Una rectificación en el último momento, provocada por una rebelión interna y un profundo malestar entre la plantilla de la Policía Nacional, ha evitado que dos agentes de seguridad ciudadana, dos zetas de calle, terminen haciendo guardias a la puerta de un edificio a modo de castigo. Su delito ha sido defenderse, con su arma reglamentaria, de un hombre que amenazaba con matar a su madre con un cuchillo y que se abalanzó contra ellos cuando accedieron a su domicilio.
Pasaban las nueve y media de la noche del viernes 26 de noviembre cuando dos agentes de la comisaría de Vallecas (Madrid) se personaron en un domicilio de la calle San Claudio, en el barrio de Palomeras Suroeste. Poco antes habían recibido en el centro del 091 la llamada de una mujer que, desesperada, pedía ayuda de forma urgente: su hijo la estaba amenazando con un cuchillo y estaba intentando atacarle. Temía por su vida.
Los hechos en el domicilio se sucedieron con mucha rapidez en el momento en el que el hombre, de unos 30 años, se abalanzó también contra los propios agentes con el cuchillo por delante. Ante la amenaza, la patrulla abrió fuego con sus armas reglamentarias abatiendo al atacante. Los servicios de Emergencias Madrid llegaron poco después y continuaron con los intentos de reanimación del hombre que ya habían iniciado los propios agentes, una vez constatado que habían neutralizado la amenaza. Pese a los intentos por sacarle de la parada cardiorrespiratoria, fue finalmente dado por fallecido.
La actuación de ambos agentes fue muy aplaudida por sus compañeros de Seguridad Ciudadana en Vallecas. Lograron neutralizar una amenaza contra ellos y contra una mujer sin que nadie, salvo el agresor, resultase herido. Sin embargo, lo que no sabían es que sus mandos no lo veían de la misma manera.
La confirmación llegó al día siguiente por parte del inspector jefe del GGAC: ambos agentes, que tenían previsto trabajar ese mismo día, quedaban apartados de su turno por «motivos psicológicos». Sin embargo, nadie les hizo ningún tipo de evaluación médica ni dieron síntomas de haber quedado afectados por su actuación. «A pesar de que en el momento lo pasaron muy mal, estaban perfectamente, porque sólo se limitaron a hacer su trabajo como requería en esa situación», aseguran compañeros de estos agentes.
Castigo
Sin embargo, no todos compartieron el entusiasmo por su desempeño profesional. La orden que llegó de arriba era concisa: a partir del próximo 17 de diciembre estarían en un nuevo destino, «Castillos», que es como se denomina a los operativos de custodia y seguridad. Es decir, protección estática de edificios oficiales.
Ese nuevo destino, un castigo para dos agentes bregados en lidiar situaciones complejas en las calles del sur de Madrid, suponía una degradación para ambos. Por ello, sus compañeros -apoyados por agentes de otras partes de Madrid e incluso de otras provincias- se movilizaron internamente para dejar constancia de que aquello era «un atropello».
También se movilizó JUPOL. Según ha podido saber OKDIARIO, la asociación policial puso en conocimiento de la Jefatura Superior de Madrid la situación y el malestar provocado internamente por la decisión de apartarles. Finalmente, se confirmó que todo se suspendía. Los dos agentes continúan en su destino.
Sin embargo, todo lo ocurrido deja a los agentes de Policía Nacional con un mal sabor de boca. De nuevo han visto como su trabajo profesional, su día a día, es observado con lupa incluso cuando la toma de decisiones se produce en un momento de enorme tensión en los que están en juego sus vidas y las de otras personas inocentes. Una situación que, temen, será aún más habitual con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que está incubando el Gobierno de Pedro Sánchez con apoyo de sus socios parlamentarios, Podemos, ERC, EH Bildu y PNV.
No hay que ir muy lejos para buscar otros ejemplos. El pasado 5 de noviembre, la Policía también tuvo que abatir a un varón en el barrio de Villaverde que amenazaba a gente con un cuchillo en un ambulatorio del barrio. Su actuación también se ha puesto en tela de juicio. Y retrocediendo aún más se encuentran otras situaciones en las que los agentes temen usar el arma reglamentaria por temor a ser despedidos, como le ocurrió en 2019 a una agente en prácticas. OKDIARIO contó su historia por aquel entonces.