La Policía Nacional ha logrado desmontar una compleja red criminal asentada en Murcia, responsable de explotar a trabajadores extranjeros. Esta red de explotación laboral tenía su foco principal en individuos originarios de Bangladesh.
La Operación y Detenciones
En una operación exitosa, se logró la detención de 14 personas con edades entre 20 y 47 años. Los detenidos se enfrentan a cargos por delitos que van desde el favorecimiento a la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, hasta la pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, usurpación del estado civil y defraudación del fluido eléctrico.
Este grupo delictivo se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas procedentes del sur de Asia, en particular de Bangladesh. Los explotaban en diversos locales de kebabs situados en las localidades de Cieza, Abarán, Molina de Segura, Jumilla y Hellín (Albacete).
Condiciones Inhumanas de Trabajo
Las condiciones de trabajo que soportaban estos individuos eran infrahumanas. No sólo debían lidiar con jornadas extenuantes de trabajo de siete días a la semana por un salario mísero, sino que, en muchos casos, vivían en cuartos cerrados, en espacios excesivamente reducidos, sin luz natural ni ventilación, ubicados en los mismos almacenes donde trabajaban.
Esta situación desencadenó una actuación conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia. Esta acción se realizó en virtud del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior. La meta principal era la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Identidades Falsas y Fraude Eléctrico
Los agentes de la Policía Nacional descubrieron que la mayoría de los trabajadores se encontraban en situación irregular en el país. Además, utilizaban la documentación de otras personas, con su consentimiento, para hacerse pasar por ellos en caso de una inspección. Esta usurpación de identidad les permitía cotizar jornadas laborales sin desempeñar las mismas y acceder a futuros beneficios.
La operación también reveló irregularidades en cuanto a los suministros eléctricos de los locales. Se descubrió que dos de los locales en Cieza tenían conexiones ilegales a la red eléctrica. La defraudación eléctrica alcanzaba una cifra cercana a los 8.500 euros.
La lucha contra las redes que explotan a trabajadores extranjeros sigue siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad y las instituciones de protección laboral. Este caso ejemplifica la importancia de mantener una vigilancia constante para garantizar los derechos y la dignidad de todos los trabajadores.
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