La Guardia Civil ha finalizado poco antes de las 21:00 el registro de la sede del sindicato UGT-Andalucía, que había comenzado a las 10:30 ordenada por la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación del supuesto desvío de fondos destinados a la formación. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que permanecerán durante la noche en la sede de UGT en Sevilla dos agentes que están haciendo una copia del servidor informático y que esperan acabar este volcado este viernes.
En esta operación Cirene han intervenido medio centenar de agentes del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además, la Guardia Civil también ha registrado tres sociedades supuestamente relacionadas con los cursos de formación: Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur, las dos con el mismo domicilio social, y Geosur, que preside el ex alcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle.
Manuel del Valle ha explicado que dicha sociedad, que está en proceso de liquidación, asesoró al sindicato en 2006 con motivo de dos concursos públicos, uno en Sevilla y otro en Jerez de la Frontera, para la promoción social de viviendas. El secretario de Organización de UGT-A, Manuel Ferrer, que ha acudido por la tarde a la sede, ha declarado que espera que el registro aporte «luz y claridad» al asunto, y ha asegurado que UGT «no defrauda y que lo único que puede haber son personas que se han equivocado».
La juez Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía. La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.
Esta denuncia de Manos Limpias guarda relación con las diligencias incoadas por Alaya, declaradas secretas y derivadas de la denominada operación Heracles desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
