¿Cometió genocidio ETA?

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La violencia ejercida por ETA y por la izquierda abertzale política fueron «actos de genocidio», de «limpieza nacional» y «crímenes contra la humanidad» que buscaron la expulsión forzosa y la eliminación física de quien se oponía a la causa nacional vasca. Es la inédita declaración que Dignidad y Justicia ha conseguido del Parlamento de Navarra gracias a los votos a favor de UPN, PSN y PP y que ahora pretende trasladar al Parlamento Vasco. La iniciativa también se barrunta en el Congreso de los Diputados y, salga o no adelante en Euskadi, tiene su trascendencia: abre entre los grupos políticos un debate que ya está desarrollándose en el Tribunal de La Haya y en la Audiencia Nacional. Si el terrorismo practicado por el nacionalismo vasco radical -más de 800 asesinados, miles de amenazados, miles de exiliados, casi un centenar de secuestrados- llega a considerarse judicialmente como un crimen contra la humanidad, sus delitos serían imprescriptibles, a la luz del Derecho penal internacional, en un momento en el que hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver.

La Mesa de la Comisión de Derechos Humanos del hemiciclo vasco ha aceptado la comparecencia de Dignidad y Justicia, que se concretará en próximas fechas. En su solicitud, el presidente de la asociación, Daniel Portero -hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado en el año 2000-, recuerda que en 2007 el Parlamento Vasco emitió una declaración institucional similar de condena a los actos de genocidio cometidos contra los armenios durante el antiguo Imperio Otomano pero que no ha hecho lo mismo sobre lo ocurrido en el País Vasco y Navarra. Portero aporta un reciente informe pericial que la Policía Nacional ha entregado a la Audiencia Nacional y que acredita «de forma inequívoca» todos estos hechos, y recopila al menos 26 comunicados de ETA en los que exige la salida de los oponentes a la causa nacional vasca o incluso su absoluta erradicación.

Algunos ejemplos. Primer «manifiesto nacional» de ETA, 1964: «Son abertzales los que colaboran con la Resistencia Vasca; los que se oponen a ella o la boicotean serán barridos». 1975, comunicado tras el asesinato de Antonio Echeverría Albisu: «Todo chivato será ejecutado, aislemos al aparato de ocupación fascista: toda persona que frecuente la compañía de la GC, PA y BPS y txibatos será ejecutada: ¡la campaña anti-alcaldes va a empezar!, quien no dimita será ejecutado».

Dignidad y Justicia dice que «al menos» desde verano de 1977 es cuando se puede identificar sin duda esa política de persecución, asesinatos selectivos y expulsiones forzadas, coincidiendo con el momento en que ETA militar impone sus tesis. Comunicado tras el asesinato de Julio Martínez Ezquerro, a finales de ese año: «ETA continuará golpeando tanto los antiguos como los nuevos residuos de la Dictadura -principalmente cuerpos represivos- hasta su total eliminación física o expulsión de territorio vasco». «Hasta su total expulsión de las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur», dirían después. Su objetivo son «los elementos anti-vascos y anti-populares». «En caso contrario corren el riesgo de ser, poco a poco, pero inexorablemente eliminados, uno por uno o en grupo».

Año 1978: «Obligar a los cuerpos represivos y demás agentes colaboracionistas del Gobierno español a que abandonen definitivamente el territorio de Euskadi Sur». 1979: ETAm advierte de que ha asesinado al alcalde de Olaberría, José Antonio Vivot Undabarrena, por ser una «persona contraria a los intereses populares obreros y populares y enemiga de la causa nacional vasca». «Es nuestra intención seguir golpeando a chivatos, colaboracionistas, fascistas, etc. […] en tanto no se vayan de Euskadi Sur». Poco después: «Todo aquel capitalista que se niegue a satisfacer el impuesto revolucionario […] será considerado enemigo de la causa nacional y social vasca y, en consecuencia, procederemos a su ejecución». 1980: «Hemos considerado que Felipe Extremiana no tenía razón de continuar su vida en Euskadi Sur y, al haberse negado a abandonarlo, hemos procedido a su ejecución». Tras el secuestro de un industrial: «Sirva de aviso a todos aquéllos que, encontrándose en las circunstancias económicas del Sr. Garavilla se niegan a acceder a las justas peticiones de ETA».

La argumentación legal se basa en las normas fundamentales de Derecho penal internacional existentes desde los Juicios de Nüremberg tras el régimen nazi, especialmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional vigente desde julio 2002, que estipula como «crímenes de lesa humanidad» los ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil en forma de asesinatos, traslados forzosos de población, torturas, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en «motivos políticos» o «nacionales», por parte de un Estado pero también de «una organización política». En la categoría de los «deportados» o «trasladados por la fuerza» entrarían los civiles vascos y navarros que han abandonado su tierra por «amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación […] la opresión psicológica […] o aprovechando un entorno de coacción».

En segundo lugar, la solicitud recoge que la ONU obliga, entre otras cuestiones, a hacer efectivo el derecho a la verdad ya no sólo de las víctimas sino de las sociedades en lo que respecta a su historia, y a relatar los hechos acontecidos en la enseñanza. En la declaración de Pamplona y en la que Portero llevará al Parlamento Vasco figura también esto último: los materiales didácticos deberán incorporar esta parte de la historia «en todos» los niveles de la educación. Además, Navarra ha establecido el 11 de febrero como el «Día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad».

El debate fue agrio a mediados de marzo en el Parlamento de la comunidad foral. Bildu, Aralar e Izquierda-Ezkerra votaron en contra. Los primeros, con gran dureza en el discurso -Patxi Zabaleta calificó la iniciativa de una actuación «rastrera» de la «extrema derecha» y Aralar ha anunciado que estudia acciones penales-; IU porque, alegó, se trata de un debate jurídico que excede al Parlamento. La duda estriba en qué hará el PNV en Vitoria.

La cuestión sobre si ETA y el denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)que ha encabezado durante casi medio siglo han cometido genocidio y crímenes contra la humanidad está en la Corte Penal Internacional de La Haya, que lo está estudiando a petición de la asociación vasca de víctimas del terrorismo, Covite.

La Audiencia Nacional, por su parte, se ha declarado por primera vez competente en asuntos de genocidio, a raíz de una querella interpuesta por el hijo de una víctima de ETA, Luis María Uriarte, contra cinco históricos dirigentes etarras por un delito de este tipo cuando ostentaban el dominio de la organización en las décadas de 1970 y 1980, entre ellos el huido ‘Josu Ternera’. Su abogado es el colaborador de Dignidad y Justicia en este proyecto, Miguel Ángel Rodríguez. El juez Gómez Bermúdez ha pedido ya informes a la Policía, la Guardia Civil y Ertzaintza sobre el particular. Según ‘LaRazón’, la Policía vasca en el suyo no aprecia genocidio.

Fuente: http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/03/30/5518f79bca474101468b456b.html

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