Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a 45 personas por defraudar más de 360.000 euros a la Seguridad Socia. Falsificaron contratos labores para regularizar situaciones administrativas de ciudadanos extranjeros y obtener fraudulentamente subsidios por desempleo o pensiones de jubilación. La trama utilizaba como tapadera una empresa ficticia que cobró 120.000 euros en concepto de subsidios y subvenciones. Entre los arrestados se encuentra un asesor de una consultoría ubicada en la capital malagueña.La investigación se inició el pasado mes de junio en torno a una empresa cuya actividad laboral había levantado sospechas sobre su posible implicación en una estafa a la Seguridad Social. Los agentes descubrieron las defraudaciones realizadas por los responsables de esta sociedad ficticia, en la que se habían tramitado contratos falsos para dar de alta en la Tesorería General de la Administración del Estado. Los policías comprobaron que la supuesta empresaria que firmaba los contratos se encontraba cumpliendo condena por tráfico de drogas desde hacia un año y medio en Argentina.
Grave perjuicio para la Administración del Estado
Según las pesquisas efectuadas por los investigadores, se descubrió que a través de una asesoría malagueña se confeccionaban y tramitaban contratos laborales relacionados con una empresa cuya actividad laboral y domicilio social se descubrieron inexistentes. Estos falsos contratos servían para dar de alta en el régimen de la seguridad social a trabajadores, tanto extranjeros como españoles relacionados con extranjeros, con el objetivo de sumar días de cotización para obtener futuras ayudas por desempleo, así como pensiones de jubilación. Además, los ciudadanos extranjeros pretendían con los contratos falsificados conseguir autorizaciones de residencia y trabajo.
A través de los contratos ficticios presentados en el SEPE y posteriores altas en la Seguridad Social, se han producido un total de 12.634 días de «cotización ficticia» entre todos los supuestos trabajadores y consiguieron el cobro aproximado de unos 120.000 euros en concepto de subsidios de desempleo y subvenciones. La empresa investigada habría contraído una deuda de más de 246.000 euros con la Tesorería de la Seguridad Social.
Durante las investigaciones se realizaron dos registros, uno en la asesoría y otro en el domicilio del principal investigado. En ellos, se intervinieron las documentaciones originales presentadas en el órgano competente, los sellos de estampación utilizados y dinero en efectivo.
La investigación ha sido realizada por el Grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Málaga. Se ha contado con la colaboración del Servicio Público Estatal de Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social.
