El uso de vehículos oficiales, algunos de ellos de alta gama, para desplazamientos particulares no es una práctica exclusiva de la sede regional de la Policía Autonómica. Además de los destinados en Sevilla, los mandos de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta en Almería llevan años disfrutando de coche oficial a su antojo. Y la Administración andaluza lo sabe.
Pese a que la Dirección General de Interior mantiene que «nunca» ha tenido constancia de estas malas prácticas -ésa fue su respuesta a la información desvelada por EL MUNDO de Andalucía-, la Unión Federal de Policía (UFP) y la Confederación Española de Policía (CEP) la han denunciado por cauces oficiales hasta en seis ocasiones en los dos últimos años, la primera de ellas en febrero de 2012.
Los escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, cuentan cómo los oficiales superiores de la popularmente conocida como Policía Autonómica -en realidad no lo es- tienen, como ocurre en la sede principal de Sevilla, vehículos oficiales asignados prácticamente para su uso exclusivo y que va más allá de servicios vinculados con su labor policial.
En realidad, según relatan las denuncias, los mandos usan estos coches, del parque móvil de la Junta de Andalucía, para ir y venir de sus casas, donde los guardan de lunes a domingo. Mientras, los agentes de la unidad se ven obligados a realizar labores de paisano con coches que tienen hasta 200.000 kilómetros…
Entre los oficiales señalados por los representantes sindicales se incluye al entonces jefe de la unidad, Francisco Llinares, que llegó a ser multado al volante del coche policial cuando se encontraba de vacaciones.
Las denuncias las dirigieron los sindicatos, especialmente la UFP, a distintos organismos y cargos públicos, todos ellos autonómicos. Desde el entonces director general de Política Interior al consejero de Gobernación y Justicia (ésa era la denominación en aquel momento del departamento del que dependía la Policía Autonómica), pasando por la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería o la presidenta del Parlamento andaluz en 2012, Fuensanta Coves, los representantes de la plantilla pusieron en su conocimiento las irregularidades detectadas en Almería sin que, señalaron este lunes fuentes de la UFP, se tomara medida alguna para acabar con ellas.
Y ello a pesar de que, como recordaban los escritos, tanto el Gobierno central como la propia administración andaluza han establecido estrictos criterios a la hora de autorizar un coche de titularidad pública por parte de los cargos oficiales, incluidos los policiales.
Así, la Dirección General de Policía reguló ya en 1995 que sólo a partir del rango de comisario jefe provincial se tiene derecho a un coche con chófer y que el vehículo deberá permanecer en dependencias oficiales cuando no se use para desplazamientos oficiales.
La misma Junta de Andalucía estableció en 2010 que sólo se asignarían vehículos a cargos con rango asimilado al de secretario general o director general y el Parlamento andaluz aprobó en 2011 una serie de medidas de austeridad que incluía los coches oficiales. Pero en la Policía Autonómica, al parecer, no se dieron por enterados.
Fuente: http://www.elmundo.es/andalucia/2013/12/03/529d8af863fd3dcf648b4591.html