La «operación Varea» es una de las operaciones más relevantes que ha llevado a cabo la Guardia Civil en los últimos tiempos. Este caso, que ha cobrado gran relevancia en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, ha puesto en el foco a uno de los agentes más condecorados de la institución, el teniente coronel Francisco David Oliva Moreno.
La operación se inició en otoño, en un contexto en el que el narcotráfico en el sur de España estaba en auge. El objetivo era desmantelar una red de narcotraficantes que operaba en la región, y para ello se aplicó una técnica similar a la del «vareo» del olivo: una intervención precisa y calculada para evitar dañar la estructura de la organización y poder actuar de manera más efectiva.
Sin embargo, la «operación Varea» se complicó cuando se descubrió que uno de los tenientes de la Guardia Civil, J.I.F., mantenía relaciones estrechas con el ‘clan Ariza’, una familia de Cádiz conocida por su vinculación con el narcotráfico. Esta conexión, que se descubrió a través de la investigación de las cuentas bancarias del teniente y su presencia en fotografías con miembros del clan en las redes sociales, puso en alerta a los Servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
Pelea entre dos mandos
Por otro lado, el teniente coronel Oliva Moreno, al frente de la «operación Varea», era consciente de que estaba en el punto de mira. Conocía las sospechas que pesaban sobre él y su equipo, y trató de aclarar cualquier duda sobre su actuación a través de los cauces oficiales. Pero sus intentos fueron en vano, y la tensión entre los Servicios de Asuntos Internos y los agentes de la unidad OCON-SUR, encargada de la lucha contra el narcotráfico en el sur de España, creció.
La situación se agravó con la llegada de un nuevo teniente, J.A.B., proveniente de los Servicios de Asuntos Internos y trasladado a la unidad de élite OCON-SUR. Su presencia generó un conflicto con el teniente J.I.F., que culminó en una fuerte discusión durante una cena. J.A.B. acusó a J.I.F. de colaborar con los narcos, y este último sospechó que J.A.B. era un agente encubierto enviado para investigarlos.
Ante esta situación, el teniente coronel Oliva Moreno tuvo que intervenir. Solicitó pruebas a ambos tenientes para esclarecer la situación, y fue entonces cuando J.A.B. entregó un pendrive con información reservada, por lo que se le imputó un delito de revelación de secretos.
Paralelamente, los Servicios de Asuntos Internos continuaron con su labor y descubrieron, a través de la intervención del teléfono de J.I.F., que este estaba filtrando información reservada. Ante la gravedad de la situación, se abrió una pieza separada y secreta dentro de la «operación Varea» para detener a J.A.B.
El incidente inició la Operación Varea
Finalmente, tras una serie de interrogatorios y declaraciones, se desestimó la idea de que se trataba de un asunto de Seguridad Nacional se redujo más a un posible delito de revelación de secretos y cohecho.
Meses más tarde, el juez convocó a más testigos y el 12 de abril, citó al teniente coronel Oliva y al teniente J.I.F. en calidad de investigados. Todos brindaron versiones similares. Justificaron un mensaje entre Oliva y J.A.B. que decía «¿Cómo llevas los deberes?» como una interacción en el contexto de una disputa entre Asuntos Internos y OCON. Según ellos, Oliva quería que J.A.B. estuviera preparado para trabajar en la unidad considerada enemiga por sus compañeros y que desarrollara resistencia para luchar contra el narcotráfico. Aseguraron que otro mensaje, que decía que tenía que «entregar la tarea», en realidad se refería a entregar un parche de los Servicios de Asuntos Internos. Las fuentes citadas aclararon que incluso hay un video de los agentes del Sur lanzando dardos a este trozo de tela.
Las sospechas sobre J.I.F. y su relación con el ‘clan de los Ariza’ también se abordaron en la Audiencia Nacional. El teniente había estudiado con uno de los Ariza y es padrino del hijo de este amigo de la infancia. Por esta razón, los agentes de Asuntos Internos incluyeron en sus informes fotografías del guardia en el bautizo de uno de los primos con ese apellido. Pero defendieron que «ser amigo de alguien cuya familia se dedica al tráfico de drogas no te convierte en narcotraficante». Las fuentes consultadas indicaron que la Guardia Civil unió indicios sin comprobar realmente los lazos y si había un delito detrás de ello.
Los Ariza en la Operación Varea
El problema, según otras fuentes de la investigación, es que los Ariza, al saber que estaban siendo investigados debido a la detención de los oficiales del Instituto Armado, borraron perfiles en las redes sociales y dejaron de actuar como antes.
La acusación contra Oliva y sus dos hombres causó conmoción en la Guardia Civil. Oliva era el teniente coronel más condecorado del cuerpo, con claras expectativas de llegar a general. Las fuentes consultadas tanto de OCON como del resto del Instituto Armado resaltaron que los logros de la unidad fueron «históricos» y que esta investigación «no llevará a nada». Un día después de declarar, J.I.F. publicó la insignia de OCON en sus perfiles de redes sociales, demostrando el orgullo que siente por haber pertenecido a ella. En los comentarios, sus seres queridos le mostraban su apoyo.
El 21 de abril, la Fiscalía Antidroga solicitó que el juez archivara la causa principal por narcotráfico. El 4 de mayo, el juez Abascal decidió «sobreseer provisionalmente la causa principal de este procedimiento al no haberse justificado debidamente la perpetración del delito que dio motivo a su formación, lo que había eliminado el nexo de conexión que, para la investigación de esta pieza, determinaba la Audiencia Nacional». Es decir, el juez decidió también enviar el asunto que afecta a los guardias civiles a un Juzgado de Valdemoro.
Los investigadores creen que los Ariza podrían haberse beneficiado de información privilegiada para evadir a las autoridades durante un tiempo, aunque no han podido establecer un vínculo directo y comprobable entre las acciones de los oficiales investigados y las operaciones del clan. A pesar de las acusaciones y las sospechas, la evidencia recolectada hasta el momento no ha logrado probar más allá de toda duda razonable que los oficiales hayan estado directamente implicados en actividades ilícitas.
Los investigadores también creen que la tensión y la rivalidad entre OCON y Asuntos Internos han jugado un papel en este asunto. El ambiente de desconfianza y competencia podría haber llevado a interpretaciones erróneas de las interacciones y a acusaciones basadas más en la sospecha que en pruebas tangibles.
Grave daño a la reputación de la Guardia Civil
Además, existe la preocupación de que el caso pueda estar causando un daño significativo a la reputación de la Guardia Civil y a la moral de sus miembros. A pesar de las acusaciones, los oficiales implicados mantienen una alta estima por parte de muchos de sus compañeros, que ven la investigación como un ataque a la integridad de la institución en lugar de una investigación legítima sobre la corrupción.
Mientras tanto, los acusados esperan que el traslado del caso al Juzgado de Valdemoro pueda significar una oportunidad para aclarar su nombre y demostrar que sus acciones estaban en línea con su deber y la ley. Sin embargo, también son conscientes de que la investigación ha creado una mancha en su carrera que puede ser difícil de borrar, independientemente de cómo se resuelva el caso.
A pesar de las dificultades, todos ellos han afirmado que continuarán cumpliendo con su deber y defendiendo la integridad de la Guardia Civil, en un intento por demostrar que, a pesar de las acusaciones, su compromiso con la ley y la justicia sigue siendo inquebrantable.
El caso continúa en desarrollo, y se espera que en los próximos meses se pueda esclarecer más sobre los detalles de este complicado asunto. Hasta entonces, las especulaciones y las dudas continuarán siendo una sombra sobre la Guardia Civil y sus miembros, mientras esperan que la justicia siga su curso.
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