Se acabó la impunidad de los falsos instaladores de gas. Un juez de Sevilla ha condenado a un año de cárcel a un joven de 26 años por haber estafado 675 euros a una anciana, a la que engañó en una supuesta revisión oficial, asegurándole que tenía que cambiarle la goma porque ésta tenía fugas y cobrándole un importe «manifiestamente desmedido».
La sentencia del juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla declara como hechos probados que sobre las 13:15 del 2 de noviembre de 2011 el acusado, identificado como J. M. P. I., se presentó en un domicilio del barrio de Nervión, donde reside la víctima, una anciana de 77 años. El joven, que iba acompañado de otro individuo, aseguró que era revisor de gas butano y que iba a inspeccionar su instalación, mostrando la propietaria su extrañeza por no haber recibido una llamada previa de la compañía.
Los dos supuestos revisores simularon entonces una llamada a una «supuesta central, poniendo en contacto a la víctima con una persona desconocida que le afirmó que se trataba de una revisión de gas butano». El juez señala que, de esta forma, consiguieron ganarse la confianza de la mujer, quien les indicó dónde estaba la bombona y el horno de gas. Tras revisar la instalación le dijeron a la anciana que era necesario cambiar la goma y el conector a la bombona porque «había fugas».
El acusado y su acompañante le dijeron a la víctima que el importe de la reparación ascendía a 675 euros y como la mujer les dijo que no tenía ese dinero en casa, ambos se ofrecieron a llevarla a una entidad bancaria próxima para sacar el dinero. Después regresaron al domicilio y una vez finalizada la supuesta reparación, cogieron el dinero «sin entregarle factura o documento alguno» y se marcharon, no sin antes pedirle a la mujer que le diera toda la documentación que tuviera relacionada con la contratación del gas y las reparaciones anteriores. El acusado se marchó con estos papeles, dejando a la propietaria sin ningún documento.
El fallo señala que no hay constancia de que el joven fuese instalador autorizado de gas ni que tuviese cualquier clase de cualificación técnico-administrativa «ni que prestara sus servicios al momento de cometer los hechos para ninguna empresa del sector».
El juez considera que el procesado creó de manera «artificiosa la necesidad de reparación para posteriormente cobrar un importe desmedido», todo ello amparado en la «apariencia de oficialidad» de la revisión, lo que produjo en la víctima una «falsa imagen de que no debe oponerse a la actuación».
El acusado defendió que en esa época trabajaba como técnico especilizado para una empresa instaladora que, según afirmó, le enviaba a disversas provincias como Sevilla, Cádiz o Madrid para que ofrecieran «puerta a puerta» la posibilidad de proceder a la revisión de la instalación. Según su testimonio, aquellas personas que «voluntariamente accedían» les revisaban la instalación y hacían las reparaciones necesarias y posteriormente iba el «instalador autorizado» para revisar la corrección y firmar la documentación.
Pero frente a esta versión, el juez sostiene que el acusado «ni tan siquiera ha aportado el menor elemento de prueba» como pudiera ser el contrato de trabajo, su vida laboral u hoja de salarios.
El juez le ha condenado a un año de prisión -algo más de la pena mínima de seis meses- y a indemnizar a la víctima con los 675 euros porque entiende que no puede ignorar la «reprochabilidad de la conducta de quien ante la posibilidad de que pueda resultar especialmente vulnerable fija su objetivo defraudatorio en una persona de avanzada edad».
