La sección argentina de Interpol solicitó a Madrid la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 acusados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo, entre los que figuran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Interpol Argentina pidió también a Madrid los datos de identificación de los acusados, como requisito «indispensable» previo a la emisión de una orden de «captura internacional en forma completa», según reza el comunicado de Interpol Argentina enviado a la jueza de la causa, María Servini de Cubría. Dicha petición se produce «para evitar posibles confusiones por razones de homonimia», antes de hacer extensiva la medida a la totalidad de los países miembros de Interpol.
Las órdenes de detención fueron dictadas a raíz del auto emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires el pasado 30 de octubre, en el que solicitaba la detención de 20 acusados, según aclararon desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).
«Es una gran noticia para las víctimas», dijo el abogado querellante Máximo Castex, quien señaló que este trámite permitirá a Interpol «emitir una alerta roja de detención internacional ante una posible fuga o viaje» de los acusados. El abogado confió en que el Poder Ejecutivo español resuelva dar curso judicial a las peticiones de detención preventiva dictadas por Servini de Cubría. De ser así, señaló, querellantes como Merçona Puig Antich «podrán ver por primera vez sentado en el banquillo de los acusados, aunque sea por una orden de extradición, a un ministro como Utrera Molina, responsable del asesinato de su hermano Salvador».
La Justicia argentina pidió la extradición de Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, por responsabilidades en la muerte en Vitoria, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial. A Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado con garrote vil en España (1974).
La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-). La orden también incluye al recientemente fallecido Antonio Barrera de Irimo, por lo que la lista final se reduce a 19 acusados. Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).
Además, la orden incluye al ex capitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete ex policías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter. Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.
La querella se presentó por «delitos de genocidio y/o lesa humanidad» cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarca el periodo entre julio de 1936, fecha del levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.
