«Los tres alcoholímetros judiciales de los que dispone la Policía Local de Cartagena están ahora mismo en Valencia pasando una revisión para su homologación. Es una circunstancia que se repite todos los años y que sirve para tener los dispositivos equilibrados». Así contestó el concejal de Seguridad Ciudadana, Mariano García, a la nota remitida ayer por Movimiento Ciudadano en la que denunciaba la falta de los tres dispositivos y exigía al Ayuntamiento que habilitara una partida presupuestaria para el mantenimiento de los alcoholímetros.
García indicó que «es una cuestión rutinaria que tenemos que hacer cada año y que, lamentablemente, coincide con los tres dispositivos -uno pertenece al Ayuntamiento y los otros dos a la Dirección General de Tráfico (DGT)- porque están fabricados en la misma fecha», aunque precisó que «de todas formas, que nadie se piense que no podemos realizar las pruebas, ya que cada patrulla lleva un pequeño alcoholímetro que permite ver si el conductor va bebido al volante.
Si es así, los agentes llaman a la Guardia Civil para que acuda con sus equipos a realizar la prueba pertinente o, en algún accidente en el que el conductor debe ser trasladado al hospital, también lo pueden hacer en el mismo centro sanitario».
El concejal de Seguridad Ciudadana explicó que «el trabajo policial se sigue llevando a cabo sin problema, ya que cada coche lleva consigo uno de los alcoholímetros que determinan que al conductor hay que hacerle la prueba con el dispositivo judicial y es entonces cuando solicitamos la colaboración de la Guardia Civil para que le realicen la prueba».
Desde Movimiento Ciudadano señalaron que llevarán al próximo pleno una moción para pedir la inmediata habilitación presupuestaria de una partida para el mantenimiento de los alcoholímetros ‘evidenciales’ usados por la Policía Local, ya que en la actualidad no se puede disponer de ellos.
El edil de MC, José López, se aventuró a decir que «podría ser que el pago de las revisiones de los dos pertenecientes a la DGT no se haya realizado y ante esta situación la empresa verificadora no quiera avanzar en sus trabajos, pero la previsión de tales situaciones debería de estar contemplada por este Ayuntamiento, no dando lugar a que a día de hoy los conductores ebrios puedan poner en peligro al resto de ciudadanos, sin riesgo para su cartera y su libertad».
