Las organizaciones que se dedican a la explotación sexual en la provincia de A Coruña operan, sobre todo, en pisos de las principales ciudades y su actividad ilícita casi siempre va ligada a otro delito, el de trata de seres humanos. Según fuentes consultadas por este periódico, se estima que en la ciudad herculina hay alrededor de cien viviendas dedicadas a la prostitución y en Ferrol y Santiago, sesenta en cada una de las ciudades, pero las mafias van rotando a las personas explotadas de casa en casa -hay entre dos o tres por vivienda- y lo hacen dentro de la más absoluta clandestinidad. De ahí las dificultades con las que se encuentra la Policía para tratar de frenar un negocio ilegal y amoral que crece a pasos agigantados y que, entre las tres ciudades, mueve más de 2,5 millones cada mes. Una prueba evidente de ese aumento es que en Ferrol, a pesar de que la Policía desmanteló algunas de esas redes, en menos de un año los pisos de citas pasaron de 50 a más de 60.
Cada vez hay más personas transexuales captadas por estas mafias en países en las que la homofobia está muy presente, como es el caso de Colombia, Venezuela y los países árabes, y por ello se habla también de los delitos de trata y explotación de seres humanos.
En el caso de los clubes de alterne, la situación está prácticamente regularizada, gracias a la presión policial, que, con reiteradas inspecciones, ha logrado que la práctica totalidad de las personas que trabajan en los mismos tengan contratos como camareras de alterne y estén de alta en la Seguridad Social.
El gran problema radica, por tanto, en los pisos en los que las personas son obligadas a prostituirse, bajo la presión de evitar que sus familias sufran daños y de las grandes deudas que la organización les reclama por su traslado a España. Se trata de cifras que varían según el lugar de procedencia y que oscilan entre los 4.500 euros si son traídas desde Sudamérica; de 8.000 a 10.000 de Rumanía; de 12.000 a 15.000 de China, y de entre 35.000 y 40.000 si proceden de Nigeria.
Estas deudas sobredimensionadas se convierten casi en astronómicas por la aplicación de unos intereses descomunales porque no logran liquidar el importe en el plazo que fijan las mafias, de poco más de tres meses. Todo ello deriva en que estas personas tengan que prostituirse para subsistir, porque el 50 % de la media de 50 euros que pagan los clientes por cada servicio -120 euros más el taxi cuando tienen que desplazarse- va directamente para la organización y con el resto tienen que amortizar la supuesta deuda acumulada, enviar dinero a sus familias en sus países de origen y subsistir ellas aquí.
