La Dirección General de la Policía (DGP) mantiene sus planes a pesar de la crisis migratoria en la ruta del Mar de Alborán. El órgano dependiente del Ministerio del Interior retira a los 32 agentes destinados en comisión de servicio para reforzar el área de Extranjería y Fronteras. La medida obliga a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional a reconfigurar sus recursos en un momento especialmente delicado en la llegada de pateras, con un millar de inmigrantes irregulares detectados en el mes de enero (casi un 200 por ciento respeto a enero de 2018).
Los sindicatos policiales solicitaron formalmente la continuidad de los agentes
“destinados en comisión de servicio o atribución temporal de funciones” desde
2017. Las negociaciones se mantuvieron hasta el mediodía del jueves sin éxito.
Fuentes policiales consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA confirman que los agentes
cesaron sus funciones por la tarde (en ocasiones fueron renovados el último
día).
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamenta
la decisión. “Interior deniega la renovación de esta atribución temporal de
funciones en la provincia de Almería alegando que las plantillas de origen de
estos funcionarios presionan para su vuelta, sin valorar el perjuicio de la
ausencia de estos funcionarios en esta plantilla”.
El sindicato Jupol recuerda el
esfuerzo de los agentes. “La Comisaría Provincial de Almería ha tenido que
destinar todos los recursos a su alcance para poder atender adecuadamente a los
inmigrantes durante su llegada, estancia, identificación y demás trámites
legales”.
Gobierno
Por su parte, la Unión Federal de la Policía (UFP) y la Confederación Española de Policía (CEP) registraron el pasado martes un escrito dirigido a la DGP para que reconsiderara la decisión. “Los datos demuestran una necesidad clara de personal que no casa con la idea de poner fin a la atribución temporal de funciones a 32 compañeros”.
En una respuesta en el Senado emitida el
21 de enero, el Gobierno aseguró que “las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado mantienen permanentemente actualizados los estudios necesarios para
adecuar el catálogo, las plantillas y el despliegue de sus unidades operativas
en aras a potenciar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos
humanos y materiales de las mismas y a buscar el mejor cumplimiento de las
misiones que tienen encomendadas”. “Está prevista la incorporación de un mayor
número de efectivos de nuevo ingreso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado que en años anteriores”, añade.
Ronda de contactos
El Gobierno ha iniciado una ronda de contactos con autoridades europeas y africanas para mitigar la llegada de pateras a las costas andaluzas. El ejecutivo de Pedro Sánchez busca reducir el número de inmigrantes irregulares a través de un plan diplomático, económico y policiales. Según explicó el martes en el Congreso la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, se han incrementado los contactos con Marruecos y Argelia para intentar frenar la salida desde sus costas.
Además, el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, viajó esta semana a Guinea
Conakry y se entrevistó también con el presidente de Gambia. El ministro busca alcanzar acuerdos
bilaterales para limitar la inmigración desde el origen y favorecer futuras
repatriaciones. De hecho, la ausencia de convenios en este campo hace imposible
en la actualidad la devolución de guineanos y gambianos detectados en las
pateras como inmigrantes irregulares.
En cualquier caso, cualquier suerte de acuerdo pasará también por inversiones y
cooperación al desarrollo. El Gobierno ha buscado la implicación de la Unión
Europea para contribuir en la lucha contra las mafias de tráfico de seres
humanos, más aún tras el cierre de la ruta libia y el desplazamiento hasta las
playas de Argelia y Marruecos donde se agolpan campos precarios de ciudadanos
subsaharianos.
