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En el día de hoy no murió ningún compañero a manos de la banda terrorista E.T.A.
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Recordamos hoy al Guardia Civil D. JUAN GARCÍA LEÓN, asesinado por la banda terrorista E.T.A.
D. Juan García León.
De 21 años, era natural de Málaga. Ingresó en la Guardia Civil a los 18 años y fue destinado al núcleo de reserva de la 152 Comandancia de Las Palmas, prestando servicio en el aeropuerto. Poco después solicitó voluntariamente el traslado al País Vasco, entre otros motivos para estar más cerca de la familia, ya que su padre, brigada de la Guardia Civil, estaba destinado en el Parque de Automovilismo de Madrid. García León llevaba quince meses destinado en Éibar y, poco antes de ser asesinado por ETA, había solicitado, y obtenido, el traslado a Santa Cruz de Tenerife. Estaba soltero pero se había prometido con una joven de Elgóibar.
Pasadas las seis de la mañana del 17 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN GARCÍA LEÓN, que conducía el primer vehículo de un convoy formado por dos Land Rover y un Seat 131 de la Guardia Civil. El convoy volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Star Bonifacio Echeverría de la localidad guipuzcoana. A unos ciento cincuenta metros de la misma, en un punto de la carretera en dirección a Ermua, cinco terroristas les tendieron una emboscada y atacaron el convoy con metralletas, fusiles de asalto y escopetas, además de con dos granadas de mano que no llegaron a explotar. Los asesinos de la banda estaban escondidos en dos sitios distintos: en unas escaleras situadas encima de la estación de servicio de Éibar y debajo de las denominadas Torres de Amaña, por lo que el convoy de la Guardia Civil se vio envuelto en un fuego cruzado.
Los etarras efectuaron más de cien disparos y el primer vehículo, el que conducía Juan García León, recibió el impacto de cuarenta y seis, ocho de los cuales hirieron mortalmente al guardia civil. En el mismo vehículo iba en el asiento del copiloto José Terradillos Piña, y sentado en la parte de atrás Juan Pinilla Méndez. Ambos resultaron ilesos. Gravemente herido, Juan García León fue trasladado en una furgoneta a la casa de socorro de Éibar, donde falleció poco después de llegar.
Los agentes Gregorio González Roldán y Juan Baños López también fueron heridos de gravedad. Gregorio González Roldán, que viajaba en el Seat 131 a unos veinticinco metros del primer vehículo atacado, tardó en curar de sus heridas casi tres meses. Su vehículo fue alcanzado por seis impactos de bala y sin control colisionó contra una valla situada al lado derecho de la calzada. Juan Baños López, que viajaba en el segundo Land Rover, a unos cincuenta metros del Seat 131, no fue dado de alta hasta cinco meses después. En este segundo Land Rover iban los agentes Jesús González Díaz, en el asiento del copiloto, y Juan Varela Utrera, en el asiento posterior.
Los guardias civiles del convoy, incluido Gregorio González Roldán, respondieron con sus armas a los terroristas, pero no llegaron a alcanzar a ninguno de ellos. Los etarras emprendieron la huida en un Citroën GS robado a las tres de la madrugada en Vergara, y a cuyo propietario, Jesús Arenaza Aguiriano que salía de un bar de la localidad, habían abandonado en un monte próximo en Arechavaleta atado a un árbol. El dueño del vehículo consiguió liberarse de las ataduras y dio parte a la Guardia Civil de ese pueblo en torno a las 7:00 horas. El vehículo se encontraría, posteriormente, con las llaves de contacto puestas y las puertas abiertas en la carretera que une Éibar y Elgóibar.
El funeral por Juan García se celebró a las 16:30 horas en la parroquia de San Andrés Apóstol. Asistieron el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja; el subdirector de la Guardia Civil, general González Lachantra; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, los concejales del Ayuntamiento de Éibar (a excepción de los de Herri Batasuna) y familiares del fallecido, así como numerosos compañeros de uniforme. Durante la homilía, el capellán castrense, que celebró el acto religioso, pidió a ETA que depusiese las armas o declarase la guerra abierta, para que se la pudiese hacer frente en igualdad de condiciones.
En 1983 fueron condenados a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García León, y a dos penas de 13 años de prisión menor por los asesinatos frustrados de Gregorio González y Juan Baños los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles. En la misma sentencia fueron condenados como cómplices Jesús María Retolaza Loidi a 7 años de prisión mayor –fue quien sometió a vigilancia los convoyes de la Guardia Civil, transmitiendo a ETA la información sobre movimientos, horarios e itinerarios–, y José Antonio Arluciaga Iribar a 13 años de prisión menor –que cobijó en su domicilio a los autores materiales del atentado, los trasladó a Vergara, donde robaron el vehículo utilizado en el atentado, y los recogió después del ametrallamiento del convoy, facilitándoles la huida–. Veintitrés años después del atentado, en marzo de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 18 años de reclusión menor a Pedro José Picabea Ugalde.
Descansa en Paz compañero, no te olvidamos.
D. Juan García León.
De 21 años, era natural de Málaga. Ingresó en la Guardia Civil a los 18 años y fue destinado al núcleo de reserva de la 152 Comandancia de Las Palmas, prestando servicio en el aeropuerto. Poco después solicitó voluntariamente el traslado al País Vasco, entre otros motivos para estar más cerca de la familia, ya que su padre, brigada de la Guardia Civil, estaba destinado en el Parque de Automovilismo de Madrid. García León llevaba quince meses destinado en Éibar y, poco antes de ser asesinado por ETA, había solicitado, y obtenido, el traslado a Santa Cruz de Tenerife. Estaba soltero pero se había prometido con una joven de Elgóibar.
Pasadas las seis de la mañana del 17 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN GARCÍA LEÓN, que conducía el primer vehículo de un convoy formado por dos Land Rover y un Seat 131 de la Guardia Civil. El convoy volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Star Bonifacio Echeverría de la localidad guipuzcoana. A unos ciento cincuenta metros de la misma, en un punto de la carretera en dirección a Ermua, cinco terroristas les tendieron una emboscada y atacaron el convoy con metralletas, fusiles de asalto y escopetas, además de con dos granadas de mano que no llegaron a explotar. Los asesinos de la banda estaban escondidos en dos sitios distintos: en unas escaleras situadas encima de la estación de servicio de Éibar y debajo de las denominadas Torres de Amaña, por lo que el convoy de la Guardia Civil se vio envuelto en un fuego cruzado.
Los etarras efectuaron más de cien disparos y el primer vehículo, el que conducía Juan García León, recibió el impacto de cuarenta y seis, ocho de los cuales hirieron mortalmente al guardia civil. En el mismo vehículo iba en el asiento del copiloto José Terradillos Piña, y sentado en la parte de atrás Juan Pinilla Méndez. Ambos resultaron ilesos. Gravemente herido, Juan García León fue trasladado en una furgoneta a la casa de socorro de Éibar, donde falleció poco después de llegar.
Los agentes Gregorio González Roldán y Juan Baños López también fueron heridos de gravedad. Gregorio González Roldán, que viajaba en el Seat 131 a unos veinticinco metros del primer vehículo atacado, tardó en curar de sus heridas casi tres meses. Su vehículo fue alcanzado por seis impactos de bala y sin control colisionó contra una valla situada al lado derecho de la calzada. Juan Baños López, que viajaba en el segundo Land Rover, a unos cincuenta metros del Seat 131, no fue dado de alta hasta cinco meses después. En este segundo Land Rover iban los agentes Jesús González Díaz, en el asiento del copiloto, y Juan Varela Utrera, en el asiento posterior.
Los guardias civiles del convoy, incluido Gregorio González Roldán, respondieron con sus armas a los terroristas, pero no llegaron a alcanzar a ninguno de ellos. Los etarras emprendieron la huida en un Citroën GS robado a las tres de la madrugada en Vergara, y a cuyo propietario, Jesús Arenaza Aguiriano que salía de un bar de la localidad, habían abandonado en un monte próximo en Arechavaleta atado a un árbol. El dueño del vehículo consiguió liberarse de las ataduras y dio parte a la Guardia Civil de ese pueblo en torno a las 7:00 horas. El vehículo se encontraría, posteriormente, con las llaves de contacto puestas y las puertas abiertas en la carretera que une Éibar y Elgóibar.
El funeral por Juan García se celebró a las 16:30 horas en la parroquia de San Andrés Apóstol. Asistieron el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja; el subdirector de la Guardia Civil, general González Lachantra; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, los concejales del Ayuntamiento de Éibar (a excepción de los de Herri Batasuna) y familiares del fallecido, así como numerosos compañeros de uniforme. Durante la homilía, el capellán castrense, que celebró el acto religioso, pidió a ETA que depusiese las armas o declarase la guerra abierta, para que se la pudiese hacer frente en igualdad de condiciones.
En 1983 fueron condenados a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García León, y a dos penas de 13 años de prisión menor por los asesinatos frustrados de Gregorio González y Juan Baños los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles. En la misma sentencia fueron condenados como cómplices Jesús María Retolaza Loidi a 7 años de prisión mayor –fue quien sometió a vigilancia los convoyes de la Guardia Civil, transmitiendo a ETA la información sobre movimientos, horarios e itinerarios–, y José Antonio Arluciaga Iribar a 13 años de prisión menor –que cobijó en su domicilio a los autores materiales del atentado, los trasladó a Vergara, donde robaron el vehículo utilizado en el atentado, y los recogió después del ametrallamiento del convoy, facilitándoles la huida–. Veintitrés años después del atentado, en marzo de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 18 años de reclusión menor a Pedro José Picabea Ugalde.
Descansa en Paz compañero, no te olvidamos.
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Recordamos hoy al Guardia Civil D. PEDRO CARBONERO FERNÁNDEZ, asesinado por la banda terrorista E.T.A.
D. Pedro Carbonero Fernández.
Sargento de la Guardia Civil de 54 años, estaba viudo y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica, con edades comprendidas entre los 27 y los 22 años. Natural de la localidad cacereña de Peraleda de San Román, donde fueron inhumados sus restos mortales, llevaba diecisiete años destinado en el País Vasco. Cuando fue asesinado desempeñaba el cargo de jefe del puesto de la Guardia Civil de Galdácano.
Minutos antes de las nueve de la noche del 19 de noviembre de 1991, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, asesinaba de dos tiros por la espalda al sargento de la Guardia Civil PEDRO CARBONERO FERNÁNDEZ, mientras paseaba con su novia, Gracia Oliva, por Galdácano (Vizcaya). El sargento cayó al suelo herido y Gadafi lo remató con un tiro en la cabeza. A continuación se montó en un taxi robado, donde le esperaba Javier Martínez Izaguirre, y emprendieron la huida.
Trasladado urgentemente al Hospital de Galdácano por la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) ingresó en el hospital con parada cardiorrespiratoria y tres heridas por arma de fuego: una con orifico de entrada en la nuca y salida en la frente y dos impactos más en los costados, a la altura de la axila. Los médicos certificaron su fallecimiento una hora después de su ingreso en el hospital.
Los asesinos abandonaron el taxi a dos kilómetros del lugar de los hechos, en la calle Larrazabal de Basauri. Hasta ahí se trasladaron artificieros del Cuerpo Nacional de Policía que inspeccionaron cuidadosamente el vehículo, sin resultados, en previsión de que pudiera albergar explosivos. El coche había sido robado a punta de pistola sobre las 20:30 horas en la parada de taxis del propio Galdácano.
En la madrugada del día siguiente, 20 de noviembre, se instaló en el Gobierno Civil la capilla ardiente. El funeral tuvo lugar a la una y media del mediodía en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao.
Como pudo confirmarse posteriormente, gracias a la investigación policial y judicial que llevó a la detención y puesta a disposición judicial de los autores materiales y su cómplice, Juan Manuel Tobalina Rodríguez, los terroristas seguían los pasos del sargento y conocían muy bien su costumbre de dar una vuelta por la localidad antes de regresar a la casa cuartel. En 1996 la Audiencia Nacional condenó a Javier Martínez Izaguirre, como autor responsable del asesinato del sargento Carbonero, a la pena de de 30 años de reclusión mayor. La misma sentencia condenó a Juan Manuel Tobalina Rodríguez en concepto de encubridor a 10 años de prisión mayor. Once años después, en enero de 2007, la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, a 30 años de prisión mayor como autor material del asesinato.
Según el relato de los hechos recogido en las dos sentencias, Martínez Izaguirre e Iglesias Chouzas planificaron, con la ayuda de Tobalina Rodríguez, asesinar al sargento Carbonero en noviembre de 1991. Tras someterlo a vigilancia previa para confirmar sus itinerarios y rutinas, intentaron cometer el atentado el día anterior, 18 de noviembre. Ese día, por la tarde, fueron trasladados por Juan Manuel Tobalina en un vehículo hasta Galdácano, donde Gadafi y Martínez Izaguirre tomaron un taxi. Instantes después de iniciado el trayecto se identificaron al conductor como miembros de ETA y le obligaron a que los llevara hasta el barrio de Elejalde, "donde le hacen descender, continuando aquellos con el vehículo". Sin embargo no localizan al sargento y regresan al lugar donde habían dejado al taxista, "obligándole a llevarles hasta Basauri, donde Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre se apean, entregan al conductor 3.000 pesetas (unos 18 euros) y le advierten que no denuncie lo sucedido".
Al día siguiente, 19 de noviembre, ambos volvieron a trasladarse hasta Galdácano. Sobre las 20:40 horas tomaron un taxi y, tras amenazar al conductor mostrándole una pistola, le dijeron "somos miembros de ETA" y le obligaron a que se bajara del coche en las proximidades del Ayuntamiento. A continuación los dos se dirigieron hacia la calle Juan Bautista Uriarte y, a la altura del número 53, localizaron a Carbonero, que regresaba hacia el cuartel de la Guardia Civil en compañía de su pareja. Gadafi se bajó del taxi y, situándose detrás del sargento de la Guardia Civil, le disparó dos tiros que le alcanzaron en la zona izquierda del tórax. Una vez en el suelo, el asesino lo remató con otro disparo a bocajarro en la región occipital. A continuación, huyeron del lugar y se refugiaron en el domicilio de Juan Manuel Tobalina.
En enero de 2008 el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en nombre de la novia y los cuatro hijos del sargento asesinado. La sentencia de 2007 establecía una indemnización de 180.000 euros para la pareja de Pedro Carbonero y una cantidad igual para los cuatro hijos, a la que tendrían que hacer frente solidariamente Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre. La familia del sargento asesinado interpuso el recurso por considerar que existía un agravio comparativo en relación a otras indemnizaciones establecidas a otras víctimas del terrorismo.
Descansa en Paz, no te olvidamos.
D. Pedro Carbonero Fernández.
Sargento de la Guardia Civil de 54 años, estaba viudo y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica, con edades comprendidas entre los 27 y los 22 años. Natural de la localidad cacereña de Peraleda de San Román, donde fueron inhumados sus restos mortales, llevaba diecisiete años destinado en el País Vasco. Cuando fue asesinado desempeñaba el cargo de jefe del puesto de la Guardia Civil de Galdácano.
Minutos antes de las nueve de la noche del 19 de noviembre de 1991, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, asesinaba de dos tiros por la espalda al sargento de la Guardia Civil PEDRO CARBONERO FERNÁNDEZ, mientras paseaba con su novia, Gracia Oliva, por Galdácano (Vizcaya). El sargento cayó al suelo herido y Gadafi lo remató con un tiro en la cabeza. A continuación se montó en un taxi robado, donde le esperaba Javier Martínez Izaguirre, y emprendieron la huida.
Trasladado urgentemente al Hospital de Galdácano por la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) ingresó en el hospital con parada cardiorrespiratoria y tres heridas por arma de fuego: una con orifico de entrada en la nuca y salida en la frente y dos impactos más en los costados, a la altura de la axila. Los médicos certificaron su fallecimiento una hora después de su ingreso en el hospital.
Los asesinos abandonaron el taxi a dos kilómetros del lugar de los hechos, en la calle Larrazabal de Basauri. Hasta ahí se trasladaron artificieros del Cuerpo Nacional de Policía que inspeccionaron cuidadosamente el vehículo, sin resultados, en previsión de que pudiera albergar explosivos. El coche había sido robado a punta de pistola sobre las 20:30 horas en la parada de taxis del propio Galdácano.
En la madrugada del día siguiente, 20 de noviembre, se instaló en el Gobierno Civil la capilla ardiente. El funeral tuvo lugar a la una y media del mediodía en la Iglesia de los Padres Agustinos de Bilbao.
Como pudo confirmarse posteriormente, gracias a la investigación policial y judicial que llevó a la detención y puesta a disposición judicial de los autores materiales y su cómplice, Juan Manuel Tobalina Rodríguez, los terroristas seguían los pasos del sargento y conocían muy bien su costumbre de dar una vuelta por la localidad antes de regresar a la casa cuartel. En 1996 la Audiencia Nacional condenó a Javier Martínez Izaguirre, como autor responsable del asesinato del sargento Carbonero, a la pena de de 30 años de reclusión mayor. La misma sentencia condenó a Juan Manuel Tobalina Rodríguez en concepto de encubridor a 10 años de prisión mayor. Once años después, en enero de 2007, la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, a 30 años de prisión mayor como autor material del asesinato.
Según el relato de los hechos recogido en las dos sentencias, Martínez Izaguirre e Iglesias Chouzas planificaron, con la ayuda de Tobalina Rodríguez, asesinar al sargento Carbonero en noviembre de 1991. Tras someterlo a vigilancia previa para confirmar sus itinerarios y rutinas, intentaron cometer el atentado el día anterior, 18 de noviembre. Ese día, por la tarde, fueron trasladados por Juan Manuel Tobalina en un vehículo hasta Galdácano, donde Gadafi y Martínez Izaguirre tomaron un taxi. Instantes después de iniciado el trayecto se identificaron al conductor como miembros de ETA y le obligaron a que los llevara hasta el barrio de Elejalde, "donde le hacen descender, continuando aquellos con el vehículo". Sin embargo no localizan al sargento y regresan al lugar donde habían dejado al taxista, "obligándole a llevarles hasta Basauri, donde Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre se apean, entregan al conductor 3.000 pesetas (unos 18 euros) y le advierten que no denuncie lo sucedido".
Al día siguiente, 19 de noviembre, ambos volvieron a trasladarse hasta Galdácano. Sobre las 20:40 horas tomaron un taxi y, tras amenazar al conductor mostrándole una pistola, le dijeron "somos miembros de ETA" y le obligaron a que se bajara del coche en las proximidades del Ayuntamiento. A continuación los dos se dirigieron hacia la calle Juan Bautista Uriarte y, a la altura del número 53, localizaron a Carbonero, que regresaba hacia el cuartel de la Guardia Civil en compañía de su pareja. Gadafi se bajó del taxi y, situándose detrás del sargento de la Guardia Civil, le disparó dos tiros que le alcanzaron en la zona izquierda del tórax. Una vez en el suelo, el asesino lo remató con otro disparo a bocajarro en la región occipital. A continuación, huyeron del lugar y se refugiaron en el domicilio de Juan Manuel Tobalina.
En enero de 2008 el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en nombre de la novia y los cuatro hijos del sargento asesinado. La sentencia de 2007 establecía una indemnización de 180.000 euros para la pareja de Pedro Carbonero y una cantidad igual para los cuatro hijos, a la que tendrían que hacer frente solidariamente Iglesias Chouzas y Martínez Izaguirre. La familia del sargento asesinado interpuso el recurso por considerar que existía un agravio comparativo en relación a otras indemnizaciones establecidas a otras víctimas del terrorismo.
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Recordamos hoy al Guardia Civil D. AURELIO PRIETO PRIETO, asesinado por la banda terrorista E.T.A.
D. Aurelio Prieto Prieto.
De 23 años, estaba casado con Concepción Fernández Galán y tenía una hija de cuatro meses. Era natural de Llerena (Badajoz). Tras cursar estudios en el Colegio de Guardias Jóvenes, ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de de 1974. Sus restos mortales fueron enterrados en Mérida. Concepción se fue a vivir a Zaragoza a mediados de los ochenta, abandonando la localidad navarra de la que provenía por el clima insostenible que se respiraba ahí. El 12 de noviembre de 2011 más de doscientos vecinos, familiares y autoridades se reunieron en la Plaza de la Libertad de Llerena para homenajear a Aurelio Prieto. En el emotivo acto, Francisca Prieto, madre del guardia civil asesinado, descubrió dos placas conmemorativas en un monolito de la plaza.
En torno a las 12:30 horas del viernes 21 de noviembre de 1980 los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa (Guipúzcoa) al guardia civil AURELIO PRIETO PRIETO y herían gravemente a su compañero Eduardo Izquierdo Marfil.
Los guardias civiles, acompañados de un tercero, José Blasco Aranda, estaban adscritos al Servicio Información de la Comandancia de San Sebastián, y se encontraban investigando la zona en la que había permanecido secuestrado durante cuarenta y cinco días el industrial de origen cubano Pedro Abreu, liberado tres semanas antes. Según otras versiones, los guardias civiles se habían acercado a la zona tras recibir una llamada que habría resultado ser una falsa denuncia con el objeto de tenderles una emboscada. En este sentido, antes del tiroteo cuatro jóvenes habían merodeado por las cercanías de la ermita en un automóvil.
Los guardias civiles iban en un Seat 124 sin distintivos oficiales, conducido por José Blasco. Al llegar a las inmediaciones de la ermita vieron a dos individuos sospechosos sentados en el pretil. Aurelio Prieto y Eduardo Izquierdo se apearon del vehículo y, mientras José Blasco procedía a aparcar el vehículo, se acercaron a los dos sospechosos. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma y disparó contra los dos guardias civiles, hiriendo gravemente a Aurelio, que fue alcanzado en un hombro y en la cabeza. Eduardo, herido de gravedad en el brazo derecho, vio impotente cómo remataban a su compañero en el suelo sin tener tiempo de sacar su arma. Para evitar ser alcanzado de nuevo, rodó por el suelo y se puso a cubierto.
José Blasco, al oír las detonaciones, se apeó del vehículo e intentó hacer fuego con su arma corta reglamentaria, pero se le encasquilló. Uno de los terroristas aprovechó esta circunstancia para disparar contra el agente, sin lograr alcanzarle. José Blasco se protegió detrás de le ermita y, por segunda vez, intentó disparar contra el terrorista. De nuevo el arma se le encasquilló. Mientras tanto, su compañero Eduardo Izquierdo pedía ayuda, por lo que José Blasco rodeó la ermita por el lado opuesto para acudir en su apoyo. En ese momento Eduardo, aunque herido gravemente en el brazo, disparaba contra el vehículo oficial en el que huía uno de los terroristas. El otro lo hizo a pie por el monte, perseguido por José Blasco, que resultó herido accidentalmente a consecuencia de un golpe sufrido durante la persecución.
El terrorista que huyó en el vehículo de los guardias civiles emprendió una alocada carrera en dirección a Tolosa, localidad que atravesó a toda velocidad saltándose las señales de tráfico. Poco después, abandonó el automóvil en el lugar conocido como Prado Pequeño de Igarondo, en el centro de Tolosa, y continuó la huida a pie. El vehículo presentaba un impacto de bala en la puerta delantera derecha y tenía roto el cristal posterior, provocados por los disparos del guardia civil Eduardo Izquierdo. Junto a la ermita de Izaskun se recogieron casquillos del calibre 9 milímetros, de las marcas FN, SB y SPC.
El cadáver de Aurelio Prieto fue trasladado al Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde quedó instalada la capilla ardiente y, al mediodía del día siguiente, 22 de noviembre, se celebró el funeral en su memoria. A él asistió el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja, el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aróstegui; el exgobernador de la provincia, Joaquín Argote, así como el gobernador militar y otras autoridades civiles y militares. También estaban presentes la esposa y familiares de la víctima y compañeros del Cuerpo. El sacerdote que ofició el acto religioso dijo en la homilía que "estamos aquí las mismas personas, con las mismas lágrimas de siempre, solamente que en esta ocasión cambia el nombre del asesinado", y añadió que no bastaba con condenar los atentados.
El guardia Eduardo Izquierdo Marfil fue ingresado en la clínica de Nuestra Señora de la Concepción de Tolosa, donde se le sometió a una intervención de urgencia en el codo derecho, en el que presentaba fractura y luxación abierta. Izquierdo fue evacuado del centro médico a las 19:00 horas con destino al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Eduardo Izquierdo Marfil, de 27 años de edad y casado, era natural de la localidad de Villar del Cabo (Teruel). Destinado en la Comandancia de Málaga, en el momento del atentado se encontraba concentrado en la Comandancia de San Sebastián. Izquierdo Marfil había sufrido un atentado meses antes cerca de Logroño, cuando miembros de la banda terrorista ETA activaron varias cargas ocultas en un talud de la carretera al paso de tres autobuses de guardias civiles. En el atentado falleció el teniente Francisco López Bescos.
El 24 de noviembre los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivindicaron el asesinato de Aurelio Prieto. Uno de los presuntos autores del atentado es Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias Arbe, Potolo y Botoco. Fue deportado en 1984 por Francia tras una sangrienta carrera criminal con, al menos, seis asesinatos a sus espaldas, y vive en Venezuela protegido por el Gobierno de Hugo Chávez. La Interpol lo detuvo el 20 de mayo de 1996, pero el gobierno venezolano lo liberó por considerar que la actuación policial violaba su soberanía. Para evitar que su crimen prescriba, la viuda de Aurelio, Concepción Fernández Galán, ha venido realizando diversas reclamaciones de extradición en la Audiencia Nacional. "No puede volver a España como un 'angelito', tiene que pagar por sus asesinatos" señaló Concepción en 2010 (El Heraldo, 07/03/2010). La última vez que Fernández Galán pidió que el Gobierno solicitase la extradición de Barrutiabengoa fue en marzo de 2010.
Descansa en Paz, no te olvidamos.
D. Aurelio Prieto Prieto.
De 23 años, estaba casado con Concepción Fernández Galán y tenía una hija de cuatro meses. Era natural de Llerena (Badajoz). Tras cursar estudios en el Colegio de Guardias Jóvenes, ingresó en el Cuerpo de la Guardia Civil en septiembre de de 1974. Sus restos mortales fueron enterrados en Mérida. Concepción se fue a vivir a Zaragoza a mediados de los ochenta, abandonando la localidad navarra de la que provenía por el clima insostenible que se respiraba ahí. El 12 de noviembre de 2011 más de doscientos vecinos, familiares y autoridades se reunieron en la Plaza de la Libertad de Llerena para homenajear a Aurelio Prieto. En el emotivo acto, Francisca Prieto, madre del guardia civil asesinado, descubrió dos placas conmemorativas en un monolito de la plaza.
En torno a las 12:30 horas del viernes 21 de noviembre de 1980 los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban en las inmediaciones de la ermita de la Virgen de Izaskun, en Tolosa (Guipúzcoa) al guardia civil AURELIO PRIETO PRIETO y herían gravemente a su compañero Eduardo Izquierdo Marfil.
Los guardias civiles, acompañados de un tercero, José Blasco Aranda, estaban adscritos al Servicio Información de la Comandancia de San Sebastián, y se encontraban investigando la zona en la que había permanecido secuestrado durante cuarenta y cinco días el industrial de origen cubano Pedro Abreu, liberado tres semanas antes. Según otras versiones, los guardias civiles se habían acercado a la zona tras recibir una llamada que habría resultado ser una falsa denuncia con el objeto de tenderles una emboscada. En este sentido, antes del tiroteo cuatro jóvenes habían merodeado por las cercanías de la ermita en un automóvil.
Los guardias civiles iban en un Seat 124 sin distintivos oficiales, conducido por José Blasco. Al llegar a las inmediaciones de la ermita vieron a dos individuos sospechosos sentados en el pretil. Aurelio Prieto y Eduardo Izquierdo se apearon del vehículo y, mientras José Blasco procedía a aparcar el vehículo, se acercaron a los dos sospechosos. Sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma y disparó contra los dos guardias civiles, hiriendo gravemente a Aurelio, que fue alcanzado en un hombro y en la cabeza. Eduardo, herido de gravedad en el brazo derecho, vio impotente cómo remataban a su compañero en el suelo sin tener tiempo de sacar su arma. Para evitar ser alcanzado de nuevo, rodó por el suelo y se puso a cubierto.
José Blasco, al oír las detonaciones, se apeó del vehículo e intentó hacer fuego con su arma corta reglamentaria, pero se le encasquilló. Uno de los terroristas aprovechó esta circunstancia para disparar contra el agente, sin lograr alcanzarle. José Blasco se protegió detrás de le ermita y, por segunda vez, intentó disparar contra el terrorista. De nuevo el arma se le encasquilló. Mientras tanto, su compañero Eduardo Izquierdo pedía ayuda, por lo que José Blasco rodeó la ermita por el lado opuesto para acudir en su apoyo. En ese momento Eduardo, aunque herido gravemente en el brazo, disparaba contra el vehículo oficial en el que huía uno de los terroristas. El otro lo hizo a pie por el monte, perseguido por José Blasco, que resultó herido accidentalmente a consecuencia de un golpe sufrido durante la persecución.
El terrorista que huyó en el vehículo de los guardias civiles emprendió una alocada carrera en dirección a Tolosa, localidad que atravesó a toda velocidad saltándose las señales de tráfico. Poco después, abandonó el automóvil en el lugar conocido como Prado Pequeño de Igarondo, en el centro de Tolosa, y continuó la huida a pie. El vehículo presentaba un impacto de bala en la puerta delantera derecha y tenía roto el cristal posterior, provocados por los disparos del guardia civil Eduardo Izquierdo. Junto a la ermita de Izaskun se recogieron casquillos del calibre 9 milímetros, de las marcas FN, SB y SPC.
El cadáver de Aurelio Prieto fue trasladado al Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde quedó instalada la capilla ardiente y, al mediodía del día siguiente, 22 de noviembre, se celebró el funeral en su memoria. A él asistió el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja, el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aróstegui; el exgobernador de la provincia, Joaquín Argote, así como el gobernador militar y otras autoridades civiles y militares. También estaban presentes la esposa y familiares de la víctima y compañeros del Cuerpo. El sacerdote que ofició el acto religioso dijo en la homilía que "estamos aquí las mismas personas, con las mismas lágrimas de siempre, solamente que en esta ocasión cambia el nombre del asesinado", y añadió que no bastaba con condenar los atentados.
El guardia Eduardo Izquierdo Marfil fue ingresado en la clínica de Nuestra Señora de la Concepción de Tolosa, donde se le sometió a una intervención de urgencia en el codo derecho, en el que presentaba fractura y luxación abierta. Izquierdo fue evacuado del centro médico a las 19:00 horas con destino al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Eduardo Izquierdo Marfil, de 27 años de edad y casado, era natural de la localidad de Villar del Cabo (Teruel). Destinado en la Comandancia de Málaga, en el momento del atentado se encontraba concentrado en la Comandancia de San Sebastián. Izquierdo Marfil había sufrido un atentado meses antes cerca de Logroño, cuando miembros de la banda terrorista ETA activaron varias cargas ocultas en un talud de la carretera al paso de tres autobuses de guardias civiles. En el atentado falleció el teniente Francisco López Bescos.
El 24 de noviembre los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivindicaron el asesinato de Aurelio Prieto. Uno de los presuntos autores del atentado es Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias Arbe, Potolo y Botoco. Fue deportado en 1984 por Francia tras una sangrienta carrera criminal con, al menos, seis asesinatos a sus espaldas, y vive en Venezuela protegido por el Gobierno de Hugo Chávez. La Interpol lo detuvo el 20 de mayo de 1996, pero el gobierno venezolano lo liberó por considerar que la actuación policial violaba su soberanía. Para evitar que su crimen prescriba, la viuda de Aurelio, Concepción Fernández Galán, ha venido realizando diversas reclamaciones de extradición en la Audiencia Nacional. "No puede volver a España como un 'angelito', tiene que pagar por sus asesinatos" señaló Concepción en 2010 (El Heraldo, 07/03/2010). La última vez que Fernández Galán pidió que el Gobierno solicitase la extradición de Barrutiabengoa fue en marzo de 2010.
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En el día de hoy no murió ningún compañero a manos de la banda terrorista E.T.A.
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Recordamos hoy al Guardia Civil D. ISIDORO DÍEZ RATÓN, asesinado por la banda terrorista E.T.A.
D. Isidoro Díez Ratón.
De 39 años, estaba destinado en el Servicio Fiscal de Aduanas de la Guardia Civil. Era natural de Zamora, estaba casado y tenía cuatro hijos, con los que vivía en Irún. Llevaba nueve años destinado en Guipúzcoa.
Quince horas después, a las once y cinco de la noche del 25 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA volvía a asesinar, esta vez en Pasajes (Guipúzcoa) al guardia civil ISIDORO DÍEZ RATÓN, que fue ametrallado en el barrio de San Pedro de esta localidad, cerca del muelle. Isidoro y su compañero, el guardia civil Juan Corrales Pozas, tenían encomendada esa noche la vigilancia del puerto.
Ambos guardias civiles se apearon del vehículo oficial, en la zona de pescaderías del puerto de Pasajes, en torno a las once de la noche. Entraron en un bar próximo y, al salir del mismo, fueron ametrallados por varios miembros de ETA que les estaban esperando en la calle. Mientras que Juan Corrales intentó repeler el ataque y consiguió esquivar los disparos refugiándose en el bar, Isidoro Díez recibió un impacto de bala y murió media hora después en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, adonde había sido trasladado por una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA).
Los terroristas emprendieron la huida en un vehículo que había sido robado por la mañana en un garaje de San Sebastián, llevándose por la fuerza al propietario y a una segunda persona que le acompañaba. Ambos fueron encadenados a un árbol y abandonados en el monte de Ulía.
En el asesinato de Isidoro Díez Ratón participaron cuatro o cinco terroristas. En septiembre de 1989, fue juzgado y condenado por la Audiencia Nacional Pedro María Fernández Arguilea, alias Kepa Manejos, en el primer juicio celebrado tras el asesinato de la fiscal Carmen Tagle. La pena impuesta fue de 29 años de cárcel por atentado contra las Fuerzas de Seguridad con resultado de muerte, con los agravantes de alevosía y premeditación, y una segunda pena de 19 años por intento de asesinato en grado de frustración. Durante el juicio, Fernández Arguilea, miembro del grupo Pakito de ETA, fue expulsado de la sala cuando al finalizar el juicio manifestó que "quería rendir homenaje" a sus compañeros caídos.
Detenido en 1987, en junio de 1994 Kepa Manejos apareció en Televisión Española con el rostro oculto para criticar la "lucha armada" y colocarse a favor de las instituciones: "No tengo miedo a que me expulsen de ETA porque, si se sigue con la lucha armada, me salgo yo, me desvinculo solo". ETA dijo entonces en un comunicado que había hecho "el juego vergonzosamente al Estado español". Su imagen tapada fue identificada y días después aparecieron pintadas frente al domicilio de su hermana en Pasajes en las que le acusaban de traidor. En junio de 1995, y con la oposición del Partido Popular, la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, le concedió el tercer grado penitenciario habiendo cumplido sólo 8 años de los 70 a los que fue condenado (El País, 26/07/1995).
Otros tres presuntos autores del ametrallamiento fueron Alejandro Auzmendi Ilzarbe, Luis María Zabaleta Mendía y Miren Bakartxo Arzelus. Los tres murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil de Pasajes el 15 de enero de 1986 cuando fueron sorprendidos después de ametrallar a un camión francés en el mismo punto de la autopista Bilbao-Behovia desde el que se habían perpetrado con anterioridad acciones similares. En una de esas emboscadas contra camiones franceses fue asesinado hacía poco más de un año el policía nacional Mohamed Ahmed Abderrahmán.
Meses después, en diciembre de 1986, fue detenido Ignacio Orotegi Otxandorena, condenado también por el asesinato de Isidoro Díez Ratón. Con penas que suman 253 años de cárcel por distintos atentados, Orotegi no salió de prisión, prevista para 2007, por aplicación de la doctrina Parot, retrasándose su excarcelación a 2016. Orotegi ha sido uno de los últimos presos en decir "no" a ETA y pedir perdón a las víctimas. En octubre de 2011 ha firmado un documento de arrepentimiento uniéndose a lo hecho anteriormente por históricos asesinos de la banda, como Txelis y La Tigresa. Fuentes penitenciarias han señalado que, al menos en los últimos años, Orotegi ha sido un recluso ejemplar, por lo que fue trasladado desde la cárcel de La Lama a la de Zuera, en Zaragoza (ECD, 03/10/2011)
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D. Isidoro Díez Ratón.
De 39 años, estaba destinado en el Servicio Fiscal de Aduanas de la Guardia Civil. Era natural de Zamora, estaba casado y tenía cuatro hijos, con los que vivía en Irún. Llevaba nueve años destinado en Guipúzcoa.
Quince horas después, a las once y cinco de la noche del 25 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA volvía a asesinar, esta vez en Pasajes (Guipúzcoa) al guardia civil ISIDORO DÍEZ RATÓN, que fue ametrallado en el barrio de San Pedro de esta localidad, cerca del muelle. Isidoro y su compañero, el guardia civil Juan Corrales Pozas, tenían encomendada esa noche la vigilancia del puerto.
Ambos guardias civiles se apearon del vehículo oficial, en la zona de pescaderías del puerto de Pasajes, en torno a las once de la noche. Entraron en un bar próximo y, al salir del mismo, fueron ametrallados por varios miembros de ETA que les estaban esperando en la calle. Mientras que Juan Corrales intentó repeler el ataque y consiguió esquivar los disparos refugiándose en el bar, Isidoro Díez recibió un impacto de bala y murió media hora después en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, adonde había sido trasladado por una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA).
Los terroristas emprendieron la huida en un vehículo que había sido robado por la mañana en un garaje de San Sebastián, llevándose por la fuerza al propietario y a una segunda persona que le acompañaba. Ambos fueron encadenados a un árbol y abandonados en el monte de Ulía.
En el asesinato de Isidoro Díez Ratón participaron cuatro o cinco terroristas. En septiembre de 1989, fue juzgado y condenado por la Audiencia Nacional Pedro María Fernández Arguilea, alias Kepa Manejos, en el primer juicio celebrado tras el asesinato de la fiscal Carmen Tagle. La pena impuesta fue de 29 años de cárcel por atentado contra las Fuerzas de Seguridad con resultado de muerte, con los agravantes de alevosía y premeditación, y una segunda pena de 19 años por intento de asesinato en grado de frustración. Durante el juicio, Fernández Arguilea, miembro del grupo Pakito de ETA, fue expulsado de la sala cuando al finalizar el juicio manifestó que "quería rendir homenaje" a sus compañeros caídos.
Detenido en 1987, en junio de 1994 Kepa Manejos apareció en Televisión Española con el rostro oculto para criticar la "lucha armada" y colocarse a favor de las instituciones: "No tengo miedo a que me expulsen de ETA porque, si se sigue con la lucha armada, me salgo yo, me desvinculo solo". ETA dijo entonces en un comunicado que había hecho "el juego vergonzosamente al Estado español". Su imagen tapada fue identificada y días después aparecieron pintadas frente al domicilio de su hermana en Pasajes en las que le acusaban de traidor. En junio de 1995, y con la oposición del Partido Popular, la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, le concedió el tercer grado penitenciario habiendo cumplido sólo 8 años de los 70 a los que fue condenado (El País, 26/07/1995).
Otros tres presuntos autores del ametrallamiento fueron Alejandro Auzmendi Ilzarbe, Luis María Zabaleta Mendía y Miren Bakartxo Arzelus. Los tres murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil de Pasajes el 15 de enero de 1986 cuando fueron sorprendidos después de ametrallar a un camión francés en el mismo punto de la autopista Bilbao-Behovia desde el que se habían perpetrado con anterioridad acciones similares. En una de esas emboscadas contra camiones franceses fue asesinado hacía poco más de un año el policía nacional Mohamed Ahmed Abderrahmán.
Meses después, en diciembre de 1986, fue detenido Ignacio Orotegi Otxandorena, condenado también por el asesinato de Isidoro Díez Ratón. Con penas que suman 253 años de cárcel por distintos atentados, Orotegi no salió de prisión, prevista para 2007, por aplicación de la doctrina Parot, retrasándose su excarcelación a 2016. Orotegi ha sido uno de los últimos presos en decir "no" a ETA y pedir perdón a las víctimas. En octubre de 2011 ha firmado un documento de arrepentimiento uniéndose a lo hecho anteriormente por históricos asesinos de la banda, como Txelis y La Tigresa. Fuentes penitenciarias han señalado que, al menos en los últimos años, Orotegi ha sido un recluso ejemplar, por lo que fue trasladado desde la cárcel de La Lama a la de Zuera, en Zaragoza (ECD, 03/10/2011)
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Recordamos hoy al Guardia Civil D. JOSÉ HERRERO QUILES, asesinado por la banda terrorista E.T.A.
D. José Herrero Quiles
De 67 años, estaba casado con Carmen Castro Fernández, y tenía dos hijos. Tanto la viuda, que se enteró del asesinato por una llamada telefónica de su hijo, como Carmelo Tomás Herrero, el menor de sus hijos, tuvieron que ser atendidos por sufrir dos episodios cardíacos. Carmen sufrió un conato de colapso cardíaco y fue ingresada en el mismo hospital al que había sido trasladado su marido asesinado, mientras que Carmelo sufrió un ataque cardíaco tras conocer la noticia.
Era el segundo atentado que sufría el guardia civil retirado, pues menos de dos años antes, en febrero de 1984, otro pistolero de la banda le disparó, también en la cabeza, cuando salía de oír misa en compañía de uno de sus hijos minutos después de las once de la mañana. Esa vez el etarra le disparó de frente y a quemarropa, pero la trayectoria de la bala, con entrada por la mejilla y salida por el cuello, no le afectó a órganos vitales. Aunque herido grave, consiguió salir adelante. Por este motivo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, señaló que a José Herrero lo habían "rematado dos años después, como si no soportaran que existiese" (El Correo, 28/11/1985).
A las nueve y cuarto de la noche del 26 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Lasarte al guardia civil jubilado JOSÉ HERRERO QUILES cuando salía de un bar de la calle Ignacio de Loyola acompañado por uno de sus hijos, Juan José, de 19 años. Herrero Quiles había estado por la tarde en el bar jugando su habitual partida de cartas. Mientras un etarra encañonaba al hijo, otro disparó dos veces en la cabeza del guardia civil.
Los asesinos, dos individuos jóvenes que aparentaban tener entre 20 y 25 años, huyeron a la carrera en dirección a la carretera nacional 634, mientras Juan José Herrero atendía a su padre, mortalmente herido, y pedía ayuda. Miembros de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladaron al herido a la residencia sanitaria de San Sebastián, donde falleció a las 21:30 horas, pocos minutos después de haber ingresado.
La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Era la cuarta víctima mortal en menos de 48 horas, pues el día anterior la banda terrorista ETA había asesinado, en dos atentados distintos en San Sebastián y Pasajes, a tres personas, lo que presagiaba el inicio de una nueva ofensiva de la banda tras más de dos meses sin víctimas mortales.
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Orotegui Ochandorena, Miguel Turrientes Ramírez y José Antonio Carrasco Alba a sendas penas de 29 años como autores del asesinato, y a Pedro María Rezabal Zurutuza a 19 años por complicidad en el atentado. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar Haizea de ETA, detenidos en Lasarte en enero de 1987 en una operación de la Guardia Civil.
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D. José Herrero Quiles
De 67 años, estaba casado con Carmen Castro Fernández, y tenía dos hijos. Tanto la viuda, que se enteró del asesinato por una llamada telefónica de su hijo, como Carmelo Tomás Herrero, el menor de sus hijos, tuvieron que ser atendidos por sufrir dos episodios cardíacos. Carmen sufrió un conato de colapso cardíaco y fue ingresada en el mismo hospital al que había sido trasladado su marido asesinado, mientras que Carmelo sufrió un ataque cardíaco tras conocer la noticia.
Era el segundo atentado que sufría el guardia civil retirado, pues menos de dos años antes, en febrero de 1984, otro pistolero de la banda le disparó, también en la cabeza, cuando salía de oír misa en compañía de uno de sus hijos minutos después de las once de la mañana. Esa vez el etarra le disparó de frente y a quemarropa, pero la trayectoria de la bala, con entrada por la mejilla y salida por el cuello, no le afectó a órganos vitales. Aunque herido grave, consiguió salir adelante. Por este motivo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, señaló que a José Herrero lo habían "rematado dos años después, como si no soportaran que existiese" (El Correo, 28/11/1985).
A las nueve y cuarto de la noche del 26 de noviembre de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Lasarte al guardia civil jubilado JOSÉ HERRERO QUILES cuando salía de un bar de la calle Ignacio de Loyola acompañado por uno de sus hijos, Juan José, de 19 años. Herrero Quiles había estado por la tarde en el bar jugando su habitual partida de cartas. Mientras un etarra encañonaba al hijo, otro disparó dos veces en la cabeza del guardia civil.
Los asesinos, dos individuos jóvenes que aparentaban tener entre 20 y 25 años, huyeron a la carrera en dirección a la carretera nacional 634, mientras Juan José Herrero atendía a su padre, mortalmente herido, y pedía ayuda. Miembros de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladaron al herido a la residencia sanitaria de San Sebastián, donde falleció a las 21:30 horas, pocos minutos después de haber ingresado.
La Guardia Civil recogió en el lugar del atentado dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Era la cuarta víctima mortal en menos de 48 horas, pues el día anterior la banda terrorista ETA había asesinado, en dos atentados distintos en San Sebastián y Pasajes, a tres personas, lo que presagiaba el inicio de una nueva ofensiva de la banda tras más de dos meses sin víctimas mortales.
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó a Ignacio Orotegui Ochandorena, Miguel Turrientes Ramírez y José Antonio Carrasco Alba a sendas penas de 29 años como autores del asesinato, y a Pedro María Rezabal Zurutuza a 19 años por complicidad en el atentado. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar Haizea de ETA, detenidos en Lasarte en enero de 1987 en una operación de la Guardia Civil.
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Recordamos hoy al Guardia Civil D. HELIODORO ARRIAGA CIAURRIZ, asesinado por la banda terrorista E.T.A.
D. Heliodoro Arriaga Ciaurriz
El lunes 27 de noviembre de 1978 ETA asesinaba en Villabona (Guipúzcoa) a Heliodoro Arriaga Ciaurriz, guardia civil retirado y conserje de la empresa metalúrgica Sacem.
Sobre las 7:15 horas de la mañana, aún de noche, Heliodoro acababa de abandonar su domicilio y se disponía a montar en su vehículo que estaba aparcado en los soportales del edificio en el que vivía; en ese momento fue afrontado por varios miembros del comando etarra que lo tirotearon a escasa distancia y siendo alcanzado por seis impactos de bala en el pecho y el abdomen.
En el lugar de los hechos se recogieron siete casquillos de bala del calibre 9 mm. parabellum. Los vecinos, que se asomaron a las ventanas al escuchar las detonaciones, sólo vieron el cuerpo sin vida de Heliodoro tendido sobre un charco de sangre junto a su Simca 1200. Heliodoro Arriaga estaba casado y tenía un hijo de 10 años. Había dejado la Guardia Civil hacía trece años.
Los autores materiales del asesinato de Heliodoro no han sido juzgados.
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D. Heliodoro Arriaga Ciaurriz
El lunes 27 de noviembre de 1978 ETA asesinaba en Villabona (Guipúzcoa) a Heliodoro Arriaga Ciaurriz, guardia civil retirado y conserje de la empresa metalúrgica Sacem.
Sobre las 7:15 horas de la mañana, aún de noche, Heliodoro acababa de abandonar su domicilio y se disponía a montar en su vehículo que estaba aparcado en los soportales del edificio en el que vivía; en ese momento fue afrontado por varios miembros del comando etarra que lo tirotearon a escasa distancia y siendo alcanzado por seis impactos de bala en el pecho y el abdomen.
En el lugar de los hechos se recogieron siete casquillos de bala del calibre 9 mm. parabellum. Los vecinos, que se asomaron a las ventanas al escuchar las detonaciones, sólo vieron el cuerpo sin vida de Heliodoro tendido sobre un charco de sangre junto a su Simca 1200. Heliodoro Arriaga estaba casado y tenía un hijo de 10 años. Había dejado la Guardia Civil hacía trece años.
Los autores materiales del asesinato de Heliodoro no han sido juzgados.
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Recordamos hoy a los Guardias Civiles D. PEDRO SÁNCHEZ MARFIL, D. ÁNGEL GARCÍA PÉREZ y D. ANTONIO ALÉS MARTÍNEZ, asesinados todos ellos por la banda terrorista E.T.A.
D. Pedro Sánchez Marfil
De 20 años, era natural de Moreda (Granada). Estaba casado con María Luisa desde cuatro meses antes. Su mujer estaba embarazada del primer hijo de la pareja, Pedro David.
D. Ángel García Pérez
De 20 años, era natural de Vitigudino (Salamanca). Estaba también soltero.
D. Antonio Alés Martínez
De 19 años, era natural de Cuenca, aunque su familia residía en Valencia. Estaba soltero.
A las 22:30 horas del miércoles 28 de noviembre de 1979 la banda terrorista ETA ametrallaba en el Bar Izaro de Azpeitia (Guipúzcoa) a tres jovencísimos guardias civiles que habían ido al establecimiento con la mujer de uno de ellos. Una veintena de disparos acabó con la vida de ANTONIO ALÉS MARTÍNEZ, ÁNGEL GARCÍA PÉREZ y PEDRO SÁNCHEZ MARFIL que, en compañía de la mujer de Pedro, habían ido a cenar al establecimiento. Los tres guardias civiles estaban destinados desde hacía poco tiempo en el puesto de la Guardia Civil de Azpeitia.
El Bar Izaro, a las afueras de la localidad guipuzcoana, era frecuentado por emigrantes y por miembros de la Guardia Civil. Minutos después de que los guardias civiles pidieran una consumición en la barra, entraron en el local cuatro individuos que, tras pedir la suya, pagaron y salieron a la calle. En breves segundos, entraron de nuevo en el bar empuñando las armas que habían dejado dentro de un vehículo estacionado en la puerta. Tras separar violentamente del grupo a la mujer del agente Sánchez Marfil, los terroristas empezaron a disparar por la espalda y a escasa distancia a los tres guardias civiles, que no tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que pasaba. Pese a que los agentes fallecieron casi en el acto, al caer al suelo los fueron rematando con otro disparo en la cabeza.
Una vez cometido el atentado, los cuatro terroristas se dieron a la fuga en un Seat 124 de color azul que había sido robado unas horas antes con la ayuda del etarra Juan María Tapia Irujo. Tapia Irujo, además, había alojado a los asesinos en su domicilio.
La mujer de Pedro Sánchez, presa de un ataque de nervios, salió a la calle a pedir ayuda. Se encontró con dos dotaciones de la Guardia Civil que en ese momento pasaban casualmente por la puerta del bar e inmediatamente se hicieron cargo de la situación. Lo más triste de este asesinato es que, pese a que el bar estaba lleno de clientes a esa hora de la noche y a que los terroristas actuaron a cara descubierta, ninguno de los testigos quiso colaborar con la Guardia Civil ni proporcionar ninguna descripción de los asesinos de la banda. No obstante, gracias a la recogida de huellas, que en esos momentos no llevaron a ninguna parte, muchos años después, en abril de 1993, pudo determinarse que uno de los asesinos de los tres guardias civiles era Pedro María Leguina Aurre, alias Kepatxu, huido hasta que, en 1999, fue detenido por la Policía francesa.
En el lugar de los hechos se recogieron dieciocho casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum y un cargador de pistola con doce cartuchos. El médico que reconoció a los guardias civiles en el propio bar señaló que cada uno de ellos tenía seis o siete impactos de bala en el cuerpo, además de dos orificios en la cabeza.
Al tener conocimiento del asesinato, el alcalde de Azpeitia decidió suspender, por precaución, una manifestación pro-amnistía prevista para el jueves 29 de noviembre en la localidad, el mismo día en el que se iban a celebrar los funerales por los guardias civiles, y señaló que lo hacía porque, de lo contrario, "podía ocurrir una masacre".
A primera hora del jueves 29 de noviembre quedó instalada la capilla ardiente en el Hospital Militar de San Sebastián. Ese mismo día se celebraron los funerales por el alma de los tres guardias civiles en un ambiente de enorme tensión. Nada más finalizar la ceremonia religiosa, a la que asistió el capitán general de la IV Región Militar, teniente general Antonio Pascual Galmes, los restos mortales de los tres jóvenes guardias civiles fueron trasladados a sus localidades de origen para ser enterrados. En el momento en que los féretros cubiertos con la bandera española eran introducidos en los furgones fúnebres, militares y guardias civiles en posición de firmes dieron vivas al Rey y a España, que fueron contestados por algunos familiares de las víctimas. Algunas mujeres de guardias civiles expresaron de viva voz su opinión de que el Rey no les ayudaba, y un militar de graduación comentó a otro compañero que no les faltaba razón por protestar en estos términos.
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó, en calidad de encubridor, a Juan María Tapia Irujo a 9 años de prisión y, subsidiariamente, al pago de indemnizaciones a los herederos de las víctimas. En el año 2003 fue condenado Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, a tres penas de 30 años. A Leguina Aurre se le atribuyen 14 asesinatos. Tras exiliarse a México, fue detenido en el aeropuerto de Orly (Francia) portando documentación falsa. Francia sólo aceptó conceder su extradición por el asesinato de los tres guardias civiles, considerando que el resto de sus crímenes habían prescrito. En su sentencia de 2003, la Audiencia Nacional consideró probado que en 1979 Leguina formaba parte de un comando que operaba en la provincia de Guipúzcoa y que estaba integrado también por Miguel Antonio Goikoetxea, alias Txapela, Ignacio María Gabirondo, Donibane, Carlos Lucio Fernández, Zarra, y una quinta persona no identificada. Los etarras, que se alojaban desde septiembre de 1979 en el domicilio del ya condenado Juan María Tapia Irujo en la localidad guipuzcoana de Cizúrquil, decidieron atentar contra los guardias civiles que frecuentaban el Bar Izaro de Azpeitia.
Para ello, el 28 de noviembre se apoderaron a punta de pistola de un vehículo en Usurbil y dejaron a su dueño atado a un pino en el monte Burunza. Desde Usurbil, los terroristas se trasladaron a Azpeitia y, mientras el etarra cuya identidad se desconoce permanecía al volante del coche, los otros cuatro entraron en el bar. Ahí esperaron a los guardias civiles. Una vez que comprobaron que habían llegado al local "dos de los terroristas vuelven al automóvil, donde recogen la bolsa con armas, regresan al bar, se acercan adonde están sus dos compañeros [y] les entregan disimuladamente el armamento", explica la sentencia. Ya con las armas en sus manos, los cuatro etarras dispararon súbitamente por la espalda y desde cerca contra los tres guardias, quienes reciben al menos 18 disparos en todo el cuerpo "que causan la muerte inmediata de las víctimas, a las que, no obstante, rematan una vez están en el suelo", destacó el tribunal en su sentencia.
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D. Pedro Sánchez Marfil
De 20 años, era natural de Moreda (Granada). Estaba casado con María Luisa desde cuatro meses antes. Su mujer estaba embarazada del primer hijo de la pareja, Pedro David.
D. Ángel García Pérez
De 20 años, era natural de Vitigudino (Salamanca). Estaba también soltero.
D. Antonio Alés Martínez
De 19 años, era natural de Cuenca, aunque su familia residía en Valencia. Estaba soltero.
A las 22:30 horas del miércoles 28 de noviembre de 1979 la banda terrorista ETA ametrallaba en el Bar Izaro de Azpeitia (Guipúzcoa) a tres jovencísimos guardias civiles que habían ido al establecimiento con la mujer de uno de ellos. Una veintena de disparos acabó con la vida de ANTONIO ALÉS MARTÍNEZ, ÁNGEL GARCÍA PÉREZ y PEDRO SÁNCHEZ MARFIL que, en compañía de la mujer de Pedro, habían ido a cenar al establecimiento. Los tres guardias civiles estaban destinados desde hacía poco tiempo en el puesto de la Guardia Civil de Azpeitia.
El Bar Izaro, a las afueras de la localidad guipuzcoana, era frecuentado por emigrantes y por miembros de la Guardia Civil. Minutos después de que los guardias civiles pidieran una consumición en la barra, entraron en el local cuatro individuos que, tras pedir la suya, pagaron y salieron a la calle. En breves segundos, entraron de nuevo en el bar empuñando las armas que habían dejado dentro de un vehículo estacionado en la puerta. Tras separar violentamente del grupo a la mujer del agente Sánchez Marfil, los terroristas empezaron a disparar por la espalda y a escasa distancia a los tres guardias civiles, que no tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que pasaba. Pese a que los agentes fallecieron casi en el acto, al caer al suelo los fueron rematando con otro disparo en la cabeza.
Una vez cometido el atentado, los cuatro terroristas se dieron a la fuga en un Seat 124 de color azul que había sido robado unas horas antes con la ayuda del etarra Juan María Tapia Irujo. Tapia Irujo, además, había alojado a los asesinos en su domicilio.
La mujer de Pedro Sánchez, presa de un ataque de nervios, salió a la calle a pedir ayuda. Se encontró con dos dotaciones de la Guardia Civil que en ese momento pasaban casualmente por la puerta del bar e inmediatamente se hicieron cargo de la situación. Lo más triste de este asesinato es que, pese a que el bar estaba lleno de clientes a esa hora de la noche y a que los terroristas actuaron a cara descubierta, ninguno de los testigos quiso colaborar con la Guardia Civil ni proporcionar ninguna descripción de los asesinos de la banda. No obstante, gracias a la recogida de huellas, que en esos momentos no llevaron a ninguna parte, muchos años después, en abril de 1993, pudo determinarse que uno de los asesinos de los tres guardias civiles era Pedro María Leguina Aurre, alias Kepatxu, huido hasta que, en 1999, fue detenido por la Policía francesa.
En el lugar de los hechos se recogieron dieciocho casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum y un cargador de pistola con doce cartuchos. El médico que reconoció a los guardias civiles en el propio bar señaló que cada uno de ellos tenía seis o siete impactos de bala en el cuerpo, además de dos orificios en la cabeza.
Al tener conocimiento del asesinato, el alcalde de Azpeitia decidió suspender, por precaución, una manifestación pro-amnistía prevista para el jueves 29 de noviembre en la localidad, el mismo día en el que se iban a celebrar los funerales por los guardias civiles, y señaló que lo hacía porque, de lo contrario, "podía ocurrir una masacre".
A primera hora del jueves 29 de noviembre quedó instalada la capilla ardiente en el Hospital Militar de San Sebastián. Ese mismo día se celebraron los funerales por el alma de los tres guardias civiles en un ambiente de enorme tensión. Nada más finalizar la ceremonia religiosa, a la que asistió el capitán general de la IV Región Militar, teniente general Antonio Pascual Galmes, los restos mortales de los tres jóvenes guardias civiles fueron trasladados a sus localidades de origen para ser enterrados. En el momento en que los féretros cubiertos con la bandera española eran introducidos en los furgones fúnebres, militares y guardias civiles en posición de firmes dieron vivas al Rey y a España, que fueron contestados por algunos familiares de las víctimas. Algunas mujeres de guardias civiles expresaron de viva voz su opinión de que el Rey no les ayudaba, y un militar de graduación comentó a otro compañero que no les faltaba razón por protestar en estos términos.
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó, en calidad de encubridor, a Juan María Tapia Irujo a 9 años de prisión y, subsidiariamente, al pago de indemnizaciones a los herederos de las víctimas. En el año 2003 fue condenado Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, a tres penas de 30 años. A Leguina Aurre se le atribuyen 14 asesinatos. Tras exiliarse a México, fue detenido en el aeropuerto de Orly (Francia) portando documentación falsa. Francia sólo aceptó conceder su extradición por el asesinato de los tres guardias civiles, considerando que el resto de sus crímenes habían prescrito. En su sentencia de 2003, la Audiencia Nacional consideró probado que en 1979 Leguina formaba parte de un comando que operaba en la provincia de Guipúzcoa y que estaba integrado también por Miguel Antonio Goikoetxea, alias Txapela, Ignacio María Gabirondo, Donibane, Carlos Lucio Fernández, Zarra, y una quinta persona no identificada. Los etarras, que se alojaban desde septiembre de 1979 en el domicilio del ya condenado Juan María Tapia Irujo en la localidad guipuzcoana de Cizúrquil, decidieron atentar contra los guardias civiles que frecuentaban el Bar Izaro de Azpeitia.
Para ello, el 28 de noviembre se apoderaron a punta de pistola de un vehículo en Usurbil y dejaron a su dueño atado a un pino en el monte Burunza. Desde Usurbil, los terroristas se trasladaron a Azpeitia y, mientras el etarra cuya identidad se desconoce permanecía al volante del coche, los otros cuatro entraron en el bar. Ahí esperaron a los guardias civiles. Una vez que comprobaron que habían llegado al local "dos de los terroristas vuelven al automóvil, donde recogen la bolsa con armas, regresan al bar, se acercan adonde están sus dos compañeros [y] les entregan disimuladamente el armamento", explica la sentencia. Ya con las armas en sus manos, los cuatro etarras dispararon súbitamente por la espalda y desde cerca contra los tres guardias, quienes reciben al menos 18 disparos en todo el cuerpo "que causan la muerte inmediata de las víctimas, a las que, no obstante, rematan una vez están en el suelo", destacó el tribunal en su sentencia.
Descansad en Paz, no os olvidamos.
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En el día de hoy no murió ningún compañero a manos de la banda terrorista E.T.A.
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Recordamos hoy al Guardia Civil D. MIGUEL MIRANDA PUERTAS, asesinado por la banda terrorista E.T.A.
D. Miguel Miranda Puertas
De 64 años, era natural de Granada. Estaba casado con Natividad del Moral y tenía cuatro hijos. El subteniente músico se encontraba en la reserva activa desde diez años antes de ser asesinado. El funeral por su alma se celebró en Manzanares (Ciudad Real), donde vivían algunos de sus familiares y donde fueron inhumados sus restos mortales. En 2008 la Junta de Distrito de Moratalaz aprobó dar el nombre del subteniente asesinado a unos jardines próximos al lugar del atentado, en el que se plantó un olivo en su memoria. Al acto asistieron la viuda y uno de los hijos de Miguel, además del cabo herido en el mismo atentado, Julián de la Calle Martín, que quiso recalcar que "Miguel eligió la Guardia Civil para defender los derechos y las libertades de todos los españoles. Hay que cortar de raíz la crueldad, la barbarie y el salvajismo de ETA, sin negociaciones" concluyendo con un "¡Viva Miguel y viva la Guardia Civil!", casi entre lágrimas. Miguel Miranda fue la vigesimosexta y última víctima mortal de la banda en el año 1992.
A las dos y media de la tarde del 30 de noviembre de 1992 la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid al músico y subteniente jubilado de la Guardia Civil MIGUEL MIRANDA PUERTAS haciendo explotar un coche-bomba a pocos metros del portal de su domicilio, un bloque de viviendas del barrio de Moratalaz en el que vivían miembros de la Benemérita y funcionarios del Ministerio de Interior.
Miguel Miranda iba acompañado del cabo Julián de la Calle Martín. Ambos volvían, vestidos de paisano, a sus respectivos domicilios para almorzar. La deflagración a distancia del coche-bomba mató en el acto a Miguel Miranda e hirió de gravedad al cabo Julián de la Calle, de 51 años. El cabo, natural de la localidad de El Barco de Ávila (Ávila), casado y con tres hijos, sufrió heridas graves en las piernas. Según el parte facilitado por el Hospital Gregorio Marañón su estado era "muy grave".
Otras dos vecinas –Juana Galindo, de 73 años, y Azucena Calvet, de 18– resultaron también heridas, aunque de menor gravedad. Numerosos vecinos tuvieron que ser atendidos por cortes producidos por los cristales rotos, ya que la onda expansiva hizo añicos centenares de ventanas y vidrieras de terrazas de los bloques colindantes. Además, una docena de coches quedaron destrozados y otros veinte sufrieron diversos destrozos.
En la zona donde se colocó el coche-bomba, además de las viviendas de los guardias civiles y funcionarios del Ministerio de Interior, había tres colegios. La explosión se produjo en la calle Luis de Hoyos Sáinz, callejón sin salida que se utiliza para aparcar y como acceso a la estación de metro de Pavones. El coche usado para cometer el atentado fue robado en Madrid a mediados de noviembre y los terroristas lo accionaron a distancia cuando los dos guardias civiles salían del metro. Uno de los hijos del subteniente fue quien reconoció los restos de su padre, cuyo cuerpo quedó atrozmente mutilado.
Al día siguiente del atentado se produjeron numerosos actos de protesta. Unas dos mil personas que vivían en el barrio de Moratalaz se concentraron en el lugar en el que se produjo la explosión convocados por varias asociaciones de vecinos. En el País Vasco, unas veinticinco mil personas participaron en los 128 actos convocados por la Coordinadora Gesto por la Paz.
El atentado fue muy similar al que había cometido ETA en el aparcamiento del hipermercado Jumbo en la zona norte de Madrid el 9 de junio de ese mismo año, en el que resultaron heridas trece personas, diez de ellas militares.
La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato de Miranda Puertas y otros atentados en un comunicado enviado al diario Egin el 16 de diciembre.
Descansa en Paz, no te olvidamos.
D. Miguel Miranda Puertas
De 64 años, era natural de Granada. Estaba casado con Natividad del Moral y tenía cuatro hijos. El subteniente músico se encontraba en la reserva activa desde diez años antes de ser asesinado. El funeral por su alma se celebró en Manzanares (Ciudad Real), donde vivían algunos de sus familiares y donde fueron inhumados sus restos mortales. En 2008 la Junta de Distrito de Moratalaz aprobó dar el nombre del subteniente asesinado a unos jardines próximos al lugar del atentado, en el que se plantó un olivo en su memoria. Al acto asistieron la viuda y uno de los hijos de Miguel, además del cabo herido en el mismo atentado, Julián de la Calle Martín, que quiso recalcar que "Miguel eligió la Guardia Civil para defender los derechos y las libertades de todos los españoles. Hay que cortar de raíz la crueldad, la barbarie y el salvajismo de ETA, sin negociaciones" concluyendo con un "¡Viva Miguel y viva la Guardia Civil!", casi entre lágrimas. Miguel Miranda fue la vigesimosexta y última víctima mortal de la banda en el año 1992.
A las dos y media de la tarde del 30 de noviembre de 1992 la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid al músico y subteniente jubilado de la Guardia Civil MIGUEL MIRANDA PUERTAS haciendo explotar un coche-bomba a pocos metros del portal de su domicilio, un bloque de viviendas del barrio de Moratalaz en el que vivían miembros de la Benemérita y funcionarios del Ministerio de Interior.
Miguel Miranda iba acompañado del cabo Julián de la Calle Martín. Ambos volvían, vestidos de paisano, a sus respectivos domicilios para almorzar. La deflagración a distancia del coche-bomba mató en el acto a Miguel Miranda e hirió de gravedad al cabo Julián de la Calle, de 51 años. El cabo, natural de la localidad de El Barco de Ávila (Ávila), casado y con tres hijos, sufrió heridas graves en las piernas. Según el parte facilitado por el Hospital Gregorio Marañón su estado era "muy grave".
Otras dos vecinas –Juana Galindo, de 73 años, y Azucena Calvet, de 18– resultaron también heridas, aunque de menor gravedad. Numerosos vecinos tuvieron que ser atendidos por cortes producidos por los cristales rotos, ya que la onda expansiva hizo añicos centenares de ventanas y vidrieras de terrazas de los bloques colindantes. Además, una docena de coches quedaron destrozados y otros veinte sufrieron diversos destrozos.
En la zona donde se colocó el coche-bomba, además de las viviendas de los guardias civiles y funcionarios del Ministerio de Interior, había tres colegios. La explosión se produjo en la calle Luis de Hoyos Sáinz, callejón sin salida que se utiliza para aparcar y como acceso a la estación de metro de Pavones. El coche usado para cometer el atentado fue robado en Madrid a mediados de noviembre y los terroristas lo accionaron a distancia cuando los dos guardias civiles salían del metro. Uno de los hijos del subteniente fue quien reconoció los restos de su padre, cuyo cuerpo quedó atrozmente mutilado.
Al día siguiente del atentado se produjeron numerosos actos de protesta. Unas dos mil personas que vivían en el barrio de Moratalaz se concentraron en el lugar en el que se produjo la explosión convocados por varias asociaciones de vecinos. En el País Vasco, unas veinticinco mil personas participaron en los 128 actos convocados por la Coordinadora Gesto por la Paz.
El atentado fue muy similar al que había cometido ETA en el aparcamiento del hipermercado Jumbo en la zona norte de Madrid el 9 de junio de ese mismo año, en el que resultaron heridas trece personas, diez de ellas militares.
La banda terrorista ETA reivindicó el asesinato de Miranda Puertas y otros atentados en un comunicado enviado al diario Egin el 16 de diciembre.
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