Junto a la reciente reducción de 70 profesionales del cuadro médico en Muface -organismo público de la Administración que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios- el CSIF denunció ayer que en la provincia de Valencia se han eliminado seis servicios de atención.

En concreto, se ha suprimido la consulta de medicina general en Enguera, los análisis clínicos de Godella, y la medicina general y la pediatría de Massalfasar. Además la clínica Quirón deja de prestar sus servicios en urgencias ginecológicas, de igual modo que se suprime la unidad de oncología de cirugía colorectal del Hospital 9 de Octubre.

Otra limitación de servicios se encuentra en oncología radioterápica, porque al suprimirse dos facultativos, el cuadro clínico queda de forma que en 2015 sólo se permite cita en la clínica Virgen del Consuelo.

Una merma que ha generado durante los últimos años un trasvase de trabajadores públicos a la sanidad pública, aunque todavía el 82% de los funcionarios siguen optando por la sanidad privada.

Desde el sindicato CSIF se criticó ayer que un importante grupo de enfermos de cáncer -profesores, carteros, funcionarios, policías, militares y guardias civiles, entre otros-, han visto interrumpida su asistencia como consecuencia de los recortes económicos del Gobierno en el presupuesto para las mutuas sanitarias. Y se confirmó que en la central sindical se reciben todos los días decenas de llamadas de pacientes y familiares con cáncer con gran incertidumbre por esta situación.

Las mismas fuentes del CSIF aseguraron que aunque el Gobierno dice que estas personas tienen derecho a seguir recibiendo asistencia y tratamientos como hasta ahora, se ha podido comprobar que no es así. Al parecer, según las mismas fuentes, «los pacientes tienen que solicitar mantener su tratamiento en su hospital. Cuando lo hacen, o bien les dan la callada por respuesta, o bien se lo deniegan». Un peregrinaje burocrático, «con la angustia de saber que el tiempo de su enfermedad corre en su contra. Hay pacientes que llevan un mes abandonados a su suerte, esperando pruebas, diagnósticos o saber si pueden continuar su tratamiento en su hospital de siempre», se denuncia desde el CSIF.

El responsable valenciano de este sindicato en Valencia, Ezequiel Archilla, indicó que algunos funcionarios que acuden a las aseguradoras «cuando son diagnosticados de un tumor, reciben la recomendación de que se vayan a red pública por parte de los propios especialistas».

Debido a estos recortes, «muchos trabajadores abandonan el sistema privado y se van a la pública». Archilla recordó que sale más barato cubrir la atención de los funcionarios en la privada (unos 700 euros) que en la pública (unos 1.000 euros) «pese a que se produce la misma atención y adjudicación de servicios, con el mismo control de las pruebas diagnósticas y de los fármacos en los modelos sanitarios».

Actualmente, algo más del 80% de los empleados públicos optan por recibir asistencia sanitaria a través de las mutuas, a pesar de que en los últimos cinco años el Gobierno ha reducido en unos 120 millones la partida presupuestaria. Y pese a los recortes, los datos provisionales de 2015 muestran como solo un pequeño porcentaje se ha pasado a la sanidad pública, según datos de CSIF, que junto a la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), presentaron ayer una queja formal al Gobierno para solicitar la garantía de asistencia sanitaria en las mutuas Muface e Isfas.