El ‘caso Edu’, sobre el presunto fraude cometido en los cursos de formación dirigidos a parados, amplía su red en la provincia granadina y en estos momentos son ya 22 las empresas señaladas que pudieron cobrar subvenciones sin impartir cursos o no cumplieron su compromiso de contratación de alumnos, una vez finalizado el periodo formativo. Estas empresas granadinas están vinculadas principalmente al área de formación.
Las principales irregularidades detectadas en la obtención de subvenciones públicas son apropiación indebida, falsedad documental y otros delitos contra la Seguridad Social, a tenor de lo que ha trascendido.
Dos agentes de la UDEF -Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal- de la Policía Nacional llevan más de un mes instalados en Granada, trabajando desde la Jefatura Superior de Policía, y dedicados en cuerpo y alma a este asunto. De forma paralela al hallazgo de las irregularidades detectadas, los agentes terminaron el pasado mes de diciembre de tomar declaración a 451 alumnos y 55 docentes. La mayoría de estas declaraciones han servido para confirmar los indicios que los investigadores policiales tenían sobre las irregularidades presuntamente cometidas.
Las fuentes consultadas han informado a este periódico de que se han encontrado irregularidades en más de 1.600 expedientes o cursos de formación en Andalucía Oriental -más de 3.000 en toda la comunidad autónoma-, de los cuales en torno a 300 corresponden a la provincia de Granada.
Aunque el volumen económico estafado en esta provincia no está cuantificado con exactitud, las primeras hipótesis disparan el fraude a los dos millones de euros. Los cursos examinados están comprendidos entre los años 2010 y 2011.
La investigación de este caso surgió tras las presuntas ilegalidades detectadas por la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga el pasado año y a partir de ese momento se desarrolló una primera parte centrada principalmente en Málaga, y en la que apareció un primer listado con las empresas vinculadas a este supuesto fraude entre las que figuraba una academia granadina especializada en acciones formativas destinada a la hostelería. Esta empresa impartió cursos tanto en Granada como en Málaga y en Cádiz. A principios de este año, la Policía Nacional solicitó a la Junta -encargada de canalizar las ayudas otorgadas a las academias a través del Servicio Andaluz de Empleo- la documentación correspondiente a esos cursos. Los agentes comenzaron a mirar con lupa cada una de las adjudicatarias. Fue entonces cuando detectaron que Málaga no era la única provincia donde algunas de ellas habían solicitado subvenciones. Todas las andaluzas están vinculadas al fraude en estos momentos.
Doscientas empresas
En estos momentos hay casi doscientas empresas, autónomos, asociaciones y entes vinculados a la Administración pública (municipal o autonómica) que están siendo investigados en toda la comunidad andaluza.
Los dos agentes de la UDEF desplazados a Granada revisan en estos momentos toda la documentación derivada, principalmente, de las declaraciones tomadas a medio millar de alumnos y docentes. Trabajo burocrático que culminará seguramente con nuevas detenciones que en esta ocasión podrían subir un escalón más y no quedarse solamente en los arrestos de los empresarios vinculados al presunto fraude, sino que podrían apuntar mucho más alto.
Los fraudes cometidos se hacían de distinta forma: metiendo más alumnos de los que realmente recibían los cursos, creando empresas fantasma que nunca impartieron las acciones formativas por las que cobraron o incumpliendo los compromisos de contratación que ligaban a las academias con los alumnos tras finalizar los cursos. Solo en Granada, de los 1.078 cursos subvencionados con dinero público y dirigidos a empleados entre los años 2009 y 2010 se inspeccionaron 146, según datos de la Cámara de Cuentas. Traducido: hubo 900 que se impartieron sin ningún tipo de control. Las academias investigadas por la UDEF son de la capital granadina y de la provincia, principalmente del Área Metropolitana. Uno de ellas, registrada en 2009 y ubicada en el centro de la ciudad, recibió 79.000 euros para actividades formativas en el año 2010.
La Cámara de Cuentas de Andalucía advierte en su informe sobre ‘Fiscalización de Subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo en los años 2009 y 2010’ del escaso control existente sobre estos cursos. En Granada fueron detenidas en 2014 cuatro personas beneficiadas con la adjudicación de subvenciones para la impartición de estos cursos. En estos momentos se encuentran en libertad con cargos.
Fuente: http://www.ideal.es/granada/201502/08/fraude-cursos-parados-alcanza-20150207194012.html
