En tres o cuatro meses la Ley de Seguridad Privada será un hecho en todas las prisiones españolas. Así lo manifestaban en Alcázar los delegados de CSI-F y de CC.OO. “A los sindicatos no se nos informó previamente de lo que querían hacer. Es una política de hechos consumados. Primero lo hago y después informo.
No dan la posibilidad de que haya negociaciones sindicales”, explicaba Rafael Correas de CC.OO que aseguró que con esta Ley “se está abriendo la puerta a la privatización de las prisiones, como está sucediendo con la educación o la sanidad”. La entrada de la seguridad privada en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios, sustituyendo a la Guardia Civil por guardas jurados, supone “pérdida de calidad” y “destrucción de empleo público”, explicaba en nombre del sindicato CSI-F José Antonio Ramírez.
En la actualidad, en la prisión de Alcázar hay 83 funcionarios y 6 trabajadores laborales. Aunque la Ley de Seguridad Privada afectaría, en esta ocasión, a 15 Guardias Civiles “porque dicen que quieren recuperar efectivos en la calle”, desde los sindicatos no descartan que el objetivo sea “privatizar también la seguridad en el interior de las prisiones”. Algo, que según explicaba el delegado de CC.OO, deducen de la “inexistente oferta de empleo público” para las prisiones. El pasado año no salieron plazas y para 2014 se han convocado 70 en toda España. “Tienen nuevos centros penitenciarios cerrados por falta de efectivos”.
La experiencia piloto con seguridad privada se está llevando a cabo ya en 21 prisiones españolas y desde los sindicatos aseguran que se extenderá a todos los centros del Estado en tres o cuatro meses. Además, aseguran que “lo están haciendo mal” porque “no han cambiado la norma que dice que la vigilancia exterior de las prisiones corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Desde CSI-F advierten que con la entrada en vigor de esta Ley de Seguridad en las prisiones “se pierde calidad en la vigilancia”, porque no tiene la misma autoridad un Guardia Civil que un guarda jurado y, además, añaden desde CC.OO, “se privatiza sin conocimiento del tema, sin que se realice una oposición o proceso selectivo y sin valorar la experiencia. Los centros penitenciarios no pueden ser privados. La Constitución dice que hay que rehabilitar al interno; ¿qué profesional lo va a rehabilitar si se convierten en centros privados?”.
Los sindicatos seguirán manifestándose ante las prisiones españolas para intentar “frenar” este proceso privatizador y “evitar” que las empresas de seguridad privada “entren en la vigilancia interior” de los centros penitenciarios.
