M. C. C. mató el 1 de enero de 2006 a su mujer con la escopeta de calibre 12 que le había sido requisada cuando la víctima le denunció por amenazas y malos tratos. Después de tres años de litigios, la Administración restituyó al agresor la licencia de sus dos armas, una decisión que la Audiencia Nacional califica de “deficiente”, por lo que condena al Estado a pagar 25.000 euros de indemnización a su hija.
El juez considera que la Administración no comprobó suficientemente los antecedentes de M. C. C. antes de revocar la suspensión de licencia de armas tras dos procesos por violencia de género. Para valorar la conducta del agresor, únicamente se pidió informe a la fuerza policial donde residía el marido, cuando lo “lógico” hubiera sido solicitarlo en el lugar donde vivía la esposa, pues ya estaban separados, señala la sentencia. La víctima había denunciado al agresor por malos tratos psicológicos en dos ocasiones. La primera vez, en diciembre de 2003, M. C. C. fue condenado por una falta de amenazas. La segunda, en abril de 2004, resultó absuelto por ausencia de pruebas. Ahora, M. C. C. cumple una pena de más de 20 años de cárcel dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba por el asesinato de su esposa.
El fallo de la Audiencia, que responde a una denuncia de la hija de la víctima, considera que la devolución de las armas actuó como “coadyudante de la muerte” de la mujer. La joven, entonces menor de edad, estimaba que la Administración no había tenido en cuenta ningún dato para valorar la peligrosidad de su padre.
M. C. C. ya fue condenado en 2003 a una multa de 100 euros (cinco euros diarios durante 20 días) tras ser denunciado por su esposa por malos tratos psicológicos. “Vete para el coche, que te mato ya, hoy te mato”, le decía, según recoge la sentencia de la Audiencia Nacional. Un año después, B. C. P. volvió a denunciarle por amenazas —“tu vida no vale nada, te van a encontrar matada”, le insistía—, por lo que el juzgado ordenó requisarle dos escopetas para las que tenía licencia.
Al ser absuelto de esta segunda denuncia, M. C. C. recuperó la licencia. La Subdelegación del Gobierno en Granada frenó primero la restitución mientras estudiaba los antecedentes del hombre. En su expediente constaba un informe de la Guardia Civil en el que se hacía referencia a la absolución de M. C. C., pero no a la primera condena por amenazas. En dicho informe se concluye que, “con la prudencia debida, no se cree que la tenencia de armas represente riesgo a personas o a terceros”. Basándose en ese documento, la Subdelegación del Gobierno decidió, en noviembre de 2004, no revocar la licencia a M. C. C. Poco más de un año después, el acusado mató a su esposa.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384527353_965908.html