La Patrulla Fiscal y de
Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Vecindario, en la isla de Gran
Canaria, ha esclarecido el robo 2.000 kg de lubinas durante la madrugada del 9
de diciembre en una granja marina cercana a la zona del Castillo de Romeral, en
San Bartolomé de Tirajana.
Como resultado de la investigación, se han denunciado a 12
personas por delitos como robo con fuerza en las cosas, receptación y falsedad
documental.
Según el relato de cómo se ha investigado el robo, los
agentes localizaron una parte de las lubinas robadas gracias a la colaboración
de inspectores de Pesca del Gobierno de Canarias se localizaron varias piezas
en negocios del Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria, así como en un
restaurante de la localidad de Meloneras.
De este modo, en esta primera fase, los agentes investigaron
a seis personas como presuntos autores de un delito de receptación, todos
propietarios o encargados de los negocios en cuestión, que se enfrentan a
diversas penas entre las que se encuentra la inhabilitación profesional.
Posteriormente, las pesquisas se centraron en localizar e
identificar a los presuntos autores materiales del robo en la jaula marina,
dando como resultado la investigación entre los días 17 y 31 de diciembre de
cinco personas vecinos de los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Telde y
Santa Lucía de Tirajana, relacionados todos con la pesca.
Asimismo, se investiga a otra persona como presunta autora de
un delito de falsedad documental, ya que presuntamente facilitó con la
manipulación de una factura que una pequeña parte -30 kilogramos- de las
lubinas robadas aparecieran como adquiridas legalmente y fueran vendidas en un
mercado de Las Palmas de Gran Canaria.
Finalmente, se apuntó que el pescado puesto a la venta tiene
que tener un lote y una trazabilidad, ya que estos elementos garantizan el
origen del pescado, la calidad y la ausencia de componentes que puedan suponer
un riesgo para la salud, por lo que se recomienda rechazar el género que no
tenga estas cuestiones, ya que todos los alimentos han de presentar el origen
del mismo, tal como refleja la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de
la calidad alimentaria.
