Ni la crisis ni el descenso del número de fumadores han acabado con el contrabando de tabaco, como constatan los datos que maneja la Guardia Civil, que en el último lustro calcula que ha aprehendido 32 millones de cajetillas, lo que significa multiplicar por casi quince las «legales» que consumen los españoles.
Gibraltar, al sur, y Andorra, al norte, son los principales «clientes» de esta actividad delictiva, que ha hecho de la Península Ibérica, Portugal incluido, lugar obligado de paso de una mercancía que empieza su periplo en las fábricas de tabaco ubicadas en países del Este como Rumanía, Letonia o Bulgaria y en otros como Emiratos Arabes.
Desde ellas el tabaco tiene salida por dos vías: la legal y la destinada al contrabando. Esta última a sabiendas en ocasiones de los responsables de la propia fábrica y, en otras, de alguien de su entorno. En principio, el producto sale de fábrica con un destino legal aduanero. Sin embargo, por el camino la mercancía se desvía y va a parar al intermediario que, bien por carretera o por vía marítima, la introduce en España para consumo del propio país y, en mayor medida, para distribuirla en Gibraltar y, desde allí, al Reino Unido.
Precisamente este último «cliente» es el que más beneficios reporta a las organizaciones delictivas, toda vez que el tabaco allí está gravado tres veces más que en España y, por ende, las ganancias se triplican. Redes perfectamente organizadas que cubren todas las fases de un proceso que deja un beneficio que ronda el 80 por ciento.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha contribuido con la desarticulación desde 2007 de cinco grandes organizaciones criminales dedicadas a la introducción ilegal de cuantiosas partidas de tabaco.
Operaciones que han permitido a sus agentes aprehender 36 contenedores de tabaco de distintas marcas, es decir, unos 12 millones de cajetillas.
En los últimos cinco años la Guardia Civil se ha incautado de 32 millones de cajetillas, que hubieran supuesto un valor en el mercado de 122 millones de euros, de los que 97 millones serían los que hubieran ingresado las arcas públicas por los impuestos que gravan este producto.