Ultimátum del juez: más policías para acabar el ‘caso Brugal’

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El caso Brugal nunca ha sido fácil. No lo fue en sus inicios, cuando el juez Manrique Tejada comenzó a diseccionarlo; tampoco lo fue cuando se instaló en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ni lo está siendo ahora de vuelta a Alicante y a manos de su primer instructor. Por complejidad y envergadura constituye un hueso duro de roer. Quizá el magistrado que lo dirige sea el que más lo esté sufriendo.

Los compases finales de la investigación del amaño urbanístico delPlan General de Ordenación Urbana de Alicante en beneficio de Enrique Ortiz están siendo tortuosos porque falta un elemento esencial: los informes policiales finales, esos que permitirán poner fin a la instrucción -siempre con permiso de unas defensas aficionadas a dilatar el proceso a base de infinidad de recursos- por la trascendencia de sus conclusiones. Los agentes de la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (Udef) no dan a basto. No están dedicados en exclusiva a Brugal y eso en una provincia tan dinámica en cuanto a delincuencia como es Alicante, significa retraso. Necesariamente.

El magistrado lo sabe pero también sabe que esta situación se ha convertido ya en un problema crónico que impide el avance de una causa cuya punta de lanza son el propio constructor, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

Consciente de estos problemas y de que hasta ahora sus requerimientos para acabar con los atrasos han caído en saco roto, el juez ha decidido volver a intervenir. Y esta vez se dirige directamente a la cúpula de la Policía; a la única persona que puede reconducir las cosas: al comisario provincial José Javier Cuasante. El que firma Tejada es un oficio sin precedentes hasta el momento. Es la primera vez que el instructor mira directamente al escalón más alto de la Policía para pedir explicaciones. Y no se anda con rodeos.

Solicita a Cuasante que le dé cuenta del estado actual de los informes que requiere y le conmina, si es necesario, a reforzar la plantilla del grupo que investiga el caso Brugal del PGOU para darle el impulso que necesita. Lo deja claro en el oficio al que ha tenido acceso este periódico.

«Visto el estado de las actuaciones y la dilación en su conclusión remítase oficio al Iltmo. Sr. Comisario Provincial. Jefe Provincial de Alicante a fin de que informe a este juzgado del estado de la investigación y, en su caso, ponga los medios personales y/o materiales necesarios para poder llevar a cabo las conclusiones de su investigación», recoge el oficio del magistrado.

Además, envía una copia de su escrito a la presidenta del TSJCVPilar de la Oliva. El documento, además, alude a uno de los talones de Aquiles de la instrucción: los dos informes pendientes sobre la entrada y registro en casa de Enrique Ortiz y en su yate en el verano de 2010. Han pasado cerca de cinco años y los agentes todavía no han remitido este dossier al juzgado a pesar de que el órgano, tal como recuerda el juez en el oficio remitido a Cuasante, lo solicitó en febrero de 2012.

Tejada se dirige a Cuasante después del ultimátum que dio el pasado 6 de noviembre. En esa fecha, miró a la Policía y le dio dos meses de plazo para que le enviara los distintos informes que todavía estaban pendientes. En esa ocasión requería el dossier de los ya famosos bocadillos (las supuestas entregas de dinero en metálico de Ortiz a Alperi), el del patrimonio del ex alcalde y de Castedo, los informes sobre las propiedades inmobiliarias del hijo del ex primer edil de la ciudad y la investigación sobre el registro en la vivienda y el barco del constructor.

Los agentes ya ha remitido los dos primeros pero sigue sin enviar el análisis de los que se refieren al empresario preferido de Castedo y de Alperi, pese a ser una de las primeras actuaciones que se realizaron tras llegar el escándalo a manos del magistrado.

La situación es pues muy delicada. A principios de verano, ya se habló de que el número de agentes dedicados a esta investigación podrían ser escasos para un asunto tan complejo y voluminoso. Incluso voces extra oficiales llegaron a asegurar que el número de efectivos se reduciría; algo que finalmente no sucedió.

Sin embargo, no es ningún secreto que la Udef está sobrecargada de trabajo. Tampoco lo es que los distintos grupos bregan con muchos problemas de efectivos y de recursos materiales en un contexto en el que cada día surge un nuevo caso de corrupción política o empresarial. Y la provincia de Alicante, al igual que el resto de la Comunidad, es especialmente vigorosa.

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/03/09/54fd4dd7268e3ebd4b8b456d.html

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