La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha exigido este jueves la expulsión del sector de un trabajador que en agosto de este año apuñaló a su exmujer, también vigilante, mientras trabajaban juntos. A raíz de esos hechos, el hombre está imputado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y tiene una orden de alejamiento. Actualmente, después de salir de prisión preventiva, continúa trabajando en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2, en Sama de Langreo, «con el consentimiento de los responsables de su empresa y el conocimiento de la Dirección General de Justicia e Interior del Principado de Asturias».
La asociación, que ha hecho pública su postura en un comunicado, añade que «se da la circunstancia» de que el trabajador es primo del director de la empresa, que no ha abierto ningún expediente por «infracciones graves» contra el agresor. Los hechos que se le imputan ocurrieron a las 20.00 horas del pasado 15 de agosto, durante el cambio de turno de los integrantes de la plantilla adscritos al servicio de vigilancia de la Ciudad Residencial de Perlora. El imputado agredió entonces, con un objeto contundente, a la que por entonces era su mujer, también vigilante de seguridad y ambos pertenecientes a la plantilla de la empresa Alcor Seguridad.
ATAQUE CON UN DESTORNILLADOR
El agresor asestó «cinco puñaladas» a la víctima con un destornillador, provocándole lesiones tanto físicas como psíquicas. Una vez detenido, permaneció en el calabozo hasta ser trasladado para prestar declaración ante el juez de guardia que instruyó el caso. Después, se ordenó su ingreso preventivo en Villabona, donde permaneció dos meses a la espera de la vista oral.
Ante esta situación Avispa ha pedido la suspensión de empleo y sueldo «de manera urgente» de este trabajador, hasta que se celebre la vista oral y se dicte sentencia. «No es el profesional adecuado para desempeñar sus funciones en un establecimiento público», han explicado. Asimismo han pedido a la Dirección General de Justicia e Interior que anule el contrato con la empresa «por un grave incumplimiento de las condiciones pactadas en la adjudicación del servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Ciudad Residencial de Perlora».
