Noticias -> DELITOS ECONÓMICOS, FISCALES, ESTAFAS

[Bronce]

Denuncian que una empresa que presidía Pedro Morenés estafó más de 400.000 euros a la Complutense

El director de seguridad de la Universidad Complutense de Madrid ha sido acusado en los juzgados de Madrid de colaborar en el presunto saqueo llevado a cabo durante los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica de una suma superior a 400.000 euros, mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad Privada para ejercer las funciones de agentes de la autoridad en el recinto encomendado.

La denuncia ha sido presentada por la Aspacom (Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción”, domiciliada en Barcelona y cuyos promotores son vigilantes de seguridad, abogados y expertos en seguridad e investigación privada, según se acredita notarialmente en el cuerpo de la denuncia.

Según el escrito de denuncia presentado por el abogado Ricardo Navarro Torres, ante el juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, de guardia el pasado 10 de octubre, se acusa a Justino Marcos Benito, jefe de seguridad de la Complutense de los delitos de “dejación de la obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso de cargo”, “usurpación de estado civil” y falsedad en documento oficial”.

La denuncia está basada -señala el escrito- en documentación recibida en la sede de Aspacom en Barcelona y a finales del pasado curso universitario su contenido fue contrastado -dicen- con la propia Universidad Complutense, en concreto con su Rector, José Carrillo, así como con diversos juzgados y organismos oficiales. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era el presidente de Segur Ibérica cuando acontecieron los hechos que ahora se denuncian.

“El fraude que denunciamos –informa el denunciante- se ha producido en la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la UCM entre enero de 2006 y octubre de 2007 [siendo el rector Carlos Berzosa], la documentación recibida indica que se ha realizado desde dentro, desde la propia Dirección de Seguridad de la UCM con la colaboración de la entonces empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad (Segur Ibérica, S.A.). Es más que probable su continuidad temporal a partir de 2008 con la nueva empresa adjudicataria Serygur, S.A., implicada en el caso Gürtel”.

En esos años, concretamente entre 2006 y 2009, Serygur, una sociedad hasta entonces desconocida en el sector, también consiguió adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.

Según Aspacom “el fraude cometido contra la UCM es casi tan antiguo como el mundo: cobrar servicios que no se prestan con la connivencia de quienes deben supervisar su cumplimiento, obteniendo un beneficio económico importantísimo a cambio de…nada, con total impunidad y pocas posibilidades de que pueda ser descubierto”.

Igualmente en la denuncia añade que “la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia desde enero de 2.006 hasta octubre de 2007 (Segur Ibérica, S.A.), no cubría el 14,70% - aproximadamente- de los servicios contratados conforme se detallará en el hecho siguiente. La operativa era bien sencilla y se veía favorecida por la dispersión de sedes de la UCM por la ciudad de Madrid que no tienen continuidad física entre ellas: Campus de Moncloa: 37 Facultades, Colegios Mayores e Instalaciones deportivas. Campus de Somosaguas: 7 Facultades, Escuelas Universitarias e Institutos. Seis edificios distribuidos por toda la ciudad: Bibliotecas, y Escuela de estudios Empresariales, Edificio Donoso Cortés: Escuela de Biblioteca de Economía, Escuela de Óptica, etc….”.

Para los denunciantes “la dispersión, los diferentes turnos horarios y la naturaleza de los servicios –en interior y exterior de edificios, en días festivos, en periodos no lectivos etc,..- hacen muy difícil que el personal de la Universidad no relacionado con la seguridad pueda percatarse a simple vista de si se están realizando o no".

En este sentido añade el escrito que “por razón de su cargo, el Director de Seguridad -empleado de la UCM y titulado por el Ministerio del Interior para esta función- planifica los servicios a realizar y las condiciones de su prestación conforme al concurso adjudicado; además es él quien debe dar el visto bueno para que se abonen las facturas a la adjudicataria, por lo que su colaboración es absolutamente necesaria para cometer el fraude: le basta con hacer la vista gorda”.

Falsificación de carnets y placas de vigilantes

Uno de los aspectos en los que pone más énfasis la asociación de denunciantes es en el hecho de las supuesta falsificaciones de hojas de servicio, carnets y placas identificativas de vigilante de seguridad expedidos por el Ministerio del Interior, usurpando la identidad de sus titulares.

“El número de TIP (placa) sería el equivalente a la de los agentes de policía, sirve para identificarse ante los ciudadanos y también para acreditar ante la UCM y el Ministerio del Interior la identidad de los vigilantes. Hemos comprobado en las hojas de servicio que a un gran número de vigilantes se les asignaban diferentes números de TIP (placa), por lo que solo cabe la posibilidad de que hayan sido falsificadas (puesto que los vigilantes deben llevarlas en lugar visible) o que correspondan a otro vigilante del que se usurpa la identidad”, afirma Aspacom.

“También -manifiesta el denunciante- hemos comprobado mediante consulta en el BOE que muchas de las hojas de servicio incluyen a gran número de trabajadores que nunca han llegado a ser vigilantes de seguridad pero se les asigna un número de TIP (placa). A continuación se relacionan 49 trabajadores en esa situación, teniendo serias dudas de que incluso hayan llegado a trabajar en la empresa de seguridad adjudicataria y hayan prestado servicios en la UCM”.

Detectives privados acreditan el presunto delito

Investigación llevada a cabo por la agencia de detectives Gestaltia, de Alicante, analizando miles de documentos diversos y cuadrantes a lo largo de varios años han sido la base para verificar con datos de Seguridad Privada la presunta estafa. Según recoge la denuncia los detectives han acreditado que entre enero de 2006 y octubre de 2007 Segur Ibérica facturó 186.607 horas de vigilancia, por un importe de 16,14 €/hora –según pliego del Concurso Público-. “En este sentido concluimos que se han facturado 27.429/h. que no han sido realizadas por un importe de 442.704,06 €”

Según se recoge en la denuncia “si se comparan por meses las horas de vigilancia que debían haberse realizado conforme a los pliegos del concurso (columna “horas pliegos UCM”) y las que efectivamente se realizaron según las hojas de servicio de los empleados (columna “horas parte UCM”). El total de horas no realizadas suma 27.429, que a razón 16,14 €/h. suponen 442.704,06 €”.

Aspacom estima en el 14,70% la media de horas de vigilancia no realizadas y facturadas por Segur Ibérica y asegura que no es una cifra producto del azar, “sino que encaja dentro de los parámetros aproximados del 15% que se suele defraudar en los contratos públicos en los que se cometen este tipo de irregularidades, como desgraciadamente nos tiene acostumbrados el día a día de la corrupción que asola España”.

Asimismo añaden que “la cuantía de lo defraudado puede multiplicarse exponencialmente si extrapolamos los datos de estos 22 meses (enero de 2006 a octubre de 2007) al periodo noviembre de 2007 a octubre de 2013 (setenta y dos meses), en cuyo caso nos encontraríamos ante un fraude de 84.767,63 h. equivalentes a 1.368.149,54.-€ , todo ello sin tener en cuenta la revalorización anual del precio/hora. En total, desde el 01/01/2006 hasta el mes de octubre de 2.013, podemos encontrarnos ante un fraude de 1.810.853,60.-€ .

Fuente: http://www.zoomnews.es/122781/actualida ... urce=znrec

 

[Bronce]

Detenidos los responsables de una academia que ofrecía cursos de escoltas y vigilantes sin homologar

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 44 años y a una mujer de 35, ambos titulares de una academia de formación en Málaga, como presuntos responsables de un delito de estafa por ofrecer cursos por Internet para conseguir la habilitación oficial de escolta privado y vigilante de seguridad sin estar homologada para impartir dicha formación.

La investigación comenzó, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, cuando los agentes recibieron dos denuncias. En una de ellas se adjuntaba una captura de pantalla de la información de los cursos de escolta privado y de vigilante de seguridad que contrató por Internet, ayudando a las pesquisas policiales.

Así, los agentes, tras una minuciosa investigación de la documentación aportada, pudieron concluir que los detenidos regentaban una academia cerca del Camino Suárez de la capital, cuyo objeto social, según el registro Mercantil, era la formación no reglada.

Sin embargo, dicha academia ofrecía por Internet acciones formativas con el fin de obtener la habilitación para profesiones en las que es preceptivo un diploma de realización de un curso en centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de
Estado para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior.

Según las investigaciones policiales realizadas, en colaboración con la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, dieron como resultado que la academia carecía de autorización para impartir los cursos de vigilante de seguridad y escolta privado.

Los responsables del centro alegaban que los cursos ofrecidos no estaban homologados y que se informaba a los usuarios de dicho extremo. Tras la denuncia, los investigadores no encontraron en la página web información acerca de que los cursos estaban dirigidos a obtener la habilitación oficial.

Sin embargo, a través de las capturas de uno de los denunciantes, se ha podido descubrir este fraude que, según las investigaciones policiales, puede haber afectado a unas 100 personas en toda España, puesto que la academia conseguía vender anualmente entre 6.000 y 8.000 cursos.

Fuente: http://www.ivecinos.es/portada/194-PROV ... logar.html

 

[Bronce]

El TC ampara a un vigilante condenado por robar el comercio donde trabajaba

El Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a un vigilante de seguridad que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por atracar el supermercado de Sevilla donde trabajaba.

El vigilante J.M.G.V., junto a los dos presuntos autores materiales del atraco, fueron absueltos por falta de pruebas por un juzgado penal, pero luego la Audiencia de Sevilla anuló dicho fallo y les condenó a cuatro años y medio de cárcel por un delito de robo con violencia, con las agravantes de disfraz y abuso de confianza.

La Sección Primera de la Audiencia sevillana, según el Constitucional, vulneró el derecho de los acusados a un proceso con todas las garantías al modificar los hechos probados de la sentencia y llevar a cabo una nueva valoración de las pruebas "sin respetar las garantías de inmediación y contradicción".

El atraco enjuiciado ocurrió en un supermercado de la cadena DIA, cuando dos hombres que se cubrían la cara con pasamontañas y cascos de motorista amenazaron a las empleadas y al vigilante de seguridad, se apoderaron de la recaudación y de los teléfonos móviles de los empleados y huyeron en una moto.

El vigilante fue condenado porque, según la Audiencia, fue cooperador necesario en el atraco al facilitar el acceso al establecimiento y la información necesaria.

Los tres procesados fueron absueltos porque los empleados del comercio no los identificaron, por el registro de llamadas de los móviles y por la declaración de los policías nacionales que intervinieron en la instrucción.

Fuente: http://www.ideal.es/agencias/20140111/m ... 11152.html

 

[Bronce]

La agencia tributaria atribuye dos delitos contra hacienda a la empresa que custodia los edificios de patrimonio nacional

El Informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso esta redacción, concluye que en los años 2008 y 2009 Miguel Angel Ramírez defraudó más de 2.400.000 euros. El fraude consistía en anotar bajo el concepto de dietas, sobre las que no se practicaba retención ni cotización alguna, cantidades que en realidad deberían figurar en la nómina de los trabajadores. En sólo dos años, 2008 y 2009 se facturó como dietas alrededor de 17 millones de euros. De los aproximadamente 2.400 empleados que en esos años tenía Seguridad Integral Canaria más del 96% cobraban dietas. En la mayoría de los casos la cantidad que recibían bajo ese concepto era una cantidad fija. El informe señala también que la empresa no ha aclarado los conceptos que componían los salarios de los trabajadores ni la función de cada uno en la empresa.

El informe rechaza la posibilidad de una negligencia

Tampoco ha justificado los desplazamientos ni su frecuencia ni los medios de pago utilizados para abonar las nóminas y las dietas. La Agencia Tributaria señala también que en este caso cocreto es evidente que no estamos ante una negligencia ya que, según los datos que obran en su poder, la empresa SIC era consciente de las irregularidades que estaba cometiendo, lo hacía de forma dolosa, es decir, con intención de delinquir.

Según la Agencia Tributaria la empresa Seguridad Integral Canaria consiguió ahorrar en costes al eludir una parte del pago a la hacienda pública y eso le permitió partir con ventaja frente a otras empresas al presentarse a concursos para obtener nuevos contratos. En este sentido hay que señalar que, según fuentes del sector, el grupo RALONS, propiedad de Miguel Angel Ramírez y del que forma parte Seguridad Integral Canaria, obtiene la mayor parte de sus beneficios, se calcula que alrededor de un 70%, de la administración pública. Los contratos conseguidos no se reducen al sector de la seguridad privada, RALONS se dedica también a las lavanderías, comedores escolares y limpieza de edificios, entre otras actividades.

La empresa que está siendo investigada, Seguridad Integral Canaria, dio el salto a la Península donde ha conseguido contratos millonarios al hacerse con la vigilancia de todos los edificios de Patrimonio Nacional, incluyendo los Reales Sitios, también ha firmado contratos con el Ministerio de Defensa y en el mes de julio del 2013 se hizo con una parte de la seguridad del metro de Madrid. Miguel Angel Ramírez logró el contrato de seguridad con el metro madrileño a pesar de que ya había sido condenado en firme a tres años de cárcel por un delito contra el medio ambiente. El empresario no ingresó en prisión porque fue indultado por el gobierno de Mariano Rajoy en noviembre del año pasado.

Este caso de fraude contra la hacienda pública ha salido a la luz por la denuncia que presentó el sindicato USO después de años de recopilar documentos, investigaciones internas y conversaciones con los trabajadores. La denuncia se presentó en la Audiencia Nacional, que decidió inhibirse, porque no era de su competencia, pero consideró que había indicios suficientes de delito y envió el caso a la Fiscalía provincial de Las Palmas.

Condenado en firme

Miguel Angel Ramírez ha tenido más de un encontronazo con la justicia. Como ya hemos apuntado, fue condenado en firme a 3 años de cárcel por un delito contra el medio ambiente. La causa, construir parte de su vivienda en un espacio protegido. Fue indultado por el Gobierno en noviembre del 2013 pero la zona protegida sigue estando ocupada por la vivienda de Ramírez ya que no se ha procedido a su demolición.

El empresario también aparece imputado por estafa y apropiación indebida en una causa que investiga la falsificación de los cuadrantes de los trabajadores de seguridad de aeropuerto de Tenerife. Por último, el caso Emalsa, en el que hay dos consejeros de este grupo imputados, investiga la posible compra venta irregular de un edificio propiedad de Seguridad Integral Canaria.

Fuente: http://www.cadenaser.com/espana/articul ... nac_19/Tes

 

[Bronce]

Hacienda acusa a Seguridad Integral Canaria de defraudar 2,3 millones

La empresa Seguridad Integral Canaria, que tiene entre sus clientes más importantes a las administraciones públicas, defraudó a Hacienda más de 2,3 millones entre 2008 y 2009, "al pagar fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas".

Así consta en el informe que la Agencia Tributaria ha remitido a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO.

El informe de la Agencia Tributaria subraya que el delito habría consistido en "evitar practicar retención sobre retribuciones satisfechas a trabajadores de Seguridad Integral, mediante el subterfugio de calificarlas como exentas de gravamen".

Según consta en el texto, Seguridad Integral Canaria, que desde el pasado mes de agosto asume también la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, "no sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte de los salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaron libres de tributación ya que tampoco se incluyeron por los trabajadores en sus declaraciones de IRPF".

La inspección de la Agencia Tributaria ha corroborado que las dietas declaradas por Seguridad Integral Canaria suponían "un 30,16 % de los rendimientos de trabajo declarados en 2008 y un 27,9 % en 2009".

El informe subraya que para alcanzar la facturación declarada, "Seguridad Integral Canaria tuvo que prestar, como mínimo, 3.134.948 horas de servicio de vigilancia en 2008 y 3.433.629 horas en 2009 y los vigilantes contratados sólo pudieron realizar 2.659.423 horas en el primer año y 2.900.652 en el segundo, por lo que es materialmente imposible que se haya facturado por valor de las horas declaradas con el personal del que disponía y con las horas extra admitidas".

El texto prosigue que "dicha facturación requiere como mínimo 475.524 horas adicionales en 2008 y 532.976 en 2009. Por lógica, estas horas suplementarias sólo pudieron realizarse fuera de la jornada ordinaria de los trabajadores, esto es, mediante horas extra no declaradas".

El empresario y propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, declarará como imputado por el delito de fraude contra la Hacienda Pública el próximo 12 de marzo.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/20 ... lones.html

 

[Bronce]

La Policía detecta falsos vigilantes en obras y fábricas

La futura Ley de Seguridad Privada que otorga a los vigilantes de seguridad nuevas competencias hasta ahora propias de las fuerzas de seguridad del Estado pone en el foco algunos de los graves problemas que afectan a este sector, como es el intrusismo. Personas que realizan tareas propias de vigilantes en obras, empresas o establecimientos, a pesar de no disponer del título oficial para ello. En este sentido, la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Castellón, servicio encargado de velar por el cumplimiento de esta legislación, ha intensificado los controles para detectar y frenar este problema.

En los tres últimos años han interpuesto casi medio centenar de denuncias en este sentido. La multa es de 3.000 euros para la persona implicada y de entre 30.000 y 60.000 para la empresa que contrata a una persona para hacer tareas de seguridad privada sin la acreditación correspondiente, que se obtiene tras realizar un examen que convoca el Ministerio del Interior.

“Realizamos inspecciones nocturnas a obras y fábricas para certificar que la persona que vigila está habilitada para hacerlo. No se puede colocar a cualquier persona a controlar porque supone un peligro”, explica el jefe y responsable de esta unidad, Roberto Vespa.

El año pasado esta unidad realizó 1.159 inspecciones en establecimientos de la provincia de Castellón, una cifra superior a las llevadas a cabo un año antes, cuando se situaron en 919. Se encargan desde supervisar la instalación de un cajero automático o de controlar el servicio de seguridad de un macrofestival de música.

Fuente: http://www.elperiodicomediterraneo.com/ ... 66185.html

 

[Bronce]

Condenan a 21 meses a un ex empleado de seguridad por estafar 38.636 euros

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a 21 meses de prisión por apropiación indebida a un ex empleado de la empresa encargada de la vigilancia de la Estación de Autobuses de la capital, Paneuropea de Seguridad, y a devolver los 38.636,27 euros que desvió a su cuenta al cobrar diez cheques destinados al pago del servicio .

Los hechos ocurrieron en 2006, año en que el condenado se apropió de diez cheques para el pago del servicio de seguridad emitidos por la gerencia de la Estación de Autobuses Interurbana de Zamora a nombre de Paneuropea de Seguridad. El delito se descubrió cuando la empresa Securitas absorbió a aquella empresa y al realizar balance detectó la deuda de 38.636,27 euros y las investigaciones emprendidas apuntaron a quien ya era entonces ex empleado de Paneuropea. En el juicio el acusado ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

En la sentencia se considera responsable civil subsidiaria a Caja España, entidad a través de la cual se tramitaban las mensualidades, por no comprobar que la cuenta en la que se ingresaban los cheques no era la correcta, y que tendrá que pagar la cantidad detraída si el acusado se declarara insolvente.

Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/zamora/ ... 47912.html

 

[Bronce]

Vigilantes del Metro acusan al suburbano de ser cómplice de delito fiscal

“No se nos abonan las pagas extraordinarias, ni los pluses por nocturnidad, ni las horas extra”, denuncian los trabajadores. En los últimos meses, las horas nocturnas han sido el tema que ha centrado las numerosas reclamaciones realizadas al encargado del servicio de seguridad de Metro de la capital. La falta de una uniformidad adecuada, la ausencia de un cuadrante vacacional o la falta de concreción con el número de horas realizadas también forman parte de sus denuncias.

“Aquí hay un despido encubierto”, añade Antonio Duarte, secretario general de FTSP en declaraciones a Cambio16. En los próximos dos años, 800 trabajadores pertenecientes a las compañías Seguridad Integral Canaria y Ombdus, otra de las empresas encargadas de la seguridad, se irán a la calle en respuesta a una orden de Metro de Madrid de reducir el número de agentes.

"Hemos retomado el sistema de hace veinte años y lo hemos desmejorado"

Además, según la denuncia de los trabajadores, en los últimos años las condiciones de trabajo han ido de mal en peor. Primero, aseguran a Cambio16, redujeron el número de vigilante fijos, dejando estaciones sin vigilancia; a cambio, han aumentado las patrullas y efectivos que las realizan. “No se está ahorrando en personal”, aclaran, “hay más personas en patrulla que en puesto fijo”.

Sin embargo, temen que con esta tendencia “finalmente sobrará gente”, ya que ahora mismo la reestructuración de los cuadrantes hace que se hagan menos horas de las acordadas por el convenio y muchos de los agentes se encuentran debiendo horas. “No sabemos cuántas ni cuándo se las cobrarán”.

Por otro lado, la forma de trabajo que la compañía ha implantado obliga a los agentes a dar parte de su posición cada diez minutos. “Hacemos más trabajo de reloj que de seguridad”. Todo ello, repercute altamente en los usuarios quienes, al ver las patrullas constantemente en los vagones tienen una mayor sensación de seguridad aunque “si analizas bien, estás viendo siempre a los mismos”.

Mafia laboral, Integral Canaria

Bajo el lema 'Mafia laboral, Integral Canaria', la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada y la Unión Sindical Obrera (USO) han destacado también el supuesto fraude llevado a cabo por el director de la compañía, Miguel Ángel Ramírez, quien ha sido imputado por la Audiencia Tributaria. La institución le acusa de defraudar más de dos millones y medio de euros en un periodo de dos años en impagos a la Seguridad Social.

De esta manera, los trabajadores acusan a Metro de Madrid de ser “cómplices” del delito de fraude puesto que, a sabiendas de las investigaciones abiertas a la compañía han contado de nuevo con sus servicios. “Estamos hablando de un hombre que ha sido ya indultado por el Gobierno”, recalca Duarte.

Los sindicatos han anunciado su intención de no parar. Por el momento, están convocadas manifestaciones para los próximos tres martes hasta que tenga lugar la vista judicial de Miguel Ángel Ramírez el próximo 13 de abril, tras haber sido retrasada un mes.

Fuente: http://cambio16.es/not/4916/vigilantes_ ... to_fiscal/

 

[Bronce]

Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF

El presidente y directivos de la tercera empresa de seguridad de España, Segur Ibérica, comparecerán entre los días 6 y 8 de mayo ante la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona en calidad de imputados por sendos delitos de estafa y falsedad documental, para prestar declaración, tras ser admitida a trámite la querella que presentó el pasado mes de diciembre la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción” “ASPACOM”. En días posteriores prestarán declaración los testigos aportados, tres de ellos ex empleados de la propia compañía de seguridad.

Según la querella presentada por Aspacom Segur Ibérica obtuvo un contrato con la empresa pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, dependiente del Ministerio de Foment, dedicada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias del Estado.

En el contrato concurso entre ambas empresas –para los años 2009 y 2010- Segur Ibérica adquiría el compromiso contractual de dotar de vigilantes de seguridad –tanto vigilancia armada como no armada- en número suficiente, de acuerdo con los pliegos firmados. Obviamente y tal como establece la ley de seguridad privada en España, todos estos vigilantes debían estar obligatoriamente en posesión de la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior para la realización de sus funciones, denominada TIP, Tarjeta de Identidad Profesional.

Según la querella, este requisito no se cumplió, “con el fin de obtener un lucro ilícito”, bien facturando servicios no realizados, contratando vigilantes no habilitados por el Ministerio del Interior o bien –según la querella- anotando en los cuadrantes nombres falsos con la intención de hacer creer al cliente, en este caso ADIF, que los servicios contratados se habían cumplido. Estas supuestas prácticas delictivas habrían generado un lucro ilícito superior a los 450.000 euros procedentes de las arcas públicas.

Según un representante de ASPACOM, “esta es una práctica al parecer común llevada a cabo por Segur Ibérica desde 2006 hasta al menos 2010 o 2011, en un gran número de empresas tanto públicas como privadas y que en varios casos, como con la Universidad Complutense o la Generalitat de Cataluña se están instruyendo las correspondientes diligencias judiciales”.

Para acreditar los hechos denunciados ASPACOM contó con los servicios de un detective privado de la empresa Gestaltia que consiguió analizar miles de cuadrantes de servicios y cruzar estos datos con informaciones procedentes de ficheros públicos e informes de Seguridad Privada del Ministerio del Interior solicitados a instancias de varios juzgados en casos similares. Como consecuencia de ese análisis de datos concluyó la existencia de un presunto fraude, que incluía también la alteración del programa informático que controlaba los servicios programados y facturados”.

Según la querella, “Segur Ibérica facturaba a ADIF en Barcelona y ADIF abonaba a Segur Ibérica, SA, éstas con conceptos y detalles de las facturas que no correspondían con los servicios efectivamente prestados, ni las condiciones de los contratos suscritos entre estas dos entidades”.

De forma mensual Segur Ibérica, S.A. presentaba una factura de los servicios de seguridad prestados durante ese mes por cada uno de los contratos y un resumen oficial de las horas realizadas que validaba con un Responsable de ADIF (el cual era visado y firmado por ADIF) por cada uno de los contratos. Cada factura y resumen mensual de los contratos, eran validados por un Responsable de ADIF y otro de Segur Ibérica, S.A. en un documento denominado Acta Oficial firmado por ambos responsables”.

Manipulación a su antojo

Asimismo, según denuncia ASPACOM “Segur Ibérica, S.A. modificaba a su antojo los valores que aparecían en los resúmenes mensuales, aumentando las horas realizadas, suponiendo la intervención de trabajadores (ficticios o reales) que no habían prestado servicio y así poder facturar más importe mensual del que realmente se había prestado y evitando la sanción incluida en una de las estipulaciones de los contratos correspondiente del 4%, si no se cubrían completamente los servicios contratados. Para aumentar el número de horas realizadas de los resúmenes se utilizaban tres procedimientos diferentes que denominamos casos:

- CASO 1. Se facturaban horas de más, aunque realmente no correspondían con las del cuadro resumen mensual. Se produce en los meses de Enero, Febrero y Agosto de 2.009. Este caso es minoritario y muy simple de comprobar aritméticamente con las facturas, cuadrantes y Actas Oficiales.

- CASO 2. Se facturaban horas de más, aunque no se habían realizado. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Diciembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive).

- CASO 3. Se facturaban horas realizadas por personal NO HABILITADO por el Ministerio del Interior (en adelante FALSOS VIGILANTES), que no están autorizados a realizar trabajos de vigilancia y seguridad. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Septiembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive). No se han incluido los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.009 por no disponer de los cuadrantes de trabajo.

El total del fraude cometido por los tres casos descritos en el período comprendido entre el mes de Enero de 2.009 y Octubre de 2.010 suma 451.709,20 € “

Un aspecto clave para sus propósitos, según la querella de ASPACOM, “era un programa informático llamado KSPRO que ejecutaba una acción denominada “EFECTO FACTURACIÓN”, “para engañar y defraudar a ADIF”.

Según denuncian “a lo largo del mes de junio de 2.008, la empresa Segur Ibérica implantó en todas sus delegaciones la Aplicación Informática KSPRO y desde esa fecha utiliza ésta, para gestionar los cuadrantes de trabajo de todos los servicios de sus clientes, entre los que se encuentran muchos de carácter público, a los cuales les viene facturando Segur Ibérica, S.A., por los mismos”.

Un programa informático de gestión de cuadrantes se utiliza para asignar un servicio en un cliente, con horarios o turnos de trabajo determinado a sus empleados. “KSPRO, había sido diseñado para Segur Ibérica, S.A., para que permitiera mediante la utilidad EFECTO FACTURACIÓN el asignar a un código de empleado, en Barcelona era el 108, turnos de servicios solapados y repetidos, que no pertenecen a ningún empleado, por lo que se puede considerar una utilidad o programa para gestionar vigilantes ficticios, que nunca van a realizar el servicio asignado en el cliente”.

Fuente: http://www.estrelladigital.es/articulo/ ... 89252.html

 

[Bronce]

El presunto fraude del empresario de Seguridad Integral Canaria a la hacienda pública podría rondar 40 millones

El presunto fraude del empresario de Seguridad Integral Canaria y actual presidente de la U.D.Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a la hacienda pública podría rondar los 40 millones de euros entre 2008 y 2013, según ha estimado el sindicato FSP-USO y su abogado, Ismael Franco, tras las más de cuatro horas de declaración de Ramírez en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El empresario ha estado declarando como imputado por un presunto fraude a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, después de que el sindicato FTSP-USO denunciara supuestas defraudaciones de Seguridad Integral Canaria en los años 2008 y 2009 al abonar como dietas (concepto que está exento de cotización a la TGSS y de retención de IRPF) las horas extraordinarias (que no están exentas de cotización y retención) que realizaban los vigilantes de seguridad.

En este sentido, el sindicato aseguraba que el fraude podría estar sobre los 2 millones de euros en estos dos años aunque la instrucción del caso se prevé que también investigue hasta 2013, pudiendo alcanzar la cifra de 40 millones de euros.

En este sentido, Franco indicó, en declaraciones a los medios, que esta cifra es el resultado de que sólo en retenciones pueden ser hasta un "30 por ciento de cotización defraudada, si en dos años estamos en casi los 2,5 millones de euros --2008 y 2009--; el resto de años se llega a una cuantía que junto al 30 por ciento de cotización se podría alcanzar" los citados 40 millones de euros.

Asimismo, el letrado consideró que la declaración "no ha ido mal" aunque Ramírez, dijo, no ha respondido a las preguntas de las acusaciones. Si bien, señaló que en unas cuestiones ha declarado como se esperaba, en otras les "ha sorprendido; es vox populi que él niega que haya abonado las horas extras de 2008, 2009, igualmente se está investigando 2010, 2011, 2012 y 2013, a través de dietas".

Sin embargo indicó que el sindicato considera que "pagaba una gran cantidad de horas extras a través de dietas, que no tiene retención de IRPF ni de cotización". En este sentido, apuntó que ha negado la posición de los denunciantes, ya que ha afirmado que "él no paga prácticamente horas extras y que todo lo que paga son dietas reales, que se devengan y que se han devengado".

Asimismo, el abogado aseguró que también les ha sorprendido el que "él entiende que hay un descuadre de hora porque los trabajadores, por apoyo y fidelidad a la empresa, han regalado un promedio casi de una hora diaria, unas 15, 16 horas al mes".

Franco puntualizó que el proceso, que se encuentra en fase de instrucción, por lo que también está en fase de investigación además de 2008 y 2009 el resto de años siguientes hasta 2013, se podría haber producido la misma defraudación por año. Por ello, se ha requerido a la Agencia Tributaria y Seguridad Social los expedientes correspondientes.

Por su parte, el letrado Joaquín Rodríguez Miguel, que representa a una asociación de seguridad, también indicó que "existen serios indicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 donde ha habido una serie de horas extraordinarias que han realizado los trabajadores y que no se han pagado como tales horas extraordinarias", lo que incidió implicaría, de ser cierto, "un perjuicio para la hacienda pública", además de perjudicar a la Seguridad Social y produce "una distorsión en el ámbito de la seguridad privada", ya que al operar con menos gastos "está en una situación de desventaja respecto a los demás".

Para Rodríguez Miguel esos indicios "permanecen". Otra cosa, matizó, sería la cuantificación de las cantidades defraudadas porque "es realmente difícil", depende de los procedimientos que se consideren, aunque cree que en principio los indicios y si los años 2010, 2011, 2012 y 2013 son una repetición de los de 2008 y 2009, ya que "hay indicios que, por lo menos, entendemos que en todos los ejercicios se ha superado tanto en retenciones como en cuotas a la Seguridad Social los 120.000 euros, entendemos que eso es casi seguro".

Fuente: http://www.europapress.es/islas-canaria ... 75148.html

 

[Bronce]

Doce años de cárcel a 17 acusados por la falsedad de diplomas de vigilantes

Ha sido testimonial, como se esperaba, la condena impuesta a un grupo que trapicheaba con cocaína, cuya compra financiaba con la duplicación de placas de matrícula y, sobre todo, con la falsificación de diplomas de cursos de formación que habilitaban a sus titulares a presentarse a las pruebas del Ministerio de Interior para obtener la licencia de vigilante de seguridad y escolta privado.

La Audiencia Provincial de Lugo le ha impuesto 12 años y medio de prisión en total a 17 de los 21 juzgados por esta causa, cuyas primeras detenciones se remontan a hace ya nueve años. Una de las explicaciones a que las condenas sean tan reducidas, van desde tres meses a casi tres años, es precisamente lo mucho que se ha demorado este procedimiento, por lo que el tribunal ha aplicado la atenuante «muy cualificada» de dilación indebida.

Fuente: http://elprogreso.galiciae.com/nova/346174-doce-anos-carcel-17-acusados-falsedad-diplomas-vigilantes

 

[Bronce]

Imputada una exjefa de seguridad del aeropuerto de Sevilla por estafa

La titular del Juzgado 19 de Instrucción de Sevilla, Ana Escribano, ha imputado a la exjefa de seguridad del aeropuerto San Pablo de Sevilla Flor de Lina y un responsable de la empresa Trablisa por los delitos de estafa y falsedad. Ambos cargos ya han declarado como acusados ante la magistrada y tras la investigación policial, que identificó la presunta comisión de delitos, la instrucción está ahora pendiente de datos contables que corroboren o desmientan las acusaciones iniciales que originaron el caso, según fuentes judiciales.

Hace más de un año una empleada de seguridad en el aeropuerto interpuso una denuncia por supuestas falsificaciones de las horas de trabajo de los trabajadores y por conceptos cargados de manera irregular a la empresa pública AENA Aeropuertos por parte de la firma concesionaria de los trabajos de seguridad, Trablisa. En paralelo, el sindicato CSIF había presentado con anterioridad una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla.

Durante el verano de 2013 la unidad de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla inició una investigación para determinar la veracidad de la denuncia interna de una empleada, y tras la presentación del atestado por parte de los agentes, el juzgado avanzó con la instrucción para determinar el descuadre de cifras que atesoraron los investigadores durante sus pesquisas. La denuncia de CSIF rezaba: “Los trabajadores de Trablisa han podido comprobar presuntas irregularidades en los cuadrantes de trabajo consistentes en consignaciones de horas que realmente no se realizan, asignadas a trabajadores inexistentes o que realmente no desempeñaron la labor de vigilancia que se refleja en el cuadrante”. A continuación, la denuncia mencionaba puestos de trabajo “ficticios” con “la sola finalidad de retribuir los servicios que efectivamente desempeñan los trabajadores pero de carácter administrativo”.

A pesar de los indicios recabados por la policía, AENA Aeropuertos discrepa y sostiene que el resultado de su investigación interna que ordenó para comprobar si existió fraude ha resultado negativo. “Los indicios de la auditoría descartan la posibilidad de fraude”, aseguran fuentes de la empresa pública.

Ante la investigación judicial, la sociedad que gestiona el aeropuerto sevillano encargó una auditoría para cuadrar las cifras de horas certificadas de los trabajadores de Trablisa y verificarlas con las pagadas posteriormente. Los auditores determinaron que ambas sumas coincidían, por lo que a diferencia de los investigadores policiales, sus datos descartaban los indicios de fraude. “No manejamos dinero. Certificamos las horas trabajadas y posteriormente la central desde Madrid ejecuta las transferencias pertinentes”, alegan fuentes de AENA antes de matizar que dicha compañía es “la primera interesada en investigar la posibilidad de un fraude”. AENA Aeropuertos es responsable de 46 aeródromos y dos helipuertos en el país y entró en beneficios con 597 millones en 2013 tras un duro proceso de ajustes.

El director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, accedió al cargo en junio de 2013 y poco después el Grupo de Delincuencia Económica inició su investigación. Tras el verano, Caballero destituyó a la exjefa de seguridad De Lina por la actual, Tesa Van Londen. Ante la posibilidad de que la investigación policial revelara indicios de delitos como finalmente sucedió, Caballero optó por sustituir a De Lina y así reducir los riesgos. Por su parte, Caballero había sucedido al frente del aeródromo sevillano a Eugenio Pérez Luengo, que tras ocho años fue nombrado gerente de proyectos internacionales de AENA Aeropuertos.

Fuentes de la empresa Trablisa rechazaron ofrecer su versión del caso judicial que salpica a uno de sus responsables para la seguridad del aeropuerto San Pablo. Un portavoz de la compañía declinó identificar a dicho responsable implicado como imputado. Esta firma, con 30 años de experiencia, mantiene delegaciones abiertas en las Islas Baleares, Cataluña, Madrid y Andalucía, y gestiona la seguridad en varios aeropuertos.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/21/andalucia/1405973941_873493.html