La Ley de Vivienda recientemente aprobada ha generado preocupación entre sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, quienes temen que entorpezca sus operaciones contra okupas y desahucios. Estas entidades lamentan que el Gobierno no haya recabado sus opiniones al igual que sucedió con la fallida reforma de la ‘ley mordaza’ de seguridad ciudadana.
Hugo del Prado, portavoz de JUPOL, indica que la nueva legislación profundiza la inseguridad que enfrentan los agentes policiales en estas situaciones. Se argumenta que, al tener que notificar previamente la fecha y hora de la intervención policial para desalojar viviendas ocupadas, se pierde el factor sorpresa.
La ley incluye modificaciones para dificultar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran propietario de inmuebles. No se permitirán desalojos sin intentar un acto de conciliación. El Gobierno destaca la diferencia entre acciones por impagos y casos de okupación.
La Ley de Vivienda entorpece aun más el trabajo policial
Víctor M. Vigil, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), afirma que la ley entorpece el trabajo policial, ya que se pierde el «elemento sorpresa», lo cual pone en riesgo la seguridad de los agentes. Además, advierte que si se planifican incidentes para obstaculizar o impedir desalojos, podrían derivar en alteraciones del orden público y poner en riesgo a terceros.
Los sindicatos policiales consideran llamativo que, al igual que con la ‘ley mordaza’, no se haya solicitado la opinión de los representantes de las organizaciones representativas en una reforma normativa que afecta su labor. Se contrasta con el caso de la Ley del Deporte, donde sí se contó con la aportación de representantes de las Fuerzas de Seguridad.
Víctor M. Vigil sostiene que no pretenden condicionar la agenda política, pero sí quieren ser escuchados cuando se planteen cambios legales que puedan perjudicar sus cometidos. Esto, para evitar riesgos jurídicos en su trabajo y garantizar la integridad de los agentes en intervenciones con riesgos operativos evidentes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) piden al Gobierno eliminar «lagunas» mediante «protocolos e instrucciones claras y con garantías jurídicas» para los agentes. Pedro Carmona, portavoz de AUGC, defiende la necesidad de dotar a los guardias civiles de recursos y herramientas para combatir eficazmente la okupación ilegal.
En septiembre de 2020, la Fiscalía y el Ministerio del Interior emitieron instrucciones para unificar protocolos de actuación frente a la okupación, pero los principales sindicatos consideraron que no aportaban novedades y mantenían la inseguridad para los agentes actuantes. Las denuncias por delitos de okupación disminuyeron un 3% en 2022 y un 11% en el primer trimestre de 2023, aunque 2021 marcó récord con 17.274 casos.
El Gobierno cree que la nueva ley mejorará la vida de las personas
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, sostiene que la nueva Ley de Vivienda no dificulta los desalojos, y recuerda que el Ejecutivo trabaja en la Ley de Eficiencia Procesal, la cual incluye mecanismos para expulsar a okupas en 48 horas si acceden ilegalmente a viviendas. Cataluña lidera el número de casos de okupación, con 1.673 casos registrados hasta el 31 de marzo, lo que representa el 42% del total.
En resumen, la aprobación de la Ley de Vivienda ha suscitado preocupaciones entre sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil debido al temor de que entorpezca sus operaciones contra okupas y desahucios. Los sindicatos argumentan que la ley elimina el elemento sorpresa y genera inseguridad en las intervenciones policiales. A pesar de estas preocupaciones, el Gobierno sostiene que la ley no dificulta los desalojos y se trabaja en mecanismos para agilizar el proceso de desalojo en casos de okupación ilegal.
