Retuérzale el cuello por 450 euros
ABC - Casi 500.000 procedimientos penales en tres años por violencia de género, más de 126.000 denuncias anuales, 84.000 órdenes de protección en vigor. 55.000 sentencias dictadas por los juzgados de lo penal, algunas para olvidar, y junto a esos datos mareantes nada más y nada menos que 20.000 renuncias a la continuación del proceso, es decir, veinte mil mujeres a las que han insultado, humillado, pegado o apuñalado que han dicho basta, no quiero que le juzguen. Charo es una de ellas. Sus tres hijas tienen ahora 21, 17 y 14 años. Se separó de su marido en 1999, pero como si hubiera sido ayer: su vida sigue condicionada por las tres denuncias de media que él le pone en un juzgado todas las semanas.
«Me fui al hospital con las tres niñas descalzas y en pijama. Esa noche ya no aguanté más. Empezó a dar puñetazos en la cabeza a la mayor, me puse en medio y me lanzó uno a mí a la cara. Me movió la mandíbula. Entró detrás de nosotras corriendo en el hospital gritándome que era una puta y pidiendo que lo reconocieran a él porque yo le había pegado. El
médico lo denunció a la
Policía. El forense me dio 15 días de baja. Me escondí en un hotel con las crías hasta que se fijaron medidas provisionales. Yo fui tan bruta que cuando le daba de mamar a mi hija mayor la tapaba para que a ella no le llegaran los golpes. Una y otra vez me prometía que iba a cambiar y una y otra noche nos teníamos que encerrar las cuatro en una habitación para que no se enfureciera».
Charo se refiere a la aventura del poseidón. Más que eso. Pero con quince días de baja por unas lesiones graves se retiró del juicio. Se fijó un régimen de visitas para las hijas con el padre de fines de semana alternos. El primero las niñas se encerraron en los aseos de un centro comercial y tuvo
que sacarlas la Guardia Civil. La pericial del equipo psicosocial diagnosticó que él sufría «paranoia, hipomanía y una desviación psicopática, narcisismo y trastorno delirante».
Con ese cóctel de voluntad se somete a una terapia «milagrosa» que le cura la paranoia. Le vuelven a conceder un régimen de visitas con las dos pequeñas. La mayor, que tenía 12 años, se negaba a verlo. A Charo se le cambia la cara cuando recuerda cómo fue la entrega. En la puerta del juzgado y en presencia de su señoría, su ex se llevó a rastras a las niñas al coche, a una finca de su familia en una zona de sierra en Andalucía. Las crías, con 9 y 6 años, se escaparon a las seis de la madrugada. La Guardia Civil tuvo que hacer una batida. Las encontró el padre. Durante tres o cuatro días, según denunció la madre, estuvieron suministrándoles fármacos para dormir. De nuevo se suspendieron las visitas.
El Juzgado número 4 de Vioelencia de Género de Segovia donde se sigue su causa ordena un tratamiento psicológico, técnico y social en un punto de encuentro de Valladolid. A él le vuelven a conceder visitas pese a un informe en el que se afirma que puede suponer un «peligro» para sus hijas.
La vida de Charo, que es profesora, se articula en torno a las consultas psicológicas de turno donde alguien ordena que acudan ella o sus hijas. Su ex marido, una persona con influencia en el entorno judicial, sólo tiene un interés: demostrar que las hijas sufren SAP (síndrome de alienación parental), una entelequia según sostienen reputados psiquiatras y psicólogos, construida por medio de falacias para usarlo como «terapia de la amenaza».
El inexistente SAP
Charo odia ese acrónimo con toda su alma, como tantas mujeres maltratadas. Una psicóloga advirtió al juez que las hijas de Charo podían padecerlo y recomendó un régimen de comunicación virtual. Cada 15 días tenían que peregrinar al juzgado, en horas de clase, para mantener una videoconferencia con su padre en el juzgado de otra ciudad, en presencia del magistrado y de la secretaria. Las niñas escondían la cabeza entre las piernas y ni miraban a su progenitor. «Visto el resultado negativo y la nula comunicación, se acuerda dejarla en suspenso», decide el juez.
Pero considera que Charo ha podido incurrir en un delito -que no especifica- y exhorta a otro juzgado para que lo investigue.
Es su remache final: ahora se enfrenta a nueve meses de cárcel por un presunto delito de desobediencia judicial; antes ya le impusieron una multa de mil euros. Después de tantos años todavía oculta su nombre y su rostro, todavía no ha llevado a juicio a quien le rompió la vida.
Cada maltratada tiene su tiempo, casi siempre muy largo, algunas eterno. Merche no es una excepción. Ella nos habla de la noche en que dijo basta, unas horas antes de que su única hija cumpliera doce años. Pero su historia de humillaciones y golpes es antigua. «La agarró por detrás poniéndole una mano en la boca y con la otra mano le rodeó el cuello, girando el acusado bruscamente el cuello de la víctima. Cayó al suelo y sufrió lesiones consistentes en cervicalgia postraumática y fisura del hueso nasal, que tardaron 14 días en curar». Son los hechos probados de la sentencia que condena a su marido a 10 meses de cárcel y a una multa de 450 euros por las lesiones que le causó. Le prohíbe además acercarse a ella y comunicarse durante tres años. La Audiencia de Madrid ratificó la condena, que él había recurrido. Pero no fue la solución. Su pena consistió en un curso para reeducar a los maltratadores.
Merche acudió al hospital la noche que sintió que le arrancaban la cabeza pero no denunció hasta el día siguiente porque el cumpleaños de su niña era lo primero. Al principio le denegaron la orden de alejamiento, luego se la daban en la guardia y se la revocaba el Juzgado de lo Penal. Solicita el divorcio y comienza el desquiciamiento del régimen de visitas.
Madre maliciosa
La hija no quería ver al padre. Le imponen un punto de encuentro y tiene que ir la
Policía y el Samur. «La madre aunque le dice a la niña que vea a su padre no tiene autoridad sobre ella». Los magos de los informes, de nuevo. Informes que por cierto son anónimos; los firma el equipo técnico y no figura una persona a quien pedir una explicación. Merche, como Charo, como tantas, no es una buena madre, no tiene autoridad, según ellos. Dicen que la niña sufre síndrome de alienación parental y que ella es una madre maliciosa.
Entretanto, su ex marido, ingeniero naval, busca un abogado que conoce perfectamente los entresijos: es coordinador de un punto de encuentro. «¿Cómo puede ser letrado de un maltratador alguien en quien se deposita algo tan importante?», se pregunta Merche. Protesta y la juez le impone una multa coercitiva de 500 euros mensuales por «manipular» a su hija.
Él le reclama la custodia, casi tres años después. El equipo psicosocial del Juzgado de Familia determina que es paranoico, obsesivo y delirante y se suprime el régimen de visitas, después del suplicio de los puntos de encuentro, el teléfono en la mano y todo lo demás. En mayo de este año, nueva vuelta de tuerca: un juez condena a Merche a indemnizar a su ex con 1.200 euros por daños morales. Alega que él ha sufrido mucho.
