió condena por matar, en 1991, a un aficionado del Espanyol.
La policía acusa a todos los detenidos de asociación ilícita, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, extorsión, amenazas y coacciones. La banda obligaba a organizadores de eventos a contratarles como personal de seguridad y se dedicaba, presuntamente, al cobro de morosos. No es la primera vez que la policía golpea a los Ángeles del Infierno. Hace dos años, los Mossos detuvieron a otros ocho presuntos miembros de la banda en Barcelona.
Fuente: El País
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Desalojo en Marxalenes
La policía saca a los inmigrantes que ocupaban la antigua fábrica Bombas Gens
Todos fuera". Hacia las 9.00 de ayer, agentes de la policía nacional desalojaron a la veintena de inmigrantes que en ese momento dormían en la antigua fábrica de Bombas Gens en el barrio de Marxalenes (Valencia). Las otras 40 personas que también malvivían allí, según las ONG que les atiende, ya habían salido a trabajar, por lo que voluntarios de estas entidades recogieron sus enseres para entregárselos más tarde.
Uno de los primeros en salir fue Hassan Uniham, marroquí de 39 años, que llevaba tres meses en el desvencijado edificio de la avenida de Burjassot. "Vine buscando trabajo, a la naranja, pero no he encontrado nada y aquí me he quedado sin empleo y sin dinero". Todos los que podían demostrar su identidad, salieron con una citación judicial por ocupar una propiedad privada. Los demás fueron enviados a comisaría.
El grueso de los inmigrantes eran subsaharianos. Como el ghanés Stanley Enoc, de 29 años, llegado de Logroño hace tres semanas buscando trabajo. Hace siete años llegó en una patera y ha ido trabajando en el campo y la construcción. Ahora no encuentra "nada de nada". "Probaré en Lleida, en la campaña de la pera, a ver si hay suerte", indicaba. Otro grupo, aunque menos numeroso, era el de rumanos. Entre ellos estaba Daniela, de 22 años, y con dos hijos de uno y tres años en su país, que cargaba sus pertenencias en un carro de supermercado. "Llevo dos años en España, al principio trabajé recogiendo aceitunas en Ciudad Real con mi marido", relataba ayer. "Ahora a ver si hago algo de dinero con la chatarra y me voy a la cereza en Extremadura". Tras ella, otro grupo de rumanos, con tres carritos de supermercado a rebosar y bicicletas, se alejaban de la fábrica entre gritos: "Esto no es la Unión Europea, yo soy rumano y europeo".
Las escenas recordaban a las de hace dos años en el cauce del río, cuando el Ayuntamiento desalojó otro asentamiento de inmigrantes. Entonces, el Ayuntamiento prometió un centro para alojar a inmigrantes temporeros y meses después concertó un albergue en la avenida del Puerto para tal fin que no ha sido la solución.
Fuente: El País
La policía saca a los inmigrantes que ocupaban la antigua fábrica Bombas Gens
Todos fuera". Hacia las 9.00 de ayer, agentes de la policía nacional desalojaron a la veintena de inmigrantes que en ese momento dormían en la antigua fábrica de Bombas Gens en el barrio de Marxalenes (Valencia). Las otras 40 personas que también malvivían allí, según las ONG que les atiende, ya habían salido a trabajar, por lo que voluntarios de estas entidades recogieron sus enseres para entregárselos más tarde.
Uno de los primeros en salir fue Hassan Uniham, marroquí de 39 años, que llevaba tres meses en el desvencijado edificio de la avenida de Burjassot. "Vine buscando trabajo, a la naranja, pero no he encontrado nada y aquí me he quedado sin empleo y sin dinero". Todos los que podían demostrar su identidad, salieron con una citación judicial por ocupar una propiedad privada. Los demás fueron enviados a comisaría.
El grueso de los inmigrantes eran subsaharianos. Como el ghanés Stanley Enoc, de 29 años, llegado de Logroño hace tres semanas buscando trabajo. Hace siete años llegó en una patera y ha ido trabajando en el campo y la construcción. Ahora no encuentra "nada de nada". "Probaré en Lleida, en la campaña de la pera, a ver si hay suerte", indicaba. Otro grupo, aunque menos numeroso, era el de rumanos. Entre ellos estaba Daniela, de 22 años, y con dos hijos de uno y tres años en su país, que cargaba sus pertenencias en un carro de supermercado. "Llevo dos años en España, al principio trabajé recogiendo aceitunas en Ciudad Real con mi marido", relataba ayer. "Ahora a ver si hago algo de dinero con la chatarra y me voy a la cereza en Extremadura". Tras ella, otro grupo de rumanos, con tres carritos de supermercado a rebosar y bicicletas, se alejaban de la fábrica entre gritos: "Esto no es la Unión Europea, yo soy rumano y europeo".
Las escenas recordaban a las de hace dos años en el cauce del río, cuando el Ayuntamiento desalojó otro asentamiento de inmigrantes. Entonces, el Ayuntamiento prometió un centro para alojar a inmigrantes temporeros y meses después concertó un albergue en la avenida del Puerto para tal fin que no ha sido la solución.
Fuente: El País
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La Policía Nacional detiene a tres personas en Cantabria como presuntos autores de un delito contra la integridad moral
Grabaron un vídeo en el que se mofaban de una joven y proferían frases vejatorias sobre su aspecto físico, y lo difundieron a través de Internet
04-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en Cantabria como presuntos autores de un delito contra la integridad moral. Grabaron un vídeo en el que se mofaban de una joven y proferían frases vejatorias sobre su aspecto físico, y lo difundieron a través de Internet. La víctima vio el vídeo “colgado” en la Red y les denunció.
La joven presentó la denuncia tras conocer las imágenes que circulaban por Internet, sobre lo que le advirtieron sus compañeras de trabajo. En las mismas se veía cómo unos jóvenes enmascarados se acercaban a su lugar de trabajo, y mientras que proferían frases vejatorias contra su aspecto físico y le tiraban agua, se reían de la víctima.
Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial investigaron la denuncia e identificaron a los tres presuntos autores de la grabación. Fueron detenidos por un delito contra la integridad moral “por infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando su integridad moral.”
J.J.F., de 25 años, F.P.G., de 23 años y S.B., de 24 años, reconocieron los hechos. Manifestaron que lo hicieron como una broma y para que sus amigos vieran la grabación que habían realizado, descolgándola más tarde de la Red.
Grabaron un vídeo en el que se mofaban de una joven y proferían frases vejatorias sobre su aspecto físico, y lo difundieron a través de Internet
04-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en Cantabria como presuntos autores de un delito contra la integridad moral. Grabaron un vídeo en el que se mofaban de una joven y proferían frases vejatorias sobre su aspecto físico, y lo difundieron a través de Internet. La víctima vio el vídeo “colgado” en la Red y les denunció.
La joven presentó la denuncia tras conocer las imágenes que circulaban por Internet, sobre lo que le advirtieron sus compañeras de trabajo. En las mismas se veía cómo unos jóvenes enmascarados se acercaban a su lugar de trabajo, y mientras que proferían frases vejatorias contra su aspecto físico y le tiraban agua, se reían de la víctima.
Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial investigaron la denuncia e identificaron a los tres presuntos autores de la grabación. Fueron detenidos por un delito contra la integridad moral “por infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando su integridad moral.”
J.J.F., de 25 años, F.P.G., de 23 años y S.B., de 24 años, reconocieron los hechos. Manifestaron que lo hicieron como una broma y para que sus amigos vieran la grabación que habían realizado, descolgándola más tarde de la Red.
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La Policía Nacional detiene a 8 personas en Murcia por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Vendían desde 500 a 2.000 euros contratos laborales falsos para obtener fraudulentamente los permisos de residencia y trabajo
03-marzo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 8 personas en Murcia por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Vendían desde 500 a 2.000 euros contratos laborales falsos para obtener fraudulentamente los permisos de residencia y trabajo. Para ello utilizaban empresas ficticias cuyo único objetivo era justificar los trámites administrativos.
Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año, a partir de la constatación de una serie de irregularidades en determinados expedientes de tramitación de permisos de residencia y trabajo, que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que se dedicaba a vender contratos de trabajo fraudulentos a inmigrantes a cambio de importantes cantidades de dinero.
Tras llevar a cabo las oportunas gestiones, se pudo comprobar que J.G.J.G., vecino de Alcantarilla de 44 años de edad y nacionalidad española, había puesto en marcha una trama dedicada a captar a ciudadanos extranjeros en situación irregular, con el objeto de ofrecerles falsos contratos de trabajo, que pudieran ser usados por éstos para conseguir los permisos de residencia y trabajo en nuestro país.
El modus operandi era el siguiente: J.G.J.G. disponía de una red de colaboradores, formada en su mayor parte por ciudadanos marroquíes, que se encargaban de contactar con otros extranjeros que desearan regularizar su situación administrativa y les ofrecían la elaboración de un contrato de trabajo, a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 500 y los 2.000 euros. En ocasiones, las ofertas de trabajo elaboradas se utilizaban para traer personas desde sus países de origen, avalados por estas espurias propuestas de contratación.
Usaban empresas ficticias como tapadera
Para llevar a cabo estos contratos, se utilizaban los datos de empresas ficticias, cuyo objetivo no era otro que el de servir de justificación para los contratos de trabajo, pero que en realidad eran simplemente la cobertura de las actividades fraudulentas del grupo, ya que no ejercían actividad alguna y ni siquiera disponían de sedes o instalaciones.
Además de lo anterior, y con el objetivo de ofrecer una imagen de credibilidad y justificar ante sus clientes cierta complejidad en los trámites realizados en su favor, se utilizaban los servicios de diferentes asesorías que, ajenas a los propósitos de los investigados, se encargaban de tramitar la documentación que éstos les confiaban. Especialmente se perseguía por esta vía el alta en la Seguridad Social de los clientes de la trama. Por este procedimiento se han detectado hasta el momento un total de 21 solicitudes, presentadas ante la Oficina de Extranjeros y respaldadas por empresas ficticias del tipo anteriormente detallado. Se ha comprobado que en ninguno de estos casos los titulares de los contratos de trabajo han desarrollado actividad laboral alguna en las empresas, ni conocen siquiera la ubicación de las sedes o instalaciones de las mismas.
Ante la posibilidad de que la gran cantidad de solicitudes de residencia presentadas ante las oficinas administrativas pudiera llamar la atención sobre la actividad desarrollada, pero no deseando renunciar a tan lucrativo negocio, J.G.J.G., pasó a ofrecer a sus clientes un servicio más completo, que incluía la elaboración de la oferta de trabajo y la tramitación administrativa posterior de los permisos correspondientes.
Para otorgar credibilidad a su gestión, y como justificante de los trámites realizados, se devolvía a los clientes la documentación relativa a las supuestas solicitudes realizadas, en las que se incluían sellos de la Oficina de Extranjeros elaborados de forma fraudulenta por medios fotomecánicos, con la finalidad de simular una tramitación que en ningún caso se produjo.
Se estima que por este procedimiento se ha llegado a estafar a un importante numero de personas, dada la actividad demostrada por el supuesto empresario y las ramificaciones de la trama existentes en localidades como Mazarrón, Alhama de Murcia, Fuente Álamo o Patiño, entre otras.
Una vez comprobados todos los extremos anteriores, el pasado día 22 de abril se procedió a la detención del máximo responsable del grupo, J.G.J.G., junto con siete personas más, todas ellas de nacionalidad marroquí, que colaboraban con éste en la tramitación de los documentos o en la captación de clientes. A todos ellos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y falsedad documental.
Durante el operativo, se han intervenido numerosas ofertas de trabajo falsas a nombre de las empresas utilizadas por la trama, solicitudes de autorización de residencia con sellos de registro de entrada falsificados, y gran cantidad de nóminas a nombre de trabajadores, dados de alta en la Seguridad Social, pero que nunca han prestado servicios para las mencionadas empresas.
La operación ha sido realizada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Murcia.
Vendían desde 500 a 2.000 euros contratos laborales falsos para obtener fraudulentamente los permisos de residencia y trabajo
03-marzo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 8 personas en Murcia por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Vendían desde 500 a 2.000 euros contratos laborales falsos para obtener fraudulentamente los permisos de residencia y trabajo. Para ello utilizaban empresas ficticias cuyo único objetivo era justificar los trámites administrativos.
Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año, a partir de la constatación de una serie de irregularidades en determinados expedientes de tramitación de permisos de residencia y trabajo, que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que se dedicaba a vender contratos de trabajo fraudulentos a inmigrantes a cambio de importantes cantidades de dinero.
Tras llevar a cabo las oportunas gestiones, se pudo comprobar que J.G.J.G., vecino de Alcantarilla de 44 años de edad y nacionalidad española, había puesto en marcha una trama dedicada a captar a ciudadanos extranjeros en situación irregular, con el objeto de ofrecerles falsos contratos de trabajo, que pudieran ser usados por éstos para conseguir los permisos de residencia y trabajo en nuestro país.
El modus operandi era el siguiente: J.G.J.G. disponía de una red de colaboradores, formada en su mayor parte por ciudadanos marroquíes, que se encargaban de contactar con otros extranjeros que desearan regularizar su situación administrativa y les ofrecían la elaboración de un contrato de trabajo, a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 500 y los 2.000 euros. En ocasiones, las ofertas de trabajo elaboradas se utilizaban para traer personas desde sus países de origen, avalados por estas espurias propuestas de contratación.
Usaban empresas ficticias como tapadera
Para llevar a cabo estos contratos, se utilizaban los datos de empresas ficticias, cuyo objetivo no era otro que el de servir de justificación para los contratos de trabajo, pero que en realidad eran simplemente la cobertura de las actividades fraudulentas del grupo, ya que no ejercían actividad alguna y ni siquiera disponían de sedes o instalaciones.
Además de lo anterior, y con el objetivo de ofrecer una imagen de credibilidad y justificar ante sus clientes cierta complejidad en los trámites realizados en su favor, se utilizaban los servicios de diferentes asesorías que, ajenas a los propósitos de los investigados, se encargaban de tramitar la documentación que éstos les confiaban. Especialmente se perseguía por esta vía el alta en la Seguridad Social de los clientes de la trama. Por este procedimiento se han detectado hasta el momento un total de 21 solicitudes, presentadas ante la Oficina de Extranjeros y respaldadas por empresas ficticias del tipo anteriormente detallado. Se ha comprobado que en ninguno de estos casos los titulares de los contratos de trabajo han desarrollado actividad laboral alguna en las empresas, ni conocen siquiera la ubicación de las sedes o instalaciones de las mismas.
Ante la posibilidad de que la gran cantidad de solicitudes de residencia presentadas ante las oficinas administrativas pudiera llamar la atención sobre la actividad desarrollada, pero no deseando renunciar a tan lucrativo negocio, J.G.J.G., pasó a ofrecer a sus clientes un servicio más completo, que incluía la elaboración de la oferta de trabajo y la tramitación administrativa posterior de los permisos correspondientes.
Para otorgar credibilidad a su gestión, y como justificante de los trámites realizados, se devolvía a los clientes la documentación relativa a las supuestas solicitudes realizadas, en las que se incluían sellos de la Oficina de Extranjeros elaborados de forma fraudulenta por medios fotomecánicos, con la finalidad de simular una tramitación que en ningún caso se produjo.
Se estima que por este procedimiento se ha llegado a estafar a un importante numero de personas, dada la actividad demostrada por el supuesto empresario y las ramificaciones de la trama existentes en localidades como Mazarrón, Alhama de Murcia, Fuente Álamo o Patiño, entre otras.
Una vez comprobados todos los extremos anteriores, el pasado día 22 de abril se procedió a la detención del máximo responsable del grupo, J.G.J.G., junto con siete personas más, todas ellas de nacionalidad marroquí, que colaboraban con éste en la tramitación de los documentos o en la captación de clientes. A todos ellos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y falsedad documental.
Durante el operativo, se han intervenido numerosas ofertas de trabajo falsas a nombre de las empresas utilizadas por la trama, solicitudes de autorización de residencia con sellos de registro de entrada falsificados, y gran cantidad de nóminas a nombre de trabajadores, dados de alta en la Seguridad Social, pero que nunca han prestado servicios para las mencionadas empresas.
La operación ha sido realizada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Murcia.
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La Policía registra la celda de Francisco Correa y Pablo Crespo
Agentes de la Policía Judicial han registrado a primera hora de esta tarde la celda que comparten en la prisión de Soto del Real (Madrid) el presunto cabecilla de la trama de corrupción ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, han informado fuentes penitenciarias.
El registro de la celda, llevado a cabo bajo mandamiento judicial, se ha producido precisamente al día siguiente de que Crespo prestara declaración ante el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira. El juez ha imputado a Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular en Galicia, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
Durante el registro de la celda, de apenas diez metros cuadrados, han estado presentes ambos reclusos, sus dos abogados, así como un agente judicial. Se desconoce qué documentación o efectos han podido intervenir los agentes de la Policía Nacional que han procedido a la inspección de la celda que ocupan ambos imputados en la trama de corrupción.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envío el pasado 12 de febrero a prisión a los tres cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Garzón acusó a Correa de liderar supuestamente un grupo organizado que creó un entramado de empresas para nutrirse de fondos públicos a través de sobornos a funcionarios y autoridades de administraciones vinculadas al PP de Madrid y Valencia.
Fuente: El País
Agentes de la Policía Judicial han registrado a primera hora de esta tarde la celda que comparten en la prisión de Soto del Real (Madrid) el presunto cabecilla de la trama de corrupción ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, han informado fuentes penitenciarias.
El registro de la celda, llevado a cabo bajo mandamiento judicial, se ha producido precisamente al día siguiente de que Crespo prestara declaración ante el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira. El juez ha imputado a Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular en Galicia, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
Durante el registro de la celda, de apenas diez metros cuadrados, han estado presentes ambos reclusos, sus dos abogados, así como un agente judicial. Se desconoce qué documentación o efectos han podido intervenir los agentes de la Policía Nacional que han procedido a la inspección de la celda que ocupan ambos imputados en la trama de corrupción.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envío el pasado 12 de febrero a prisión a los tres cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Garzón acusó a Correa de liderar supuestamente un grupo organizado que creó un entramado de empresas para nutrirse de fondos públicos a través de sobornos a funcionarios y autoridades de administraciones vinculadas al PP de Madrid y Valencia.
Fuente: El País
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La Policía Nacional desarticula un grupo que extorsionaba a presos y a sus familiares
Se han intervenido veinticinco ingresos bancarios realizados por las víctimas
Los arrestados habían conseguido hasta el momento 25.000 euros empleando amenazas de muerte
La operación ha contado con la colaboración de la Administración Penitenciaria y del centro penitenciario de Fontcalent
08-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo que extorsionaba desde los centros penitenciarios a presos y a sus familiares. En la operación, en la que se ha contado con la colaboración de la Administración Penitenciaria y del centro penitenciario de Fontcalent, han sido detenidas catorce personas en diferentes ciudades de España y se han intervenido veinticinco ingresos bancarios realizados por las víctimas a favor de los extorsionadores. Los arrestados habían conseguido hasta el momento 25.000 euros de forma ilícita.
Amenazas de muerte a reclusos y familiares
Los investigadores, a través de unas laboriosas indagaciones, lograron identificar a la totalidad de la banda. Sus miembros mantenían una estructura definida, con tareas específicas asignadas a cada uno de sus integrantes. Unos amenazaban directamente a los presos, dándoles las instrucciones que tenían que impartir a la familia para el ingreso de las cantidades demandadas en diferentes cuentas bancarias, otros extorsionaban vía telefónica a los familiares y el último eslabón de la cadena lo formaban los encargados de recaudar el dinero.
Una vez conocidas las identidades de estas personas, se estableció un dispositivo conjunto, realizado en las ciudades de Alicante, Orihuela, Alcoy, Gandia, Valladolid y Madrid (Valdemoro), para la detención de todos ellos. La operación se saldó con cuatro detenidos en el centro penitenciario de Foncalent, uno en el centro penitenciario de Valdemoro, dos en Orihuela, cinco en Alicante, dos en Alcoy y una imputada no detenida en la ciudad de Valladolid.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de Alicante, Grupo de Extorsiones de Madrid y las Brigadas de Policía Judicial de las Comisarías de Orihuela, Alcoy, Gandia y Valladolid.
Se han intervenido veinticinco ingresos bancarios realizados por las víctimas
Los arrestados habían conseguido hasta el momento 25.000 euros empleando amenazas de muerte
La operación ha contado con la colaboración de la Administración Penitenciaria y del centro penitenciario de Fontcalent
08-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo que extorsionaba desde los centros penitenciarios a presos y a sus familiares. En la operación, en la que se ha contado con la colaboración de la Administración Penitenciaria y del centro penitenciario de Fontcalent, han sido detenidas catorce personas en diferentes ciudades de España y se han intervenido veinticinco ingresos bancarios realizados por las víctimas a favor de los extorsionadores. Los arrestados habían conseguido hasta el momento 25.000 euros de forma ilícita.
Amenazas de muerte a reclusos y familiares
Los investigadores, a través de unas laboriosas indagaciones, lograron identificar a la totalidad de la banda. Sus miembros mantenían una estructura definida, con tareas específicas asignadas a cada uno de sus integrantes. Unos amenazaban directamente a los presos, dándoles las instrucciones que tenían que impartir a la familia para el ingreso de las cantidades demandadas en diferentes cuentas bancarias, otros extorsionaban vía telefónica a los familiares y el último eslabón de la cadena lo formaban los encargados de recaudar el dinero.
Una vez conocidas las identidades de estas personas, se estableció un dispositivo conjunto, realizado en las ciudades de Alicante, Orihuela, Alcoy, Gandia, Valladolid y Madrid (Valdemoro), para la detención de todos ellos. La operación se saldó con cuatro detenidos en el centro penitenciario de Foncalent, uno en el centro penitenciario de Valdemoro, dos en Orihuela, cinco en Alicante, dos en Alcoy y una imputada no detenida en la ciudad de Valladolid.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de Alicante, Grupo de Extorsiones de Madrid y las Brigadas de Policía Judicial de las Comisarías de Orihuela, Alcoy, Gandia y Valladolid.
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Todos los 'mossos' deberán ir identificados a partir de mañana
Se acabó el anonimato. Todos los agentes de los Mossos d'Esquadra, a excepción de los que vistan de gala, deberán llevar a partir de mañana su número de identificación en un lugar visible del uniforme. La medida afectará especialmente a los policías antidisturbios, muchos de los cuales se negaban a usarlo hasta ahora como un blindaje ante la exigencia de responsabilidad profesional.
El Gobierno catalán aprobó el pasado 4 de noviembre el decreto que obliga a los agentes a llevar en la parte superior de su uniforme una tira adhesiva con su número de identificación profesional (TIP). Sin embargo, establecía un periodo de adaptación de seis meses y un día que finaliza hoy. La medida cuenta con el recelo de los sindicatos policiales y satisface una histórica reivindicación de las plataformas sociales y de defensa de los derechos humanos, que siempre han reclamado que todos los policías vayan convenientemente identificados para detectar a los autores de posibles excesos.
El decreto modifica el reglamento sobre los uniformes de los agentes para adaptarlo a la orden interna dictada antes del verano por el entonces director de la Policía, Rafael Olmos, con el objetivo de "profundizar en la voluntad de facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho a poder identificar en todo momento a los policías". La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía aplican desde hace meses esta medida.
Desde año 2003, el Gobierno catalán ya obligaba a los agentes a llevar su identificación en los uniformes de trabajo operativo, de campaña, de tráfico y de media gala, pero dejaba fuera de la reglamentación, entre otros, a los antidisturbios. Con todo, algunos colectivos han mostrado sus reservas a la actual regulación, ya que, al tratarse de una franja adhesiva, de quita y pon, los agentes podrían estar tentados a suprimirla para evitar ser reconocidos, como ya ocurre en alguna ocasión con otros cuerpos policiales.
Fuente: El País
Se acabó el anonimato. Todos los agentes de los Mossos d'Esquadra, a excepción de los que vistan de gala, deberán llevar a partir de mañana su número de identificación en un lugar visible del uniforme. La medida afectará especialmente a los policías antidisturbios, muchos de los cuales se negaban a usarlo hasta ahora como un blindaje ante la exigencia de responsabilidad profesional.
El Gobierno catalán aprobó el pasado 4 de noviembre el decreto que obliga a los agentes a llevar en la parte superior de su uniforme una tira adhesiva con su número de identificación profesional (TIP). Sin embargo, establecía un periodo de adaptación de seis meses y un día que finaliza hoy. La medida cuenta con el recelo de los sindicatos policiales y satisface una histórica reivindicación de las plataformas sociales y de defensa de los derechos humanos, que siempre han reclamado que todos los policías vayan convenientemente identificados para detectar a los autores de posibles excesos.
El decreto modifica el reglamento sobre los uniformes de los agentes para adaptarlo a la orden interna dictada antes del verano por el entonces director de la Policía, Rafael Olmos, con el objetivo de "profundizar en la voluntad de facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho a poder identificar en todo momento a los policías". La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía aplican desde hace meses esta medida.
Desde año 2003, el Gobierno catalán ya obligaba a los agentes a llevar su identificación en los uniformes de trabajo operativo, de campaña, de tráfico y de media gala, pero dejaba fuera de la reglamentación, entre otros, a los antidisturbios. Con todo, algunos colectivos han mostrado sus reservas a la actual regulación, ya que, al tratarse de una franja adhesiva, de quita y pon, los agentes podrían estar tentados a suprimirla para evitar ser reconocidos, como ya ocurre en alguna ocasión con otros cuerpos policiales.
Fuente: El País
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- 18 Jul 2008
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La Policía Nacional realiza la primera operación a gran escala contra el “pirateo” de videoconsolas
Se han inspeccionado 22 establecimientos comerciales y las sedes centrales de las franquicias que distribuían por todo el país sistemas para la falsificación
El material intervenido está valorado en más de 900.000 euros
El operativo policial se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y Santiago de Compostela
12-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarrollado la primera operación a gran escala contra el “pirateo” de videoconsolas. Una operación contra la piratería industrial e intelectual en la que se han intervenido más de 30.000 chips, dispositivos y “cartuchos compatibles” destinados a vulnerar las medidas de protección dispuestas por los fabricantes de consolas. Se ha actuado en las provincias de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y Santiago de Compostela. Hay ocho detenidos, entre ellos los responsables de dos franquicias centralizadas en Madrid y Salamanca, que distribuían por todo el país sistemas para la falsificación de videojuegos. Además de las sedes de las empresas franquiciadas se han registrado 22 establecimientos comerciales, en los que se ha intervenido material valorado en 922.000 euros aproximadamente.
Desarrollo de la operación
La investigación comenzó a finales del pasado año 2008, centrada en el ramo de los videojuegos. Los agentes tuvieron conocimiento de que varias sociedades con presencia en todo el territorio nacional podrían dedicarse a la venta de dispositivos para videoconsolas así como a la instalación en las mismas de diferentes sistemas (“chips piratas”) para anular las medidas de protección dispuestas por los fabricantes originales.
Tenían a la venta cartuchos especiales para ser utilizados en un determinado modelo de videoconsola, conocidos vulgarmente como “cartuchos compatibles”. Un software especial insertado dentro del propio cartucho-tarjeta, permitía vulnerar los códigos de autentificación (código de arranque), para poder usar juegos no originales en la videoconsola.
El sistema empleado tras la adquisición de estos cartuchos consiste en descargarse juegos a través de Internet para posteriormente grabarlos en una tarjeta de memoria que se introduce en el propio cartucho. Una vez que se coloca en la videoconsola queda preparada para poder jugar. Con la comisión de este delito se ocasiona un grave perjuicio patrimonial a los legítimos titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual de los contenidos.
Operativo coordinado en nueve provincias
Los investigadores ejecutaron un operativo coordinado en Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y Santiago de Compostela. Han sido detenidas ocho personas, entre las que figuran los máximos responsables de las franquicias y los responsables de las tiendas. Se procedió al registro e inspección de las sedes de las franquicias y de 22 establecimientos comerciales, en los que se han intervenido los siguientes efectos:
- 13.568 cartuchos de diferentes marcas para videoconsola.
- 6.887 “chips” de diferentes marcas destinados al pirateo de videoconsolas.
- 1.039 dispositivos de carga destinados a la eliminación de barreras de las consolas para poder usar videojuegos no originales.
- 8.602 tapas de lector de apertura.
- 1.804 unidades de baterías.
- 12 videoconsolas modificadas de diferentes modelos y marcas.
- 97 adaptadores USB.
- 287 unidades de tarjetas de memoria falsificadas.
- 8 acopladores.
- 1 disco duro con archivos para eliminar las barreras de protección de videoconsolas.
- Documentación.
La operación ha sido coordinada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial; y ha contado con la colaboración de las diferentes Brigadas Provinciales de Policía Judicial de las plantillas implicadas.
Se han inspeccionado 22 establecimientos comerciales y las sedes centrales de las franquicias que distribuían por todo el país sistemas para la falsificación
El material intervenido está valorado en más de 900.000 euros
El operativo policial se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y Santiago de Compostela
12-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarrollado la primera operación a gran escala contra el “pirateo” de videoconsolas. Una operación contra la piratería industrial e intelectual en la que se han intervenido más de 30.000 chips, dispositivos y “cartuchos compatibles” destinados a vulnerar las medidas de protección dispuestas por los fabricantes de consolas. Se ha actuado en las provincias de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y Santiago de Compostela. Hay ocho detenidos, entre ellos los responsables de dos franquicias centralizadas en Madrid y Salamanca, que distribuían por todo el país sistemas para la falsificación de videojuegos. Además de las sedes de las empresas franquiciadas se han registrado 22 establecimientos comerciales, en los que se ha intervenido material valorado en 922.000 euros aproximadamente.
Desarrollo de la operación
La investigación comenzó a finales del pasado año 2008, centrada en el ramo de los videojuegos. Los agentes tuvieron conocimiento de que varias sociedades con presencia en todo el territorio nacional podrían dedicarse a la venta de dispositivos para videoconsolas así como a la instalación en las mismas de diferentes sistemas (“chips piratas”) para anular las medidas de protección dispuestas por los fabricantes originales.
Tenían a la venta cartuchos especiales para ser utilizados en un determinado modelo de videoconsola, conocidos vulgarmente como “cartuchos compatibles”. Un software especial insertado dentro del propio cartucho-tarjeta, permitía vulnerar los códigos de autentificación (código de arranque), para poder usar juegos no originales en la videoconsola.
El sistema empleado tras la adquisición de estos cartuchos consiste en descargarse juegos a través de Internet para posteriormente grabarlos en una tarjeta de memoria que se introduce en el propio cartucho. Una vez que se coloca en la videoconsola queda preparada para poder jugar. Con la comisión de este delito se ocasiona un grave perjuicio patrimonial a los legítimos titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual de los contenidos.
Operativo coordinado en nueve provincias
Los investigadores ejecutaron un operativo coordinado en Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y Santiago de Compostela. Han sido detenidas ocho personas, entre las que figuran los máximos responsables de las franquicias y los responsables de las tiendas. Se procedió al registro e inspección de las sedes de las franquicias y de 22 establecimientos comerciales, en los que se han intervenido los siguientes efectos:
- 13.568 cartuchos de diferentes marcas para videoconsola.
- 6.887 “chips” de diferentes marcas destinados al pirateo de videoconsolas.
- 1.039 dispositivos de carga destinados a la eliminación de barreras de las consolas para poder usar videojuegos no originales.
- 8.602 tapas de lector de apertura.
- 1.804 unidades de baterías.
- 12 videoconsolas modificadas de diferentes modelos y marcas.
- 97 adaptadores USB.
- 287 unidades de tarjetas de memoria falsificadas.
- 8 acopladores.
- 1 disco duro con archivos para eliminar las barreras de protección de videoconsolas.
- Documentación.
La operación ha sido coordinada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial; y ha contado con la colaboración de las diferentes Brigadas Provinciales de Policía Judicial de las plantillas implicadas.
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Detenidas 49 personas en cuatro locales de ocio de Madrid
Agentes de las policías Nacional y Municipal han desarrollado en los últimos días varios dispositivos de prevención de la delincuencia en el distrito Centro de Madrid, donde han inspeccionado cuatro locales en los que se ha detenido a 49 personas e intervenido cocaína, hachís, marihuana y dos navajas.
Los 49 detenidos han sido arrestados por distintos motivos: delito contra la salud pública, reclamación judicial, robo con violencia, malos tratos e infracción a la Ley de Extranjería, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Además de las dos navajas han sido intervenidas 13 papelinas de cocaína, cuatro trozos de hachís, tres cigarros de la misma sustancia y dos bolsas de marihuana.
La inspección de los cuatro locales de ocio se ha producido dentro de un plan de prevención y lucha contra delitos de tráfico de estupefacientes a menor escala.
Sobre dichos locales se tenía constancia de quejas vecinales con motivo del ruido y peleas y además se sospechaba que existía "cierta permisividad en el consumo de estupefacientes en su interior y que incumplían la ordenanza municipal", según la Jefatura.
El Mundo
Agentes de las policías Nacional y Municipal han desarrollado en los últimos días varios dispositivos de prevención de la delincuencia en el distrito Centro de Madrid, donde han inspeccionado cuatro locales en los que se ha detenido a 49 personas e intervenido cocaína, hachís, marihuana y dos navajas.
Los 49 detenidos han sido arrestados por distintos motivos: delito contra la salud pública, reclamación judicial, robo con violencia, malos tratos e infracción a la Ley de Extranjería, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Además de las dos navajas han sido intervenidas 13 papelinas de cocaína, cuatro trozos de hachís, tres cigarros de la misma sustancia y dos bolsas de marihuana.
La inspección de los cuatro locales de ocio se ha producido dentro de un plan de prevención y lucha contra delitos de tráfico de estupefacientes a menor escala.
Sobre dichos locales se tenía constancia de quejas vecinales con motivo del ruido y peleas y además se sospechaba que existía "cierta permisividad en el consumo de estupefacientes en su interior y que incumplían la ordenanza municipal", según la Jefatura.
El Mundo
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La Policía Nacional divulga consejos y recomendaciones para proteger a los menores y que accedan de forma segura a la Red
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, insiste en la prevención ante los potenciales riesgos derivados de la actuación de ciberdelincuentes
17-mayo-2009.- La Policía Nacional, coincidiendo con el Día Mundial de Internet, quiere divulgar diversos consejos y recomendaciones para proteger a los menores y que accedan de forma segura a la Red. Consejos con los que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía y de la GC, insiste en la prevención ante los potenciales riesgos derivados de la actuación de ciberdelincuentes.
Medidas a adoptar por los padres
- El ordenador debe estar situado en una zona común del domicilio para poder supervisar el uso que hacen los menores y las páginas a las que acceden.
- Hay que establecer reglas de uso de Internet y controlar los tiempos de utilización de los ordenadores.
- Ayudar a los menores a realizar sus trabajos y estudios con el apoyo de las nuevas tecnologías, además de motivarles para que realicen sus propias búsquedas sobre temas de interés para ellos.
- Insistir a los menores para que no faciliten datos personales ni fotografías o vídeos a nadie a través de la Red si no existe una completa seguridad sobre quién los va a recibir.
- Hablar con los menores de los riesgos que entrañan los chat donde se pueden poner en contacto con supuestos amigos que no lo son o con personas que se hacen pasar por menores para ganarse su confianza.
- Revisar los contenidos que puedan ser perjudiciales para la educación y el desarrollo de los menores y alertarles sobre la existencia de contenidos inapropiados para su edad.
- Deben enseñar a sus hijos a no solicitar a través de la Red ningún tipo de producto sin la aprobación familiar.
- Existen programas que filtran el acceso a determinados contenidos que se pueden instalar para controlar el acceso a los mismos.
Medidas a adoptar por los menores
- Avisar inmediatamente a los padres si detectan al navegar contenidos que puedan ser peligrosos o situaciones que les puedan parecer extrañas.
- No facilitar nunca los datos personales a desconocidos a través de la Red.
- No enviar nunca fotos personales o familiares ni ninguna información sin la autorización de los padres.
- Si se va a quedar físicamente con alguien a quien se ha conocido a través de Internet, consultarlo siempre con los padres para que lo autoricen.
- Si alguien te dice algo que te resulta incómodo o molesto comunícalo inmediatamente a tus padres.
- En las redes sociales no estamos obligados a reconocer como amigo a quien no queramos.
Medidas a adoptar para un uso seguro de Internet
- No facilitar datos personales si no existe la completa seguridad sobre quién los va a recibir.
- Exigir siempre conexiones seguras en las transacciones que se realicen por Internet.
- Comprobar los certificados de seguridad en páginas donde se requieren datos de tipo personal.
- No abrir mensajes de correo electrónico de origen desconocido, ya que pueden contener virus.
- Los bancos no envían correos en los que se solicitan claves o que les redirigen a sus páginas web.
¿Qué hacer si ha sido víctima de un delito a través de Internet?
Si usted ha sido víctima de este tipo de delito, denúncielo en cualquier comisaría de policía o póngase en contacto con la Brigada de Investigación Tecnológica en cualquiera de los teléfonos que aparecen en el enlace de la BIT de la página www.policia.es o a través de los correos electrónicos:
CONSULTAS GENÉRICAS
delitos.tecnologicos@policia.es
PORNOGRAFÍA INFANTIL
denuncias.pornografia.infantil@policia.es
FRAUDES EN INTERNET
fraudeinternet@policia.es
VIRUS, ATAQUES, SEGURIDAD LÓGICA
seguridad.logica@policia.es
FRAUDES EN LAS TELECOMUNICACIONES
delitos.telecomunicaciones@policia.es
ANTIPIRATERÍA
antipirateria@policia.es
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, insiste en la prevención ante los potenciales riesgos derivados de la actuación de ciberdelincuentes
17-mayo-2009.- La Policía Nacional, coincidiendo con el Día Mundial de Internet, quiere divulgar diversos consejos y recomendaciones para proteger a los menores y que accedan de forma segura a la Red. Consejos con los que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía y de la GC, insiste en la prevención ante los potenciales riesgos derivados de la actuación de ciberdelincuentes.
Medidas a adoptar por los padres
- El ordenador debe estar situado en una zona común del domicilio para poder supervisar el uso que hacen los menores y las páginas a las que acceden.
- Hay que establecer reglas de uso de Internet y controlar los tiempos de utilización de los ordenadores.
- Ayudar a los menores a realizar sus trabajos y estudios con el apoyo de las nuevas tecnologías, además de motivarles para que realicen sus propias búsquedas sobre temas de interés para ellos.
- Insistir a los menores para que no faciliten datos personales ni fotografías o vídeos a nadie a través de la Red si no existe una completa seguridad sobre quién los va a recibir.
- Hablar con los menores de los riesgos que entrañan los chat donde se pueden poner en contacto con supuestos amigos que no lo son o con personas que se hacen pasar por menores para ganarse su confianza.
- Revisar los contenidos que puedan ser perjudiciales para la educación y el desarrollo de los menores y alertarles sobre la existencia de contenidos inapropiados para su edad.
- Deben enseñar a sus hijos a no solicitar a través de la Red ningún tipo de producto sin la aprobación familiar.
- Existen programas que filtran el acceso a determinados contenidos que se pueden instalar para controlar el acceso a los mismos.
Medidas a adoptar por los menores
- Avisar inmediatamente a los padres si detectan al navegar contenidos que puedan ser peligrosos o situaciones que les puedan parecer extrañas.
- No facilitar nunca los datos personales a desconocidos a través de la Red.
- No enviar nunca fotos personales o familiares ni ninguna información sin la autorización de los padres.
- Si se va a quedar físicamente con alguien a quien se ha conocido a través de Internet, consultarlo siempre con los padres para que lo autoricen.
- Si alguien te dice algo que te resulta incómodo o molesto comunícalo inmediatamente a tus padres.
- En las redes sociales no estamos obligados a reconocer como amigo a quien no queramos.
Medidas a adoptar para un uso seguro de Internet
- No facilitar datos personales si no existe la completa seguridad sobre quién los va a recibir.
- Exigir siempre conexiones seguras en las transacciones que se realicen por Internet.
- Comprobar los certificados de seguridad en páginas donde se requieren datos de tipo personal.
- No abrir mensajes de correo electrónico de origen desconocido, ya que pueden contener virus.
- Los bancos no envían correos en los que se solicitan claves o que les redirigen a sus páginas web.
¿Qué hacer si ha sido víctima de un delito a través de Internet?
Si usted ha sido víctima de este tipo de delito, denúncielo en cualquier comisaría de policía o póngase en contacto con la Brigada de Investigación Tecnológica en cualquiera de los teléfonos que aparecen en el enlace de la BIT de la página www.policia.es o a través de los correos electrónicos:
CONSULTAS GENÉRICAS
delitos.tecnologicos@policia.es
PORNOGRAFÍA INFANTIL
denuncias.pornografia.infantil@policia.es
FRAUDES EN INTERNET
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VIRUS, ATAQUES, SEGURIDAD LÓGICA
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FRAUDES EN LAS TELECOMUNICACIONES
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La Policía Nacional detiene a 13 personas y desarticula un grupo de delincuencia organizada en Vizcaya
La Policía investiga si los detenidos desviaban fondos para la financiación del terrorismo islamista en Argelia
20-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarrollado esta madrugada una operación en Bilbao en la que han sido detenidas 13 personas que presuntamente formaban un grupo de delincuencia organizada que operaba en la provincia de Vizcaya. La Policía Nacional investiga igualmente si los detenidos desviaban los fondos económicos que conseguían con sus actividades delictivas para la financiación del terrorismo islamista en Argelia.
La operación ha sido desarrollada por funcionarios adscritos a la Brigada Provincial de Información de Bilbao en coordinación con la Comisaría General de Información y bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.
Los 13 detenidos, doce de nacionalidad argelina y un iraquí, formaban un grupo dedicado a robos, tráfico de drogas y receptación. Sus identidades son las siguientes:
- Abdallah BOUKRA DJELLOUL, nacido en Orán (Argelia) el 06-02-74, domiciliado en Bilbao.
- Tayeb BOUKRA DJELLOUL, nacido en Orán (Argelia) el 09-08-72, domiciliado en Bilbao.
- Abdelhak BOUKRA DJELLOUL, nacido en Orán (Argelia) el 31-01-84, domiciliado en Bilbao.
- Abdelkader KERDAG, nacido en Orán (Argelia) el 03-07-65, domiciliado en Bilbao.
- Bassam AUDAIB, nacido en Irak el 16-02-73, domiciliado en Bilbao.
- Mohamed CHERIF, nacido en Orán (Argelia) el 23-11-79, domiciliado en Bilbao.
- Lahouari MOUFFOK, nacido en Orán (Argelia) el 08-11-78, domiciliado en Bilbao.
- Boubakr BOUNOUARA, nacido en Orán (Argelia) el 06-04-84, domiciliado en Bilbao.
- Houari KADDA, nacido en Orán (Argelia) el 26-10-74, domiciliado en Bilbao.
- Houari MADANI, nacido en Orán (Argelia) el 05-05-79, domiciliado en Bilbao.
- Smail ZERROUKI, nacido en Orán (Argelia) el 30-06-81, domiciliado en Bilbao.
- Abdelkader BENDOUDA, nacido en Orán (Argelia) el 23-08-81, domiciliado en Bilbao.
- Houari KRIM, nacido en Orán (Argelia) el 28-10-88, domiciliado en Bilbao.
En los registros domiciliarios efectuados hasta el momento se han intervenido:
- 7.500 euros en metálico.
- Resguardos de envíos de dinero a Argelia.
- 14 teléfonos móviles y numerosas tarjetas SIM.
- Un ordenador portátil, numerosos CDs y DVDs y pendrive.
- Numerosos objetos de oro y plata, procedentes de robos.
- Pasaportes robados.
- Armas blancas.
- Dos transmisores receptores.
- Numerosa documentación para estudio.
- Numerosas herramientas para uso delictivo (palanquetas, destornilladores, etc).
La operación continúa abierta.
La Policía investiga si los detenidos desviaban fondos para la financiación del terrorismo islamista en Argelia
20-mayo-2009.- Agentes de la Policía Nacional han desarrollado esta madrugada una operación en Bilbao en la que han sido detenidas 13 personas que presuntamente formaban un grupo de delincuencia organizada que operaba en la provincia de Vizcaya. La Policía Nacional investiga igualmente si los detenidos desviaban los fondos económicos que conseguían con sus actividades delictivas para la financiación del terrorismo islamista en Argelia.
La operación ha sido desarrollada por funcionarios adscritos a la Brigada Provincial de Información de Bilbao en coordinación con la Comisaría General de Información y bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.
Los 13 detenidos, doce de nacionalidad argelina y un iraquí, formaban un grupo dedicado a robos, tráfico de drogas y receptación. Sus identidades son las siguientes:
- Abdallah BOUKRA DJELLOUL, nacido en Orán (Argelia) el 06-02-74, domiciliado en Bilbao.
- Tayeb BOUKRA DJELLOUL, nacido en Orán (Argelia) el 09-08-72, domiciliado en Bilbao.
- Abdelhak BOUKRA DJELLOUL, nacido en Orán (Argelia) el 31-01-84, domiciliado en Bilbao.
- Abdelkader KERDAG, nacido en Orán (Argelia) el 03-07-65, domiciliado en Bilbao.
- Bassam AUDAIB, nacido en Irak el 16-02-73, domiciliado en Bilbao.
- Mohamed CHERIF, nacido en Orán (Argelia) el 23-11-79, domiciliado en Bilbao.
- Lahouari MOUFFOK, nacido en Orán (Argelia) el 08-11-78, domiciliado en Bilbao.
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- Smail ZERROUKI, nacido en Orán (Argelia) el 30-06-81, domiciliado en Bilbao.
- Abdelkader BENDOUDA, nacido en Orán (Argelia) el 23-08-81, domiciliado en Bilbao.
- Houari KRIM, nacido en Orán (Argelia) el 28-10-88, domiciliado en Bilbao.
En los registros domiciliarios efectuados hasta el momento se han intervenido:
- 7.500 euros en metálico.
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- 14 teléfonos móviles y numerosas tarjetas SIM.
- Un ordenador portátil, numerosos CDs y DVDs y pendrive.
- Numerosos objetos de oro y plata, procedentes de robos.
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