El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para responder a una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre los “propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”.
Jorge Fernández Díaz se ha mostrado sorprendido por la rapidez con la que ha sido planteada una medida de control al Gobierno “sobre una materia de la cual solo se tiene un conocimiento superficial, de meros detalles y, en ningún caso, de su conjunto ni de su completo contenido”.
Durante su intervención, el ministro del Interior ha subrayado que se trata de un “proyecto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos”. En este sentido, Fernández Díaz ha afirmado que esta iniciativa legislativa será “despenalizadora, garantista y contundente en la defensa de una convivencia democrática, pacífica, segura y, por lo tanto, libre” y ha puntualizado que “quedarán mejor afianzados los derechos y libertades públicos, garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo la aparición de conductas ilegales, violentas y vandálicas”.
Jorge Fernández Díaz ha explicado que se trata de una iniciativa legislativa “oportuna, conveniente y necesaria” por varias razones. El ministro del Interior se ha referido en primer lugar a la actual reforma del Código Penal, que prevé la desaparición de determinadas conductas calificadas como faltas; “de no preverse en el nuevo texto legal”, ha señalado, “algunas conductas reprobables quedarían sumidas en una suerte de limbo legal”.
Por otro lado, el texto recoge la abundante Jurisprudencia, tanto constitucional como contencioso-administrativa, que se ha dictado desde el año 1992 y que ha configurado un sistema mucho más garantista de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha explicado que “será la primera vez que un texto legal define la seguridad ciudadana y lo hace de acuerdo con el concepto propuesto por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Además, será la primera vez que se delimiten en el ordenamiento jurídico los fines que deben perseguir los poderes públicos al proteger la seguridad ciudadana. “De esta forma”, ha señalado, “se pretende un control judicial más riguroso, pues las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán, siempre, perseguir esos fines”.
Jorge Fernández Díaz se ha referido también a los “notables cambios” que ha sufrido nuestra sociedad. “Hemos podido comprobar la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales que debemos tener en cuenta”, ha afirmado. Asimismo, el ministro del Interior ha recordado que esta iniciativa legislativa ha sido “formalmente reclamada al Gobierno por esta Cámara, a través de la Moción consecuencia de Interpelación aprobada por el Pleno el pasado 26 de julio” y en la que se “instaba al Gobierno a promover la modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, para la Protección de la Seguridad Ciudadana”.
En lo relativo al Régimen Sancionador, Fernández Díaz ha señalado que “el futuro texto legal pretende responder con mayor eficacia a las conductas que constituyen actos violentos o vandálicos que impiden la pacífica convivencia”. El ministro del Interior ha recalcado que “uno de los aspectos que el nuevo texto respeta es el relativo a la cuantía de las sanciones, que se mantienen invariables desde 1992”. Así, ha recordado que la Ley de 2007 contra la violencia en el deporte fija el tope de sanción en 650.000 euros, y la “Ley del tabaco” de 2005, en 600.000 euros.
“Al proponer este nuevo texto legal”, ha concluido Fernández Díaz, “creamos un marco jurídico que conjuga mayores garantías de los derechos y una más eficaz respuesta a las conductas violentas e incívicas”.
Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/4705.html