El jefe de los Mossos pide blindaje jurídico para los antidisturbios
Por primera vez un alto mando de los Mossos compareció ayer en el Parlament. Y lo hizo generando polémica. El jefe de la
policía catalana, el comisario Josep Lluís Trapero, pidió que los agentes de la unidad antidisturbios que actúan cumpliendo órdenes y conforme a los protocolos no tengan responsabilidad penal por el resultado de sus acciones.
“El jefe del dispositivo determina qué hay que hacer, con las autorizaciones preceptivas. Es cuestionable que le pidan responsabilidades al agente. No debería ser considerado responsable por las consecuencias de aquellas acciones que no ha decidido”, defendió en su intervención en la comisión que evalúa el modelo de orden público. Por ello, pidió “mejorar la seguridad jurídica en el ámbito penal”. Poco después, tras las preguntas de los grupos parlamentarios, matizó que aquellos agentes que incumplan los protocolos, sean sancionados, tanto de manera interna como por la vía judicial, si queda demostrado.
Trapero satisfizo así ayer una de las demandas internas más recurrentes de los sindicatos, que lamentan que diversos antidisturbios han sido condenados por faltas de lesiones y han tenido que indemnizar a las víctimas con su dinero. “La
policía usa la fuerza, nunca la violencia. La violencia es ejercida por individuos aislados, en un uso ilegítimo de la fuerza. Es un matiz importante que coloca a cada uno en su lugar”, añadió Trapero.
Los antidisturbios deberán superar un examen anual
El diputado de la CUP David Fernández le respondió recordándole las nueve personas a las que “el monopolio de la violencia legítima ha dejado ciegos de por vida”, sin que sepan quién es el autor de sus lesiones. “Lamentamos todos los casos mencionados, así como cualquier víctima. Pero eso no implica necesariamente que tengamos que asumir las responsabilidades penales. Cuando hay una condena es el momento en el que toca asumir esa responsabilidad”, replicó Trapero.
La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recoge que “en ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o las leyes”. “El protocolo no es la ley, es una normativa interna que no se publica en ningún lugar y que no tiene nivel parlamentario”, recuerda el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt. A su entender, no se pueden dar órdenes ilegítimas. “Si se demuestra que las pelotas de goma tienen una trayectoria tan errática, el que ordene tirarlas lo hace mal. Los sindicatos deberían decir que el material es incorrecto”, reflexiona. Y añade que no existe un “reglamentación” de cuáles son las armas que puede usar la
policía, y que por tanto, no es adecuado asegurar que las pelotas de goma son “legales”. “Esos agentes son responsables, aunque quizá no querían sacarle un ojo a nadie. La obediencia es una excusa muy antigua”, concluye.
Los sindicatos policiales, en cambio, aplaudieron ayer las palabras del máximo responsable del cuerpo. La semana anterior, también en sede parlamentaria, propusieron el blindaje para los agentes.
Una veintena de agentes están imputados por su actuación
“No puede ser que la Administración te dé un material, una formación, unos protocolos y la orden de cumplirlos, pero que cuando lo cumples, el imputado seas tú y no la persona que ha dado la orden”, lamentó ayer el portavoz del sindicato SPC, David Miquel. “Un antidisturbio no carga si no se le ordena”, se sumó Ramón Labrador, portavoz de SindiCAT.
Toni Castejón, del sindicato de CC OO, recordó el caso de varios policías, que fueron condenados por faltas de lesiones. “Por hacer algo legal, dar un golpe con la defensa en los altercados de las manifestaciones anti-Bolonia, acabaron pagando 900, 500 y 400 euros de su bolsillo”, explicó. “Al final puede darse el caso de policías que se acaben inhibiendo”, alertó Valentín Anadón, de UGT.
En la comisión de ayer compareció también el jefe de la unidad antidisturbios, el inspector Marc Caparrós, que anunció un nuevo
examen para esta especialidad. Los antidisturbios serán sometidos una vez al año, o cada dos años, a un
examen físico, psicológico y psicotécnico para determinar si pueden continuar en la polémica unidad. La primera convocatoria está prevista que se realice este año.
En la actualidad hay diversos agentes imputados por el resultado de su actuación. El caso que más polémica ha suscitado es el de Ester Quintana, que perdió el ojo izquierdo tras la huelga general del 14-N. Interior niega haber dado la orden de disparar pelotas, que recae en el director general de la
policía, Manel Prat, pero la mujer asegura que la hirieron los mossos. Dos antidisturbios están imputados por su lesión.
Otros 22 agentes fueron imputados tras su actuación para frenar los graves altercados del 29-N en Barcelona. Un juez imputó a los policías para saber quién disparó a un hombre que perdió el bazo, aunque acabó desimputando a 11 de ellos. Otros cinco policías están imputados también por su intervención en dos marchas reivindicativas más.
A pesar del lesivo efecto de las pelotas, el consejero Ramon Espadaler no las prohibirá. Lejos de recular, Interior anunció el uso también del cañón de agua. La responsable de la formación de los Mossos, Núria Aymerich, anunció ayer que ya está listo el curso de 90 para saber manejarlo.
Fuente:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/27/ ... 35545.html
