Los empleados del centro penitenciario Madrid VI, ubicado en el término municipal de Aranjuez, se concentrarán mañana en las instalaciones de la prisión para solicitar que se paralice el proceso de privatización del perímetro exterior, así como para exigir más oferta de empleo público en el sector.
La concentración ha sido convocada por CCOO, además de las organizaciones sindicales CSIF, CIG, ELA y UGT, incluidas en una Plataforma para la Defensa del Servicio Público de Instituciones Penitenciarias, que se creó en julio del año pasado.Dicha plataforma se opone a la Ley de Seguridad Privada, que incluye la privatización de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, que hasta ahora venía prestando integralmente la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyo servicio se quiere externalizar por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El secretario general de CCOO Instituciones Penitenciarias, Ángel Moreno, ha asegurado a EFE que «esta privatización, que ya se ha implantado en 21 centros de toda España también se pretende aplicar en Madrid, como ya ha sido anunciado por el Secretario de Estado».
Pero, según los sindicatos, esta no es la única externalización de servicios que se va a llevar a cabo «esto es solo el inicio para la privatización de otras cosas, como los accesos a las prisiones».
El objetivo principal que persiguen los integrantes de la plataforma es que haya más oferta de empleo público en el sector.
«En España tenemos un 25% de las plantillas con trabajadores de más de 55 años, se producen unas 400 jubilaciones anuales y las plazas vacantes no se cubren, con lo que ahora mismo hay un déficit de 3.000 empleados».
Por estos motivos, cada mes se están realizando concentraciones en un centro penitenciario.
El mes pasado fue en Navalcarnero, mañana en Aranjuez y el mes próximo tendrá lugar en Estremera.
En el caso de Aranjuez la plantilla es más joven, pero aún así hay 29 plazas sin cubrir en la actualidad.
La plantilla actual de funcionarios de Aranjuez es de 461, a los que hay que sumar 51 plazas de personal laboral, para una población reclusa de 1358 internos; por lo que la ratio es de 2,3 internos por empleado.
Conseguir bajar la ratio a niveles de la Unión Europea, que se sitúa en 2 internos por funcionario, es otro de los objetivos que persigue esta protesta.
CCOO asegura en un comunicado que «la ejecución de una condena no puede guiarse por intereses económicos, ya que ese escenario nos llevaría a un modelo de instituciones penitenciarias privado»
Además exigen que «se respete a los empleados públicos penitenciarios, que se reconozca su profesionalidad y se defienda la dignidad de su trabajo».
