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[Bronce]

Dos detenidos y ocho imputados por acoso informático a una menor de Alicante

La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dos personas, una de ellas menor de edad, y ha imputado a otras ocho, entre ellas seis menores, por su participación en un caso de «grooming» (crear amistad por parte de un adulto para abusar sexualmente de un menor) y «cyberbulling» (acoso a través de redes sociales).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, durante la investigación, los agentes comprobaron también que, durante la relación virtual, la víctima había compartido con otras personas imágenes de contenido sexual del acosador, por lo que también ha quedado imputada por la presunta comisión de un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen.

La operación Mitch se puso en marcha cuando se tuvo conocimiento de que una menor de 15 años estaba siendo víctima de «grooming» por parte de un chico al que había conocido a través de un grupo de usuarios de una red de mensajería instantánea para móviles. El joven, tras ganarse la confianza de la chica, obtuvo imágenes de tipo sexual de la menor, pero en su afán de conseguir más material, y ante la negativa de la víctima, la coaccionó y amenazó con la difusión de las imágenes que obraban en su poder.

El acosador difundió finalmente las imágenes a través de la red social a la que ambos pertenecían, por lo que en pocas horas llegaron a manos de multitud de personas del entorno de la víctima. Muchos de los destinatarios reenviaron los archivos, multiplicándose de esa forma su difusión. De forma paralela, se creó un perfil en una conocida red social a nombre de la menor, donde se utilizó una de las imágenes difundidas, han indicado las mismas fuentes.

Tras un la investigación del Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Alicante, se detuvo en Málaga a un joven de 18 años como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y contra la intimidad y derecho a la propia imagen. Los agentes actuaron también contra un grupo de la red social en el que se habían compartido las imágenes de la víctima y en el que algunos usuarios, presuntamente, habían estado burlándose de la menor.

En consecuencia se detuvo a la administradora del referido grupo, una menor de edad, a la que se imputaron, junto a otras siete personas más, cinco de las cuales son menores de edad, los delitos contra la integridad moral y el derecho al honor.

Fuente: http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140726/abci-acoso-informatico-menor-201407261536.html

 

[Bronce]

La capitán que denunció por acoso sexual a un coronel deja el Ejército

La capitán Zaida Cantera ha tirado la toalla. Ha dirigido un escrito al Mando de Personal del Ejército en el que solicita la apertura de un expediente sobre insuficiencia de facultades profesionales, primer paso para darse de baja en las Fuerzas Armadas, en las que ingresó en 1997.

A la capitán no le faltaba vocación militar, ni tampoco agallas. En marzo de 2012, consiguió que el Tribunal Militar Central condenase al coronel Isidro José de Lezcano-Mújica a dos años y 10 meses de prisión por abuso de autoridad. En una de las escasas sentencias por acoso sexual dictadas por los tribunales militares se decía que el coronel actuó “con grave menosprecio de la condición femenina de la víctima” y que sus actos (tocamientos, insinuaciones, amenazas, vejaciones en público) eran “claramente atentatorios de la libertad sexual” de la capitán.

Cabía esperar que la condena del acosador permitiría a su víctima continuar su carrera profesional con normalidad, pero no fue así. Pocos meses después, Cantera fue acusada de haber manipulado la fecha de una solicitud de permiso que presentó mientras realizaba el curso de ascenso a comandante. En apariencia, se trataba de un asunto burocrático, ya que había pedido cambio de tanda en el curso. Pero no era para tomarlo a broma: la deslealtad está castigada con hasta seis años de prisión. Cantera sufrió entonces una recaída en los problemas psicológicos que le causó el proceso por acoso sexual, de cuyas secuelas nunca se recuperó del todo.

La juez archivó la causa —admitiendo que no se había producido ningún perjuicio para el servicio ni, en consecuencia, delito militar alguno—, pero en el auto de archivo dio por sentando que fue la capitán la que alteró la fecha de petición del permiso, por lo que inmediatamente se le abrió un expediente disciplinario por falta grave, sancionado con dos meses de arresto.

El Gobierno asciende a un general a la semana de que fuera exonerado

La capitán se vio obligada a recurrir el propio auto que archivaba la causa contra ella para, una vez reabierta, aportar un informe caligráfico, pagado de su bolsillo, que demostraba que no era ella la autora de la falsificación. No satisfecha con este informe de parte, la juez pidió opinión a los expertos de la Guardia Civil y ahí saltó la sorpresa: tras ratificar que no podía acreditarse que la capitán fuese la autora de la modificación de la fecha, llamaron la atención sobre un hecho en el que nadie había reparado: las dos firmas del escrito, una del coronel y otra del teniente coronel, correspondían a la misma persona. Es decir, una de las dos era falsa.

El archivo definitivo del caso, tras casi un año de pelear en los tribunales, se saldó con la imposición de una falta disciplinaria leve, aunque ya prescrita, a la capitán. Y la apertura de una nueva batalla judicial.

Lejos de rendirse, la capitán denunció a cuatro mandos militares, nada menos que al general de brigada Ramón Pardo de Santayana, subdirector de Enseñanza del Ejército; a los coroneles José Luis Sánchez Urbón y Francisco Javier Salas Canalejo y al teniente coronel Fernando Barreras Mejía, estos tres últimos destinados en la delegación de la Escuela de Guerra en Zaragoza. A todos les acusaba de una multiplicidad de hechos que pueden considerarse persecución laboral o acoso moral.

Cuatro mandos declararon como imputados por persecución laboral

La denuncia tuvo un efecto colateral indeseado: paralizó el ascenso de Pardo De Santayana y provocó un atasco de varios meses en la promoción del generalato del Ejército de Tierra.

El Juzgado Togado Militar Central número 2 abrió diligencias previas e imputó a los cuatro mandos, pero impuso un ritmo frenético a la instrucción: entre el 23 y el 27 de junio, les tomó declaración (la acusación pidió sin éxito que se grabasen las declaraciones) y el 1 de julio dictó un auto en el que descalificaba la denuncia y desimputaba a todos los mandos, salvo al teniente coronel, hasta comprobar si la firma falsificada era suya. El fiscal no veía delito de abuso de autoridad, pero consideró precipitada la desimputación.

No menos rápido fue el Tribunal Militar Central. El 18 de julio, dictó un auto en el que exoneraba definitivamente al general y a los dos coroneles con el argumento de que su conducta no merecía reproche penal y ni siquiera disciplinario. En su opinión, lo máximo que habría sería un contencioso administrativo. Las fechas son importantes, porque el pasado viernes —es decir, en su primera reunión posterior a la desimputación de Pardo de Santayana— el Consejo de Ministros acordó su ascenso a general de división.

En el escrito en el que pide su salida del Ejército, la capitán alega que su situación se ha vuelto “insostenible” —lleva casi dos años de baja intermitente bajo tratamiento psiquiátrico— y que los actos de hostilidad se han incrementado debido a la “impunidad”. Fuentes próximas a la capitán subrayan que hasta que denunció el acoso sexual nunca tuvo ningún problema profesional —estuvo destinada en Líbano y Kosovo, tenía una hoja de servicios inmaculada y unas calificaciones brillantes— y están convencidas de que algunos compañeros del coronel condenado no le han perdonado que lo hiciera.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2014/07/27/actualidad/1406487948_740205.html